El debate de la reforma del Estado viene dando vuelta en los discursos políticos, algunos creen que es el momento oportuno mientras que otros apuntan a enfocarse en sobresalir de la crisis que gira en torno a la pandemia del COVID-19. El senador Eusebio Ramón Ayala, considera que la estructura jurídica está preparada, lo que faltaría es una buena ejecución de lo que está planificado a través de la Constitución Nacional.
El tema de la reforma estructural del Estado fue debatido en el programa "La nueva República”, emitido por el canal GEN. El legislador que también es abogado constitucionalista comentó sobre el punto, y en defensa de la actual reglas dijo "la estructura jurídica está, la ejecución falta, debe de centrarse en la ejecución, educación, salud y justicia”, sostuvo en contacto con GEN.
Gestión estatal
Por eso apuntó a que el primer punto para que el sistema funcione es tener recursos adecuados y gastarlos de manera adecuada. “Hemos fallado en ejecución”, dijo. Reiteró que “si los problemas no se solucionaron, fue por mala ejecución, en calidad del gasto y distribución adecuada de recursos, capacitación, por el sistema electoral que no permitió elegir a los mejores, las campañas que no son igualitarias”.
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Por otra parte, también explicó que de igual modo el proceso debe de continuar, y por eso espera que “la comisión defina qué entienden por reforma y cuáles son las medidas concretas: qué, cuándo y cómo” deben de enfocarse los planes de reforma en el Congreso, indicó. “Tienen que producir resultados concretos y definir, además que los vital es enfrentar la pandemia”, agregó el senador.
La problemática gira en torno a que “tenemos un Estado muy ineficiente que no es capaz de dar soluciones, y una organización civil que no está preparada para trabajar conjuntamente para solucionar el problema”, finalizó.
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Creación de patente comercial a ganaderos viola artículos de la CN, dice ARP
La Asociación Rural del Paraguay (ARP) emitió un comunicado para reiterar el rechazo absoluto a la creación de un nuevo impuesto denominado Patente Comercial a Sociedades ganaderas y/o a la producción que surgió en ciertos municipios. El gremio se sustenta en que este intento viola ciertos artículos de la Constitución Nacional del Paraguay.
El documento tiene como fin poner a conocimiento de la ciudadanía en general de las denuncias que llegaron hasta la rural por parte de empresas, sociedades y productores que tienen por actividad la ganadería, de que dos o tres municipios “crearon” nuevos impuestos en base a ordenanzas o resoluciones.
El gremio de productores pecuarios tiene por objeto la defensa de los intereses de la producción y desde la Comisión de Asuntos Legales y Estatutarios, así como desde la Asesoría Tributaria, concluyeron que las ordenanzas y resoluciones que crean el impuesto referido mediante un razonamiento “falaz y engañoso” viola el marco constitucional.
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Inconstitucional
Alegan que va en contra del Régimen Tributario Municipal, criterio confirmado por el dictamen No. 480 del Ministerio Público del 25 de abril de 2024, respecto a la ordenanza No. 03/2020 de la Municipalidad de Mariscal Estigarribia, que responde a una inconstitucionalidad.
A la vez, el informe legal tributario expresa que las ordenanzas y/o resoluciones de estos municipios, al crear ilegalmente un nuevo tributo, violan los artículos 137 de la Constitución Nacional, el 179 de la Creación de Tributos y el artículo 180 De la Doble Tributación.
Además se viola la disposición de la Ley N° 5513/15 que “Crea el Nuevo Régimen Tributario de las Municipalidades”, que expresa que “los inmuebles rurales no podrán estar afectados por ninguna otra forma de tributo o tasa municipal”.
La ARP insta a los municipios a respetar el orden constitucional y legal de la República, e invita a los productores ganaderos a defender sus derechos ajustándose a cumplir lo que por ley corresponde. Por lo tanto, solicitan a los poderes del Estado,tomar nota de esta denuncia que estaría alterando el orden legal y constitucional, dañando el Estado de derecho de la República, subraya el comunicado.
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PGN: economistas consideran que deben fijarse objetivos y maximizar resultados
El proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 que contempla gastos por G. 132,9 billones (USD 17.557 millones), un aumento del 14 % en relación al presupuesto de este año de USD 15.500 millones, ya se encuentra en el Congreso Nacional esperando su tratamiento. El incremento previsto está enfocado en los sectores de salud, educación, seguridad y programas sociales. (ver info)
Bajo la mirada de César Barreto, economista y exministro de Hacienda, el PGN está sujeto siempre a una proyección lo más aproximada y razonable posible de los ingresos para el siguiente año que, a su vez, dependen del crecimiento económico del país y de la efectividad del sistema de recaudación de impuestos.
A esto se suma la política de endeudamiento sostenible que actualmente está definido por el MEF con una meta de déficit fiscal del 1,9 % del PIB para el 2025, según el plan de convergencia y consolidación fiscal en vigencia.
“Por lo tanto, estimado estos ingresos, que representan el límite máximo posible para el plan de gastos, hay que entrar a priorizar en qué se van a aplicar los recursos adicionales estimados entre las grandes necesidades que hay en todos los sectores”, expresó a La Nación/Nación Media.
“Indudablemente que hay que fijar objetivos y cuantificar y maximizar los resultados esperados por cada guaraní de recursos que se está asignando a cada programa”, enfatizó.
Aseguró que la priorización debería reflejar la implementación del plan del gobierno de Santiago Peña en educación, salud y seguridad ciudadana y los programas prioritarios dentro de estas grandes áreas y minimizar los recursos en aquellas áreas no prioritarias.
“Es una tarea difícil porque en nuestro país hace falta lo básico en todos los servicios públicos, pero los recursos limitados obligan a priorizar entre estos necesariamente”, indicó.
Inversión
Para el también exministro de Hacienda y economista, Manuel Ferreira, el presupuesto siempre es rígido en general, por lo que cambiarlo de una manera drástica es difícil, pero aclara que deben priorizarse un poco más las inversiones, al margen de las áreas priorizadas por el Gobierno.
“El caso del acuerdo de Itaipú, que durante tres años generará fondos por USD 650 millones anuales, se debe destinar en su totalidad a gastos de inversión para poder sustituir lo que el presupuesto no podría hacer”, indicó.
Ferreira subrayó además que “el PGN tiene que ir achicándose en los otros gastos para poder cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”.
Recortes
El exministro recalcó que es importante tratar de ir cortando gastos superfluos, ya que son gastos que complican al presupuesto. Señaló que esto tiene relación con las contrataciones de “personal” con tinte político. Es ahí donde la administración pública debe mejorar.
“Gran parte de ellas son decisiones que se toman en el Congreso Nacional, fundamentalmente las decisiones sobre creación de cargos nuevos y las decisiones vinculadas a las subas de salario, que son las que nos hicieron entrar en déficit”, concluyó.
Proyecciones tributarias
El proyecto de ley del PGN estima que la recaudación impositiva para el ejercicio fiscal 2025 registraría un aumento del 7,3 % con respecto a la estimación de cierre para el 2024, de esta manera la presión tributaria se mantendría en torno al 11,1% del PIB en el próximo año.
También aclararon que no se prevén ajustes al sistema tributario ni nuevas iniciativas legislativas que puedan tener un impacto en los ingresos y gastos. De acuerdo con las proyecciones que sustentan la estimación de ingresos del presupuesto, se espera que la economía mantenga un crecimiento del 3,8 % para el próximo año.
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Datos clave
- Deben fijarse objetivos y cuantificar y maximizar los resultados esperados por cada guaraní de recursos que se está asignando a cada programa.
- Además de priorizarse las áreas fijadas como pilares por el Gobierno, consideran que deben priorizarse las inversiones.
- Creen importante cortar gastos superfluos, ya que estos complican al presupuesto.
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Los ejes para cuidar gasto público son controlar ejecución y ver impacto de inversiones
El Presupuesto por Resultados (PpR) es una estrategia de gestión presupuestaria que busca conectar las decisiones de financiación y de gestión en la provisión de bienes y servicios con los resultados, que lleva a cabo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
En vista al proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025, que contempla gastos por USD 17,5 billones, el economista Jorge Garicoche expuso a La Nación/Nación Media que amén de usar el PpR es crucial monitorear cómo se están usando los recursos destinados a las instituciones y el impacto de esas partidas presupuestarias.
“Muchas veces uno mira y dice, tengo tanto porcentaje de ejecución, pero eso es finalmente gastar plata, y a veces se gasta mal. Por ende hay que ir más allá del resultado y también medir el impacto”, aseguró Jorge Garicoche a LN.
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Resaltó que los resultados muchas veces terminan siendo “papeles o documentos” que no se palpan en obras, es por eso que el gobierno se debe enfocar en medir la eficacia de esos gastos que contemplan los ministerios, para seguir destinando esos recursos que solicitan cada año, o caso contrario, ajustar si fuere necesario.
PGN
Respecto al presupuesto de gastos para el ejercicio fiscal 2025, dijo que espera que sea equilibrado, interesante y prudente, que vaya más allá de este gobierno (2028), y que para eso, es necesario avanzar en reformas. “Creo que el proyecto de Servicio Civil debe ser tratado ya”, afirmó.
Otro punto que acotó fue el de la Caja Fiscal. En este punto sostuvo que debe ser tratado ya porque lleva tiempo, discusiones, ajustes, y son dos ejes cruciales que presionan a las finanzas públicas. Por eso, las autoridades no deben tardar en tomar acción.
“Son aspectos que pueden que estén enlazados con aquello que tanto nos quejamos de la calidad del gasto público. En un país donde lastimosamente muchísimas personas no se jubilan, no debería ir a financiar el déficit de los jubilados de A, B, C, D sector. Esas son las grandes inequidades que tenemos que poner en el balance, que no se van a solucionar de la noche a la mañana, pero que tenemos que comenzar a solucionar ya”, acentuó.
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Nenecho Rodríguez: “Me imputan por hacer mi trabajo”
“Esto para mí es un alivio después de 4 años de estar a la espera de una resolución que por fin haya salido”, manifestó el intendente de la ciudad de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez al referirse sobre su imputación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal en la causa judicial por la presunta adquisición sobrefacturada de detergentes durante la pandemia del covid-19.
“Me imputan por hacer mi trabajo, firmar una resolución de una autorización de transferencia para el consejo que manejaba los fondos. Yo no firmé ningún otro documento que no sea la única resolución, no firmé cheques, contratos, adjudicación alguna. Según los controles y la auditoría que se hicieron está absolutamente todo en regla, los informes de la Contraloría en su momento no menciona ninguna sobrefacturación, ningún faltante”, sostuvo en entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Para el Ministerio Público, Rodríguez fue la cabeza de un grupo que fue armado y distribuido para delinquir durante la crisis sanitaria. El equipo de agentes fiscales liderado por Jorge Arce y conformado por Marlene González y Silvio Corbeta también presentó requerimiento procesal contra otros 21 funcionarios de la municipalidad.
“La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas cerró la investigación por no encontrar indicios, pero bueno ahora sale esto. El tema de la asociación criminal es por ser yo la máxima autoridad, entonces podría influir en los demás para que se organicen en una asociación criminal ¿Cómo se probaría? Es un poco complicado, esto me parece traído de los pelos, es muy difícil de sostener y comprobar”, manifestó.
El Ministerio Público requirió el establecimiento de algunas medidas cautelares, alternativas a la prisión preventiva. Todos los imputados deberán acudir periódicamente ante el juez. Además, tienen prohibido salir del país, de la ciudad en la cual residan o del ámbito territorial que fije el juez.
También deberán presentar una caución personal o real adecuada, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. La investigación fiscal inició tras la denuncia realizada el 7 de octubre del 2021 por los entonces diputados Kattya González, Celeste Amarilla y Sebastián García.
También promovieron la denuncia los concejales capitalinos Sandra Benítez, Elvio Segovia, Álvaro Grau y Rodrigo Boungermini y los abogados Rosa Martínez de Vacchetta y Eduardo Nakayama, quien actualmente se desempeña como senador.