Vecinos que viven en las inmediaciones de la zona donde ocurrió el asalto y explosión del transportador de caudales en el departamento de Itapúa denunciaron que unas personas se hacen pasar por policías y allanan las viviendas para pedir el dinero que supuestamente recogieron de la escena. Los pobladores temen por su seguridad.
Según el reporte policial, estas personas irrumpen en las viviendas que se encuentran en la zona porque suponen que estos llegaron primeros para recolectar el dinero que se esparció tras la explosión y les exigen que entreguen toda la plata. Además, los amenazan de que irán a la cárcel en caso de ocultar las evidencias.
“Se trata de personas inescrupulosas que se hacen pasar por policías en zona de General Delgado, lugar donde aconteció el hecho de asalto al transportador de caudales y les indican a las familias que juntaron una buena cantidad de dinero tras el asalto y que deben entregar en forma voluntaria”, expresó el comisario Ramón Delvalle, jefe de Prevención y Seguridad en entrevista con canal Trece.
Resaltó que estas personas son amenazadas para entregar el dinero y en caso de no hacerlo serán procesadas por apropiación. “Fueron los vecinos que denunciaron que estas personas se acercaron a sus domicilios y se hacían pasar por policías de Investigaciones que no portan uniformes. Tenemos dos casos en particular”, confirmó.
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Honduras despliega miles de policías y militares ante ola de crímenes
El gobierno de Honduras desplegó este jueves a miles de policías y militares en todo el país ante un recrudecimiento de los crímenes en las últimas semanas. El ministro hondureño de Seguridad, Gustavo Sánchez, encabezó la operación en la capital, pero aclaró que la intervención es “a nivel nacional”.
Añadió que la medida está encaminada a prevenir “delitos contra la vida, homicidios, asesinatos, robos a mano (armada) y extorsión”, además de ejecutar más de 10 órdenes de captura en Tegucigalpa y 50 en el resto del país centroamericano.
Honduras ha sido sacudida en las últimas semanas por una ola de crímenes de gran impacto. El 26 de junio, cinco jóvenes fueron secuestrados en Tegucigalpa y sus cadáveres aparecieron días después, en un hecho atribuido por la policía a la pandilla Barrio 18.
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Además, un grupo de 14 personas y otro de 12 fueron raptados hace tres semanas en el litoral Atlántico, acciones que la policía imputó a una guerra entre bandas de narcotraficantes. Los secuestrados, entre ellos al menos dos mujeres, siguen desaparecidos.
Sánchez también anunció la extensión del estado de excepción por 45 días. La medida está vigente en el país desde el 6 de diciembre de 2022 y su anterior ampliación fue el 19 de mayo. Esa disposición faculta arrestos sin orden judicial, norma similar a una vigente desde marzo de 2022 en El Salvador, donde se ha logrado una drástica reducción de las actividades de las pandillas.
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El ministro Sánchez negó que el estado de excepción haya fracasado en Honduras, como aseguran algunos medios locales. Argumentó que bajo la medida los arrestos de prófugos aumentaron en 85%, han sido decomisadas 12.000 armas y detenidos 4.500 miembros de pandillas o carteles de drogas.
“Hemos bajado en dos años ocho puntos en la tasa de homicidios”, aseguró el funcionario. La tasa de homicidios cerró en 2023 en 38 por cada 100.000 habitantes, más de seis veces el promedio mundial, pero inferior a los 42 por cada 100.000 de 2021, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional.
Fuente: AFP
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Denuncian mala calidad del agua suministrada por una empresa privada en San Lorenzo
Pobladores del barrio San Ramón de la ciudad de San Lorenzo denunciaron que la aguatera de la zona provee agua de pésima calidad, poniendo en riesgo la salud de la gente. El vital líquido que fluye por la canilla es de color rojizo y claramente no es apto para el consumo.
Los afectados manifestaron que hace dos años soportan esta problemática y se ven obligados a ingeniarse para abastecerse del vital líquido, ya que ni para lavar la ropa se puede utilizar lo suministrado por la empresa privada. Inclusive, los vecinos señalaron que ya tienen problemas estomacales al intentar tomar el agua supuestamente potable.
Acusaron a Zulma Saldívar, encargada de la aguatera, de que antes que resolver el inconveniente procede directamente a desconectar el servicio. Lo peculiar del caso es que ante tanta impunidad, los costos incluso se reajustaron para los usuarios, conforme expresaron los denunciantes.
“Nosotros le metimos una denuncia en la municipalidad porque si es comunitario no tiene que subir el precio del agua. De diez mil subieron a 25.000 y después ya subieron hasta 35.000. Nosotros teníamos acá una comisión y a través de la comisión nos fuimos a denunciar en la municipalidad”, contó David Segovia a Unicanal.
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Dijo que los dueños de la empresa cuentan con “aliados políticos” por lo que hasta el momento tampoco la comuna tomó medidas para revertir la preocupante situación por la que atraviesan los vecinos.
Doña Bernarda, otra vecina del lugar manifestó que al principio era agua turbia, pero luego ya se volvió intomable. Lamentó que en ausencia de los dueños de casa se estén procediendo a cortar el servicio.
Los vecinos apelan a una intervención de las autoridades del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN), que tiene a su cargo regular precisamente la prestación del servicio de agua potable y de la verificación y control del nivel de calidad y eficiencia del servicio brindado a la población.
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Villa Elisa: vecinos denuncian constantes robos por parte de adictos
Vecinos del barrio 29 de Setiembre de Villa Elisa viven en zozobra en las últimas semanas debido a que se han vuelto en víctimas de reiterados asaltos por parte de adictos, que ingresa a locales comerciales y se llevan todo lo que encuentran a su paso. Los vecinos han realizado las denuncias a la comisaría n.º 11 de Arroyo Seco, pero hasta el momento no han logrado mayores resultados, puesto que los delincuentes actúan rápidamente y luego se ocultan en zonas aledañas.
“Uno no puede estar tranquilo, es cosa de todos los días, le pasa también a los vecinos, la otra vez le entraron al local que está en frente y hace unos días a la hamburguesería de la esquina. Yo soy una persona que trabajo mucho y esta semana estuve impotente, nervioso porque ya no da gusto vivir así, a veces pienso en cerrar mi negocio, pero no es justo porque es mi fuente de ingresos”, indicó Ángel Pereira, propietario de uno de los comercios más afectados de la zona, en conversación con el Trece.
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El comerciante refirió que su local ha sido blanco de los adictos en varias ocasiones, y que ya ha instalado cámaras, rejas e inclusive alambrados, para evitar que los adictos roben su local y de igual manera se ingenian para sustraer mercaderías. Relató que en la última ocasión utilizaron el palo de una escoba con un gancho para acceder hasta las heladeras, abrirlas y llevarse su contenido, eso sin contar que rompieron el vidrio y echaron varias cosas en perjuicio.
Pereira dijo que los jóvenes autores de estos robos se alzan con todo lo que encuentran a su paso, como focos, fluorescentes, cámaras de seguridad, y que inclusive no temen a ser descubiertos, ya que aparentemente se encuentran bajo los efectos de los estupefacientes cuando ejecutan los asaltos de los cuales ya fueron víctimas casi todos los del barrio.
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Denuncian que policías habrían pedido USD 50.000 por liberar a sospechosa en homicidio de “Gringo”
Emerson Dutra, corresponsal.
La denuncia salpica a personal de la Comisaría N° 2 de la ciudad de Pedro Juan Caballero, en el departamento de Amambay. De acuerdo a los datos, la semana pasada Liz Mabel Duarte Martínez (18) fue detenida durante un control de rutina que realizaban los uniformados en la terraza del país.
La mujer era pareja del considerado jefe narco Clemencio “Gringo” González, ejecutado a balazos el pasado 5 de mayo en un inquilinato ubicado en el barrio Obrero de esta ciudad.
La hipótesis de la Fiscalía es que Liz Mabel habría “entregado” a su ex novio y, por tal motivo, la imputó por homicidio doloso y pidió su detención, que se efectivizó días atrás.
Al enterarse de que su hija estaba presa, María Dominga Martínez Romero fue hasta la sede policial donde supuestamente los uniformados le solicitaron la suma de 50.000 dólares americanos para ponerla nuevamente en libertad.
“Me pidieron esa suma de dinero para no ponerla a disposición de la Justicia”, denunció la mujer.
Tras enterarse del caso, el fiscal Andrés Cantaluppi la citó para prestar declaración informativa, ocasión en que la mujer contó con detalles cómo fue que los agentes del orden le pidieron dinero.
“La señora se ratificó en la denuncia. Eso nos obligó a abrir una carpeta fiscal para investigar el caso. Por de pronto, es contra personas innominadas por cohecho pasivo agravado, frustración de la ejecución individual y frustración de la investigación”, señaló el representante del Ministerio Público.
A pesar de la denuncia que salpica a esos uniformados, la Dirección de Policía de Amambay se mantiene en silencio con relación al caso que afecta a personal de la Comisaría N° 2 de esta ciudad de frontera.