El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social solicitó a los empleadores tener tolerancia razonable con los trabajadores en el horario de entrada por las movilizaciones ocurridas ayer lunes, con hechos violentos e interrupciones del libre tránsito.
Ante esta situación se registró una importante disminución de circulación de colectivos en Asunción y el Área Metropolitana.
En el escrito difundido en sus redes sociales, la cartera estatal recordó que los artículos 5 y 6 del Código Laboral establecen la equidad y el reconocimiento de garantías mínimas que deben primar en el sector trabajador. En ese sentido, recordó que ante esta situación, deben ser atendidos y aplicados, ya que luego del Día del Trabajador muchas personas regresaban del interior del país al Área Metropolitana.
A primeras horas de ayer martes, la Asociación de Transportadores del Interior del Paraguay (ATIP) informó que decidieron suspender los servicios de transporte de pasajeros ante la falta de garantías de poder circular. Sin embargo, la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) comunicó posteriormente que se restablecieron los transportes de pasajeros de media y larga distancia.
Igual anuncio realizó la directora de la Estación de Buses de Asunción, Sara Giménez, después de que varias empresas suspendieran su itinerario por la noche del lunes último.
Por su parte, desde la Policía Nacional se comunicó que todas las rutas del país están despejadas tras los incidentes que dejaron 74 detenidos por los desmanes, una patrullera quemada y el peaje de Remanso destrozado.
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Presidente de Kenia retira proyecto que provocó violentas protestas con 23 muertos
El presidente de Kenia, William Ruto, anunció ayer miércoles el retiro de un proyecto legislativo de aumento de impuestos que desencadenó violentas protestas en las cuales murieron el martes más de 20 personas. “Tras escuchar atentamente al pueblo de Kenia (...), desisto y no firmaré el proyecto de ley de finanzas de 2024, que por lo tanto será retirado”, anunció Ruto en una rueda de prensa. “El pueblo ha hablado”, agregó.
Una periodista que destacó como figura de la ola de contestación, Hanifa Adam, consideró en la red social X que el anuncio de Ruto era una mera “operación de comunicación”. “Se retira el proyecto de ley, ¿pero nos devolverá la vida de todos los que murieron?”, preguntó Adam, que poco antes había convocado a nuevas concentraciones el jueves.
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Al menos 23 personas murieron el martes en las protestas, indicó la agencia de derechos humanos de este país de África oriental. Los manifestantes forzaron los cordones policiales en Nairobi, la capital, y penetraron al recinto del Parlamento, un hecho sin precedentes desde la independencia en 1963 de esta excolonia británica. También se registraron saqueos e incendios de edificios en Nairobi y otras ciudades. El gobierno ordenó el despliegue del ejército y el presidente Ruto prometió por la noche reprimir “la violencia y la anarquía”.
Se trataba de la tercera jornada en ocho días del movimiento “Occupy Parliament” (“Ocupar el Parlamento”), surgido en las redes sociales, después de la presentación el 13 de junio del proyecto de los presupuestos 2024-2025 que preveía instaurar nuevos impuestos como un IVA del 16% al pan y una tasa anual del 2,5% a los vehículos particulares. El gobierno alegaba que esas tasas eran necesarias para dar margen de maniobra al país, muy endeudado. El 18 de junio anunció la retirada de la mayoría de las medidas, pero el movimiento exigió la eliminación total del texto.
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Fuente: AFP.
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Gobierno promete reprimir “anarquía” tras protestas
El presidente de Kenia, William Ruto, prometió reprimir firmemente la “violencia y la anarquía” tras nuevas protestas contra un proyecto de aumento de impuestos, que desembocaron en enfrentamientos en la capital Nairobi y dejaron al menos cinco muertos.
El Gobierno anunció que pidió la movilización del ejército para hacer frente a la situación. “Daremos una respuesta completa, eficaz y rápida a los acontecimientos de traición de hoy”, declaró Ruto. “No es normal, ni concebible, que criminales que fingen ser manifestantes pacíficos puedan desatar el terror contra el pueblo (...) y esperar quedar impunes”, añadió, advirtiendo también “contra los planificadores, financiadores, orquestadores y cómplices de la violencia y la anarquía”.
Los incidentes se desencadenaron en el centro financiero de Nairobi, donde se celebraba la tercera manifestación en ocho días del movimiento “Occupy Parliament” (“Ocupar el Parlamento”), que se opone a un proyecto de los presupuestos 2024-2025 que prevé instaurar nuevos impuestos en este país de África oriental.
Los manifestantes forzaron el cordón policial e ingresaron en instalaciones del Parlamento, donde los diputados acababan de aprobar las enmiendas al texto, antes de su aprobación definitiva prevista para antes del 30 de junio.
Varias oenegés, entre ellas Amnistía Internacional Kenia, afirmaron que “al menos cinco personas murieron” y 31 resultaron heridas, sin precisar las ciudades donde se produjeron los hechos.
La principal coalición de oposición, Azimio, acusó al Gobierno de “desatar su fuerza bruta contra los hijos de nuestro país”. Estados Unidos, más de una decena de países europeos, el jefe de la Comisión de la Unión Africana –Moussa Faki Mahamat– y el jefe de la ONU –Antonio Guterres– afirmaron estar “profundamente preocupados” por la situación
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Mipymes, motor laboral de Paraguay urge formalizarse para dar el gran salto
Por Sofía Céspedes (sofia.cespedes@nacionmedia.com)
Actualmente, en Paraguay 8 de cada 10 trabajadores están empleados en una micro, pequeña o mediana empresa (Mipymes), según datos del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). El sector incide en un 80 % en la generación de empleo, pero su contribución al producto interno bruto (PIB) es de menos del 20 %.
Este panorama genera un desafío importante para el Gobierno, a fin de seguir impulsando estrategias que orienten al crecimiento de las mipymes en el país, señaló el viceministro de Mipymes, Gustavo Giménez, a La Nación/Nación Media, y precisó que el plan de trabajo se basa en tres pilares.
El primer pilar es la formalización, que es un déficit en el presente. Unas 366.000 mipymes operan en el mercado de forma legal, mientras que cerca de 700.000 mipymes trabajan en la informalidad.
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“Invitamos a nuestros emprendedores a formalizarse de manera ágil, sencilla, no costosa y digital, en lo posible. Y que este proceso de formalización les permita inmediatamente generar beneficios”, explicó Giménez.
El segundo pilar es el acceso a líneas de crédito, factor fundamental para el sector, así como las ventas a través del acceso al mercado, que es el tercer pilar. Para ello, están elaborando una plataforma de financiamiento alternativo que permitirá a las mipymes poder vender a grandes empresas y cobrar a plazos. “Queremos trabajar en la formalidad, el acceso a créditos y al mercado”, subrayó el viceministro.
Recordó que el Estado es el mayor comprador de la iniciativa privada y que en la ley de compra y suministro público existe una reserva de mercado del 20 % para las mipymes, y que ese es un ítem que debe aprovecharse, ya que se calcula que el sector puede vender cerca de USD 600 millones al Estado.
“Realmente es una cuestión de tratar de orientar todos nuestros esfuerzos para que las mipymes sean más competitivas, para que generen más recursos, y ojalá en el corto o mediano plazo podamos superar ese 20 % en contribuciones al PIB”, manifestó y agregó que el sector mueve aproximadamente USD 7.500 millones por año.
Microeconomía
Desde el punto de vista gremial, que el sector tenga un alto porcentaje de fuerza laboral pero que facture en promedio G. 50 millones por mes (el 88 % de las mipymes) no se traduce en crecimiento verdadero, argumenta Luis Tavella, presidente de la Federación de Mipymes (Fedemipymes), a La Nación/Nación Media.
“Normalmente, todos tienen una mirada hacia la macroeconomía, que manejan las empresas de mayor tamaño, pero no tienen una mirada hacia la microeconomía, que es la que mueve el consumo, la que mueve nuestro sector, la que mueve el empleo. No se le da un tratamiento real”, cuestionó.
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Informalidad
Acerca de los problemas que atraviesan las pequeñas y medianas empresas para ingresar a la formalidad, mencionó que todavía no existen ventajas que les permitan trabajar a la par de las empresas que operan formalmente, principalmente, por los costos operativos.
Como ejemplo, Tavella expuso que empresas que facturan entre USD 10 millones y USD 500 mil por año y mipymes que facturan G. 10 millones pueden tener costos similares, pero ingresos diferentes; esta asimetría refleja por qué algunos pueden operar legalmente y otros no.
“No se mira cuánto se le está cobrando a una mipymes para darse cuenta de que se le está cobrando exactamente igual que a una empresa de mayor tamaño; ese es uno de los graves problemas de la informalidad o de la falta de formalidad”, enfatizó el empresario.
“Dar el gran salto”
El rol de las mipymes en Paraguay es muy importante, por lo tanto, se debe elevar su productividad y competitividad para escalar y dar “el gran salto que el país anhela”, la industrialización, explicó a LN el economista de la consultora Mentú, Jorge Garicoche.
“Pasar de ser micro a ser pequeño, de pequeño a ser mediano y de mediano a grande me parece una cuestión demasiado interesante e importante. Creo que el modelo viene con la capacitación y formación integral del emprendimiento”, dijo y resaltó que esto puede lograrse con el modelo del Small Business Development Centers (SBDC).
Se trata de espacios dedicados a prestar servicios de información, capacitación y asistencia técnica de alto valor para mejorar la gestión empresarial de mipymes y emprendedores en el país.
Garicoche considera que sobrevivir en el mercado depende de varios aspectos y uno de los principales es la formalización, a la que se suma el acceso al crédito. “Antes de tener crédito, hay que saber manejar el flujo de caja; antes de saber manejar el flujo de caja, hay que tener los papeles en regla”, concluyó.
Datos claves
- Unas 366.000 mipymes operan en el mercado de forma legal y cerca de 700.000 mipymes trabajan en la informalidad.
- El desafío es fortalecer la competitividad considerando que las micro, pequeñas y medianas empresas aportan al PIB menos del 20 %.
- El Estado es el mayor comprador de la iniciativa privada y que en la ley de compra y suministro público existe una reserva de mercado del 20 % para las mipymes.
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Perú: inclusión de identidades diversas en cobertura de salud mental generó protestas
Un trastorno mental: el gobierno peruano enfureció a la comunidad LGTB al expedir un decreto sobre acceso a tratamientos de salud mental que clasifica bajo ese rótulo las identidades diversas de género. Los colectivos de diversidad sexual convocaron para este viernes a una protesta frente al ministerio de Salud, en el centro de Lima, para exigir la derogatoria de la norma que, a su juicio, incentiva la discriminación y la violencia contra sus miembros.
La manifestación coincide con el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. La protesta transcurrió pacífica y congregó a más de 200 activistas que corearon lemas pidiendo la derogatoria del controvertido decreto. “El decreto está perjudicando nuestros derechos como seres humanos. Estamos indignados porque genera mucha violencia” indicó a la AFP Valentina Albújar, concursante a Miss Trans 2024 y presente en la manifestación.
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El decreto
Mediante un decreto publicado el 10 de mayo, el ministerio de Salud actualizó el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), una lista de los beneficios mínimos a los que tiene derecho un afiliado de la salud pública, mixta o privada. Desde 2021 dicho plan incorpora las enfermedades mentales.
Ciñéndose a una antigua clasificación de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gobierno quiso ampliar la cobertura en salud mental a tratamientos derivados de la identidad de género, por ejemplo, casos de acoso, terapias de reafirmación u operaciones de reasignación de sexo.
Sin embargo, la clasificación que empleó en el decreto, conocida como CIE-10, describe la transexualidad como un “trastorno mental”, un término que la propia OMS eliminó en 2022 de su manual revisado de diagnósticos vigente desde ese año. “El gobierno tenía una buena intención, que era ampliar el acceso (a cobertura), pero visibilizó un diagnóstico que ya no se debería usar”, señaló a la AFP Carlos Cáceres, vicedecano de salud pública en la universidad Cayetano Heredia.
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¿Qué dice el gobierno?
En un comunicado posterior al decreto, el ministerio de Salud aclaró que no considera como enfermedades la “diversidad de género y sexual”. “Expresamos nuestro respeto a las identidades de género, así como nuestro rechazo a la estigmatización de la diversidad sexual”, señaló el organismo. Según explicó en el mismo mensaje, al actualizar el PEAS utilizó la clasificación de la OMS que sigue vigente en Perú a la espera de que “se inicie la implementación progresiva” del nuevo manual de enfermedades, “tal como ocurre en otros países”.
Un portavoz del Ministerio de Salud justificó la vigencia del decreto, y alegó que su anulación impediría que los afiliados al sistema de salud, sobre todo al privado, accedan a más servicios de salud mental. “El decreto se va a mantener porque no podemos quitar el derecho de atención”, dijo a la AFP Carlos Alvarado, director de Aseguramiento e Intercambio Prestacional del ministerio.
Piden la derogación
Más allá de la aclaración del ministerio de Salud, las organizaciones de derechos humanos y de diversidad sexual exigen la derogatoria de la norma. “Estamos pidiendo derogar este decreto transfóbico, violento y que va contra nuestras identidades como personas trans en el Perú”, dijo a la AFP Gianna Camacho, vocera de la Coordinación Nacional LGTBIQ+.
“No somos enfermas mentales, ni tenemos ningún trastorno mental”, replicó la dirigente. En un artículo publicado en su página web, la ONG Human Rights Watch (HRW) llamó la atención sobre los efectos de “este decreto sesgado y poco científico”.
“Patologizar de manera oficial a las personas LGBT (...) puede socavar gravemente los esfuerzos por mejorar la protección de los derechos basados en la orientación sexual y la identidad de género”, advierte la organización. Perú no reconoce el matrimonio ni la unión civil entre homosexuales, ni permite que las personas trans incluyan en sus documentos su identidad de género.
Un temor mayor
En opinión de la comunidad LGTBI, la norma encierra un riesgo todavía mayor que el de la discriminación. “Diciendo que soy enfermo me están patologizando, es el riesgo más grande porque abre las puertas para validar las terapias de conversión”, señala a la AFP el médico y activista Percy Mayta.
Dichas prácticas, que organismos de Naciones Unidas equiparan con torturas, no están penalizadas en Perú. También HRW cree que el decreto “podría dar legitimidad” a las mal llamadas terapias de conversión y “agravar los problemas de salud mental a los que se enfrentan las comunidades LGBT en el país”.
Ante esos temores, el ministerio de Salud insistió que la orientación sexual y la identidad de género “no deben ser sometidas a tratamiento o atención médica ni a las llamadas terapias de reconversión”. Sin embargo, para los grupos LGTBI solo la derogatoria de la norma conjuraría los potenciales riesgos.
Fuente: AFP.