El ministro del Interior, Enrique Riera, y el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Félix Sosa Giménez, firmaron un convenio marco de cooperación interinstitucional con el objetivo de iluminar los espacios públicos, para prevenir la alta incidencia delictual y brindar mayor seguridad a la ciudadanía. Serán iluminados unos 5.000 puntos en todo el país, donde la Policía Nacional considere como puntos débiles y de mayor índice de delincuencia.
El documento firmado establece una estrategia de trabajo en conjunto entre el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, las municipalidades y la sociedad civil, así como la Ande, para llevar adelante obras que mejoren el sistema de iluminación pública, en sitios estratégicos. Al respecto, el ministro Riera resaltó la importancia de la firma de convenio y el trabajo en conjunto. “Con mayor iluminación de los espacios públicos se facilitará la identificación de aquellas que viven al margen de la ley, a través de las cámaras; en ese sentido, se interconectarán las cámaras no solamente de las instituciones públicas, sino también de las empresas privadas”, precisó.
Por su parte, Sosa recordó que las instrucciones del presidente de la República, Santiago Peña, fueron de trabajar en forma conjunta con las distintas instituciones para mejorar la iluminación en las zonas de riesgo y brindar seguridad a toda la ciudadanía.
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La Justicia debe castigar a los que cometen delitos desde los cargos públicos
Una de las bombas noticiosas de la jornada del lunes fue la imputación realizada por dos fiscales contra el expresidente Mario Abdo Benítez y 8 excolaboradores estrechos de su gobierno. Se los acusa de haber filtrado informes de inteligencia para uso político y otros delitos que fueron investigados y ahora deben se probados en el juicio. Como la dura acusación es contra el exmandatario y su entorno cercano, el hecho no fue bien recibido por algunos sectores que prefieren defenderlo, como ciertos medios de comunicación que mostraron su hilacha abdista.
Los hechos existieron y fueron denunciados en su momento con las evidencias del caso. Por lo que no se los puede desconocer como tampoco achicar la gravedad de lo acontecido. Es necesario que los organismos judiciales pertinentes realicen la investigación correspondiente y establezcan las responsabilidades y los castigos que conllevan tales delitos señalados por los fiscales.
De acuerdo con el escrito de la acusación, “durante parte de su periodo de gobierno, el expresidente Mario Abdo Benítez (2021 al 2022) habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña) con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y principalmente electoral”.
Sin entrar a calificarlos, estos hechos podrían ser entendibles como parte de una lucha partidaria. Pero lo grave de esta situación es que, para este propósito, con fines políticos, se habrían revelado secretos que no corresponde dar a publicidad por parte de los altos funcionarios acusados.
“La filtración realizada habría perseguido el objetivo de desacreditar políticamente al expresidente de la República Horacio Cartes”, destaca el texto de la imputación. Y agrega que cada uno de los hechos mencionados en el escrito representan elementos de sospecha suficiente sobre la existencia de lo denunciado y la participación de las personas indicadas. Los fiscales realizaron la acusación e imputaron al expresidente Mario Abdo Benítez, a Carlos Arregui, extitular de Seprelad; a Arnaldo Giuzzio, exministro del Interior; a Carmen Pereira, exviceministra de Seprelad; a René Fernández Bobadilla, que fue ministro de la Seprelad. También están imputados el diputado Mauricio Espínola, Daniel Farías Kronawetter, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
De acuerdo con lo referido por la acusación, las instituciones estatales que dependen de la Presidencia de la República filtraron informaciones secretas a los medios de comunicación para ensuciar el nombre de los enemigos políticos de Abdo. Desde la Senad, Senac y el Ministerio del Interior se pasaban informaciones a la prensa de manera organizada con el propósito de afectar al expresidente Horacio Cartes y sus empresas, según la opinión de su abogado Pedro Ovelar. Este señaló que las denuncias realizadas contra Abdo y sus excolaboradores se basan en hechos reales, como denuncias falsas, simulación de hechos punibles y persecución, que infringen las disposiciones del Código Penal.
El ruido ocasionado por las acusaciones fiscales produjo también una fuerte detonación en el campo político, por las implicancias que tienen en los sectores partidarios involucrados y las consecuencias penales que podrían sobrevenir. Pero al margen de las repercusiones que puedan tener en los diversos campos de la vida nacional, lo importante es que si los delitos se cometieron, corresponde investigarlos de manera adecuada y los responsables tienen que recibir el justo castigo como consecuencia de los hechos que han causado.
No es bueno que en el país continúe la impunidad de los delincuentes, aunque sean grandes personalidades del campo político o social, por el bien de la sociedad paraguaya y la seriedad de las instituciones. Debido a ello, desde el punto de vista de la lógica más elemental, es muy difícil de entender la actitud de algunos medios de comunicación que decididamente salen a defender a los acusados. Parecen no importarles la gravedad de los actos denunciados ni el hecho de asumir la defensa de posibles delincuentes.
Es muy plausible la actitud asumida por los fiscales con base en las denuncias presentadas en su momento contra los imputados. Lo habitual en cualquier sociedad normal es que cuando se cometen infracciones a las leyes, los responsables sean investigados, acusados y, si corresponde, castigados de acuerdo con las normas penales.
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Instan a la transparencia a funcionarios públicos
El titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, extendió ayer martes sus felicitaciones a los funcionarios públicos en su día. Mediante sus redes sociales oficiales exhortó a continuar apostando por la transparencia en el manejo de los recursos estatales para garantizar a los paraguayos una mejor calidad de vida.
“El rol del funcionario público en el correcto funcionamiento del Estado es de gran importancia, especialmente potenciando la formación profesional y la transparencia para que el servicio a la ciudadanía sea de calidad. Feliz día a todos los funcionarios públicos en su día”, afirmó.
Actualmente, el gobierno de Santiago Peña impulsa el proyecto de ley de la función pública y la carrera del servicio civil que busca establecer reglas claras para el ingreso, la permanencia y salida de los funcionarios públicos.
La iniciativa fue presentada el pasado 13 de febrero al Congreso Nacional y su tratamiento en la Cámara de Senadores se prevé para el 19 de marzo. Previamente se tiene planeado impulsar varias audiencias públicas para debatir y consensuar sobre la propuesta.
La iniciativa es fuertemente respaldada por la ANR como partido en función de poder, teniendo en cuenta que se busca reordenar el marco jurídico de toda la función pública e implementar la tan anhelada carrera del servicio civil en torno a la base de la integridad, idoneidad, meritocracia, imparcialidad, transparencia, eficacia y eficiencia en la gestión estatal.
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Insostenible superpoblación de funcionarios públicos
- Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
- MBA
- jzaratelazaro@gmail.com
El gigantismo estatal en un país pequeño como el nuestro donde apenas superamos los 6 millones de habitantes, según la última Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la cantidad de funcionarios públicos de 335.409 trepó durante el gobierno anterior a 407.695 (equivalente a un incremento de 72.286), un despropósito total e inaceptable en pleno siglo XXI, donde la tecnología y digitalización de los procesos están presentes día a día en todos los ámbitos dándose terreno fértil para la racionalización de la plantilla de personal.
El presidente Javier Milei en la Argentina, como una de sus primeras medidas adoptadas fue la reducción de 18 ministerios a solo 9, haciendo lo mismo con una gran cantidad de secretarías y subsecretarías, direcciones, subdirecciones, entre otros, incluyendo a los miles de “planilleros” o ñoquis, quienes en vez de servir se servían del Estado. No renovaron el contrato a más de 7.000 funcionarios incorporados a inicios del 2023.
¿Por qué aquí también no hacemos lo mismo? El 100 por ciento de los contratos tienen fecha de vencimiento y los empleadores no tienen obligación de renovarlos en forma automática.
Seguimos teniendo ministerios y secretarías ejecutivas con tareas y funciones superpuestas, excesiva burocracia administrativa, descoordinación y erogaciones millonarias por pago de sueldos y otros beneficios, a gente que no aporta valor agregado siendo en su mayoría producto de prebendas, clientelismo político y nepotismo y que merecen ser revisados.
Es hora de dar el lugar a nuestros técnicos quienes pueden aportar una perspectiva diferente vs. aquellos que solo actúan desde la óptica política y politiquera, con escasísima formación académica, ocupando posiciones de privilegio inmerecidamente.
La Ley del Servicio Civil, que hace tiempo se tuvo que haber sancionado y promulgado, deberá hacerse o sí o sí una vez culminado el receso parlamentario. Una buena ocasión para que en todas las entidades la unidad de organización y métodos (O&M), bajo cuya responsabilidad están los trabajos de visualización de unciones, procesos y responsabilidades dentro de su estructura organizacional, pueda adelantarse y proactivamente ir analizando/evaluando junto con talento humano “lo que sea grasa”, que permita una vez que entre en vigencia dicha ley estén claramente definidas las coordenadas sobre quienes merecen continuar, y los que deberán dar “un paso al costado”, pues el Estado no puede seguir regalando sueldos y otros beneficios mes a mes a miles de funcionarios que demuestran ineptitud, desangrando cada vez más y más al erario público y al PGN.
La tecnología actual permite que todas las entidades puedan estar interconectados online, agilizando el flujo de procesos y gestiones realizados por los contribuyentes. Da pena seguir viendo a muchísimos funcionarios que le siguen temiendo al cambio, caracterizado por una rigidez de pensamientos, haciendo que antes que una solución se constituyen en un gran problema.
Si pretendemos actuar con profesionalismo, no cabe otra. Se actualizan o definitivamente deberían buscar otro trabajo, ya que no se puede seguir sosteniendo a gente mediocre, sin ansias de superación, esperando que llegue fin de mes para ser los primeros en ir al cajero a cobrar su salario. Muchos mediocres son jefes y los que se los merecen por actitud y aptitud siguen siendo subalternos.
Más del 80 por ciento de lo recaudado por el fisco sigue destinado a la cobertura de gastos rígidos (pagos de sueldos en aproximadamente 70 por ciento), cuando que esa superpoblación debe ser racionalizada aplicando procesos abreviados y modernos que hagan “clic” con lo que nos aporta la tecnología y medios digitales, reorientando recursos a otros propósitos más prioritarios como salud pública, educación y obras de infraestructura.
Se impone una reingeniería estructural. Aquellos que demuestren meritocracia, capacidad, honestidad y trayectoria profesional tendrán derecho a acceder a funciones de mayor relevancia y responsabilidad, con posibilidades potenciales de recibir mejor remuneración. Así de simple.
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Existe necesidad de reestructurar espacios del Congreso Nacional
El legislador opositor dijo que si el plan responde a la necesidad de reestructurar el lugar de trabajo, para reacondicionarlo a nuevas exigencias, resulta necesario aplicarlo, más aún recordando que hay comisiones que no cuentan con un lugar propio.
“Falta una mejor organización administrativa; existe una cantidad excesiva de funcionarios y asesores. Lastimosamente, eso hace que se requiera de un mayor espacio físico, pero esto no responde únicamente a reacomodar a estos trabajadores, sino también a ofrecer mayor espacio a comisiones asesoras, por ejemplo, que no cuentan con espacio físico para trabajar”, indicó a la 1020 AM.
Velázquez señaló que el reacondicionamiento debe plantearse pensando en mejorar el funcionamiento de las gestiones legislativas, no simplemente en responder a una alta cantidad de funcionarios que se encuentran en el Congreso. Como ejemplo directo, el legislador mencionó que la Comisión de Ciencias y Tecnologías, que integra, no cuenta con un espacio físico, dificultando la reunión y análisis efectivo de temas del grupo.
Luego de que quede sin efecto la ampliación, se consideró la posibilidad de que las bancadas independientes, que ocupan espacios en los pasillos de la sede parlamentaria, dejen sus oficinas, para así proceder a una reestructuración al menos provisoria.
“Algunas oficinas de bancadas unipersonales que se instalaron en el pasillo serán desmanteladas. Seguramente, tendrán que reubicarse”, indicó el parlamentario. Con respecto a la alta cantidad de funcionarios, manifestó que eso responde a la falta de consideración de los propios parlamentarios, indicando que para no sumar más trabajadores en el Congreso, él decidió armar su equipo con personas que ya cumplían funciones y así evitar un incremento innecesario de colaboradores.