El Ministerio Público allanó la oficina donde, según la denuncia, una mujer fue drogada y violada por dos aspirantes a bomberos el pasado 2 de enero al término de la práctica de juramento en la ciudad de Ypacaraí. El trabajo fue a fin de encontrar o levantar evidencias como restos de fluidos biológicos, destaca el diario digital hoy.com.
La fiscala Blanca Aquino indicó que se realizó un nuevo procedimiento, por lo que se constituyó hasta el local donde habría ocurrido la violación. En esa línea, señaló que días atrás también se tuvo acceso a imágenes del lugar que ya están en peritaje.
Aclaró que varias diligencias fueron realizadas y prosiguen las investigaciones a fin de aclarar el hecho con relación al caso del supuesto abuso contra una voluntaria del Cuerpo de Bomberos de Ypacaraí, que habría ocurrido el 2 de enero.
La víctima denunció que fue drogada y abusada por sus compañeros. La misma fue presentada el 10 de enero, unos 8 días después de ocurrido el hecho y se hizo contención psicológica a la joven.
La fiscala adelantó que se realizan todos los actos investigativos en torno al caso. También se llevó a cabo la inspección médica por el médico forense, pero por el tiempo transcurrido no se hallaron restos de fluido seminal, tampoco se hallaron lesiones o rastros de violencia compatible.
Posteriormente, Aquino convocó a otros miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios a declarar, mientas que uno de los supuestos autores se abstuvo. Rodney Piris y César Molinas son los responsables del supuesto hecho.
Sobre la realización de la prueba toxicológica, ya no se puede llevar a cabo debido a que debe ser realizada en las siguientes 48 horas, y la denuncia fue radicada 8 días después, por lo cual este tipo de análisis ya no es practicable.
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Documento fraguado en oficina paralela, enviado a EE. UU. para provocar sanción
La causa penal abierta contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores contiene detalles de cómo se gestó un esquema paralelo, con el único fin de perseguir a los enemigos políticos. La asociación criminal, encabezada por Abdo y montada desde la Seprelad, se encargó de enviar a EE. UU. un informe fraguado con el objetivo de provocar sanciones contra Cartes y sus empresas.
- Por Cinthia Mora
El acta de imputación firmada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grissetti revela un esquema de asociación criminal liderado por Abdo Benítez y ejecutado por miembros de su gabinete y otros funcionarios públicos. El documento fiscal sostiene, con un cúmulo importante de evidencias, 42 en total, que el engranaje funcionaba en una oficina paralela ubicada dentro mismo de la Seprelad.
En la improvisada dependencia fue ubicado un personaje clave de la historia: Daniel Farías Kronawetter, funcionario que no pertenecía a la Seprelad, es más, se desempeñaba como asesor de inteligencia financiera del Ministerio del Interior (hasta junio de 2022) y respondía directamente a las órdenes de Carlos Arregui, Carmen Pereira, René Fernández y Arnaldo Giuzzio, estos eran quienes operaban el esquema de garrote político.
La pesquisa del Ministerio Público afirma, con base en elementos de prueba innegables, que la base del Informe de Inteligencia utilizado contra Cartes y sus empresas (10/2022) y luego enviado a EE. UU. fue elaborado utilizando como base el documento secreto redactado en esa oficina paralela por Daniel Farías Kronawetter y René Fernández, ambos funcionarios ajenos a la institución y sin atribución legal para realizar tales funciones.
Entre las evidencias que sustentan la tesis de la Fiscalía aparecen dos correos electrónicos enviados por Carmen Pereira, secretaria adjunta de la Seprelad y encargada de despacho de la Dirección de Análisis Financiero y Estratégico. El primer correo fue enviado por Pereira en fecha 28 de marzo de 2022, dando instrucciones al funcionario Francisco Pereira Cohene para que el documento secreto sea utilizado como base para el informe de inteligencia que sería luego remitido al Ministerio Público y a EE. UU.
Con esta estrategia, los cerebros de la operación daban la fachada de “institucional” a un operativo de investigación ejecutado por personas que no pertenecían a la Seprelad y por fuera de lo que establece la ley.
INFORMACIÓN FALSA
El otro correo electrónico que, según la Fiscalía, incrimina a la exviceministra Carmen Pereira fue enviado el 31 de marzo de 2022 a las 8:58. Aquí la misma daba expresas instrucciones para que el archivo secreto (elaborado por Farías y Fernández) sea remitido en carácter de información espontánea a la Unidad de Inteligencia Financiera de EE. UU. (FinCen).
En los archivos de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron registrados los metadatos (huellas digitales) del documento, gracias a lo cual el Ministerio Público pudo descubrir que el documento fue redactado por Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernández en fecha 26 de marzo de 2022 a las 21:58.
Los fiscales Cantero y Grissetti sostienen que en el documento enviado a FinCen, la agencia de prevención de lavado de dinero de EE. UU., se incluyeron datos y juicios de valor que no se adecuarían a la realidad, esto es, informaciones falsas tendientes a lograr la persecución penal del expresidente Horacio Cartes.
En tal sentido, en el acta de imputación se sostiene lo siguiente: “En tal sentido, CARMEN MARÍA PEREIRA BOGADO, GUILLERMO PREDA GALEANO y FRANCISCO PEREIRA COHENE, bajo la dirección de CARLOS ARREGUI ROMERO, habrían incluido información sobre la firma Unicanal SA atribuyéndole la compra de cigarrillos de Tabacalera del Este. Sin embargo, la circunstancia apuntada en el informe de inteligencia no se adecuaría a la realidad ya que Unicanal SA no adquirió cigarrillos, sino que, conforme a las facturas emitidas por Tabesa, recibió préstamos de dinero. Por lo tanto, la actividad comercial entre ambas firmas no estuvo vinculada a las ventas de cigarrillos como se afirmará en el informe de inteligencia”.
PERSEGUIR Y PROVOCAR SANCIONES
La remisión por parte de la Seprelad de un informe elaborado por fuera de la ley y con datos falsos y tergiversados a una agencia norteamericana sin que exista pedido previo por parte de esta es un hecho agregado a la investigación fiscal y sustentado con evidencias colectadas durante la investigación.
El informe enviado a EE. UU. contiene de base, según los fiscales, el documento secreto hecho por Farías y Fernández. Esta “colaboración espontánea” quedó registrada en los archivos de Seprelad y fue descubierta por los fiscales del caso.
Las normas de procedimiento interno de la Seprelad estipulan de forma taxativa que el “contenido de los informes de inteligencia no puede ser utilizado como elemento probatorio en algún procedimiento administrativo o judicial ni como material de evidencia ante los órganos jurisdiccionales dentro de un eventual juicio o en cualquier otra etapa de un debido proceso”. Este informe remitido a EE. UU. posee el agravante de haberse hecho completamente por fuera de la ley.
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Montaron oficina paralela de Seprelad para perseguir a Cartes
El acta de imputación contra Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores revela que se montó una oficina paralela dentro de la propia Seprelad con el único fin de dedicarse exclusivamente a investigar a Horacio Cartes y sus empresas. Los “cerebros” de la operación ordenaron que funcionarios ajenos a la institución y sin atribución legal se encarguen de recopilar y acceder a toda información sobre Cartes y sus empresas, montar un informe con información falsa y tergiversada, para luego filtrar a los medios de comunicación aliados al gobierno de Abdo.
- Por Cinthia Mora
Durante parte de su gobierno, el expresidente Mario Abdo Benítez habría gestado, según el Ministerio Público, un esquema utilizando la fachada institucional, que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de sus enemigos políticos Horacio Cartes y Santiago Peña, con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y electoral.
El Ministerio Público sostiene en su investigación que el esquema funcionaba de la siguiente manera: Carlos Arregui, ministro de la Seprelad; Carmen Pereira, en calidad de directora de Análisis Financiero y Estratégico, y luego como Secretaría Adjunta de la Seprelad ordenaron y acomodaron una “oficina paralela” dentro de la institución con el único objetivo de investigar a Horacio Cartes.
Para llevar adelante este objetivo, se montó una oficina paralela que funcionaba dentro mismo de la Seprelad desde donde operaban funcionarios ajenos a la institución realizando actividades por fuera de sus atribuciones. La dependencia paralela fue ubicada dentro mismo de la Unidad de Investigación Financiera de la Seprelad cuyos funcionarios recibieron instrucciones verbales para “colaborar” con toda la información disponible sobre Horacio Cartes.
Las personas designadas para realizar dichas “tareas” fueron Daniel Farías Kronawetter, funcionario de Tributación y comisionado en ese entonces al Ministerio de Interior, recién a partir de junio de 2022 fue comisionado oficialmente a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero; y René Fernández, entonces ministro de la Secretaría Anticorrupción. Ambos sin ser funcionarios de la Seprelad habrían contribuido de manera significativa a la elaboración del Informe de Inteligencia 10/2022, al redactar el documento secreto que sirvió de base para ese informe.
En los archivos de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron registradas los metadatos (huellas digitales) del documento, gracias a lo cual el Ministerio Público pudo descubrir a los partícipes del hecho. En el acta de imputación se precisa que el documento secreto fue redactado por Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernández en fecha 26 de marzo de 2022 a las 21:58.
El “documento secreto” era un borrador del informe de inteligencia relacionado al expresidente Cartes y la firma Tabesa. En el documento se incluían datos de salarios de Santiago Peña y Óscar Boidanich, siendo que estas personas no revestían el carácter de investigados ni existían señales de alerta respecto a los mismos.
El trabajo de “investigación” realizado por esta oficina paralela dentro de Seprelad se tradujo luego en un informe de inteligencia (el número 10/2022) al que se introdujo, según la tesis del Ministerio Público, información tergiversada y falsa para perjudicar la imagen del expresidente Cartes y a sus empresas.
La acusada por los propios funcionarios de la institución como “cerebro” de la operación montaje y filtración, la viceministra Carmen Pereira, ordenó vía correo electrónico, el 28 de marzo de 2022, que el documento secreto elaborado por Farías y Fernández sea utilizado como base para el informe de inteligencia que sería remitido luego al Ministerio Público. Con esto daban la fachada de “institucional” a un proceso de investigación llevado a cabo en paralelo y por funcionarios ajenos a la institución.
Si bien los personajes involucrados al operativo de oficina paralela Farías y Fernández eran funcionarios públicos, actuaron realizando actividades que no eran propias de sus instituciones, sino de otra, realizando actos que excedían de sus atribuciones y fuera de sus propias instituciones.
PROCESO TRABADO POR CHICANAS
Los abogados defensores del expresidente de la República Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores presentaron, hasta el momento, dos recusaciones y una larga lista de chicanas con el objetivo de dilatar la investigación que pesa contra el exmandatario.
Ahora, el proceso está en la Corte Suprema de Justicia a dos votos de destrabarse, específicamente en la Sala Penal de la máxima instancia judicial integrada por Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Dejesús Ramírez Candia, quienes deben expedirse sobre la recusación presentada contra los camaristas a cargo de la causa para dar continuidad al proceso.
El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Benítez; los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández; los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario privado de Abdo y actual diputado Mauricio Espínola.
Las acusaciones son por revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
La dependencia paralela fue ubicada dentro mismo de la Unidad de Investigación Financiera de la Seprelad cuyos funcionarios recibieron instrucciones verbales para “colaborar” con toda la información disponible sobre Horacio Cartes.
El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Benítez; los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández; los funcionarios Carmen Pereira, Daniel Farías y Francisco Pereira Cohene, además del exsecretario privado de Abdo y actual diputado Mauricio Espínola.
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Periodista argentino relata que él y sus hermanos fueron abusados por su padre y tío
El periodista argentino Juan Pedro Aleart realizó un desgarrador descargo en la televisión del vecino país. Durante su programa del mediodía, hizo público el terrible hecho del cual fue víctima él y sus hermanos cuando eran niños. Su padre y su tío abusaron sexualmente de ellos y a pesar de la gravedad del caso, afirmó que la justicia le dio la espalda.
“La justicia de la provincia de Santa Fe me dio la espalda y me hizo revivir de los abusos”, lamentó Aleart. El periodista es conductor de un programa que va al mediodía en el Canal 3 de Argentina. Luego de décadas de haberse guardado este cruel suceso, a sus 36 años decidió hacer pública la denuncia que había realizado dos años atrás, pero para la justicia del vecino país, el caso ya está prescripto y no puede ser investigado.
“Un tío en quien yo confiaba, que cumplió en muchas situaciones el rol de padre conmigo, ese tío se aprovechó del contexto de vulnerabilidad extrema en que estaba yo y abusó sexualmente de mí y de mi hermanos desde los 6 años en adelante. A esta persona que se llama Elvio Vila fue a la primera persona que denuncié a fines del 2022, presenté tres informes psicológicos de profesionales distintos, todos los indicadores de abuso me dieron positivo y lo presenté a la justicia”, declaró.
Pese a la contundencia de los informes, la justicia afirmó que no puede investigarlos. El periodista recurrió a la Corte de Santa Fe y clama porque falle a su favor dado que su tío sigue en libertad, pese a las atrocidades que cometió. No obstante Aleart afirmó de forma contundente que la prescripción no significa inocencia y que esta sirve de refugio para los abusadores, por lo que el Estado argentino tiene una gran deuda con todas las víctimas de estos hechos.
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Película de terror
La historia de abusos lastimosamente no quedó ahí, el periodista que es el mayor de tres hermanos, contó que su hermana fue abusada por su padre y él y su hermano presenciaban dichos hechos atroces. Tras la denuncia presentada y la decisión de la Fiscalía de actuar en este caso específico, su padre decidió poner fin a su vida.
“Mi padre además de violento abusó sexualmente de mi hermana, desde sus tres años en adelante siendo el VIH positivo, es decir que mi padre abusó desde los tres años de su hija, con sida, mi padre abusó sexualmente de mi hermana delante mío cuando yo era chico y sé por ella que en varias oportunidades pensó como quitarse la vida”, manifestó Alert.
La denuncia contra su padre fue hecha por abuso sexual agravado, y en este caso, una fiscal se avanzó en la causa y notificó hace tres semanas a Pedro Aleart, padre del periodista, quien al no querer enfrentar a la justicia, decidió poner fin a su vida. El presentador de noticias además mencionó que su padre ejerció todo tipo de violencia contra ellos, y tuvo atemorizada a toda la familia durante mucho tiempo.
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“Esta fue una noticia muy impactante, profundamente triste y es a mi hermana a la que quiero hablarle ahora, te quiero decir Sofi que esta película de terror se terminó, el monstruo decidió irse para siempre y para no volver nunca más”, expresó Aleart quien mencionó que fue él el encargado de rescatar a sus hermanos del círculo de violencia que vivían en la casa donde crecieron.
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Luque: detienen a una mujer y decomisan drogas en su residencia
Una comitiva fiscal-policial allanó una vivienda ubicada en el barrio Laureles de la ciudad de Luque, donde presuntamente se comercializaban drogas. Se procedió al decomiso de un lote importante de estupefacientes y se capturó a una mujer.
Los investigadores ya contaban con indicios de que la señora identificada como Cinthya Marlene Cáceres, de 33 años, se dedicaba al negocio ilícito. Es así que llegaron hasta su domicilio y encontraron que las sustancias estaban celosamente guardadas debajo de dos colchones. Eran moñitos de crack listos para su venta clandestina.
Se decomisaron 155 dosis de la droga y dinero en efectivo: 1.569.000 guaraníes, que sería el equivalente de la venta del día, según informó el oficial Víctor Verón, del departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, quien lideró la operación.
“Del procedimiento se tuvo el resultado de una persona aprehendida identificada como Cinthya Cáceres. También se procedió a la incautación de evidencias de supuesta cocaína tipo crack distribuida en 44 gramos en 155 dosis de la sustancia”, señaló el policía a Unicanal.
No se encontraron armas de fuego, aunque sí se requisaron varios billetes de denominación menor que serán anexados como evidencias colectadas por los intervinientes. La vivienda está estratégicamente ubicada para la comercialización rápida y constante de la droga, ya que se encuentra asentada en las inmediaciones de una institución educativa.
Desde la Policía Nacional se montó un trabajo minucioso en determinar los sitios de distribución de drogas como parte de una estrategia de prevención del consumo que afecta principalmente a la población joven, sindicada además de cometer los hechos ilícitos como robos, hurtos y asaltos callejeros, como medio de obtener capital para abastecerse de la sustancia.
“Estamos trabajando en la prevención de los institutos de enseñanza para tratar de reducir el índice de venta alrededor de las instituciones educativas”, puntualizó el agente policial antidrogas.
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