El fiscal Silvio Corbeta se constituyó en la sede de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), ubicada sobre la avenida Guido Boggiani, para iniciar las pericias del caso. El perjuicio a la institución sería de G. 7.500 millones, según datos iniciales de la investigación.
“Lo que denunció la Administración Nacional de Electricidad es un retiro de aproximadamente 350.000 metros de cables, que son de diferentes tipos de milímetros y especies, para diferentes usos”, señaló a la 1080 AM.
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El agente del Ministerio Público explicó que las autoridades de la Ande radicaron la denuncia a resultas de una auditoría interna donde se corroboró la irregularidad, en la que estarían involucrados algunos funcionarios de la institución.
“La auditoría señala que estas personas han solicitado de manera indiscriminada a través de los pasos internos que tiene la Ande para retirar estos cables. Y en el mismo sentido la auditoría responsabiliza también a parte de los funcionarios encargados de controlar si eso cumple con los requisitos establecidos en los manuales internos de la Ande, para posteriormente proceder a la entrega de los cables”, explicó.
El fiscal Corbeta confirmó que hay una sospecha de la participación del personal encargado del despacho de los cables. “Hubo una suerte de ligereza o una suerte de omisión en cuanto al control efectivo en la entrega de estos cables que fue solicitado por esta unidad que es de la sección de Limpio de la Ande, específicamente”, puntualizó.
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Caso Ueno Bank: Fiscalía ordenó la detención del director jurídico del BCP
La Fiscalía ordenó la detención del director jurídico del Banco Central del Paraguay (BCP), Aldo Javier Rodríguez González, quien es investigado por la presunta adulteración del informe oficial remitido a la Cámara de Senadores el pasado 7 de octubre para encubrir la insolvencia de Ueno Bank.
La orden de captura surge en el marco de la causa penal 92/2026, que investiga presuntos hechos punibles de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.
La medida fue dispuesta por el equipo de fiscales integrado por Christian Benítez Cáceres, Silvia González Vester, Verónica Valdez Rivas y Laura Giacummo, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
De acuerdo a los antecedentes de la investigación, Rodríguez González, habría intervenido en la modificación sustancial de un informe técnico de la Superintendencia de Bancos remitido a la Cámara de Senadores en octubre de 2026. Las alteraciones habrían omitido información relevante sobre la situación financiera de Ueno Bank y las advertencias relacionadas con una operación de transferencia de cartera crediticia a Vinanzas S. A., por aproximadamente USD 74,4 millones.
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La Fiscalía refiere que el funcionario habría actuado de forma coordinada con otras autoridades del Banco Central del Paraguay y participado en la elaboración y validación de documentos que presuntamente contenían información falsa. Asimismo, el 9 de octubre de 2026 habría concurrido al Congreso Nacional junto con otros directivos para presentar y respaldar el informe cuestionado.
Según la hipótesis fiscal, estas actuaciones habrían dificultado el control del Congreso Nacional sobre la situación de la entidad bancaria que se encuentra en un proceso de resolución desde el pasado 3 de noviembre tras detectarse una insuficiencia en su índice de solvencia.
A la vez retrasado la adopción de medidas correctivas, mientras Ueno Bank continuaba desarrollando operaciones financieras. La investigación también examina la posible afectación de recursos vinculados al Fondo de Garantía de Depósitos y la exposición de fondos públicos y previsionales depositados en la entidad. La existencia y el alcance de un eventual perjuicio patrimonial deberán determinarse en el proceso investigativo.
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Caso Ueno Bank: allanan hangar privado en búsqueda aeronave ligada al Grupo Vázquez
Este domingo, en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en el caso Ueno Bank, una comitiva fiscal y policial allanó el hangar “Latitude” en la ciudad de Luque. Las autoridades buscaban un avión modelo Gulfstream IV, presuntamente ligado al Grupo Vázquez, sumándose a las incautaciones realizadas días atrás.
El procedimiento estuvo encabezado por los fiscales de la Unidad Contra Delitos Económicos y Anticorrupción, Francisco Cabrera y Jorge Arce, y se desarrolló en un hangar privado denominado “Latitude”, ubicado en el aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.
Los intervinientes buscan un lujoso avión N7DK - Gulfstream IV, que estaría registrado a nombre de la firma aérea JET PAR LLC, que estaría ligada al Grupo Vázquez. Busca inmovilizar y asegurar la aeronave como medida cautelar dentro del rastreo de bienes vinculados al esquema investigado tras el colapso y resolución de Ueno Bank.
Los agentes fiscales continúan trabajando en el sitio, realizando el inventario correspondiente y verificando los registros de vuelo, mientras se aguarda un informe oficial.
El operativo de hoy da continuidad a los procedimientos ejecutados el pasado 6 de noviembre en otros hangares de la misma zona de Luque. En aquella oportunidad, había dos aeronaves: un Beechcraft King Air 300 y un Beechcraft B55, las cuales figuraban registradas a nombre de Ueno Bank S.A. y del Grupo Vázquez S.A.E.
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Gremio del sector eléctrico plantea que Ande amplíe sus fuentes de financiamiento
La Cámara de Empresas Constructoras de Obras Electromecánicas (Cecoel) manifestó su preocupación por las posibles consecuencias de la situación financiera sobre los proyectos en ejecución. De cara a 2027, considera viable la inversión de USD 614 millones prevista por la Administración Nacional de Electricidad (Ande), aunque señala la necesidad de garantizar el financiamiento y agilizar los procesos administrativos. Adicionalmente, plantea que la estatal amplíe sus fuentes de financiamiento.
El titular de la organización, Ing. Gianmarco Felippo, recordó que entre los recursos comprometidos en Ueno Bank están USD 21 millones provenientes de un préstamo para obras y una carta de crédito por casi USD 47 millones destinada a proveedores internacionales, según información proporcionada por la presidencia de la Ande. “Son recursos por recuperar, y nos preocupa que el proceso afecte el ritmo de las obras en curso”, expresó.
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Además de lo mencionado, lamentó la lentitud de los procesos para el desembolso de los recursos para los proveedores. Las empresas contratistas pueden recibir sus pagos entre seis y 10 meses después de concluir los trabajos, situación que afecta su flujo de caja y limita su capacidad para asumir nuevos proyectos, indicó. De manera a capear este inconveniente, el gremio propone reforzar los equipos de fiscalización y establecer plazos máximos para el cierre de certificados.
Inversión en 2027
Para 2027, la estatal proyecta USD 614 millones en inversiones físicas, un incremento cercano al 20 % respecto a los USD 511 millones contemplados en el 2026. Desde el gremio consideran que la ejecución de este presupuesto es viable, aunque dependerá de condiciones financieras y administrativas que permitan concretar las obras previstas.
Felippo explicó que aproximadamente USD 313 millones deberían provenir de recursos propios de la Ande. Al respecto, valoró las inversiones realizadas durante 2026 para reducir las pérdidas por conexiones directas y clandestinas, que podrían contribuir a mejorar la recaudación de la institución. Sin embargo, sostuvo que las necesidades de infraestructura eléctrica requieren ampliar las fuentes de financiamiento, incluyendo mecanismos de participación privada y asociaciones público-privadas (APP).
Destacó, además, que las empresas paraguayas cuentan con capacidad para ejecutar las obras, pero necesitan mayor previsibilidad en los procesos de contratación, calendarios de licitación que se cumplan y adjudicaciones en plazos razonables.
Pese a las dificultades, Cecoel mantiene expectativas moderadamente optimistas para 2027, impulsadas por el crecimiento de la demanda y la necesidad de ampliar la infraestructura eléctrica.
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Fiscalía inventarió tractores, vehículos y más de 6.000 cabezas de ganado en estancia del Grupo Vázquez
El Ministerio Público informó que realizó un inventario de los bienes incautados en la Estancia Don Miguel, perteneciente al Grupo Vázquez, en el marco de las investigaciones relacionadas con el caso Ueno Bank y otras causas vinculadas al expresidente de la República. Las diligencias apuntan a seguir la ruta del dinero, identificar activos y asegurar los bienes que podrían estar relacionados con los hechos investigados.
Entre los elementos incautados figuran:
- cuatro tractores, dos de ellos con los números de chasis borrado
- una camioneta RAM 4x4 sin chapa y fuera de uso
- un camión tipo Canter con matrícula AAIN033
- un vehículo tipo Whoggy
- una motocicleta Kenton de 150 cc.
- tres notebooks
- un equipo DVR
- un teléfono satelital
- y un pendrive de 32 GB.
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En cuanto a los documentos, el inventario incluye 15 biblioratos vinculados al Grupo Vázquez y a la Estancia Don Miguel, 11 carpetas archivadoras y tres sobres con documentación. A esto se suman otros ocho biblioratos relacionados con el grupo empresarial, un talonario con membrete de Raúl Talavera Alvarenga, seis talonarios de notas de remisión de FMVV, una factura a nombre de Raúl Talavera y otra de Fernando Miguel Vázquez Vázquez.
Más de 6.000 bovinos
El relevamiento también abarcó el ganado existente en el establecimiento. Según los datos proporcionados por la Fiscalía, al 5 de noviembre se contabilizaron 6.148 bovinos, 122 ovinos y 91 equinos.
El reporte señala que desde el 2 de noviembre fueron retirados 630 animales con destino a LT, mientras que otros 150 fueron enviados a una feria. Luego de estos movimientos, el establecimiento debería conservar un total de 5.475 animales.
Hasta el 13 de noviembre, los trabajos de verificación permitieron contar e identificar mediante carimbado a fuego a 1.219 ejemplares.
Por su parte, los muebles y otros bienes encontrados en la propiedad quedaron bajo responsabilidad de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), encargada de su inventario.
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