Una comitiva policial y fiscal, encabezada por la representante del Ministerio Público, Diana Burgos, procedió al allanamiento de una vivienda en el barrio Las Mercedes de la ciudad de Areguá, donde, según indicios, funcionaría una clínica clandestina donde incluso se realizan abortos.
La investigación habría iniciado luego de que una menor de 17 años denunciara ante la fiscalía de la ciudad de Luque que su madre la había llevado a ese sitio para practicarse un aborto.
Según los datos obtenidos por los intervinientes, la vivienda funcionaría como una especie de consultorio naturalista donde las personas van para que la encargada ore por ellos y les provea de brebajes para diferentes dolencias. Al lugar acudirían no solo vecinos de la zona, sino de otros puntos del área central, sin contar que también atendería a menores.
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Los intervinientes esperan poder recolectar más datos e incluso pruebas que demuestren la causa investigada. Destacan además que, a simple vista, el lugar no cuenta con las mínimas normas requeridas para realizar procedimientos médicos ni intervenciones complejas como un aborto.
Hasta el momento no se cuenta con más denuncias como la presentada por la menor de 17 años, pero no se descarta que sea el único caso, en especial teniendo en cuenta la popularidad que ha ganado el sitio y la mujer que lo administra con ayuda de otras personas y la agravante de que las menores podrían estar siendo llevadas por sus propias madres.
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Médico denuncia suplantación de identidad para promocionar medicamento desconocido
Conforme avanza la tecnología y el alcance de las redes sociales, los peligros de que nuestra información e imagen sean utilizadas crecen, y existen casos preocupantes, como por ejemplo, la suplantación de identidad de referentes en diferentes áreas con el fin de vender o avalar productos que podrían ser perjudiciales para el consumidor.
En este caso, el doctor Gustavo Codas, conocido urólogo, denunció que su imagen estaba siendo utilizada para promocionar un medicamento que prometía a quienes lo compraran resultados tales como achicar la próstata, aumentar la potencia sexual y agrandar el pene hasta cinco centímetros.
En conversación con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, el profesional señaló que ya realizó las denuncias a las autoridades correspondientes, dando aviso inclusive a la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), atendiendo que se trata de un producto que se promociona como medicamento.
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Tras destitución de Prieto, piden a Fiscalía indagar supuestos hechos de corrupción
Luego de la decisión de la Cámara de Diputados de destituir del cargo de intendente a Miguel Prieto, el concejal colorado Richard Alfonso señaló que espera que ahora el Ministerio Público haga su trabajo de investigar los supuestos hechos de malversaciones y corrupción que pesan sobre el destituido jefe comunal.
En conversación con La Nación/Nación Media, sostuvo que esta decisión que tomó en la fecha la Cámara de Diputados se veía venir, desde el momento en que la Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en el manejo de los recursos del municipio, los cuales fueron corroborados igualmente por el interventor Ramón Ramírez.
“Nosotros esperamos que el Ministerio Público haga su trabajo porque no pueden quedar en la nada estos casos, si es que hay hechos de corrupción, o hechos irregulares de malversación de los recursos del municipio. Automáticamente, la Fiscalía debería actuar ya de oficio”, expresó.
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Elección del interino
El concejal Alfonso indicó que el siguiente paso inmediato es aguardar la notificación de la destitución del intendente Prieto a la Junta Municipal, para que la misma convoque a una sesión extraordinaria para la elección del nuevo intendente interino, mientras se lleva a cabo el proceso de elección del nuevo intendente municipal en el plazo de 90 días, para que concluya el mandato vigente.
Señaló además que Miguel Prieto no puede hablar de persecución política, ya que las denuncias en su contra comenzaron incluso mucho antes de que él anunciara su intención de postulación a la Presidencia 2028.
“Caen de maduro todas las tergiversaciones y manipulaciones de Miguel Prieto y su equipo, que trataron de instalar que esto es una persecución política porque él es candidato a la Presidencia 2028. Cuando se hicieron las primeras denuncias, mucho antes de que Prieto diera a conocer sus intenciones, ni los concejales, ni la Contraloría Ciudadana, ni ciudadanos, teníamos la bola de cristal para saber que Prieto lanzaría su candidatura”, comentó.
Dos imputaciones
El concejal Alfonso aclaró que desconoce cuál es la situación de la carpeta fiscal contra Prieto, ya que de las casi 50 denuncias que se habían formulado en su contra, incluso antes del inicio de la intervención, a la fecha solo existen dos imputaciones fiscales contra el exintendente esteño y su equipo político y colaboradores de la municipalidad.
Señaló que esta situación demuestra que existe un serio problema en el Ministerio Público. “Ya sea, porque no se han presentado correctamente las documentaciones, o no actúan como deben de actuar los fiscales, o es que no quieren, o hay algo ahí que no sabemos qué será del por qué no están actuando como tienen que ser”, cuestionó.
Insistió en que solo existen dos imputaciones a la fecha contra Miguel Prieto, y que justamente en estas dos imputaciones Prieto se ha pasado chicaneando y recurriendo a cuanto artilugio y artimañas jurídicas pudiera para entorpecer el proceso investigativo.
Finalmente, el concejal celebró la decisión de la Cámara de Diputados, destacando que está dejando un buen precedente para cualquier otro intendente municipal y para todos los que manejan fondos públicos tienen que hacer bien su trabajo, tienen que administrar bien el dinero público para evitar que ocurra este tipo de situación como la que se dio hoy con la destitución del intendente esteño, Miguel Prieto.
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A pedido de la Fiscalía archivan denuncia contra extitular de IPS por supuesto perjuicio de G. 1,7 billones
A pedido del Ministerio Público, el juez de Delitos Económico Humberto Otazú desestimó la denuncia que pesaba sobre el expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia y otros directivos del entre previsional, investigados por lesión de confianza donde se había denunciado un perjuicio patrimonial de G. 1,7 billones contra la institución.
El pedido de desestimación fue solicitado por los fiscales Jorge Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez, quienes en octubre de 2024 solicitaron la desestimación de la denuncia. El magistrado Otazú se opuso al pedido de los fiscales por lo que el expediente fue a la fiscala adjunta Soledad Machuca, quien ratificó que corresponde desestimar la denuncia y ante dicha situación el juez Otazú no tuvo otra salida que archivar la denuncia contra Bataglia y otros.
La investigación tuvo su punto de partida en el reporte de indicios de hechos punibles elaborado por la Contraloría General de la República (CGR) y remitido al Ministerio Público. En ese documento, el organismo de control señaló presuntas irregularidades administrativas y financieras ocurridas en el IPS durante el ejercicio fiscal 2022 que podría acarrear un perjuicio de más de G. 1,7 billones al ente previsional.
Con esta determinación del juez, la asesoría jurídica del IPS puede estudiar apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que tendrá que analizar si corresponde confirmar la resolución del juez Otazú o se revoca dicha determinación.
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Docente víctima de la mafia de los pagarés exige respuesta de las autoridades
La lista de víctimas de la llamada mafia de los pagarés continúa en aumento; en este caso, una de ellas es Alba Luz González, una docente oriunda de Saltos del Guairá, que a raíz de este hecho percibe un monto ínfimo como parte de su haber y debe sobrevivir con ayuda de los familiares.
En conversación con La Nación/Nación Media, el abogado de la mujer, Victoriano Riquelme Jara, relató que su cliente se percató de que algo no estaba bien cuando empezó a recibir un monto cada vez menor como parte de su sueldo, por lo que investigó el hecho ante el Ministerio de Educación y se percató de que existía un pagaré en su contra.
Lamentó que una persona trabajadora como la señora González deba afrontar una situación tan complicada, que a su vez la limita en su calidad de vida, asegurando que es imperante que las autoridades tomen cartas en el asunto para que las víctimas reciban una respuesta pronta y favorable.
“Al investigar, se encontró con la sorpresa de que un tal Fernando Gregorio Sarasi Gonzalez se había presentado en el Juzgado de Paz de Villa Elisa reclamando un supuesto pagaré de 6.560.000 guaraníes, pagaré que desconoce totalmente, como así también a su acreedor. Allí empezaría su calvario, ya que cada vez su salario le llegaba menos, hasta llegar al punto de solo recibir 500.000 guaraníes”, explicó el abogado.
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Riquelme destacó que, al interiorizarse del caso, solicitó en fecha del 13 de febrero del 2023 copias del expediente donde encontraron que habían ingresado dos juicios con el mismo pagaré y que ya se estaban descontando del salario de la docente desde hacía meses.
“Las notificaciones jamás llegaron a su domicilio, y en cada notificación, supuestamente siempre al ujier le recibía un encargado de la casa, cosa que negamos rotundamente, ya que la docente vive sola. Lo más llamativo acá es la grosera manipulación del ujier de nombre Marcelo Cabrera, que fraguaba las notificaciones para poder avanzar en el juicio”, dijo el profesional.
“La docente sobrevive gracias a la ayuda de sus familiares y solicita a la Corte Suprema de Justicia que se investiguen los dos expedientes que se encuentran en el Juzgado de Paz de Villa Elisa; uno es el expediente número 1031/2021 y el segundo es el número 1005/2021 y así intentar recuperar parte de su dinero y que paguen los responsables con todo el peso de la ley”, finalizó Riquelme.
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