Un fuerte enfrentamiento entre obreros del Aña Cuá y agentes de la Policía Nacional se registró ayer viernes en la ciudad de Ayolas, departamento de Misiones. Los manifestantes cerraron la ruta y los uniformados utilizaron gas lacrimógeno para despejar.
El jefe de seguridad ciudadana de Misiones, Ángel Solís, explicó que los uniformados no tuvieron otra opción que usar la fuerza para despejar la ruta. Los manifestantes son obreros contratados por empresas del sector privado para realizar las obras de Aña Cuá.
“Tuvimos que recurrir a la utilización de la fuerza para el despeje de la ruta. Lastimosamente tuvimos que entrar en algunas escaramuzas con los manifestantes para realizar el despeje. El enfrentamiento se dio justo en la entrada de la Entidad Binacional Yacyretá”, manifestó el comisario en comunicación con la radio 780 AM.
Mencionó que los obreros estaban realizando la manifestación en reclamo de algunas reivindicaciones, hubo un pedido para no cerrar la ruta y ante la negativa, los uniformados usaron la fuerza para garantizar el libre tránsito en la zona, pero que en estos momentos la situación está controlada.
“Son obreros tercerizados, contratados por algunas empresas, que ahora no recuerdo el nombre, son ellos los que se manifiestan en búsqueda de algunas reivindicaciones. En realidad, no pasó a mayores, tuvimos algunas escaramuzas, pero ya está controlada la situación”, agregó Solís.
El comisario indicó que el enfrentamiento dejó algunos agentes de la Policía Nacional heridos, pero nadie reviste gravedad, ya fueron atendidos en un hospital de la zona y los líderes de los manifestantes se comprometieron a no volver a cerrar la ruta para evitar incidentes similares.
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Honduras despliega miles de policías y militares ante ola de crímenes
El gobierno de Honduras desplegó este jueves a miles de policías y militares en todo el país ante un recrudecimiento de los crímenes en las últimas semanas. El ministro hondureño de Seguridad, Gustavo Sánchez, encabezó la operación en la capital, pero aclaró que la intervención es “a nivel nacional”.
Añadió que la medida está encaminada a prevenir “delitos contra la vida, homicidios, asesinatos, robos a mano (armada) y extorsión”, además de ejecutar más de 10 órdenes de captura en Tegucigalpa y 50 en el resto del país centroamericano.
Honduras ha sido sacudida en las últimas semanas por una ola de crímenes de gran impacto. El 26 de junio, cinco jóvenes fueron secuestrados en Tegucigalpa y sus cadáveres aparecieron días después, en un hecho atribuido por la policía a la pandilla Barrio 18.
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Además, un grupo de 14 personas y otro de 12 fueron raptados hace tres semanas en el litoral Atlántico, acciones que la policía imputó a una guerra entre bandas de narcotraficantes. Los secuestrados, entre ellos al menos dos mujeres, siguen desaparecidos.
Sánchez también anunció la extensión del estado de excepción por 45 días. La medida está vigente en el país desde el 6 de diciembre de 2022 y su anterior ampliación fue el 19 de mayo. Esa disposición faculta arrestos sin orden judicial, norma similar a una vigente desde marzo de 2022 en El Salvador, donde se ha logrado una drástica reducción de las actividades de las pandillas.
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El ministro Sánchez negó que el estado de excepción haya fracasado en Honduras, como aseguran algunos medios locales. Argumentó que bajo la medida los arrestos de prófugos aumentaron en 85%, han sido decomisadas 12.000 armas y detenidos 4.500 miembros de pandillas o carteles de drogas.
“Hemos bajado en dos años ocho puntos en la tasa de homicidios”, aseguró el funcionario. La tasa de homicidios cerró en 2023 en 38 por cada 100.000 habitantes, más de seis veces el promedio mundial, pero inferior a los 42 por cada 100.000 de 2021, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional.
Fuente: AFP
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Otro episodio violento en intento de desalojo de la conflictiva finca 66 de CDE
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Un contingente policial intentó cumplir una nueva orden judicial en el barrio Pablo Rojas y se produjo un fuerte enfrentamiento con manifestantes. Es la derivación del conflicto de larga data con pobladores del área conocida como la Finca 66, que tiene como 30 años de permanentes enfrentamientos. Está ubicada en la franja paralela al río Acaray.
La orden judicial no pudo ser cumplida porque los manifestantes enfrentaron a los agentes con fuego de cubiertas y otros elementos en las calles, tiro de cascotes, petardos y todo tipo de objetos. Por parte de los policías fue utilizado carro hidrante, gas lacrimógeno, balines de goma y el escenario fue por momentos de mucha violencia.
Trabajadores de prensa que llegaron cerca de los enfrentamientos fueron afectados, uno de ellos es Elvio Florentín, camarógrafo del sitio web de Radio Concierto, quien fue herido en la cabeza con un objeto y fue derivado al Hospital Área 2 de la Fundación Tesai. De otros trabajadores de prensa fueron destruidos algunos elementos de trabajo.
El enfrentamiento en sectores de los barrios contiguos San Antonio y Pablo Rojas se desarrolló toda la mañana y un par de policías fueron heridos con balines de vidrio. Los manifestantes no son muchos, pero fueron varios grupos que aparecieron en cada cuadra en la medida en que avanzaban por diferentes calles los policías.
Supuesto uso de armas de fuego por manifestantes
En un momento dado se produjo un repliegue policial, ante supuestos disparos con arma de fuego desde el sector de manifestantes. Si bien el desalojo afecta a un sector pequeño, los manifestantes aparecen desde diferentes sectores de la zona porque el conflicto por la posesión de los inmuebles afecta a varios residentes.
La comitiva policial estuvo a cargo del comisario principal Miguel Pérez, jefe de Departamento de Seguridad Ciudadana, acompañado por el jefe de Comisaría 4ª, comisario principal Alexander Méndez, además de agentes de apoyo de las distintas dependencias y del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y de la Agrupación Montada. También estuvieron los asesores jurídicos de la Policía Nacional, a cargo del suboficial y abogado Osmar González.
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El inmueble que debía ser desalojado tiene mandamiento de desahucio firmado por la jueza Gabriela Maricel Meaurio Samudio, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Primer Turno de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná. El oficial de justicia Julio Silva, es quien llevó la orden. Previo al operativo de hoy, personal de la Administración Nacional de electricidad (Ande) procedió al corte de energía en el predio que debía ser desalojado.
Expediente judicial desde el año 2018
De acuerdo a lo explicado por el abogado Osmar González, la empresa Atlantic SA es la que promovió la recuperación del inmueble desde el año 2018. Indicó que se trata de un excedente de otro inmueble que había sido recuperado previamente y donde sí tomó posesión la empresa, pero quedó un remanente que fue ocupado de nuevo y es el que hoy se intentó desalojar.
El desalojo corresponde a un conflicto por la posesión de la tierra de hace 30 años que afecta en mayor parte a sectores de los barrios San Antonio y Pablo Rojas, donde cada tanto ocurren manifestaciones de ocupantes y enfrentamiento con policías, cada vez que aparece una orden de desalojo.
Los pobladores reivindican su derecho a la propiedad por ser municipal y porque llevan décadas viviendo en el sitio. Los que piden desalojos hablan de disponer de los títulos de propiedad.
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Denuncian que policías habrían pedido USD 50.000 por liberar a sospechosa en homicidio de “Gringo”
Emerson Dutra, corresponsal.
La denuncia salpica a personal de la Comisaría N° 2 de la ciudad de Pedro Juan Caballero, en el departamento de Amambay. De acuerdo a los datos, la semana pasada Liz Mabel Duarte Martínez (18) fue detenida durante un control de rutina que realizaban los uniformados en la terraza del país.
La mujer era pareja del considerado jefe narco Clemencio “Gringo” González, ejecutado a balazos el pasado 5 de mayo en un inquilinato ubicado en el barrio Obrero de esta ciudad.
La hipótesis de la Fiscalía es que Liz Mabel habría “entregado” a su ex novio y, por tal motivo, la imputó por homicidio doloso y pidió su detención, que se efectivizó días atrás.
Al enterarse de que su hija estaba presa, María Dominga Martínez Romero fue hasta la sede policial donde supuestamente los uniformados le solicitaron la suma de 50.000 dólares americanos para ponerla nuevamente en libertad.
“Me pidieron esa suma de dinero para no ponerla a disposición de la Justicia”, denunció la mujer.
Tras enterarse del caso, el fiscal Andrés Cantaluppi la citó para prestar declaración informativa, ocasión en que la mujer contó con detalles cómo fue que los agentes del orden le pidieron dinero.
“La señora se ratificó en la denuncia. Eso nos obligó a abrir una carpeta fiscal para investigar el caso. Por de pronto, es contra personas innominadas por cohecho pasivo agravado, frustración de la ejecución individual y frustración de la investigación”, señaló el representante del Ministerio Público.
A pesar de la denuncia que salpica a esos uniformados, la Dirección de Policía de Amambay se mantiene en silencio con relación al caso que afecta a personal de la Comisaría N° 2 de esta ciudad de frontera.
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Canindeyú: policías se enfrentaron a narcos e incautaron 372 kilos de presunta marihuana
Este jueves, la Policía Nacional realizó una incursión en zona del río Jejuí, en el departamento de Canindeyú y se enfrentaron a un grupo criminal que intentaba alzarse con un cargamento de drogas que estaba a orillas del cauce hídrico. Los narcos lograron huir del sitio en una lancha.
Según el reporte policial, pasado el mediodía de este jueves fueron hasta la Compañía 7 montes, en la localidad de Villa Ygatimí, tras recibir una denuncia sobre personas que estaban bajando un cargamento a orillas del río. Cuando llegaban al punto referido en la denuncia habían personas en una lancha.
“Al percatarse de nuestra presencia, estas personas realizaron disparos al personal policial y nosotros respondimos de la misma forma para repeler el ataque”, dijo el comisario Alexis Sanabria, en entrevista con NPY. Agregó que eran tres personas las que estaban en la embarcación.
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Explicó que durante el enfrentamiento ningún interviniente resultó herido. “Lastimosamente esta gente pudo escapar, pero dejaron su mercadería en el lugar. Felizmente, ningún personal policial resultó herido y presumimos que estas personas, que eran tres, también resultaron ilesas”, apuntó.
Se presume que los sujetos debían llevar el cargamento hasta su destino por agua y aparentemente la droga fue dejada ahí por otro grupo. “Lo que presumimos es que vía terrestre se dejó el cargamento y que estos llegaron en lancha para rescatar la mercadería para trasladar por agua”, confirmó.
Las mercaderías eran paquetes que estaban embalados y que en el interior tenían panes de marihuana picada que totalizaron 372 kilos. “Presumimos que este lugar es utilizado frecuentemente para este tipo de actividades, porque encontramos picadas que son utilizadas constantemente”, puntualizó.
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