El presidente del Congreso Nacional, senador Blas Llano, informó a los miembros de la Cámara Alta que a partir del mes de mayo venidero ya no contarán con el seguro médico en el sanatorio Santa Clara. La decisión fue tomada en el marco de la política de austeridad y racionalización que es implementada en esa Cámara por la actual administración a su cargo, explicó.
Alegó que también fueron tenidas en cuenta las propuestas presentadas por varios legisladores en ese mismo sentido, y la decisión también va en consideración al tratamiento del proyecto de ley que prohíbe las compras superfluas, excesivas e innecesarias y, además, restringe los nombramientos y la contratación de parientes y asesores, y fija topes salariales para las autoridades públicas de rango superior.
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“Cumplo en comunicarle que el contrato de prestación de servicio de Seguro Médico Santa Clara S.A. tiene vigencia hasta el 30 de abril del corriente año, por lo que desde el mes de mayo, tanto usted como sus beneficiarios y adherentes ya no contarán con ese beneficio”, señala la nota remitida a los senadores de la nación.
El mencionado proyecto de ley (que cita Llano) fue tratado en dos sesiones consecutivas: el 15 y el 17 de abril respectivamente. El artículo cuarto (inciso B) de la pretendida normativa establece taxativamente: “Prohibir la contratación de seguro médico privado y/o medicina prepaga para toda autoridad pública de rango superior”. El planteamiento de los recortes ya había sido presentado en el Senado el año pasado, por el senador colorado Sergio Godoy, pero desde entonces fue ignorado por la mayoría de los parlamentarios y nunca fue tratado.
Sin embargo, la crisis sanitaria y la necesidad de recursos para combatir la pandemia del coronavirus obligó a los parlamentarios a considerar las eliminaciones de los privilegios.
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La propuesta apunta a varios ítems del presupuesto de la Cámara de Senadores, como las compras en general y los gastos superfluos, tales como los cupos de combustibles, viáticos, seguro médico y servicios de catering, entre otros. Con relación al tope o salarial, estipula que ningún funcionario pueda percibir un sueldo superior al asignado al presidente de la República, quien gana mensualmente 37 millones de guaraníes.
Por decisión del titular del Ejecutivo esta medida ya fue implementada de manera provisoria en las hidroeléctricas (por tres meses).