Uno de los aspectos que se abordó durante la capacitación ofrecida para la implementación de las tobilleras electrónicas es lo referente a los requisitos técnicos que permitan acceder a este dispositivo.

El lunes y el martes se realizaron dos jornadas para debatir la Ley 7270/2024, así como el Decreto Reglamentario, el Reglamento Orgánico Funcional del Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (Sismed), el Protocolo de Implementación del SIMDEC y la Acordada de la Corte Suprema de Justicia.

El director general del Sistema 911, Carlos Hernán Escobar, explicó a La Nación/Nación Media que el taller con los fiscales, jueces y defensores públicos sirvió para conocer todo lo que hace a la implementación de las tobilleras electrónicas. “Lo que hoy hicimos fue contarles lo que nosotros necesitamos realmente, porque tecnológicamente la tobillera es una solución para que podamos tener un control en tiempo real”, aseguró.

La jornada fue muy productiva debido a que, tanto los fiscales como los jueces y defensores públicos, mostraron interés y estaban interesados en conocer el alcance y cómo puede ayudar esta solución. “Es una herramienta que le va a ayudar a controlar efectivamente la prisión domiciliaria, que es lo que la acordada de la Corte Suprema de Justicia dictaminó, para el uso, en primer lugar, de los casos de violencia intrafamiliar”, explicó Escobar a LN/NM.

Además del dispositivo para la persona beneficiada con la medida alternativa a la prisión, otro estará en manos de la víctima, alertando si el victimario se acerca. Esta misma alerta sonará a las autoridades, permitiendo que se pueda actuar de manera rápida y así proteger a la víctima, explicó.

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Además de los casos de violencia intrafamiliar, también podrán ser beneficiadas personas enfermas que necesiten dejar la prisión y así puedan guardar reclusión en sus respectivos hogares. “Es también para ayudar a la gente a que salga de la prisión, pueda ser reinsertada a la sociedad y tenga que guardar una prisión domiciliaria, nada más. Ya sea de la tercera edad, o que esté enferma, o cosas así. Y serviría como una herramienta para descomprimir las cárceles”, comentó a LN/NM.

Escobar indicó que una de las cosas que más consulta generó durante la capacitación fueron los tiempos, debido a que los magistrados tienen plazos que se deben de respetar, para lo cual, los tiempos son muy importantes. “A ellos (a los jueces) les aprietan mucho los tiempos procesales. Cuando hay un pedido de una revisión, ellos tienen 48 horas para responder”, indicó.

Explicó que, en este caso, el trabajo del defensor es muy importante, ya que, si el recaba la mayor cantidad de información precisa, como, por ejemplo, lugar exacto donde guardará reclusión, las dimensiones, etc., eso ayudará a facilitar para delimitar hasta dónde puede ir y qué lugares ya pueden resultar en una alerta.

“Es muy importante hacer la factibilidad técnica antes de pedir la medida. Para eso es importante traer todos los presupuestos: dimensión de la casa, ubicación exacta, etc. Y es la defensa la que tiene que traer todos los datos, todo bien detallado”, comentó a LN/NM.

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El director del Sistema 911 comentó que cuando ellos reciben la orden de un arresto domiciliario y se hace la comunicación, lo que la Policía debe hacer es cumplir con las órdenes del juez. “El juez me dice para poner la tobillera por 12 meses, entonces, yo coloco. Puede revertir la decisión más adelante, sí, puede. Entonces, se retira”, explicó.

Agregó que, gracias a esta herramienta, se podrá tener un control real de los movimientos de la persona con arresto domiciliario, considerando que actualmente se realizan los controles, pero de manera aleatoria, debido a que no hay suficiente personal que pueda ayudar. Recordó los casos que durante los controles se encontró a personas en la despensa, e inclusive hubo casos de gente que iba de shopping pese a contar con arresto domiciliario.

Agregó que este hecho, por más que parezca que no es grave, puede hacer que una persona con prisión domiciliaria pierda el beneficio. “Si una persona sale a comprar un cigarrillo en la esquina de su casa, está violando su prisión domiciliaria, porque puede que no vaya lejos, pero salió del área delimitada”, explicó.

Actualmente, al Estado le cuesta 650 dólares el mantenimiento de cada persona privada de libertad. Si bien ahora solo se autorizaron la utilización de 20 tobilleras electrónicas, con la implementación de esta tecnología, que con el tiempo podrá descomprimir las penitenciarías, inclusive se estaría ahorrando dinero, ya que el mantenimiento de la tobillera cuesta 250 dólares mensuales, lo que representa un ahorro significativo.