En el marco del programa educativo “Fiscalía en escuelas y colegios”, el Ministerio Público desarrolló una charla de dos horas dirigida a 55 alumnos de la Educación Media de la Escuela Agrícola de Belén, en el departamento de Concepción. La abogada Auxiliadora Bidondo abordó temas vinculados a la seguridad en redes sociales, el ciberacoso y el microtráfico.
Por otra parte, en el colegio República Dominicana de la ciudad de Fernando de la Mora, los facilitadores Joel Estigarribia, Andrea Duarte y Aracelly Rojas llevaron adelante una serie de charlas dirigidas a estudiantes del 5.° al 9.° grado, en los turnos mañana y tarde, alcanzando a aproximadamente 400 alumnos. Las exposiciones se centraron en delitos informáticos, seguridad en redes sociales y ciberbullying, con un enfoque preventivo y orientado a la realidad cotidiana de los jóvenes.
Durante la jornada, se brindaron herramientas para la identificación de conductas de riesgo y se promovió el uso responsable de las plataformas digitales. Estas jornadas de concienciación están dirigidas a estudiantes de distintos puntos del país, con el objetivo de promover el conocimiento sobre temáticas de alto impacto social y fortalecer la prevención desde el ámbito educativo.
Estas actividades se enmarcan en la política de comunicación institucional del Ministerio Público, específicamente en el eje estratégico de transparencia y participación ciudadana, consolidando espacios de diálogo directo con la comunidad educativa. A través de estas iniciativas, la institución reafirma su compromiso con la formación de ciudadanos informados y conscientes, promoviendo la denuncia responsable y el acceso efectivo a la justicia.
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Juicio a Tania Irún: ratifican acusación por presunta violación a ley de seguridad fronteriza
Se inició el juicio oral y público para la exjueza civil y comercial de Asunción, Tania Irún, quien está sentada en el banquillo de los acusados por el hecho punible de prevaricato.
Se la acusa de presuntamente violar la ley de seguridad fronteriza al dictar un fallo que otorgó a supuestas empresas de maletín, unas 310.000 hectáreas de tierras protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza.
El tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar a la exmagistrada está integrado por los jueces penales Lourdes Garcete, Juan Francisco Ortiz y Rossana Maldonado.
Ellos tendrán que analizar los elementos probatorios que sostienen la acusación formulada por el Ministerio Público y la querella adhesiva.
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Al presentar sus alegatos iniciales, el fiscal Cristian Benítez fue tajante y contundente en señalar que, durante el debate del juicio oral, se demostrará que la acusada abusó de su cargo de jueza al dictar una resolución manifiestamente injusta y contraria al derecho. Según la acusación, este acto vulneró la seguridad nacional y la integridad territorial de la República del Paraguay.
Asimismo, el representante del Ministerio Público sostuvo que llamó la atención que la hoy exjueza Tania Irún interrumpió su permiso de maternidad para regresar a su despacho y firmar la resolución haciendo lugar a una demanda. Tal situación podría hacerlo el interino de la hoy acusada, indico el fiscal.
Acusación
La acusación contra Irún menciona que, cuando ella se desempeñaba como jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 15.º Turno de la Capital, dictó de forma irregular la Sentencia Definitiva N.º 494 del 23 de noviembre de 2018.
Mediante esta resolución, ordenó transferir a favor de cuatro empresas extranjeras unas 310.000 hectáreas de inmuebles ubicados en Alto Paraguay, una zona de seguridad fronteriza protegida por ley.
La fiscalía sostiene que la entonces magistrada no verificó la identidad ni la nacionalidad de los representantes de las empresas demandantes, ni comprobó la naturaleza de sus acciones o títulos, incumpliendo las exigencias previstas en la Ley N.º 2532/05 de Zona de Seguridad Fronteriza.
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Fiscalía pidió salida procesal para el extesorero del Consejo de Salud de CDE
El Ministerio Público solicitó la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento para Salem Esgaib Zugaib, extesorero del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este (CDE), en el marco de la causa abierta por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza que habría ocasionado un perjuicio de más de G. 757 millones a las arcas de la municipalidad esteña durante la gestión de Miguel Prieto.
El procesado prestó una colaboración efectiva con las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía en este caso, dando información relevante para el avance de las pesquisas. El Ministerio Público pidió que el imputado entregue al contado G. 50 millones, o el monto que el juzgado considere pertinente en concepto de reparación del daño social causado a ser destinado en el lugar a ser dispuesto por el magistrado interviniente, entre otras reglas de conducta.
Según las investigaciones desarrolladas por los fiscales Silvio Corbeta y Verónica Valdez, la suma de G. 757.166.276 fue el resultante de las diferencias entre lo pagado por el Consejo Local de Salud y lo efectivamente construido o ejecutado por las empresas constructoras SERVMAQ y M&M, por obras realizadas dentro del Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
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Esta situación se habría dado a través de la concesión de aportes ordenados por el investigado intendente, quien en ese periodo habría dispuesto, a través de resoluciones, diez transferencias a favor del Consejo Local del Hospital Regional, de las cuales una parte importante de estos aportes habrían sido utilizados para inversión física y edilicia en otras realizadas dentro del centro médico.
Según las pesquisas, ninguna de las inversiones físicas realizadas por el Consejo de Salud Local habían sido controladas por la Intendencia de Ciudad del Este a través de los fiscalizadores de obras, como debió acontecer.
Asimismo, según las investigaciones, nunca existió un concurso de proveedores, sino más bien se habrían dado contrataciones directas a constructoras con nexos y vinculaciones políticas, administrativas, entre otras, con el exintendente e incluso con el presidente del Consejo de Salud.
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Ministerio Público urge destrabar causa de excolaboradores de Abdo
El objetivo de la Fiscalía es que se resuelva de una vez los recursos pendientes presentados por los acusados.
- HOY.COM.PY
Los agentes fiscales Silvia González y Christian Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, solicitaron formalmente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la conformación del Tribunal de Apelación para destrabar la causa de las filtraciones de la Seprelad.
El objetivo del Ministerio Público es que este órgano resuelva de una vez los recursos pendientes presentados por los acusados. Estas acciones judiciales mantienen completamente frenado el proceso e impiden que se pueda fijar la fecha para la audiencia preliminar.
Según la acusación fiscal, entre los años 2021 y 2022 se estructuró un esquema ilícito integrado por exautoridades de la Seprelad, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y el Ministerio del Interior.
La hipótesis del Ministerio Público sostiene que este grupo elaboró y filtró de manera coordinada informes de inteligencia financiera de carácter confidencial. Estos documentos alterados y reservados habrían sido utilizados para perseguir a adversarios políticos del gobierno de Mario Abdo Benítez.
CAUSA PARALIZADA
A pesar de que la Fiscalía presentó la acusación formal y solicitó elevar el caso a juicio oral el 11 de marzo de 2025, la causa lleva más de un año paralizada debido a una incesante cadena de recursos promovidos por los abogados defensores.
La última acción planteada fue contra los miembros de la propia Cámara de Apelaciones.
Esto derivó en que el expediente fuera remitido a la Corte Suprema de Justicia, donde permanece congelado a la espera de una resolución que defina qué jueces deben intervenir.
El requerimiento conclusivo de la Fiscalía cuenta con más de 200 elementos de prueba documentales, periciales y testimoniales. El Ministerio Público acusa directamente a Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
ASOCIACIÓN CRIMINAL
Los procesados enfrentan cargos por asociación criminal, revelación de secretos de servicio, usurpación de funciones públicas y denuncia falsa. Cabe destacar que el también investigado Daniel Farías falleció en marzo pasado, quedando fuera del proceso judicial. Por otra parte, el expresidente Mario Abdo Benítez y el actual diputado Mauricio Espínola mantienen un estatus diferente dentro del expediente penal. Ambos fueron imputados en marzo de 2024, pero actualmente se encuentran protegidos por contar con fueros de inmunidad.
PROLONGADO PROCESO PENAL
El 31 de julio de 2023, el presidente de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y exmandatario paraguayo, Horacio Cartes, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público por persecución política desde el 2018.
El 30 de agosto y 30 de octubre del mismo año amplió la denuncia agregando filtraciones de información confidencial. El 11 de marzo de 2024, la Fiscalía imputó al expresidente Mario Abdo Benítez y otras 8 personas por varios delitos. En agosto de 2024, el Ministerio Público solicitó seis meses más de tiempo para seguir investigando al expresidente de la República Mario Abdo Benítez y al grupo.
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La Fiscalía se cansa de las chicanas y pide reactivar la causa de excolaboradores de Abdo
La Fiscalía pidió a la Corte Suprema de Justicia reactivar la causa correspondiente a la causa de la filtración de información por parte de exfuncionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez.
Los agentes fiscales Silvia González y Christian Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, solicitaron formalmente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la conformación del Tribunal de Apelación para destrabar la causa de las filtraciones de la Seprelad.
El objetivo del Ministerio Público es que este órgano resuelva de una vez los recursos pendientes presentados por los acusados, según una información publicada por el diario digital hoy.com.py.
Estas acciones judiciales mantienen completamente frenado el proceso e impiden que se pueda fijar la fecha para la audiencia preliminar.
Según la acusación fiscal, entre los años 2021 y 2022 se estructuró un esquema ilícito integrado por exautoridades de la Seprelad, la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y el Ministerio del Interior.
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La hipótesis del Ministerio Público sostiene que este grupo elaboró y filtró de manera coordinada informes de inteligencia financiera de carácter confidencial. Estos documentos alterados y reservados habrían sido utilizados para perseguir a adversarios políticos del gobierno de Mario Abdo Benítez.
A pesar de que la Fiscalía presentó la acusación formal y solicitó elevar el caso a juicio oral el 11 de marzo de 2025, la causa lleva más de un año paralizada debido a una incesante cadena de recursos promovidos por los abogados defensores.
La última acción planteada fue contra los miembros de la propia Cámara de Apelaciones. Esto derivó en que el expediente fuera remitido a la Corte Suprema de Justicia, donde permanece congelado a la espera de una resolución que defina qué jueces deben intervenir.
El requerimiento conclusivo de la Fiscalía cuenta con más de 200 elementos de prueba documentales, periciales y testimoniales. El Ministerio Público acusa directamente a Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
Los procesados enfrentan cargos por asociación criminal, revelación de secretos de servicio, usurpación de funciones públicas y denuncia falsa. Cabe destacar que el también investigado Daniel Farías falleció en marzo pasado, quedando fuera del proceso judicial.
Por otra parte, el expresidente Mario Abdo Benítez y el actual diputado Mauricio Espínola mantienen un estatus diferente dentro del expediente penal. Ambos fueron imputados en marzo de 2024, pero actualmente se encuentran protegidos por contar con fueros de inmunidad.
- Fuente: hoy.com.py