La fiscal Sussy Riquelme, de la Unidad Especializada de Hechos Punibles contra los DDHH, inició de oficio una investigación por hechos relacionados a torturas dentro de la Academil. Esto se generó debido a que un estudiante de dicha institución quedó internado en el Hospital Militar por sufrir presuntamente torturas.
La representante del Ministerio Público señaló que “ya se realizaron varias diligencias, entre ellas dos constituciones en el hospital donde la víctima se encontraba en terapia intensiva, la fiscal retiró informes sobre el diagnóstico y estado médico de la víctima”.
Agregó que en una segunda constitución en el hospital se realizó con el médico forense del Ministerio Público, e ingresaron junto a la víctima a quien se le hizo la inspección médica. La agente fiscal sostuvo que el médico forense constató simetría en el tórax. Se aguardará que la víctima esté en condiciones físicas y emocionales para que preste declaración, este procedimiento es de acuerdo a los protocolos y normativas internacionales vigentes en materia de investigación en casos de tortura.
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Investigación buscará determinar si escribana e hijos sufrían de violencia familiar
Continúa el proceso de investigación para determinar qué acciones deben ser tomadas en torno al caso de la escribana, que se habría quitado la vida en compañía de sus dos pequeños hijos el pasado jueves lanzándose a aguas del río Monday, en el departamento del Alto Paraná.
Hasta el momento, el principal foco de la investigación se cierne sobre la exsuegra de la escribana, Carmen Beatriz Ruiz, quien habría sido denunciada por esta última por violencia familiar el pasado mes de abril, luego de meses de hostigamiento, amenazas y maltratos, tanto físicos como verbales.
La abogada representante de la familia de la víctima, Nenia Teresa Martínez, en conversación con el programa “Arriba Hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, explicó que existen dos causas abiertas en torno a la víctima; una es la abierta en Ciudad del Este por violencia familiar y la segunda también en curso, pero en Presidente Franco por el hecho ocurrido el pasado jueves.
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“Nosotros estamos abocados en la denuncia de violencia intrafamiliar, como abogada de la familia estoy solicitando algunas diligencias para poder determinar, en primer lugar, si ella fue víctima de violencia psicológica y determinar a través de la autopsia psicológica el padecimiento de esa violencia mediante también la declaración de todos los testigos, que tuvieron conocimiento del caso. Con esta denuncia esperamos tener inclusive un dictamen respecto a lo que sería la denuncia por inducción al suicidio”, indicó la abogada Martínez.
Por otro lado, confirmó que la familia aguardará que sea hallado el cuerpo de la pequeña para proceder a realizar el velorio y entierro de los tres cuerpos, ya que el cuerpo de la escribana fue hallado el sábado pasado y del hijo menor ayer por la mañana. En ambos casos,
las autopsias determinaron como causa de la muerte ahogamiento y se encontraron rastros de golpes pero postmortem.
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Investigación sobre el extractivismo
El Prof. Hugo Pereira Cardozo, categorizado en el Sistema Nacional de Investigadores (Sisni) del Conacyt, realizó una estancia académica en las provincias de Chubut y Río Negro, en el sur argentino, con el objetivo de comprender la dinámica extractivista en la región del Cono Sur y descubrir patrones de expansión de actividades extractivas que puedan repetirse en territorio paraguayo. Esta estancia de investigación fue financiada por el Conacyt a través del Programa Prociencia con apoyo del FEEI, y contó con el aval institucional del Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios (CERI).
El Prof. Pereira llevó a cabo entrevistas con destacados estudiosos argentinos sobre procesos extractivistas en el sur argentino, visitó comunidades afectadas por actividades extractivas en Esquel (provincia de Chubut) y Bariloche (provincia de Río Negro), y dialogó con activistas defensores del medioambiente y referentes de comunidades mapuches en ambas provincias. Los resultados de esta investigación contribuyen significativamente a una mejor comprensión del contexto regional que influye en el modelo de desarrollo paraguayo.
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A dos años del asesinato de Pecci, justicia colombiana condenó a 8 implicados
Este viernes 10 de mayo se cumplen dos años del asesinato del fiscal delegado de la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado, Marcelo Pecci, cuando éste disfrutaba de su luna de miel con su esposa, la periodista Claudia Aguilera, quien poco antes había anunciado a través de las redes sociales que estaban esperando un bebé.
La feliz pareja estaba disfrutando del cálido día que iniciaba la mañana del 10 de mayo del 2022, en las playas de Islas Barú, Cartagena de Indias, Colombia, sin imaginarse que desde hacía varios días estaban siendo vigilados y seguidos por un grupo de personas de nacionalidad colombiana y venezolana que estaban planeando dar fin a su vida.
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Poco después de las 10 de la mañana, dos hombres llegaron a bordo de una moto acuática, fueron directo hasta Pecci y lo ultimaron con tres tiros, uno de ellos dio directo en la cabeza, que prácticamente falleció en el instante. Su esposa, aseguró a la prensa, instantes después, que un guardia del lugar quiso defender a su cónyuge, pero los tiradores también le dispararon. Por fortuna, este salió ileso.
Investigación
Inmediatamente, la noticia sorprendió al mundo entero, movilizando no solo a las autoridades de Colombia y Paraguay, sino también rápidamente se sumó los Estados Unidos, que desplegó un mega operativo internacional. Horas más tarde, se había logrado la plena identificación primero, de los presuntos asesinos del fiscal Pecci, y a través de estos se llegaron a los demás cómplices.
Tras una intensa búsqueda por los diferentes rincones de Colombia, así como por las áreas fronterizas de este país cafetero, a comienzos de junio de ese mismo año se confirmó que los supuestos responsables de fraguar y posteriormente matar a Pecci eran de origen colombiano y venezolano.
Es así que los agentes fiscales de Colombia llegaron a reconocer que el esquema estaba conformado por cinco miembros quienes eran los ejecutores del plan, que hoy en día ya fueron capturados todos y ya cuentan incluso con condenas luego de que fueron capturados en Medellín, una de las ciudades más importantes de Colombia, en un basto operativo policial. De acuerdo con las autoridades, los responsables respondían bajo las identidades de Wender Still Scoth Carrillo (el venezolano implicado), Eiverson Zabaleta Arrieta, María Isabel Londoño, Cristian Camilo Monsalve y Francisco Luis Correa Galeano.
Este último, Correa Galeano sería el nexo con los responsables financistas, que según la fiscalía colombiana serían los hermanos Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos, asi como la pareja sentimental de este último Margareth Chacón Zúñiga.
Los hermanos Perez Hoyos aceptaron haber conformado el entramado ilegal para matar al fiscal, y por ende los sentenciaron a 25 años y 6 meses de prisión. Mientras que la mujer que fue hallada culpable y condenada a 39 años y 10 meses, luego que la justicia colombiana determinara que la Chacón Zúñiga tuvo un papel fundamental en el atentado y la considera uno de los cerebros del hecho que conmocionó al mundo.
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Detuvieron a una mujer y recuperaron 21 máquinas en caso de robo a criptominería
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El 22 de abril pasado, en plena mañana, una banda, integrada por quince hombres aproximadamente, asaltó y robó de una granja de criptomonedas de Minga Guazú. Se llevaron 362 máquinas procesadoras de Bitcoins, según la denuncia realizada ante las autoridades.
En el marco de esa investigación a cargo del fiscal Gabriel Segovia, agentes de Investigaciones de la Policía de Alto Paraná detuvieron a una mujer y recuperaron un total de 21 máquinas. Esto, gracias a dos operativos distintos montados por en la prosecución de las investigaciones.
En uno de los dos procedimientos, allanaron una vivienda y recuperaron 15 procesadoras de criptomonedas, modelos S19, M30 y M31, que corresponderían a las que fueron robadas.
Este operativo fue en el barrio San Antonio de Ciudad del Este, el jueves 2 de mayo a las 16:00, tras la orden firmada por el juez Carlos Vera, del Juzgado de Atención Permanente.
La comitiva policial verificó toda la vivienda y encontró dos bolsitas de polietileno que contenían supuesta cocaína, por lo cual se dio participación al Departamento de Antinarcóticos de Ciudad del Este.
Se hizo la prueba narcotest y como resultado dio positivo a clorhidrato de cocaína, totalizando 18 gramos de la misma. Las máquinas y cocaína fueron derivadas al Ministerio Público.
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La otra intervención fue el miércoles 1 de mayo, en horas de la noche y detuvieron en la vía pública a Nélida Patricia Vázquez González (33), cuando intentaba vender 6 máquinas procesadoras, sobre la calle 3 de Febrero del barrio San Roque de Presidente Franco.
Los procesadores modelos M30, T19 y M31 estaban en el vehículo Toyota Premio, con placa AAOV 628 y fueron recuperados y entregados al Ministerio Público como parte de las evidencias.
Según los agentes, las procesadoras de monedas digitales encontradas pertenecen al lote robado de la granja de Minga Guazú y fueron incautadas al igual que el dinero en efectivo que disponía la mujer, un total G. 1.414.000, y un celular de alto estándar.
Otros allanamientos fueron realizados, pero resultaron infructuosos. El fiscal Gabriel Segovia dijo a La Nación/Nación Media que la mujer aprehendida pertenece al último eslabón de la cadena.
Ella trabaja como reducidora, por lo que están detrás de los autores del robo, previendo más allanamientos. Hasta ahora no hay otros detenidos en el caso ni más procesadoras encontradas.
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