El senador Payo Cubas recibió más evidencias de ciudadanos estafados por la firma Mocipar y prometió asesorar a los afectados para presentar una demanda contra el entonces directivo de la empresa, Dany Durand.
“Payo” pide que lo usen como hacha para caerle a Dany Durand
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Miembros de organizaciones de la sociedad civil participaron de la audiencia pública convocada por la bancada del Movimiento Cruzada Nacional, liderada por el senador Paraguayo Cubas para analizar las denuncias por supuesta estafa del grupo Mocipar. El legislador prometió encaminar a los afectados para formular una demanda en los estrados judiciales contra el ex diputado Dany Durand, anterior directivo de la citada firma y actual titular de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat).
Payo convocó a una nueva reunión el próximo lunes en la sede de su bancada, que funciona en la planta baja del edificio legislativo, a fin de ir reuniendo los elementos para formalizar la acción judicial.
Durante la audiencia, la ingeniera Gladys Canese, asesora del parlamentario, dijo que hubo un engaño colectivo por parte de Mocipar. “Vamos a hacer lo posible para que esto se haga justicia, el senador nos va a asesorar como abogado. Vamos a procurar desde la bancada a hacer fuerza y hacer la demanda”, indicó.
El senador pidió que los denunciantes lo utilicen “como un hacha” para clamar justicia y sugirió que más afectados se animen a presentar más evidencias contra Durand. “Acá no hay un asunto político contra Durand, acá lo que hay es un asunto de justicia”, dijo Payo al tiempo de prometer “una solución con mucha tenacidad” para los denunciantes.
La denuncia contra la citada empresa ya viene desde hace varios años por ciudadanos que ingresaron a un sistema de concesión de casas, autos por sorteos, adjudicaciones y electrodomésticos.
Juez decretó arresto domiciliario del empresario Luis Montanaro, imputado por estafa
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El juez Penal de Garantía Yoan Paul López decretó el arresto domiciliario del empresario Luis Augusto Montanaro, presidente de Finco S.A., imputado por estafa de USD 200.000, cuya víctima es un inversionista austríaco. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en Palacio de Justicia.
Según la imputación del caso, el 14 de diciembre de 2023, Luis Montanaro, en su calidad de presidente de Finco S.A., habría suscrito un contrato de inversión y compraventa de acciones preferidas con el ciudadano austríaco Adolf Frohlich.
En dicha inversión, Frohlich habría depositado a cuenta de Montanaro, a la fecha de la firma del contrato, unos 150.000 euros. El depósito habría sido confirmado en fecha 2 de enero de 2024 por el mismo Montanaro.
Posteriormente, en febrero de 2024, depositó otros 50.000 euros, totalizando 200.000 euros; de los cuales, 133.334 euros se aplicarían en concepto de inversión. Esta suma debía devengar intereses compensatorios a una tasa de 19 % anual a ser pagados de forma trimestral y cuyo capital aportado debía ser devuelto en un plazo de diez años en cuotas de G. 52.564.932.
Esta suma debía ser pagada hasta el 18 de enero de 2034, según la proforma de pago confeccionada por Finco S.A., estipulada en el Anexo I del Contrato de Compra-Venta de Acciones Preferidas. Sin embargo, no se habría efectuado ningún pago, ni se habrían transferido las acciones prometidas a Frohlich.
Estafa a colonos: Fiscalía tiene 5 meses más de tiempo para investigar a exfuncionario de Diputados
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El tribunal de Apelación de la Circunscripción Judicial de San Pedro, otorgó 5 meses más de tiempo al Ministerio Público para seguir investigando al exfuncionario de la Cámara de Diputados, William Bogarín Campuzano y otras tres personas procesadas penalmente por estafa, cuya víctimas son colonos de Río Verde, departamento de San Pedro.
Con esta resolución, la Fiscalía deberá presentar su requerimiento conclusivo el 18 de noviembre de este año, donde tendrá que presentar la acusación y el pedido de juicio oral para los procesados.
De acuerdo al acta de imputación, el gestor José Francisco Ljubetic habría liderado un esquema que operó entre el 2017 y agosto del 2024, con el propósito de obtener dinero mediante la simulación de gestiones para adquirir tierras del Indert.
Igualmente, se describe que Ljubetic se presentó ante los hermanos Bernardo y Hernán Friesen Neufeld, a quienes ofreció la adquisición de dos lotes de 4.000 hectáreas cada uno, ubicados en Colonia Ñande Mba’e, distrito de Mariscal Estigarribia, Boquerón, por la suma de USD 1.600.000.
Para asegurar a sus víctimas, se dio participación a un supuesto equipo jurídico, conformado por los abogados Willian Bogarín Campuzano (exdirector general de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional de la Cámara Baja) e Ilsa Maricela Paredes.
Los citados se encargarían de realizar algunos trámites en el Indert para beneficiar a los colonos de la zona de Rio Verde, departamento de San Pedro.
Acusan a cuatro hombres por estafa a compradores argentinos en Encarnación
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Tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público se encuentran trabajando de manera coordinada para erradicar los casos de estafas en el circuito comercial de Encarnación y zonas aledañas, atendiendo a la gran afluencia de turistas.
En octubre del año pasado, dos ciudadanos argentinos provenientes de la ciudad de Córdoba habían denunciado una estafa por más de 55.000 dólares por la compra de aparatos electrónicos. Tras la investigación y el seguimiento de las autoridades locales, la Fiscalía formuló una acusación por estafa y asociación criminal contra cuatro hombres oriundos de Alto Paraná.
Los mismos operaban desde un local comercial de nombre Patagonia Life que se encuentra justamente en el corazón del circuito comercial encarnaceno. El lugar fue allanado en el marco de una serie de intervenciones y en esta oportunidad fueron detenidas siete personas.
Así también se procedió a un segundo allanamiento, esta vez en una vivienda en la zona de Cambyretá, donde los cuatro hombres investigados estarían residiendo.
El fiscal Enrique Fornerón explicó en conversación con la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez, que estos hombres sindicados como estrategas de la estafa le habrían ofrecido un precio inmejorable para la adquisición de aparatos electrónicos y que durante el proceso de negociaciones inclusive habrían invitado a los argentinos a meriendas y casinos, de manera a persuadirlos.
Una vez cerrado el trato, los argentinos habían girado 12.000 dólares y posteriormente los cuatro paraguayos habrían ido hasta la Argentina para retirar el resto del dinero con la promesa de la entrega de los productos.
“Estos hombres habrían amenazado a las víctimas enviándoles videos de armas. Nosotros tenemos las evidencias de que todo lo que tenía que ver con el negocio habría sido montado. Esta estafa, en particular, llevó varios días de tratativas y un proceso de convencimiento”, remarcó el fiscal Fornerón.
El juicio oral y público para el excandidato presidencial Paraguayo Cubas se realizará en Asunción. Así lo resolvió un Tribunal de Apelación, que ordenó que el juicio se realice en Asunción.
El tribunal de sentencia, integrado por Cándida Fleitas, Héctor Capurro y Cristian González, decidió que el caso debe ser juzgado en Alto Paraná.
Cubas debe enfrentar juicio oral por los disturbios ocurridos en las inmediaciones del TSJE. Los camaristas revocaron el fallo del Tribunal de Sentencia que había hecho lugar a la excepción de incompetencia.
Según el Tribunal de segunda instancia, cuando se declara la apertura del juicio oral, queda definitivamente “precluida” la posibilidad de controvertir la competencia territorial del Tribunal de Sentencia, tanto por parte de los sujetos procesales como por el propio órgano jurisdiccional.
Sin efecto
Por otro lado, los camaristas dejaron sin efecto la decisión del Tribunal de Sentencia que había hecho lugar a un recurso contra la competencia territorial, según la Megacadena.Según el Tribunal de segunda instancia, cuando se declara la apertura del juicio oral, queda definitivamente precluida la posibilidad de controvertir la competencia territorial del Tribunal de Sentencia, tanto por parte de los sujetos procesales como por el propio órgano jurisdiccional (Tribunal). Con esto, enviaron el caso de vuelta a los jueces de Sentencia de Capital.“La resolución que hace lugar a la excepción de incompetencia territorial opuesta por la defensa resulta jurídicamente improcedente, por haber sido dictada en una etapa procesal en la que dicha cuestión ya no podía ser válidamente introducida ni resuelta conforme al ordenamiento procesal vigente”, indica parte del fundamento.