Las expectativas por llegar a ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), del abogado José Ignacio González Macchi son altas para esta segunda postulación, dijo en una entrevista en los estudios del Canal GEN. Apuntó a tres primeras acciones en el caso de reemplazar a la ministra Miriam Peña que dejará el puesto vacante, y resaltó la importancia de dar sanciones fuertes y mejorar temas carcelarios.
Primeramente, mencionó la importancia de encontrar un punto de consenso con sus pares, “no voy a entrar a pelearme o chocar. Luego estará enfocado en un nuevo plan porque este año culmina el quinquenio Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial en el cual la CSJ tiene el eslabón específico.
Entonces dice que se tendrá que “evaluar y plantear un nuevo plan que seria hasta el 2025, dar la valoración y validación al plan que termina mientras se elabora y prepara el nuevo plan”.
Como segundo punto, están las cuestiones legislativas estratégicas que la Corte necesita, específicamente con la sanciones a los abogados que incurren en faltas. “La legislación está basada en sanciones administrativas que ya no rigen, para el abogado que no se comporte conforme a las reglas, una sanción de un mes no es nada”, explicó.
Por eso considera que las sanciones deben de ser fuertes para marcar una postura ante la ciudadanía que exige a la justicia acciones duras.
Por otra parte también considera que debe de fortalecerse el Poder Judicial en cuanto a la competencia penal, “son cuestiones sensibles para la sociedad, y la Corte, en cuanto a lo penal, los temas carcelarios, las chicas, recusaciones, son cuestiones relativas a la demora y a la dilación para encontrar justicia”
No descarta realizar una cumbre interinstitucional para conversar entre todas las partes y sacar respuestas positivas.
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Peña y la Corte aceleran la implementación del Registro Unificado Nacional
El presidente de la República, Santiago Peña, recibió en Mburuvicha Róga al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, con quien mantuvo una reunión de trabajo para avanzar en la implementación del Registro Unificado Nacional (RUN), una herramienta clave para la modernización del sistema registral y catastral del Paraguay.
Durante el encuentro, las autoridades analizaron la planificación de la infraestructura tecnológica necesaria para la puesta en funcionamiento del RUN, así como los requerimientos que permitirán consolidar este proceso de transformación institucional, orientado a brindar mayor eficiencia, integración y seguridad jurídica a los registros públicos.
El jefe de Estado reafirmó el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de las instituciones mediante la incorporación de herramientas que contribuyan a optimizar la gestión pública y ofrecer mayores garantías a la ciudadanía.
“Seguimos fortaleciendo la seguridad jurídica a través del Registro Unificado Nacional (RUN). En una reunión de trabajo con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Alberto Martínez Simón, la gerente superior del Registro Unificado Nacional (RUN) Lourdes González y equipo, avanzamos en la planificación de la infraestructura tecnológica que permitirá profundizar este gran cambio en nuestro sistema jurídico. La modernización e integración de nuestro sistema registral-catastral avanza decididamente”, expresó a través de sus redes sociales.
Acompañaron además, la directora general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia, Rosaliz Chamorro, y el director general de Planificación y Desarrollo, Juan José Martínez, quienes expusieron los avances técnicos y las acciones previstas para la implementación del proyecto.
Con el Registro Unificado Nacional, el Paraguay continúa avanzando hacia un sistema registral y catastral moderno, integrado y confiable, fortaleciendo la seguridad jurídica y generando mejores condiciones para el desarrollo del país.
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Corte agiliza renovación de insumos en juzgados
Desde la Corte Suprema de Justicia informaron este lunes que avanza un proceso para acelerar las tareas de inventario, descarte y reposición de insumos en distintas dependencias judiciales, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios y ofrecer una atención más eficiente a los usuarios del sistema de justicia.
La iniciativa forma parte del plan de fortalecimiento institucional y contempla un relevamiento integral de las necesidades operativas en los Juzgados Penales de Garantías y de Ejecución del Fuero Especializado contra Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado, ubicados en la sede judicial de la Capital.
Durante la inspección técnica se identificaron carencias de equipamiento, mobiliarios fuera de uso y elementos deteriorados que afectan el funcionamiento cotidiano de las oficinas. Como parte de la jornada, se procedió al retiro de muebles en desuso y se inició el proceso para la baja patrimonial de aquellos bienes que ya no reúnen condiciones para seguir siendo utilizados.
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La evaluación también permitirá determinar qué equipos e insumos requieren reposición, con la finalidad de optimizar los recursos disponibles, mejorar la distribución de los espacios físicos y adecuar las condiciones de las dependencias judiciales a las necesidades actuales del servicio.
El plan busca, además, ordenar los procesos administrativos vinculados al control patrimonial y al abastecimiento de materiales, reduciendo tiempos en la gestión de inventarios y facilitando una respuesta más ágil ante los requerimientos de las distintas oficinas.
Para la ejecución de estas tareas participaron de manera coordinada equipos técnicos de las áreas de Infraestructura Física, Contabilidad y Patrimonio, Suministro y Bienes, Archivo General de los Tribunales y la Dirección de Derecho Ambiental de la Corte Suprema de Justicia, responsables de realizar la evaluación técnica y acompañar las acciones de reorganización previstas dentro del programa de mejoramiento institucional.
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Corte recuerda que esta semana vence el plazo para solicitar bienes en donación
La Corte Suprema de Justicia recordó este domingo que esta semana concluirá el plazo para que las organizaciones sin fines de lucro presenten sus solicitudes para acceder a la donación de bienes institucionales dados de baja. La convocatoria, iniciada el 1 de julio, finalizará el viernes 10 de julio, luego de cumplirse los ocho días hábiles establecidos para el proceso.
La iniciativa, impulsada por la Dirección General de Administración y Finanzas, está dirigida a entidades sin fines de lucro legalmente constituidas interesadas en recibir mobiliarios, equipos informáticos y otros bienes que ya no forman parte del patrimonio de la institución. Aunque estos elementos quedaron obsoletos o dejaron de ser utilizados en las labores judiciales, todavía podrían ser aprovechados en proyectos de carácter social.
La Corte precisó que los bienes serán entregados en las condiciones físicas y de funcionamiento en las que se encuentran actualmente. Por ese motivo, las organizaciones que resulten beneficiadas deberán asumir los costos de retiro, carga, transporte y traslado de los artículos adjudicados.
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Las manifestaciones de interés deben presentarse por escrito en la Mesa de Entrada de la Dirección General de Administración y Finanzas, ubicada en el cuarto piso de la Torre Sur del Palacio de Justicia de Sajonia, en Asunción, de lunes a viernes, entre las 07:00 y las 13:00.
Entre los documentos exigidos figuran una copia autenticada del estatuto social de la organización, los documentos de identidad del representante legal, la constancia vigente de inscripción en el Sistema Integrado de Administración de los Registros Administrativos (SIARA) y un informe que detalle el destino social que tendrán los bienes solicitados.
Como parte del proceso, las organizaciones interesadas también pueden realizar una inspección previa de los lotes disponibles durante el período de la convocatoria. Para coordinar las visitas, la División Inventario de Bienes habilitó la línea telefónica 0981 297-488, además de la central (021) 439-4000, internos 2012 y 2826.
La máxima instancia judicial aclaró igualmente que la presentación de la solicitud no garantiza la adjudicación de los bienes. La selección final de los beneficiarios se realizará conforme a los criterios establecidos en la normativa interna, priorizando que los artículos sean destinados a iniciativas de beneficio para la comunidad.
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Villarrica fue sede de una intensa jornada para mejorar el servicio de justicia
La ciudad de Villarrica concentró este viernes una amplia agenda institucional del Poder Judicial en el marco del denominado “Día de Gobierno”, una iniciativa orientada a fortalecer la administración de justicia en el departamento del Guairá mediante actividades de gestión, formación, concursos, incorporación de nuevos profesionales y reuniones con actores del sector.
Como parte de la jornada, se llevó adelante el examen de conocimientos correspondiente al Concurso para el Ingreso de Personas al Poder Judicial, que reunió a más de 1.000 postulantes interesados en ocupar cargos jurisdiccionales, administrativos y forenses. La evaluación constituyó una de las actividades centrales del programa desarrollado en la capital guaireña.
Además, 37 nuevos abogados prestaron juramento de ley para ejercer funciones en la Circunscripción Judicial del Guairá. El acto fue encabezado por la secretaria de la Sala Civil y Comercial de la Corte Suprema de Justicia, Rita Monges, quien tomó el compromiso legal a los profesionales que se incorporarán al servicio de justicia en la región.
La agenda también incluyó la presencia del vicepresidente primero de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, y del ministro Manuel Ramírez Candia, superintendentes de la Circunscripción Judicial del Guairá, quienes participaron de las distintas actividades previstas dentro del Día de Gobierno.
Las autoridades
Durante el encuentro con los nuevos abogados, Benítez Riera los felicitó por este paso profesional y los instó a continuar su capacitación permanente para brindar una atención de calidad a la ciudadanía, resaltando la importancia del compromiso humano en el ejercicio del Derecho. A su turno, Ramírez Candia destacó la responsabilidad que tiene la profesión jurídica de responder de manera eficiente a las necesidades de la población.
La visita de las autoridades judiciales forma parte del plan institucional impulsado por la Corte Suprema de Justicia para reforzar el funcionamiento del sistema judicial en las circunscripciones del interior del país, promoviendo una gestión más cercana a las comunidades y receptiva a las inquietudes planteadas por autoridades locales y ciudadanos.
Optimización de servicio de justicia
Como cierre de la jornada, los ministros mantuvieron una reunión de trabajo con integrantes del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial del Guairá para coordinar acciones destinadas a optimizar la prestación del servicio de justicia. Asimismo, recibieron a representantes de gremios de abogados del departamento, con quienes analizaron diversos temas vinculados al funcionamiento del sistema judicial y otros asuntos de interés público.