Investigan presunto feminicidio en un inquilinato en San Lorenzo
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En un inquilinato ubicado en las calles Rómulo casi Campo Vía, del barrio Reducto de San Lorenzo, se reportó el hallazgo del cadáver de una inquilina. Fue vista con vida por última vez la noche del sábado, cuando, según vecinos, mantuvo una fuerte discusión con su pareja, quien permanece desaparecida.
Según el informe policial, un vecino alertó a la propietaria del lugar sobre un fuerte olor que provenía de la habitación contigua. Como no recibían respuesta de la mujer ni de su pareja, la propietaria decidió usar la copia de la llave para ingresar, encontrando el cuerpo sin vida de la mujer en el sanitario.
Tras el macabro hallazgo, notificaron a los efectivos policiales de la comisaría de Reducto, quienes, a su vez, acompañados por un equipo forense, ingresaron a la vivienda, confirmando que se trataba del cuerpo de una mujer ya en avanzado estado de descomposición. Según la inspección preliminar del forense, la misma habría sufrido varias heridas con arma blanca, pero, por el estado del cuerpo, este fue derivado a la morgue judicial para su inspección detallada.
La fallecida fue identificada como Basília Adelaida Ojeda, de 50 años, mientras que su pareja, quien se encuentra con paradero desconocido, sería Miguel Ángel Castillo Giménez, de 42 años, quien cuenta con varios antecedentes por lesión grave, sustracción y robo, además de medidas cautelares vigentes.
“Por el avanzado estado de descomposición del cuerpo, ingresó primero el equipo forense y de criminalística para retirarlo; no obstante, hoy continuarán el trabajo los técnicos para recabar más evidencias. Según sabemos, la mujer vivía con su pareja y el sábado fue la última vez que los vecinos la vieron con vida. Esa noche se habría dado una pelea entre ambos, y recién el domingo al mediodía se vio al hombre salir de la casa bien vestido”, indicó el comisario Ángel Benítez en conversación con la 1080 AM.
El mismo remarcó que los intervinientes se encuentran abocados a determinar cómo se dieron los hechos y también a encontrar a la pareja de la víctima, quien hasta el momento sería quien la vio con vida por última vez; hecho que lo convierte en el principal sospechoso.
Investigan desaparición de 350.000 metros de cable de la Ande
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El fiscal Silvio Corbeta se constituyó en la sede de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), ubicada sobre la avenida Guido Boggiani, para iniciar las pericias del caso. El perjuicio a la institución sería de G. 7.500 millones, según datos iniciales de la investigación.
“Lo que denunció la Administración Nacional de Electricidad es un retiro de aproximadamente 350.000 metros de cables, que son de diferentes tipos de milímetros y especies, para diferentes usos”, señaló a la 1080 AM.
El agente del Ministerio Público explicó que las autoridades de la Ande radicaron la denuncia a resultas de una auditoría interna donde se corroboró la irregularidad, en la que estarían involucrados algunos funcionarios de la institución.
“La auditoría señala que estas personas han solicitado de manera indiscriminada a través de los pasos internos que tiene la Ande para retirar estos cables. Y en el mismo sentido la auditoría responsabiliza también a parte de los funcionarios encargados de controlar si eso cumple con los requisitos establecidos en los manuales internos de la Ande, para posteriormente proceder a la entrega de los cables”, explicó.
El fiscal Corbeta confirmó que hay una sospecha de la participación del personal encargado del despacho de los cables. “Hubo una suerte de ligereza o una suerte de omisión en cuanto al control efectivo en la entrega de estos cables que fue solicitado por esta unidad que es de la sección de Limpio de la Ande, específicamente”, puntualizó.
Al investigar los datos de la cédula que presentó el hombre que alquiló el lugar, se percataron de que pertenecía a una persona fallecida. Foto: Gentileza
Alquilaron como depósito, pero funcionaba como aguantadero de vehículos robados
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En la ciudad de San Lorenzo, efectivos del Departamento de Automotores de la Policía Nacional allanaron un depósito que funcionaría como aguantadero de vehículos robados. El lugar habría sido alquilado en enero por un hombre que utilizó la cédula de una persona fallecida para cerrar el contrato.
Según el informe de los intervinientes, el lugar pertenecería a un abogado, quien de buena fe lo habría alquilado en enero a un tercero que se contactó con él a través de mensajes de texto a su número personal y tras identificarse, procedieron a delimitar las condiciones para el alquiler y el desconocido efectuó el pago.
Tras varios meses sin recibir el cobro, el abogado fue hasta el lugar y se encontró con una camioneta abandonada, además de varias chapas, hecho que le llamó la atención y realizó la denuncia. Al investigar los datos de la cédula que presentó el hombre que alquiló el lugar, se percataron de que pertenecía a una persona que ya había fallecido.
“En el lugar hallamos una camioneta, la cual estaba en perfecto estado e inclusive tenía sus documentos; cuando verificamos eso, nos saltó una denuncia de robo que se realizó el mes pasado en el predio de la Universidad Nacional de Asunción (UNA); así también hallamos varias chapas pertenecientes también a vehículos denunciados como robados”, explicó el comisario Hugo Velázquez en conversación con el canal de noticias NPY.
El comisario Velázquez alertó a la ciudadanía en general a tener cuidado a la hora de realizar tratos comerciales como este con desconocidos, ya que pueden utilizar múltiples estrategias para evadir los controles y usar espacios privados para delinquir.
Las víctimas fueron Ada Barreto y su hija de 18 años, quien, en un intento por detener el ataque que sufría su madre, resultó gravemente herida. Foto: Gentileza
Madre e hija terminan gravemente heridas tras un aparente intento de feminicidio
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Un aparente intento de feminicidio se registró en el barrio Pa’i Ñu en la ciudad de Ñemby. Según el reporte de las autoridades, madre e hija fueron blanco del ataque de la pareja sentimental de esta primera, quien habría utilizado un machete para infligirle las heridas.
Las víctimas fueron Ada Barreto y su hija de 18 años, quien, en un intento por detener el ataque que sufría su madre, resultó gravemente herida. Ambas mujeres fueron trasladadas de urgencia al Hospital del Trauma, donde permanecen internadas con pronóstico reservado.
Por su parte, el atacante fue identificado como Carlos Velazquez, quien, tras agredir a su pareja e hijastra, empezó a autolesionarse con la intención aparente de acabar con su vida, pero mismo fue auxiliado y, tras ser dado de alta por los médicos, fue detenido por efectivos policiales.
Según el informe del jefe de la comisaría 7.ª de Ñemby, el trasfondo del ataque habría sido una pelea entre la pareja, que aparentemente ya arrastraba varios problemas y habían tenido discusiones anteriores. Tras escuchar los gritos y pedidos de ayuda, los vecinos alertaron de la situación a través del sistema de emergencias 911.
Desde la Policía Nacional informaron que el detenido cuenta con una orden de captura por violencia intrafamiliar y posee antecedente penal por lesión grave, por lo que también será procesado; ya que fue puesto a disposición del Ministerio Público.
Diputado Carlos Pereira Rieve dijo que fracasados quieren “manchar” su imagen y no explica origen de su fortuna ni investigación que le abrió Fiscalía.
Investigación a los Pereira Rieve duerme hace 3 años en Fiscalía
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En una actitud visiblemente cohibida, en la sesión de ayer el diputado “mago del sur”, Carlos Pereira Rieve ensayó un discurso alusivo a los destapes mediáticos en torno a su empresa hormigonera, responsable de la carga de losas en el edificio caído en Encarnación y la fortuna que amasó en tiempo récord. Se retrotrajo a los tiempos de su colegio, revivió sus inicios como activista juvenil, su vida sacrificada, sin herencias, recordó y pidió disculpas a su mamá, pero en su alocución no pronunció una sola frase que explique la receta mágica de su meteórico ascenso económico, ni la causa por enriquecimiento ilícito que le abrieron junto con sus hermanos y que se maneja con mucho hermetismo en el Ministerio Público.
Con mucha insistencia y en medio de un hermetismo que llama poderosamente la atención, nuestro equipo accedió a la confirmación de que la causa sobre enriquecimiento ilícito del Ministerio Público al clan Pereira Rieve de Itapúa continúa abierta, así como otros datos que guardan relación al caso.
La causa sobre enriquecimiento ilícito y otros que la Fiscalía abrió al exintendente de Cambyretá, actual gobernador de Itapúa, Francisco Javier Pereira Rieve y a sus hermanos data del año 2022. Es decir, hace tres años que el Ministerio Público tiene en sus manos la investigación y hasta ahora no existen resultados visibles, menos aún socializados sobre los presuntos delitos que se sospechan los miembros del clan.
En el marco de la mencionada causa, el exfiscal Osmar Legal había solicitado a la Contraloría General de la República hace 2 años y medio el estudio de correspondencia del actual gobernador, su hermano el hoy diputado, exconcejal departamental Carlos Pereira Rieve y la hermana de ambos Gladys Estela Pereira Rieve, secretaria privada de su hermano en la Gobernación de Itapúa.
La investigación penal prácticamente se manejó en secreto, ni una sola información trascendió al respecto. En paralelo, intentaron desestimar la causa, pero desde el juzgado al cual acudieron rechazaron el pedido y tuvo que ser reabierta.
Hormigonera del diputado Carlos Pereira Rieve que cargó losas del edificio caído en Encarnación y dejó dos víctimas fatales
LA CAUSA
La investigación del presunto enriquecimiento ilícito al clan Pereira Rieve, posiblemente guarda relación con actividades ilícitas concernientes al lavado de dinero provenientes del narcotráfico. Recordemos un informe inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) que sindicaba al entonces intendente de Cambyretá, actual gobernador de Itapúa, Francisco Javier Pereira Rieve como líder de una organización criminal vinculada al narcotráfico que quedó en la nada, porque el agente antidrogas fue pescado en un presunto cobro de coima para limpiar el expediente de su investigado y es así que el sospechoso se convirtió en víctima y denunciante.
El proceso se redujo a la condena del agente antidrogas, pero nada se sabe de los informes recabados ni el curso de las investigaciones que involucraban al hoy gobernador como presunto líder de una organización criminal, pese a la existencia de la carpeta que incluso fue incautada en un allanamiento en el marco de las investigaciones al exfuncionario preso por caso coima.
En medio de las sospechas de los ilícitos mencionados, sin embargo, el clan Pereira Rieve amasó fortuna, constituyó empresas, erigió enormes fábricas, que han pasado desapercibidos para los organismos de control y pese a las extraordinarias formas en que han saltado de la pobreza a la prosperidad.
Recordemos que en el caso del diputado “mago del sur”, de armar una empresa en la que su aporte fue la módica suma de G. 2,5 millones, una notebook, escritorio y silla de oficina, un archivero y algunos materiales técnicos que sumados dan G. 50 millones, en dos años pasó a Mega Concret SA de G. 6.000 millones, que de entrada se integró G. 4.150 millones.
O el caso de su hermano el gobernador que, de un terreno tasado en G. 12 millones en sus tiempos de concejal municipal de Cambyretá, le bastó dos elecciones como intendente para aterrizar a la jefatura departamental con un activo de G. 7.300 millones.
Sin embargo, nada explicó el diputado “mago del sur” sobre las bases o el origen del dinero para el gigantesco salto económico suyo y de su familia en tiempo récord. Usó minutos de la sesión de ayer en la Cámara de Diputados para referirse indirectamente a los destapes en la prensa, recordó su época de colegio, sus inicios como activista juvenil, su vida de trabajo, llena de sacrificio para luego concluir con la teoría de siempre, de atribuir los trascendidos a ataques políticos para “manchar” su imagen.
Aprovechó para pedir disculpas a su mamá y saludar a su departamento, pero no se acordó de las víctimas fatales a causa del desplome del edificio en la que su empresa cargó las losas y proveyó hormigón por G. 2.000 millones, mucho menos de la causa en la Fiscalía que había desconocido ya en una consulta anterior realizada desde nuestra redacción.