La Fiscalía finalmente ordenó la liberación de Federico Ferreira, barrabrava del club Cerro Porteño que ayer martes de mañana se entregó de forma voluntaria a la Justicia, señala hoy.com/Nación Media.
El joven, uno de los líderes del grupo Comando, era sindicado como uno de los supuestos protagonistas de la gresca entre barrabravas de Cerro Porteño desarrollada el pasado 29 de enero en el estadio Defensores del Chaco.
Tras concretarse su detención, Ferreira fue trasladado a la Fiscalía, donde prestó declaración ante el agente fiscal Alcides Corvalán, encargado del caso. Luego de varias horas, el representante del Ministerio Público finalmente dispuso la liberación del hincha cerrista, quien ahora gozará de libertad ambulatoria.
Ferreira afirmó que en ningún momento actuó como instigador de la pelea, tal y como afirman desde la Policía, y sostuvo que en las imágenes difundidas se observa que, en realidad, trató de separar a las barras.
Cabe recordar que en la jornada de ayer martes se produjo la detención de Rafael Villalba Acosta, de 27 años, sindicado como uno los barras de Comando que también protagonizó los incidentes en el Defensores del Chaco.
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Remiten a Fiscalía informe sobre uso de bonos en la administración de Nenecho Rodríguez
La Contraloría General de la República remitió al Ministerio Público el informe de auditoría sobre la utilización de G. 500.000 millones de los bonos emitidos por la Municipalidad de Asunción que debían ser destinados para el financiamiento de obras. El documento hace mención al desvío de los recursos económicos.
Entre las irregularidades señaladas por el órgano extrapoder figura el destino del dinero a una “cuenta única del Tesoro Municipal”, de donde se hicieron los desembolsos. Argumentan que la normativa legislativa que regula la citada modalidad establece que esa vía no puede ser aplicada por un gobierno municipal.
“La normativa legislativa que regula la modalidad de cuenta única (ley 5097/13) claramente no puede ser aplicable a un gobierno municipal, en primer lugar, porque en el caso de las municipalidades esa ley está en conflicto con la Ley orgánica municipal que prohíbe ejecutar dineros provenientes de la emisión de bonos para pagar gastos corrientes”, sostiene el documento.
El informe indica que la modalidad de cuenta única fue dispuesta para administrar los excedentes de las instituciones, no así para financiar un déficit de la caja. Señala que bajo la gestión del intendente capitalino Óscar “Nenecho” Rodríguez se realizó pagos de gastos corrientes por un total de G. 492.000.000.000 con los fondos de la modalidad de la cuenta única municipal, sin adjuntar documentos de respaldo y sin detallar el origen de los recursos utilizados.
Menciona además que se utilizó un total de G. 287.000.000.000 para costear el mantenimiento de los vehículos, combustibles, alquiler de vehículos recolectores, cubiertas, seguros, reparación de vehículos, repuestos varios, herramientas, emulsión asfáltica, piedra triturada, uniformes, leche, servicios de transporte y disposición final de residuos.
El informe manifiesta a la vez que se cubrió el costo de las inversiones públicas en adquisiciones de maquinarias y herramientas para dotar a las áreas operativas, así como obras de infraestructura, por aproximadamente G 50.000 millones, como también el pago de capital e intereses de bonos por la suma de aproximadamente G. 155.000.000.000.
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Fiscalía rendirá cuentas sobre casos de corrupción e investigación penal
La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público encabezará la segunda audiencia de “Rendición de Cuentas en la Lucha contra la Corrupción” donde se abordarán casos emblemáticos y buenas prácticas en investigaciones penales. Esta presentación se da en el marco del programa de fortalecimiento de esta unidad.
“Son tres los casos emblemáticos que son abordados desde la perspectiva de buenas prácticas en la investigación penal. La segunda audiencia se realizará este martes 18 de junio en el Hotel del Paraguay, sobre la condena a Roberto Cárdenas y las escuelas de Lambaré, con los agentes fiscales intervinientes”, informaron desde la Fiscalía.
Asimismo, la institución apunta a explicar el impacto de los casos en las comunidades afectadas, especialmente en las poblaciones vulnerables y de esta forma fomentar la participación ciudadana, en el marco del diálogo abierto entre las autoridades y la sociedad.
El objetivo principal de este encuentro es informar a la ciudadanía sobre algunos resultados obtenidos por el Ministerio Público en la persecución de hechos de corrupción. Además, presentar de manera detallada los resultados de la investigación y las condenas obtenidas en casos emblemáticos de corrupción pública, según informó la institución.
Esta presentación de la Fiscalía es realizada con el apoyo del Centro de Estudios Judiciales (CEJ), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) del gobierno de los Estados Unidos y la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información del Ministerio Público.
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Vence plazo para que Fiscalía actúe en caso Miguel Prieto
Unidad de Investigación Nación Media (investigacion@nacionmedia.com)
Este miércoles vence el plazo para que el Ministerio Público presente el requerimiento conclusivo en el caso de los kits alimenticios fantasmas entregados por la Municipalidad de Ciudad del Este, encabezada por Miguel Prieto.
En enero pasado, un tribunal de apelaciones había decidido ampliar el plazo para que el fiscal Silvio Corbeta formule los requerimientos conclusivos en una de las causas contra el intendente esteño, Miguel Prieto, y otros procesados por lesión de confianza.
El plano inicial para la presentación del requerimiento conclusivo estaba previsto para el 19 de enero de 2024, según una providencia firmada por el juez José Delmás, con respecto a Prieto y a los demás procesados: Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Higinio Ramón Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Fermín Ávalos Britos y Emili Vanessa Florentín Páez.
Tras la resolución de la cámara, el agente fiscal debería finalizar su investigación el 19 de junio, es decir este miércoles.
Entre las diligencias pendientes a realizar y que motivaron la prórroga figuraban pedidos de informe a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, entidades financieras, Contrataciones Públicas, exigencia de libros contables a las empresas vinculadas, pericia contable y declaraciones testificales.
A partir de los informes tributarios se pretendía obtener en forma cuantitativa y cualitativa los ingresos obtenidos y los egresos realizados durante el periodo investigado a fin de determinar la adquisición de los productos de los kits alimenticios, los desembolsos para su posterior entrega a la Municipalidad de Ciudad del Este en tiempo y forma.
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La causa
Los fiscales Silvio Corbeta, Rodrigo Estigarribia y Alma Zayas presentaron en julio de 2023 una imputación contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por la presunta comisión del delito de lesión de confianza. Según las acusaciones, Prieto está implicado en la realización de compras ficticias de 25.000 kits de cestas básicas destinados a familias de escasos recursos, por un valor total de G. 1.769.790.000, causando un significativo perjuicio económico a la municipalidad.
La imputación detalla que el 20 de marzo de 2020, mediante la Resolución n.° 3331, la Municipalidad de Ciudad del Este convocó a una licitación por vía de excepción para adquirir cestas básicas, destinadas a ser distribuidas a familias necesitadas debido a la pandemia de covid-19.
La empresa Tía Chela SRL presentó una oferta de G. 2.949.650.000. No obstante, la Fiscalía argumenta que la empresa adjudicada no contaba con el inventario completo de las mercaderías ofertadas para la fecha del 23 de marzo de 2020, cuando el comité de evaluación revisó la oferta.
Adicionalmente, no se presentó documentación alguna que demostrara la capacidad de la empresa para suministrar los bienes ofertados de manera inmediata. Tía Chela SRL tampoco disponía de la capacidad financiera, técnica, ni de la experiencia necesaria para cumplir con una licitación de tal magnitud. Según las sospechas de la Fiscalía, la estructura legal de Tía Chela SRL fue utilizada para crear un montaje documental, con el propósito de defraudar a la Municipalidad de Ciudad del Este.
La imputación alega que la empresa supuestamente entregó 15.000 kits el 27 de marzo de 2020, por los cuales la municipalidad realizó un pago de G. 1.769.790.000. Posteriormente, se habría efectuado una segunda entrega de 10.000 kits de alimentos el 13 de abril de 2020, completando así la entrega de 25.000 kits. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que esta supuesta entrega no corresponde a la realidad de los hechos.
La investigación ha puesto al descubierto una serie de irregularidades que implican tanto la falta de inventario como la ausencia de capacidad logística y financiera por parte de la empresa adjudicada, lo que ha resultado en un grave daño económico para la municipalidad y ha cuestionado la integridad de los procesos administrativos bajo la gestión de Miguel Prieto.
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Comiso y destrucción de prendas requisadas
El fiscal Ysrael Villalba, de la Unidad Especializada en Persecución de Hechos Punibles contra la Propiedad Intelectual, allanó un local comercial el fin de semana pasado y requisó una gran cantidad de prendas de vestir de marcas internacionales.
El procedimiento fue en el local denominado Be Shop, en el kilómetro 4,5 de Acaray, en Ciudad del Este, mediante el mandamiento judicial firmado por la jueza de Atención Permanente, María de Fátima Burró. Entre las prendas incautadas están mayoritariamente camisetas de las marcas Tommy Hilfiger, Burberry, Polo, Lacoste, Valentino, Fendi, Prada y Carolina Herrera, entre otras.
La intervención del Ministerio Público se produjo tras una denuncia promovida por la abogada Fátima Argüello, de la Dirección de Lucha contra la Piratería y la Falsificación de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi). Los responsables del local intervenido por la Fiscalía serán investigados por la presunta comisión del hecho punible de violación de la ley de marcas, según el fiscal Villalba.
Como resultado de otro operativo similar, el Ministerio Público procedió a la destrucción de productos falsificados que fueron incautados durante un allanamiento, en cumplimiento de una disposición emanada del Juzgado de Garantías n.º 7, a cargo de la magistrada María de Fátima Burró.