Desde hoy domingo hasta el próximo Lunes de Pascua, la Patrulla Caminera distribuirá a sus inspectores a nivel nacional para el refuerzo de los controles en ruta, con miras al movimiento vehicular por Semana Santa. Las eventuales infracciones en el tránsito (luces apagadas, adelantamientos indebidos, circular sin usar el cinturón, etc.), el tradicional alcotest, verificación de documentos como habilitación y cédula verde, ordenamiento y agilización del tránsito y patrullaje permanente son aspectos que incluirá la Patrulla Caminera en sus controles.
Además, quienes lleven a menores de 5 años, deberán contar con la silla especial para niños y ubicarlos en ella. La portación es de carácter obligatorio y la ausencia de ella constituye una falta con pena de multa. El operativo se denomina “Buen viaje ... feliz retorno” e involucrará a cerca de 500 agentes de la Patrulla Caminera, quienes contarán con más de 100 vehículos para sus coberturas. Asimismo, prevén un refuerzo en lugares de grandes aglomeraciones como el evento de Tañarandy, que congrega a peregrinos y turistas en San Ignacio, Misiones.
En cuanto a los motociclistas, se les exigirá, como corresponde, el uso del casco, chalecos reflectivos, luces, documentos y todo lo que la ley establece. Asimismo, se aplicará el operativo de salida y de retorno en los días de mayor flujo vehicular, principalmente entre el miércoles y el jueves para el inicio, y Domingo de Pascua hasta lunes por la mañana para el final.
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Armas del crimen organizado fueron donadas a la Policía Nacional y a las FF. AA.
En el transcurso de este martes, en la sede de la Agrupación Especializada se concretó la entrega del arsenal de armas largas y cortas que fueron incautadas en el país, durante el operativo Dakovo, lanzado el pasado 5 de diciembre de manera conjunta en Paraguay, Brasil y Estados Unidos, logrando desbaratar una estructura de tráfico internacional.
“Este día es bastante significativo y especial, en el sentido de tener a disposición las armas que servirán para seguir con esta lucha bastante sostenida que se tiene contra el crimen organizado y la delincuencia. Tengan la certeza de que estas armas serán bien utilizadas y esto es el preludio de lo auspicioso que es el futuro a corto plazo en cuanto al fortalecimiento de la seguridad”, indicó el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez.
Las afirmaciones de Benítez surgen teniendo en cuenta que el gobierno de Santiago Peña prevé invertir un total de USD 92 millones para incorporar equipamientos, móviles, logística y tecnología. A partir de este año se aguardan 5.000 nuevos agentes, que pasarán a reforzar las filas policiales y se precisará de equipos, además de los beneficios estipulados en la nueva Carta Orgánica de la Policía, de manera a dignificar su labor.
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“El futuro es muy auspicioso no solo para la Policía Nacional, sino para toda la población que espera mucho de su policía. No estamos satisfechos, el presidente Peña fue bastante claro en ese aspecto en cuanto al ámbito de la seguridad, es una situación pendiente. Estamos haciendo el mayor esfuerzo para mejorar las cosas”, sostuvo Benítez.
Antecedentes
Las 2.300 armas fueron incautadas de la empresa International Auto Supply (IAS), asentada en la ciudad de Asunción, propiedad del argentino Diego Hernán Dirísio y su esposa Julieta Nardi. Ambos ya se encuentran en manos de la justicia, tras ser detenidos en febrero pasado en Buenos Aires.
Por este operativo también fueron demorados exmilitares, militares en ejercicio y exdirectores de la Dirección de Material Bélico (Dimabel). De acuerdo a la publicación periodística del medio de comunicación brasileño Globo, Dirísio es conocido como el presunto “mayor contrabandista de armas de Sudamérica”, al develar que sus negocios movilizaron 43.000 armas en los últimos tres años, por valor de 240 millones de dólares, para facciones criminales brasileñas como el Primer Comando Capital (PCC) y Comando Vermelho.
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Analista advierte sobre el asedio y la falta de control de las ONG en Paraguay
El abogado y analista económico Víctor Pavón habló acerca del asedio y la falta de control en el financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), que pretenden instalar ideologías y proyectos políticos que van en contra de la propia Constitución Nacional.
“Ocurre que estamos asediados por ideas, lamentablemente muy fuertes. La Constitución del Paraguay no puede estar supeditada en igual rango a los tratados internacionales relacionados a los derechos humanos y, en consecuencia, nuestra Constitución Nacional. Eso es algo que no podemos relegar dejar de lado”, señaló en el programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Pavón indicó que existen factores o elementos políticos incluso que provienen del extranjero, que “quieren poner sus garras en el Paraguay”, y uno de esos elementos, además del tema de la justicia donde quieren equiparar los tratados de derechos humanos con la Constitución, está el tema del cambio climático, y otras ideologías.
Creen que están por encima de las normativas
“Cuando por ejemplo, el senador Gustavo Leite presenta con otros proyectistas la necesidad que las ONG puedan ser también controladas en el uso de sus recursos, ocurre que ciertos representantes que tienen su asiento económico con estas oenegés saltan, como diciendo que ´nosotros no podemos ser controlados por el Estado, porque nosotros incluso estamos por encima de las normativas paraguayas´”, cuestionó.
El analista reiteró que se debe tomar muy en cuenta esta cuestión, ya que el asedio de estas organizaciones es muy grande en Paraguay y éstas deben ser controladas. Añadió que Paraguay está yendo por un buen camino. “Todas estas agendas que vienen del extranjero necesitan que en el Paraguay haya una disminución de la actividad productiva y en el Paraguay, diferencia que muchos creen, estamos yéndonos por un buen camino. Todo esto que estamos llevando a cabo en el Paraguay es algo que por supuesto todavía podemos avanzar mucho más”, puntualizó.
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“Opositores” rechazan control de oenegés por sus intereses
Entre quienes sin tapujos defienden a estos organismos se encuentran el senador Eduardo Nakayama, Agustín Carrizosa y el exintendente de Asunción Martín Burt.
Los detractores cuestionan la búsqueda de transparencia con la iniciativa legislativa y alegan persecución sobre organizaciones privadas con el proyecto. No obstante, cada uno ya había sido expuesto a través de una serie de publicaciones por sus vínculos con alguna ONG.
En el caso del senador Nakayama, la Unidad de Investigación de Nación Media detalló la manera en que Celsa Rodríguez, funcionaria de confianza del parlamentario que había sido colocada en su despacho, forma parte de la Fundación de Apoyo a la Educación Tecnológica (Fundatec).
Dicha ONG había firmado un convenio con el Ministerio de Trabajo para cursos de capacitación durante la administración de Carla Bacigalupo. Recibió transferencias por G. 1.822 millones entre el 2022 y 2023 y el clan familiar de su presidente se constituía como operadores políticos favorecidos con sueldos y honorarios.
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En cuanto a Carrizosa, uno de los asiduos opositores al control para las ONG, se presenta como presidente de la organización Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD). Esta había sido expuesta por rapiñar fondos públicos en pandemia con sueldos para el clan del presidente de la organización.
Así, instalando un esquema de repartija de millones de dólares, publicado por la Unidad de Investigación de Nación Media, entes estatales llegaron a destinar la suma de G. 6.093 millones para el CIRD.
Esto mientras la ONG actuaba como una agencia de empleos para los familiares de Carrizosa y Francisco Alcaraz, coordinador del proyecto “Más Ciudadanía, Menos Corrupción”, una de las iniciativas encaradas por la ONG.
Por otra parte, el exintendente de Asunción Burt es titular de la ONG Fundación Paraguaya y acudió el lunes hasta el Congreso con el objetivo de expresar su rechazo hacia el proyecto de control a las oenegés que busca estudiarse en la Cámara de Senadores.
Burt alegó una presunta persecución a las organizaciones, cuando la iniciativa busca aplicar un mayor control sobre el origen del dinero de las ONG, así como el concepto del gasto de las mismas. Esto aparte de aplicar un registro integral sobre cada una de las organizaciones, para tener un detalle específico de cada una.
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Representantes de organizaciones, contra la transparencia
El senador Basilio Núñez sostuvo que los representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) alegan persecución con el proyecto de ley que busca mayor control sobre las mismas, cuando en realidad se oponen al establecimiento de mayor transparencia en torno al manejo de las oenegés.
“Esto no tiene color. Pueden ser colorados, no colorados, opositores, pero ellos (representantes de oenegés) están en contra de la transparencia. Hay una propuesta para tratar el proyecto ya en julio”, señaló Núñez en el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El periodo fijado para el estudio del plan se debe a que la propuesta ya alcanzaría los seis meses de presentación, siendo enriquecida por las respectivas comisiones que han analizado su redacción. Enfatizó así en la importancia de materializar el proyecto de control.
“Algunas oenegés reciben fondos para propiciar la transparencia, pero paradójicamente ellos no quieren transparencia y llegan al extremo de mezclar las cosas y decir que estamos en época de dictadura, cuando solo queremos control y trazabilidad”, expresó el congresista.
Cuestionó así el manejo de Agustín Carrizosa, presidente del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), teniendo en cuenta que pregona a través de su oenegé por mayor ciudadanía y menos corrupción, pero instalando un esquema multimillonario en la organización para beneficiar únicamente a su cúpula familiar.
“Esta organización tiene el tinte de estar completamente ideologizada; trabaja y opera directamente en contra del Partido Colorado porque solo investiga hechos de corrupción de administraciones coloradas, cuando todo debería ser igualitario”, dijo Núñez.