Un ciudadano argentino, identificado como Néstor Torres (35), falleció como consecuencia de un posible atragantamiento con asado. El hecho se produjo ayer sábado en la plaza Gaspar Rodríguez de Francia en Asunción, cuando el hombre se encontraba compartiendo con sus compatriotas que vinieron al país para participar de un concierto musical.
Las circunstancias del incidente siguen investigándose aunque según datos preliminares de la Policía, el trágico suceso se produjo a raíz de que Torres se ahogó con la comida. Había viajado junto a sus amigos desde el Chaco argentino hasta la capital del país para asistir a un espectáculo previsto para la noche en la zona del Puerto de Asunción.
El deceso se confirmó aproximadamente a las 16:00, luego de ser asistido por bomberos voluntarios y agentes de la Policía Nacional.
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Según el oficial interviniente Juan Maqueda, los socorristas le practicaron la reanimación durante 60 minutos, en un intento por salvarle la vida. Pero lamentablemente el procedimiento no tuvo éxito. Se descartó un infarto y una muerte violenta, aunque el diagnóstico y determinación de la causa de la muerte, quedó a cargo del médico forense.
El motivo de la visita de este grupo de argentinos al Paraguay obedeció al concierto de la banda de rock de “La Renga”, que se desarrolló en horas de la noche.
El hombre se encontraba compartiendo con sus amigos y bebiendo bebida alcohólica, en un ambiente tranquilo, cuando se produjo el accidente con desenlace trágico.
La agente fiscal Claudia Aguilera investiga el caso, quien comunicó al Consulado de Argentina en Paraguay para asistir a la comitiva extranjera.
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La violencia no da tregua: registran 20 feminicidios y 36 huérfanos en lo que va del año
El Programa de Datos Abiertos del Ministerio Público reveló un alarmante balance sobre la violencia de género en el país, registrando 20 víctimas de feminicidio en lo que va del año. Estas muertes violentas han derivado en la apertura de 19 causas penales, debido a que uno de los expedientes investiga el trágico asesinato de dos mujeres de forma simultánea.
La radiografía de la violencia expone una problemática sistémica que trasciende el asesinato, sumando 28 víctimas de tentativa de feminicidio. Asimismo, la Fiscalía reportó una muerte violenta caratulada provisionalmente como homicidio, seis casos de agresiones graves cometidas por exparejas y cuatro causas por tentativa de homicidio que afectaron a víctimas colaterales, entre ellas, un niño.
El perfil de las víctimas y agresores en relación con las edades se tiene que el rango etario de las víctimas fatales es desgarrador, abarcando desde los 12 hasta los 80 años, incluyendo a una menor que ni siquiera alcanzaba los 12 años de edad. Por su parte, los agresores tienen edades comprendidas entre los 18 y los 80 años.
En cuanto a la nacionalidad y la comunidad indica que 18 de las mujeres asesinadas eran de nacionalidad paraguaya, una de origen brasileño y dos pertenecían a comunidades indígenas. A su vez, la violencia destruyó familias enteras: 14 de las víctimas eran madres, dejando un saldo de 36 hijos huérfanos, de los cuales 26 son menores de edad (considerados víctimas indirectas).
Geografía y temporalidad del horror
El departamento Central se consolida como el epicentro del peligro para las mujeres, concentrando 12 de las 20 víctimas. El resto de los casos se distribuye en Concepción (3), Canindeyú (2), Asunción (1), Alto Paraná (1) y Caazapá (1).
Temporalmente, los meses más críticos fueron enero, con 6 reportes, y marzo, con 4. El resto de los crímenes se distribuyó entre julio (3), mayo (2), agosto (2), abril (1), septiembre (1) y octubre (1). En cuanto a los días de la semana, la violencia no dio tregua: los lunes y viernes registraron la mayor incidencia con 4 casos cada uno, mientras que los domingos, martes, jueves y sábados sumaron 3 casos por día.
El entorno y el arma
Los datos echan por tierra la idea de que el peligro está únicamente en la calle. El 75 % de los feminicidios (15 casos) ocurrió dentro de una vivienda, mientras que 5 se perpetraron en la vía pública.
Respecto a los métodos utilizados, los atacantes recurrieron principalmente al uso de armas blancas en 11 de los casos. Las armas de fuego cobraron la vida de 6 mujeres, mientras que las causantes de las muertes restantes fueron la asfixia (1 caso) y traumatismos por golpes severos (2 casos).
Vínculo con el atacante y situación procesal
El círculo más cercano sigue siendo el más peligroso. Las parejas actuales (8) y las exparejas (8) representan el 80 % de los agresores. El resto de los crímenes fue cometido por conocidos (2), un padrastro (1) y un propio hijo (1).
En el ámbito judicial, 15 presuntos responsables ya se encuentran formalmente imputados por el Ministerio Público. La impunidad por vía del suicidio se dio en 5 de los autores, quienes se quitaron la vida tras cometer el crimen. Por último, un sospechoso que contaba con orden de captura internacional fue detenido en Brasil, país donde será sometido a la Justicia.
El informe del Ministerio Público recuerda que la violencia de género no se limita al asesinato; engloba todo acto o acción sistemática que cause daño psicológico, físico o sexual, así como las amenazas, la coacción y la privación de la libertad, tanto en el ámbito público como en la intimidad del hogar.
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Acusan por cohecho pasivo y piden juicio oral contra exfiscal de Emboscada y su auxiliar
La fiscal Yeimy Adle acusó por cohecho pasivo agravado al exfiscal de Emboscada, Bernardo Javier Elizaur Aguirre, y a su exauxiliar, Lilian Andrea Florenciano Alfonso. El caso investiga una supuesta negociación de dinero para beneficiar a un procesado por lesión grave. Ante esto, el Ministerio Público solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.
De acuerdo con el escrito acusatorio, los procesados habrían solicitado inicialmente G. 7.000.000 a la abogada defensora Corazón de María Corrales (representante de Mauricio Soel Méndez Gómez), a cambio de presentar un sobreseimiento provisional. Posteriormente, el monto habría aumentado a G. 10.000.000 para otorgar una salida procesal favorable. La investigación sostiene que Florenciano mantenía las comunicaciones con la defensa, mientras que Elizaur tenía a su cargo la decisión sobre el requerimiento fiscal.
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El 21 de septiembre de 2025, ante la falta de pago, el entonces fiscal acusó formalmente a Méndez por lesión grave y producción de riesgos comunes. La fiscal Adle señala que dicha acusación se presentó sin contar con los elementos médicos que la propia Fiscalía consideraba indispensables, pues el diagnóstico de la víctima seguía pendiente y aún no existía un dictamen del médico forense. “Esta secuencia revela que la posición procesal de la Unidad Fiscal no respondía a la existencia de elementos objetivos de convicción, sino que estaba supeditada al pago solicitado a la defensa”, indica el escrito.
El 13 de octubre de 2025, durante una entrega vigilada autorizada judicialmente, la abogada defensora y la hermana del procesado acudieron a la sede fiscal de Emboscada. Florenciano recibió G. 7.000.000, dinero que posteriormente fue hallado en el cajón del escritorio que utilizaba, quedando pendientes los G. 3.000.000 restantes. Tras recibir el pago, la exauxiliar condujo a las mujeres al despacho de Elizaur, quien manifestó que se allanaría a un pedido de suspensión condicional del procedimiento por dos años. Toda la conversación quedó registrada durante el operativo.
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Caso Tía Chela: Corbeta cuestiona compras de CDE y habla de una “licitación fraguada”
El agente fiscal Silvio Corbeta explicó los principales elementos con que cuenta el Ministerio Público para sustentar la acusación contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, que están presentando durante el juicio oral que se desarrolla en la etapa de producción documental. Sostuvo que la comuna esteña no adquirió la totalidad de las mercaderías que figuran en los documentos, por lo que califica como “una licitación fraguada”.
El fiscal Corbeta mencionó durante una entrevista para el medio digital El Observador, que los informes de la Dirección Nacional de Contrataciones Pública (DNCP) y la Contraloría respaldan los cuestionamientos al procedimiento utilizado. También señaló que la empresa adjudicada “Tía Chela” no contaba con todo el stock declarado al momento de la recepción.
Mencionó además que durante el mismo tiempo, o el mismo periodo de tiempo fueron adjudicadas otras dos empresas más, entre marzo y abril del 2020, a la par que fue adjudicada Tía Chela, donde también se compraron más kit de alimentos.
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“Para nosotros, como Ministerio Público, es una licitación fraguada, o sea una licitación simulada; debido a que no se compró la totalidad de las mercaderías que figuran en las documentaciones de compra por parte de la Municipalidad. Esto no es una cuestión subjetiva mía, ni de ninguno de los colegas que me acompañan”, precisó.
El fiscal remarcó que esta acusación fiscal está sustentada en el informes de la DNIT que hizo una trazabilidad, y se pudo detectar que Tía Chela, no tenía todo el stock de estas mercaderías al momento en que supuestamente se hicieron estas notas de recepción.
Asimismo, mencionó además que la Municipalidad de Ciudad del Este utilizó de manera incorrecta la vía de excepción para las compras investigadas. “Esto tampoco es una cuestión subjetiva del Ministerio Público, ni mía, ni de ninguno de los agentes fiscales; sino que esto está sustentado en dictámenes tanto de la Contraloría como de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas”, remarcó.
En ese sentido, explicó que durante la pandemia este mecanismo debía estar vinculado a acciones de prevención y mitigación del coronavirus. Indicó que esas adquisiciones podían realizarse mediante una licitación pública para garantizar mayor transparencia. Señaló que el Ministerio Público sostiene que el procedimiento utilizado no ofreció las condiciones de transparencia requeridas.
Repetido modus operandi
El fiscal Corbeta vinculó el caso de Tía Chela, que fue para compra de kits de alimentos con la causa conocida como “Tajy”. Sostuvo que en ambos procesos se habría recurrido a la vía de excepción y se convocó a empresas vinculadas entre sí.
Explicó que en el caso Tajy también participaron firmas relacionadas con personas cercanas a la empresa adjudicada. El fiscal afirmó que incluso se repitió el uso de facturas de una misma empresa como respaldo de las operaciones.
No obstante, aclaró que el Ministerio Público no sostiene que los kits no hayan sido entregados, sino que cuestiona la vía utilizada para la contratación. Explicó, que la Municipalidad pudo haber recurrido a una licitación pública, con mayor cantidad de oferentes y condiciones para garantizar una mayor transparencia en el proceso.
“Para el Ministerio Público no existió esa transparencia y por eso no solo en este caso, el mismo modus operandi, se siguió en el segundo caso que está llevando a juicio oral el caso Tajy. Se hizo por la vía de la excepción, se convocó a empresas vinculadas a la señora Emili Vanessa Florentín propietaria de Vanemi S.A. Se invitó a a la empresa Tajy que fue la adjudicada, que era el tío de la señora Florentín, se invita a Vanemi y se invita al cuñado de la señora en ese entonces, el cuñado de la señora Florentín, es el señor Ayala que era un DJ”, precisó.
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Crimen en Eusebio Ayala: venganza sería el móvil y “Polaco” el autor material, según la Policía
La Policía Nacional apunta a Junior Ramón Delvalle, alias “Polaco” (30), como la persona que disparó mortalmente contra la vida de Rebeca Martínez e hirió a su amiga, Carolina Raquel Aguilar, tras una jineteada en Eusebio Ayala ocurrida en la madrugada del lunes 28 de setiembre de 2026.
El trasfondo del atentado sería una “venganza”, según se dijo hoy martes durante una conferencia de prensa convocada por autoridades de diversas unidades policiales, para dar a conocer los avances en la investigación por el atentado a tiros ocurrido en la ciudad cordillerana.
Por el caso, están detenidas cinco personas: Édgar Clodomiro Rodríguez, alias “Chule” (28); Alcides Ramos Osorio, alias “Ka’i”, (39); Braian Matías Funes Galeano, alias “Mati”, (26), José Quintín Velázquez Martínez, (44), y Júnior Delvalle (30), capturado en el transcurso de las últimas horas.
El Crio. Abel Cantero, jefe de Investigación de Homicidios, señaló que en los últimos días lograron recolectar numerosos indicios que permitieron vincular a “Polaco”, “Chule” y “Ka’i” con este ataque a tiros. “Los tres son sindicados como los principales autores de este homicidio”, añadió.
Funes y Velázquez habrían contribuido con la logística de estos sospechosos, cooperando en la fuga de los mismos, refirió el jefe policial.
El comisario Luis López, jefe del Departamento contra el Crimen Organizado, dijo que para la Policía Júnior es integrante de una banda criminal importante y lo tienen ligado a diferentes hechos.
Dos asaltos en los que habría participado son el del depósito GICAL y el del transportador de caudales de la empresa Yrendagüe.
El trasfondo habría sido un empujón en la pista de baile de la jineteada, incidente que derivó en un posterior plan de “venganza”. “Junior se sintió muy ofendido al recibir una agresión uno de sus invitados (alias Ka’i), entonces querían vengar eso y, con ese afán, raptaron a estas mujeres”, afirmó el Crio. Flaminio Quintero, jefe del Departamento de Investigaciones de Central.
Una de las armas decomisadas durante la serie de allanamientos está siendo sometida a una pericia balística para confirmar si fue utilizada en el ataque donde falleció Rebeca Martínez Aricaye y resultó herida su amiga, Carolina Raquel Aguilar, quien sigue internada en cuidados intensivos en el Hospital de Trauma.
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