La deserción escolar es una problemática que intenta ser revertida mediante acciones que se desarrollan en seis departamentos del país. La falta de cedulación de los menores sigue siendo un escollo central. Además, la pobreza y la violencia intrafamiliar aparecen entre las barreras a ser derribadas para que los chicos vuelvan a la escuela y puedan tener un futuro mejor.

• Por Jorge Zárate
• jorge.zarate@nacionmedia.com
• Fotos Archivo / Gentileza

“Tenemos como meta llegar a unos 30.000 niños este año”, cuenta Sidney Vasconcelos, especialista en educación del Fondo de las Naciones Uni­das para la Infancia (Unicef).

Lo hace precisando los obje­tivos de ¡Vamos a la Escuela!, un programa al que define como “una iniciativa pionera contra la exclusión educa­tiva”, que se puso en marcha en febrero de 2023 tratando de revertir el cuadro de deser­ción escolar que se verifica en el país.

“La idea es regresar a las aulas a los niños que están fuera de la escuela y atender especialmente a los que están con riesgo de abandono”, pre­cisa comentando que desde 2021 “se trabaja en la iden­tificación de los perfiles y las barreras de la exclusión” con el apoyo de Unicef y la fun­dación Educación por Sobre Todo (Education Above All), de Catar.

“Queremos hacer llegar el mensaje de que la educación es un derecho, no se puede normalizar que los niños estén fuera de la educación y la gente tiene que saber que la escuela tiene las puertas abiertas para recibir a los niños. En cualquier momento del año se pueden ir y solicitar la matriculación de sus hijos, tengan o no cédula, esto es fundamental”, asevera.

Para ello apunta que es prio­ritario que las Consejerías por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (Codeni) de cada localidad y el sistema de justicia colaboren en afirmar este derecho.

Si bien se esperan cifras pre­cisas para determinar cuán­tos niños están fuera de la escuela, se entiende, por el volumen, que el problema debe ser prioritario en la agenda estatal.

“No podría dar un estimativo porque estamos esperando los datos del censo de 2022″, dice cauteloso Vasconcelos. “Hacemos uso de un dato del Instituto Nacional de Esta­dística (INE). Tenemos que hay 10,6 % de los hogares del país con necesidades básicas insatisfechas, que nos ayuda a tener un panorama”, des­cribe.

Sin embargo, un informe con datos anteriores publicado por el Ministerio de Edu­cación y Ciencias (MEC) y el Unicef apuntaba en 2023 que uno de cada cuatro niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años está fuera de la escuela, lo que constituye un uni­verso de aproximadamente 450.000 niñas, niños y ado­lescentes.

Atribuible a razones múlti­ples, la pobreza aparece como el motivo central de la situa­ción. A renglón seguido está la ausencia de programas de asistencia económica e inte­gral que ayuden a la perma­nencia y una baja valoración de la importancia de la edu­cación en los sectores menos favorecidos de la población.

Para revertir la situación, Vas­concelos apunta que ¡Vamos a la Escuela! vino haciendo “acciones sociocomunita­rias y de fortalecimiento en seis departamentos y 28 dis­tritos del país, con lo que asis­timos a más de 23.000 niños, esperando llegar a mediados de este año a 30.000″.

“Lo hacemos apoyando a las comunidades para que pue­dan priorizar el acceso de los niños mediante un proceso de sensibilización y de llegada de información a familias, comunidad, líderes comu­nitarios buscando derribar barreras”, describe recor­dando que la tarea se da en Alto Paraná, Caaguazú, Cen­tral, Concepción, Itapúa y San Pedro.

Si bien el programa no tiene un apoyo económico directo, se trabaja para derivar las familias vulnerables a “pro­yectos sociales existentes por medio de la vinculación entre escuela y el programa Tekoporã para facilitar que familias que no habían acce­dido puedan tener las trans­ferencias porque la pobreza es la principal barrera que identificamos”.

Describe entonces los altos costos complementarios que se dan con la necesidad de “compra de uniformes, el transporte, la alimentación, que hacen que no puedan priorizar la educación de los hijos, principalmente en la primera infancia y la adoles­cencia a partir de los 15 años”, comenta.

Las distancias son otro punto clave en el interior, así como la violencia intrafamiliar, que según expone “requiere de un apoyo a la prevención de violencia, con otros pro­gramas sociales de actuar interinstitucional para que los niños que estamos iden­tificando puedan ser atendi­dos”, señala.

Los niños, niñas y adoles­centes con discapacidad requieren una atención especial, ya que al menos el 10 % del total de la franja etaria está en esa situación. La falta de acceso a servicios y de diagnóstico profesio­nal, limitados entornos de aprendizaje y pedagogías no centradas en el estudiante son algunas de las barreras que contribuyen a la exclu­sión.

Como parte de las activida­des de apoyo, el programa entregó mil computadoras en 175 escuelas “porque si bien sabemos que cada niño aprende a su manera, a su tiempo, el acceso a los recur­sos digitales de aprendizaje es fundamental en este tiempo histórico”, describe Vascon­celos. Lo hace comentando que la tarea fue complemen­tar las instalaciones que ya había hecho el MEC sumando equipos para que los niños puedan acceder a lo digital.

“Una urgencia que tenemos es que los niños aprendan y para ello tenemos que tener a los niños en la escuela”, razona. Los déficits de la enseñanza son otro tema preocupante. “En tercer grado, la mitad de los chicos no podían leer un simple texto antes de la pandemia del coronavirus, así que tenemos que tra­bajar el fortalecimiento de las competencias básicas en lectoescritura y matemá­ticas porque caso contra­rio vamos a estar alimen­tando la reproducción de la pobreza”, señala.

En este sentido, a través del proyecto fueron evaluados más de 50.000 estudiantes del primer, segundo y tercer ciclo de la Educación Escolar Básica (EEB) e identificaron que más de la mitad requiere de un apoyo pedagógico.

Para ayudar en esta tarea, apunta que llegarán a unas 300 escuelas este año. “Bus­cando que los niños se man­tengan en la escuela tenemos 800 nuevos docentes forma­dos, 125 equipos de gestión y deseamos encarar una cam­paña masiva de matricula­ción escolar para que desde cada distrito se pueda vigilar la permanencia de los chicos en las escuelas”, concluye.

La cedulación de los niños sigue siendo un problema importante. “Desafortunada­mente, el sistema tiene barreras adminis­trativas porque no disponer de una cédula de identidad no puede ser un impedimento para que un niño se matricule”, recuerda Vasconcelos.

Reportes de la agencia internacional de 2016 daban cuenta de que “por lo menos un 12 % de los niños no tenían acceso a la cedulación. Esperamos que la situación haya cambiado, en breve tendremos datos actualizados del censo de 2022, pero sabemos que el problema está allí”, dice. “Lo vimos en zonas rurales y en el casco urbano que hay familias ente­ras sin acceso a la cedulación y una persona sin acceso a documentos tiene las puertas cerradas a los derechos”, apunta.

A pesar de ello, insiste en que “la ley dice que sin documento se puede formalizar la matrícula. Así que estamos entrenando a docentes y al entorno educativo para apoyar a la familia para que se pueda inscribir a los niños. Con buen asesoramiento podremos lograr que muchas familias puedan garan­tizar la matrícula de su hijo”, señala.

Representantes del proyecto ¡Vamos a la Escuela! visitaron más de 6.000 hogares durante la campaña con el obje­tivo de identificar a niños y niñas que no asistían a clases y lograr su vuelta a las aulas.

Además, de acuerdo al currículo nacional, el proyecto evaluó a más de 50.000 estudiantes en las competencias funda­mentales de comunica­ción y matemáticas, capa­citó a 1.200 docentes en prácticas innovadoras e inclusivas de enseñanza y aprendizaje, así como logró que 175 institucio­nes educativas imple­menten estrategias para hacer frente a la exclusión educativa.

Asimismo, más de 500 voluntarios apoyaron el proyecto participando de actividades pedagógicas y comunitarias, dedi­cando su tiempo, conoci­mientos y esfuerzos para garantizar el derecho a la educación de miles de niños y niñas.

Para junio de 2025, el objetivo del proyecto es que 30.000 niños y niñas sean beneficiados de manera directa, por medio de las acciones de ámbito sociopedagó­gico, en los departamen­tos seleccionados.

A nivel local, el proyecto ¡Vamos a la Escuela! cuenta con el apoyo de la Fundación Alda y Global Infancia, que implemen­tan acciones para apoyar la identificación, matri­culación, permanencia y el aprendizaje de niños y niñas en el Paraguay.

• Ciudad del Este. Agencia Regional.

Los Agentes de la subcomisaría 37.ª de la colonia Torocua, en el distrito de Ñacunday, reportaron un hecho de muerte por electrocución que ocurrió ayer viernes 14 de febrero, a las 17:30, en una vivienda de la comunidad Torocua´i. La víctima es Antonela Barua, de 20 años, de nacionalidad argentina, quien residía en dicha casa.

La propiedad donde ocurrió el trágico hecho es del brasileño Mauricio Leite de Moraes (72). Ante el llamado de los vecinos, el personal policial acudió al sitio y conversó con el dueño de casa y con su hijo Maikon Leite De Castilho (25), concubino de la joven víctima.

Manifestaron a los agentes intervinientes que Antonela estaba en el fondo de la casa lavando ropas y, en un momento dado, agarró el cable (de un alargue) de la lavarropa y que el objeto estaba pelado en la parte en que ella lo tomó, lo que produjo una descarga.

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La joven cayó boca abajo, con el cable en mano, falleciendo en forma inmediata; la misma estaba descalza y presentaba quemaduras en la mano derecha, según el reporte policial. El caso fue comunicado a la fiscal de Iruña, María del Carmen Meza, quien llegó al lugar del con el médico forense Nicolás Becker. El diagnóstico fue falla multiorgánica por electrocución.

El suboficial superior Francisco Martínez, jefe de la subcomisaría 37.ª. explicó que el aviso recibieron como 30 minutos después del accidente porque, ante la falta de señal en la comunidad de Torocua´i, los vecinos debieron trasladarse unos 8 kilómetros hasta la sede policial para comunicar lo ocurrido.

“Nos fuimos hasta la casa, ya cerca del río Paraná y tuve que salir de nuevo unos 2 kilómetros para poder comunicar al Ministerio Público”, dijo el jefe policial, pintando las dificultades que deben sortear por falta de comunicación. Agregó que es más complicado aun cuando se trata de auxiliar a una persona para una asistencia de salud inmediata.

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Un joven fue detenido por efectivos policiales en el barrio San Carlos, de la ciudad de Concepción, luego de que sus propios padres fueran hasta la comisaría y lo denunciaran por su conducta violenta y la amenaza de que los degollaría si no salían de la casa que comparten.

El ahora detenido fue identificado como Carlos Antonio Martínez Cubas, de 25 años. Según la declaración de sus padres, el joven sufre de problemas de adicción y alcoholismo, hecho que lo vuelve sumamente violento contra los integrantes de su familia, a quienes constantemente agrede.

Aparentemente, en esta ocasión el joven habría mezclado drogas con una importante cantidad de alcohol, hecho que lo alteró y empezó a agredir a su madre y, posteriormente a su padre. En un momento dado de la discusión, habría tomado un cuchillo y los amenazó con que si no abandonaban la casa, los degollaría.

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“Este sujeto estaba fuera de sí, aparentemente por lo que consumió. En medio de las amenazas y tras ser amedrentado, su papá logra pedir ayuda a otro de sus hijos, un adolescente, y le solicita que lo lleve hasta la comisaría, donde nos comentó lo que estaba ocurriendo y asistimos inmediatamente al lugar para evaluar la situación”, comentó el oficial interviniente Ovidio Quevedo en conversación con el canal de noticias NPY.

El mismo destacó que cuando llegaron a la vivienda, el joven trató de huir, por lo que fue brevemente perseguido y, tras resistirse al arresto, fue sometido por los oficiales y derivado hasta el Puesto Policial N.º 2 San Carlos, donde se encuentra detenido y fue puesto a disposición del Ministerio Público para que avance el proceso correspondiente. Afortunadamente, el joven no llegó a herir a nadie.

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El presidente de la República, Santiago Peña, junto con la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, participó hoy del acto de inicio de las obras de mejoramiento de la ruta PY01, específicamente en el tramo de 93 km que conecta a la ciudad de Ypané con Quiindy, mientras avanza el proceso de licitación para su modernización vía Alianza Público-Privada (APP).

El presidente mencionó que, aunque se han realizado avances en la construcción de una red vial en los últimos 10 a 15 años, aún hay mucho por hacer. “La realidad es que debemos concentrar nuestros recursos y esfuerzos en el área metropolitana, donde la necesidad es más apremiante. Esta modernización no solo mejorará la conectividad, sino que también impulsará el desarrollo económico de las regiones que atraviesa”, manifestó.

También habló sobre el impacto de esta obra no solo para el departamento Central, que alberga casi el 30 % de la población, sino también en los departamentos vecinos como Paraguarí, Misiones e Itapúa. Dijo que el crecimiento demográfico, impulsado por la migración del campo a la ciudad, ha generado una presión significativa sobre la infraestructura existente. “La ciudad está recibiendo un flujo cada vez mayor de personas, y es fundamental que la infraestructura del área metropolitana se adapte a este crecimiento”, afirmó.

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Por su parte, la ministra Centurión recordó que esta obra tiene un carácter transitorio de gran urgencia y forma parte de un proceso más amplio que involucra la duplicación de la ruta PY01 a través de un contrato de APP. “Queremos que las personas puedan desplazarse con mayor comodidad y seguridad, lo que también se traducirá en ahorros en costos operacionales y tiempos de viaje”, expresó.

Recordó que la entrega de la orden de inicio de tres contratos de pavimentación asfáltica forma parte del denominado “Plan Central 2″, el cual abarca un total de 133 kilómetros de nuevos tramos asfaltados en el departamento. Los contratos incluyen las ciudades de Ñemby y Guarambaré, con 20 km; Capiatá, con 30 km; y San Lorenzo, con otros 30 km. En las próximas semanas, se sumarán otras ciudades como Itá y Areguá.

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