En un procedimiento realizado en la noche de ayer lunes, agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) desarticularon un centro de expendio de drogas que operaba frente a una plaza en el barrio Carmelitas de la ciudad de Santa Rita, departamento de Alto Paraná.
Durante el allanamiento los intervinientes incautaron 102,65 gramos de cocaína que estaban distribuidas en 123 dosis, preparadas en pequeños paquetes de plástico tipo “pinos” dosificadores, balanzas, dinero en efectivo que totalizó G. 2 millones.
Además, fueron decomisadas en el lugar dos motocicletas, un teléfono celular y un vehículo, que de acuerdo con el informe de la Senad, estos elementos eran empleados para el sistema de distribución de la droga.
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Dos hombres fueron detenidos en el allanamiento acompañado por el fiscal Elvio Aguilera, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico. Uno de los aprehendidos es el responsable de la vivienda, mientras que el segundo se dedicaba a la distribución.
Estas acciones se dan en el marco del plan Sumar, donde la Secretaría Nacional Antidrogas lleva adelante varios operativos en diversos puntos del país para desbaratar redes dedicadas al microtráfico, que destruyen comunidades y atrapa a jóvenes en el consumo de drogas.
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Se entregó Hugo Baptista, exdirector de la Senad, involucrado en esquema criminal
Se entregó a las autoridades Hugo Derlis Baptista Báez, exdirector general de Operaciones de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
El exjefe antidrogas se presentó esta mañana, acompañado de su abogado, ante e la Oficina del Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional tras la orden de detención que pesaba en su contra.
El mismo está imputado por la Fiscalía por supuesta asociación criminal, tráfico de influencias y revelación de secretos de servicio, en el marco del esquema investigado tras la muerte del exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes.
Baptista, primo hermano del parlamentario fallecido, era el último de los procesados en esta causa que aún no se había presentado ante las autoridades. La investigación está relacionada con una presunta estructura vinculada al fallecido diputado Eulalio Gomes.
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La Fiscalía atribuye a Baptista haber omitido investigar fugas y haber ofrecido de forma ilegal un fusil de guerra. En ese contexto, fue imputado por presuntamente haber participado para facilitar la fuga de Ronaldo Méndes Nunes durante el operativo Sanctus.
Asimismo, por haber omitido adoptar las medidas correspondientes para promover o disponer la realización de diligencias dirigidas para esclarecer las circunstancias en que se produjo la fuga y a la investigación de la vinculación de Gomes con Ronaldo Méndes Nunes.
Documentos incorporados a la imputación del Ministerio Público revelan que Hugo Derlis Baptista Báez habría ofrecido al fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes un arma de alto poder de fuego, describiendo sus capacidades de penetración.
El propio funcionario de la Senad habría señalado que el arma podía “perforar blindado tranquilamente”. El ahora detenido quedará a disposición de las autoridades judiciales para la continuidad del proceso y las diligencias correspondientes.
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Presunta trata en Asunción: ciudadanos brasileños serían explotados laboralmente
El comisario Humberto Aquino, jefe del Departamento Especializado en la Lucha contra la Trata, dio detalles de la investigación por presunta trata internacional de personas con fines de explotación laboral, en base a una denuncia hecha por un brasileño.
Las autoridades investigan la situación migratoria y laboral de unas 200 personas que se encontraban trabajando en un edificio ubicado sobre avenida Aviadores del Chaco casi Santa Teresa de Asunción.
La Dirección contra la Trata de Personas en conjunto con otros organismos de seguridad y control ejecutaron una intervención en el Edificio Aura Paraguay, por presunta trata internacional de personas con fines de explotación laboral.
El jefe policial explicó que la investigación se inició a partir de una denuncia presentada por un ciudadano brasileño que llegó a través de la Cancillería y fue derivada al Ministerio Público. “Esa denuncia pasó a la Cancillería y derivó a la Fiscalía. Entonces, nosotros, de la Unidad Especializada de Trata de Personas, procedimos a la investigación”, relató en la 1020 AM.
Una vez conseguida la información sobre el lugar y la forma en que trabajaban, procedieron a allanar el local con una orden del Juzgado Penal de Garantías encabezado por la fiscal María Isabel Arnold.
Los agentes encontraron a alrededor de 200 personas trabajando en un call center. “Constatamos que se encontraban cerca de 200 personas, específicamente ciudadanos brasileños y algunos paraguayos, trabajando en diferentes niveles del edificio”, mencionó el investigador.
Precisamente, lo más llamativo para los intervinientes fue la cantidad de personas que se encontraban en el lugar, la mayoría ciudadanos brasileños. “Todos tenían su forma de captar clientes a fin de darle una inversión dentro del territorio nacional a sus conciudadanos brasileños”, puntualizó.
Las primeras informaciones señalan que la empresa sospechosa realizaba rotaciones constantes de personal y estaría implicada en esquemas de estafa, lavado de dinero y tráfico de personas. Según Aquino, la Dirección Nacional de Migraciones confirmó la presencia de ciudadanos extranjeros en situación irregular y algunas personas no contaban con la documentación laboral correspondiente.
“Convocamos al Ministerio del Trabajo y a la Dirección Nacional de Migraciones. Y comprobaron que existían ciudadanos brasileños en situación irregular dentro del territorio nacional. Y se presume que estaban también en forma irregular porque algunas personas no contaban con la documentación correspondiente”.
En el procedimiento, incautaron documentos y equipos informáticos para la investigación.
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Decretan prisión en Viñas Cué para agentes de la Senad por filtrar datos a “Lalo” Gomes
El juez Humberto Otazú decretó la prisión preventiva en la cárcel militar de Viñas Cué para los agentes de la Senad Cristian Amarilla, Aldo Osmar Pintos y Alicia Marlene Vázquez. Los uniformados están imputados por asociación criminal, frustración de la persecución y ejecución penal, y tráfico de influencias, entre otros delitos, tras haber presuntamente proporcionado información sensible sobre investigaciones de narcotráfico al fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares llevada a cabo en el Palacio de Justicia, donde los imputados se presentaron de forma voluntaria. Además de los tres citados, en la causa también están imputados Hugo Derlis Baptista Báez, exdirector general Antidrogas, y Helga Solís Gómez, exasistente fiscal y sobrina de “Lalo” Gomes. Esta última ya se puso a disposición del Ministerio Público y del juzgado a través de su abogado, Jorge Barrios.
Detalles de la imputación
De acuerdo con la Fiscalía, Amarilla, Pintos y Solís habrían filtrado a Gomes datos clave sobre operativos contra el tráfico de drogas. En el caso del militar Pintos, la información habría llegado al legislador a través de Solís.
Asimismo, la imputación vincula a Amarilla, Pintos y Baptista con la fuga de Ronaldo Mendes Nunes durante el operativo “Sanctus”, ejecutado en diciembre de 2023. Según el Ministerio Público, los sospechosos contribuyeron a frustrar la detención de Mendes Nunes y a evitar que se conocieran sus vínculos con el diputado Gomes.
Por otra parte, en el caso “Pavo Real I”, la Fiscalía atribuye a Amarilla y Vázquez haber intervenido un informe basado en datos extraídos de teléfonos celulares. En dicho documento se habría omitido mencionar expresamente a Gomes y su vinculación con la narcoestancia “Negla Poty”. La Fiscalía sostiene que Vázquez pidió que el político no fuera nombrado nominalmente; sin embargo, aunque su nombre no apareció, el informe mantuvo la captura de un mensaje donde se advertía claramente su relación con la propiedad.
La investigación menciona además que Baptista habría ofrecido a Gomes un fusil Mauser calibre 7,62 × 51 mm OTAN en 2022, mientras que Pintos habría solicitado al entonces diputado gestionar un vehículo bajo la figura de depositario judicial.
Finalmente, sobre Helga Solís Gómez, la Fiscalía sostiene que era una operadora de confianza del “Clan Gomes” y que, aprovechando su cargo de asistente fiscal, actuaba como nexo para direccionar investigaciones, influir en decisiones judiciales y filtrar información confidencial.
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Sobrina del exdiputado Lalo Gomes se entrega tras ser imputada por filtrar datos
Helga Lizany Concepción Solís Gómez, de 40 años y sobrina del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, se entregó de manera voluntaria ante las autoridades policiales en Pedro Juan Caballero. La mujer, sobre quien pesaba una orden de detención por presunta manipulación del sistema de justicia, se presentó ante las autoridades acompañada por su abogado defensor, Marco Antonio López Bogarín, e inmediatamente fue derivada a la capital del país.
La presentación se concretó en la sede de la Oficina Regional de Amambay del Departamento contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional. Según la hipótesis del Ministerio Público, Solís Gómez habría aprovechado su posición como asistente fiscal para acceder a información de carácter confidencial e interferir en favor de procesados vinculados a estructuras delictivas, contando además con supuestos nexos en la Defensa Pública y el Poder Judicial.
El caso forma parte de un operativo de mayor alcance liderado por un equipo de fiscales integrado por Ingrid Cubilla, Luis Said, José Martín Morínigo y Cristian Ortiz. Los investigadores imputaron a un total de cinco personas relacionadas al denominado “Clan Gomes”, señaladas por tejer una red de influencias institucionales que salpica a funcionarios judiciales y a mandos de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
La pesquisa sostiene que el grupo filtraba datos reservados para entorpecer investigaciones estratégicas. Entre los hechos indagados sobresale la filtración detectada en el Operativo Sanctus, ejecutado en diciembre de 2023 para capturar a Ronaldo Mendes Nuñes, alias “Barba”, procedimiento que habría sido alertado previamente para evitar la detención del sospechoso y ocultar pruebas del expediente.
Las pruebas reunidas por la Fiscalía incluyen peritajes a dispositivos electrónicos, cruces de llamadas e informes de inteligencia institucional. Con base en estos elementos, la representación fiscal tipificó los hechos, de manera provisional, bajo las figuras de asociación criminal, frustración de la persecución penal, tráfico de influencias y omisión de evitar un hecho punible.