El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, firmó el decreto número 848 por el cual se declara asueto los días 24 y 31 de diciembre para la administración pública y entidades descentralizadas.
Se exceptúan a los funcionarios y empleados públicos que prestan servicios médicos de urgencia, en horarios especiales y los funcionarios afectados por los servicios públicos imprescindibles para la comunidad.
La ministra de Turismo, Sofía Montiel, dijo que este pedido cuenta con la aprobación del sector privado considerando que el sector turístico tiene un alto efecto derrame económico que favorece a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Indicó que esta decisión permite que las personas puedan prolongar más su estadía, generar mayor gasto turístico y que esto pueda beneficiar no solo a la comunidad local, sino que pueda mejora la calidad de vida de las personas.
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Gremios y sindicatos tuvieron un amplio debate sobre la Ley de Función Pública y Servicio Civil
Miembros de la Comisión Permanente de Funcionarios Públicos de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Blas Antonio Dubrez, explicó que previo a la presentación del proyecto de ley de la “Función Pública y la Carrera del Servicio Civil” ante el Congreso han participado de todos los espacios de análisis dando un profundo estudio del documento y participado de todas las audiencias públicas que han convocado los senadores durante su estudio en las respectivas comisiones.
En comunicación con el Diario La Nación/Nación Media, mencionó que este estudio también se llevó a cabo con los diferentes gremios y sindicatos de la función pública, con quienes analizaron los puntos que generaban mayor preocupación. Todos esos puntos fueron presentados a los parlamentarios, asegurando que todo lo planteado se ajusta a las leyes vigentes y convenios internacionales.
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“Hay que entender que dentro de un análisis en toda la extensión de la Ley en sí, es beneficiosa; por ello, no es que haya muchas dudas al respecto. Porque enfoca dos aspectos fundamentales: la función pública por un lado, y la carrera del servicio civil por otro. Están muy bien marcadas, como se diría, la cancha en lo que hace a las promociones o el ingreso. Incluso se ha peleado por el tema de concursos para que se hagan de manera transparente, controlada y con participación de los sindicatos para que acompañen el proceso”, explicó.
Mencionó, además, que el proyecto de ley contempla lo relativo a la idoneidad de la persona desde el punto de vista profesional, que es lo que se busca: que el funcionario público se profesionalice. Esta ley permitirá jerarquizar y profesionalizar a los funcionarios públicos del Paraguay.
Cabe recordar que el pasado 17 de septiembre, el Poder Ejecutivo, mediante el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, presentó el proyecto de Ley de la Función Pública y del Servicio Civil, que establece el mecanismo de ingreso a la función pública, la estabilidad laboral, las designaciones y la búsqueda de mayor eficiencia.
Tras su análisis en las respectivas comisiones asesoras, de las cuales también participaron los miembros de la Comisión Permanente de Funcionarios Públicos de la ANR, este miércoles la Cámara de Senadores tiene previsto analizarlo durante la sesión extraordinaria que se lleva a cabo esta tarde.
Abierto a escuchar a todos
Al respecto, Dubrez dijo que este proyecto de ley tuvo un amplio análisis incluso antes de que se presentara finalmente el proyecto al Congreso.
“No se puede poner en tela de juicio la discusión, el análisis y los llamados que se hicieron a los distintos gremios sindicales y gremiales. En eso, creo que no hay duda de que hubo una gran apertura por parte del Gobierno nacional, que estuvo abierto a escuchar a todos. Más aún en las audiencias públicas, donde fueron escuchados todos los puntos cuestionados”, indicó.
Finalmente, señaló que espera que en la brevedad sea aprobada la ley, ya que esto va a fortalecer al Estado paraguayo.
“Lo que se pretende con esta ley es jerarquizar la función pública, profesionalizar a los compañeros y, por sobre todo, que las largas postergaciones que siempre existieron en la función pública acaben de una vez. Sería iluso decir que esta ley va a terminar con todos los problemas, pero sí será un instrumento normativo que podrá colaborar para que esto vaya subsanando las lagunas que antes había en la Ley 1626, que ya lleva 24 años de vigencia. Por eso, creemos que será satisfactorio para el país”, concluyó.
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Argentina despedirá a empleados estatales que fracasen en “examen de idoneidad”
El gobierno argentino anunció ayer jueves que someterá a un “examen de idoneidad” a unos 40.000 empleados que trabajan en el Estado y despedirá a aquellos que fracasen en superarlo, informó el vocero presidencial, Manuel Adorni. La instancia será obligatoria para todos los empleados del Estado cuyos contratos vencen el 31 de diciembre.
La suscripción de contratos es una práctica habitual en el Estado argentino, donde conviven empleados llamados de “planta permanente” con otros a los que cada fin de año se les renueva su contratación, situación de precariedad en la que pueden permanecer por décadas.
“Va a ser un requisito necesario, pero no suficiente, ya que después, por supuesto, van a definir la renovación o no por los parámetros usuales de si la persona merece la renovación del contrato”, amplió el vocero. Adorni explicó que en esta primera etapa quedarán fuera de la evaluación los trabajadores discapacitados, “ya que los sistemas requieren de adaptación adicional”.
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El gobierno del presidente Javier Milei aplica desde que asumió, en diciembre del año pasado, un fuerte ajuste fiscal que ha simbolizado en la política “de la motosierra”. Ello conllevó un achicamiento del Estado, que entre otras cosas se tradujo en la eliminación del Ministerio de la Mujer, la degradación a secretaría del de Educación y la supresión de organismos como el de violencia de género, el de lucha contra la discriminación o el Instituto de Asuntos Indígenas.
Estas decisiones implicaron decenas de miles de despidos, multiplicados además por la decisión gubernamental de frenar las obras públicas. “Ya despedimos a 50.000 empleados públicos y vamos a despedir a 50.000 más”, había anunciado el presidente en junio en un foro empresario. “En materia de contratos vamos a terminar echando 75.000 personas, ya llevamos 25.000″, agregó entonces.
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En un informe que brindó ante el Congreso el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el gobierno consignó que hasta junio despidió a 26.600 empleados de la administración nacional y contrató a 2.700. Adorni no brindó detalles sobre cómo se integrarán las comisiones evaluadoras o si habrá instancias de apelación para el caso de los que no superen la prueba, que será online.
“Entiendo que la idoneidad será evaluada en puntos elementales para cumplir las tareas de cada puesto”, dijo el vocero, que precisó que se realizarán “de a 2.000 por día” a partir del 1 de diciembre. “¿Después de 5, 10, 15 y hasta 20 años de trabajo les quieren tomar examen? El examen debería ser para la vocería”, expresó en la red social X el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar.
Fuente: AFP.
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Coordinadora colorada de funcionarios públicos expresa apoyo a titular de la ANR
A través de un comunicado que dieron a conocer, la Coordinadora Colorada de Funcionarios Públicos, Municipales, Docentes y Jubilados del Paraguay, debidamente registrada ante la Asociación Nacional Republicana(ANR), expresa su total respaldo al presidente de la nucleación política Horacio Manuel Cartes ante lo que consideran una injusta campaña de persecución que busca perjudicar la figura del líder político.
En el documento firmado por la titular de la coordinadora Agripina Saucedo; el vicepresidente Alejandro Arce y el secretario político Rildo Riveros, ratifican que Horacio Cartes ganó legítimamente las elecciones internas de la ANR y fue un excelente expresidente de la República del Paraguay. “Condenamos abiertamente esta persecución y denunciamos esta violación de nuestra soberanía nacional rechazando categóricamente la intromisión extranjera en nuestro país”, expresaron.
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Igualmente, exhortan al Gobierno Nacional, para que haga respetar el debido proceso y que los gobiernos u organizaciones internacionales no violen la soberanía de Paraguay que es país libre e independiente. “Nuestra coordinadora insta a las autoridades nacionales a defender las leyes que garantizan el derecho a la defensa y rechazar enfáticamente toda injerencia extranjera en asuntos internos de nuestro país.”, ratificaron.
Asimismo, señalan que en Paraguay se registraron elecciones transparentes, legítimas y participativas, por lo tanto, no existe ningún tipo de causa, que afecte, o atente contra el derecho internacional, ya que es una nación democrática y respetuosa de la ley y la justicia.
En el documento, la Coordinadora Colorada rechaza la vil persecución política que solo busca dañar el gran trabajo solidario, humano y patriótico realizado por Horacio Cartes como líder del Partido Colorado. Exigen el respeto a la Constitución Nacional y las leyes, y rechzan imposiciones que solo buscan destruir al partido, y por ende “dañar la imagen de un líder que se ganó el cariño y el apoyo popular por su gran labor como Presidente de la ANR y del Paraguay”, menciona el documento.
Finalmente, señala que Horacio Cartes se ganó el liderazgo y su posición de líder dando trabajo a miles de familias, generando fuentes de empleo, permitiendo la capacitación de jóvenes y modernizando un partido político centenario para servir al país.
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Destacan apertura en debate sobre proyecto de Ley del Servicio Civil
El equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) considera oportuno mejorar una norma que regule a los funcionarios públicos y que tenga un impacto en las carreras de los servidores públicos, de acuerdo a las expresiones de la ministra sustituta, Andrea Picaso, en el marco del XXVII Seminario Nacional de Presupuesto Público. Explicó que el cambio radical realizado al proyecto de ley se da en el marco legal.
La actividad -organizada por la Asociación Paraguaya de Presupuesto Público (Apapp)- se inició ayer miércoles y continúa hasta mañana viernes en el Hotel Savoy de Encarnación, con presencia de exponentes nacionales e internacionales. Picaso inició su intervención comentando que el mencionado proyecto de ley nace tras las series de acciones de inconstitucionalidad planteadas en contra de la Ley 1626 “De la Función Pública”.
En ese sentido, la apertura para el diálogo y la construcción del proyecto de Ley de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil por parte del MEF fueron destacadas por la ministra sustituta del MEF, durante el seminario.
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En la iniciativa, presentada por este Gobierno en febrero de este año, la estructura de la ley se divide en dos partes: una general (Función Pública) y la otra específica (Carrera del Servicio Civil). Agregó que en la parte general se plantea el elemento sustancial de mejora, donde se reconoce la autoridad de aplicación; es decir, cada Poder del Estado será su propia autoridad de aplicación, dijo. “En la parte general se definen criterios y principios de carácter general”, indicó.
Durante su intervención también se explayó sobre lo que plantea el proyecto respecto a la estabilidad sindical, la evaluación de desempeño de los servidores públicos, el concurso como única vía de ingreso a la Función Pública, entre otros puntos.
La jornada de exposiciones de hoy inició a las 09:00 con la presentación de la Ley 7021/22 de Suministro y Contrataciones Públicas y su decreto reglamentario, a cargo de Azucena Areco, coordinadora académica del ITS y jefa del área de planificación.
Seguidamente marcó presencia el director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, quien habló sobre la Ley N° 7143/2023 “Que crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios” y su efecto en los ingresos del Estado. Asimismo, el director general de Contabilidad, Arturo Giménez; y la coordinadora de Gestión de Activos del Ministerio de Economía y Finanzas, Adriana Croce, presentaron el Sistema de Gestión de Bienes y Servicios (SIGEBYS), una nueva herramienta lanzada por el MEF que mejorará los procesos de adquisición de bienes y servicios para el Estado.
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