Los aranceles del gobierno de Estados Unidos comenzarán a regir a partir del jueves 7 de agosto a nivel mundial, incluyendo a Paraguay, que tendrá una tarifa extra del 10 % para sus exportaciones al mercado estadounidense. Pese a este panorama, los importadores vaticinan un escenario favorable gracias a la caída del dólar.

Desde la próxima semana, todo producto que desee ingresar al mercado estadounidense deberá abonar aranceles extras, según lo establecido por el presidente Donald Trump. Las exportaciones paraguayas a dicho mercado no estarán exentas, con un 10 %, ciertamente inferior a otros países.

No obstante, el sector importador considera que el escenario que se podría asomar con estas medidas es de beneficios debido a la baja del dólar a nivel mundial, producto de una deliberada devaluación de parte del gobierno estadounidense para impulsar su comercio exterior.

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Iván Dumot, presidente del Centro de Importadores del Paraguay, explicó que este escenario representa para el sector la oportunidad de recuperar la competitividad, que se vio afectada en los últimos años por un tipo de cambio, principalmente acentuado en el primer trimestre de este año.

“Esto tiene dos efectos: uno inmediato y otro a mediano plazo. Lo primero que genera es desconfianza económica en Estados Unidos, ya que las reglas están cambiando mucho, lo que debilita al dólar. Pero para nosotros, eso representa una oportunidad, ayuda a los importadores y nos permite recuperar algo de la competitividad perdida en los últimos años”, dijo a la 1080 AM.

Dumot señaló que el dólar, que ahora ronda los G. 7.500, brinda un respiro financiero al sector. Además, sostuvo que si las políticas de Trump avanzan y Estados Unidos reduce sus importaciones, habrá una sobreoferta de productos, especialmente de países como Brasil, que podría beneficiar a Paraguay con precios más competitivos.

“Los países proveedores de Estados Unidos van a empezar a tener producción sobrante, probablemente van a tener que buscar nuevos mercados y no van a ser de alto poder adquisitivo, por lo tanto, el precio general de esos bienes puede bajar y países como nosotros podríamos acceder a ofertas más competitivas en productos que antes tenían un precio más elevado”, mencionó.

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Ghislaine Maxwell, cómplice del delincuente sexual Jeffrey Epstein, fue trasladada a una prisión de Texas, menos estricta que la de Florida donde cumplía condena, informaron ayer viernes las autoridades penitenciarias. No se dio a conocer el motivo del traslado, ocurrido una semana después de que el número dos del Departamento de Justicia se reuniera con Maxwell para hacerle preguntas sobre Epstein.

Este financiero fue hallado muerto en su celda en 2019 cuando esperaba su juicio por presunta trata de menores con fines de explotación sexual. “Podemos confirmar que Ghislaine Maxwell se encuentra bajo custodia de la Oficina Federal de Prisiones” en Bryan, Texas, declaró un portavoz de esta oficina.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, exabogado personal del presidente Donald Trump, interrogó a Maxwell durante dos días en un tribunal de Florida la semana pasada, algo sumamente inusual entre un delincuente convicto y un alto funcionario de Justicia. Blanche se ha negado a revelar de qué hablaron. El abogado de Maxwell, David Markus, afirmó que ella respondió todas las preguntas.

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Maxwell se ha ofrecido a testificar ante el Congreso sobre Epstein si se le otorga inmunidad y, según la prensa, solicitó un indulto de Trump, quien se movió en los mismos círculos que Epstein en Nueva York. La exmiembro de la alta sociedad británica cumple una condena de 20 años dictada en 2021 por reclutar menores de edad para Epstein.

Dos mujeres que afirmaron haber sido abusadas sexualmente por Epstein y Maxwell, y la familia de otra víctima que se suicidó recientemente condenaron el traslado de prisión en un comunicado. “Con horror e indignación nos oponemos al trato preferencial que ha recibido la traficante sexual condenada, Ghislaine Maxwell”, declararon Annie y Maria Farmer y la familia de Virginia Giuffre.

“Nunca debería ser objeto de indulgencia”, declararon. “Esta medida huele a encubrimiento. Las víctimas merecen algo mejor”, se quejan. Tim Hogan, del Comité Nacional Demócrata, también denunció lo que calificó de “encubrimiento gubernamental en tiempo real”. “El FBI (policía federal) de Donald Trump, dirigido por su leal Kash Patel, omitió el nombre de Trump de los archivos de Epstein, que aún no se han publicado”, declaró Hogan.

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Los demócratas y parte del movimiento conservador MAGA (acrónimo en inglés de “Haz que Estados Unidos vuelva a ser grande”) acusan al gobierno de intentar encubrir a las élites al no revelar detalles del caso. Están enfurecidos desde que el FBI y el Departamento de Justicia afirmaron en julio que Epstein se suicidó en prisión, no chantajeó a ninguna personalidad ni tenía una “lista de clientes”.

Trump asegura haberse distanciado de Epstein porque le “robó” empleadas del spa de su resort de Mar-a-Lago en Florida. Una de esas chicas era Giuffre, quien se suicidó en abril. Su familia pidió a Trump que no indulte a Maxwell, y la tachan de “monstruo que merece pudrirse en prisión el resto de su vida”.

Fuente: AFP.

Un total de siete diputados presentaron un proyecto de ley denominado “Ley de Educación Cívica”, que busca establecer un marco jurídico para la implementación obligatoria en todo el sistema educativo del país. El objetivo es formar ciudadanos responsables y comprometidos con conocimiento profundo de sus derechos, deberes y obligaciones establecido en la Constitución Nacional.

Los proyectistas son el legislador independiente Jatar Fernández, junto con sus pares colorados Raúl Latorre presidente de la Cámara Baja; Saúl González; Santiago Benítez; José Domingo Adorno; Yamil Esgaib; y María Ida Cattebeke.

De acuerdo a la exposición de motivos, la propuesta resalta que la educación cívica no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que se centra en inculcar valores aceptados socialmente y desarrollar competencias para la participación activa en espacios públicos y políticos.

Señalan que esta formación debe comenzar desde la primaria y extenderse hasta el final de la escolarización obligatoria, promoviendo discusiones sobre temas públicos y políticos relevantes para la realidad social del país.

“La educación cívica busca que el ciudadano no solo sea capaz y útil para sí mismo, sino también para la sociedad donde nace, se desarrolla y muere”, destacan los legisladores en el documento.

Además, se enfatiza que la Constitución de 1992 establece como deber del Estado garantizar la formación intelectual, moral y cívica de sus ciudadanos, lo que convierte a este proyecto en una herramienta clave para cumplir con ese mandato.

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El proyecto también resalta la oportunidad de liderar un cambio de paradigma en Paraguay, fomentando una ciudadanía informada que participe, activamente, en la gestión del poder público y el bien común.

“Es necesario que las futuras generaciones comprendan que de ellas depende generar los espacios de poder y gestionarlos en beneficio de la comunidad”, señala la exposición de motivos.

Objeto: Complementar la Ley General de Educación, asegurando que los estudiantes adquieran conocimientos sobre la Constitución Nacional, los derechos y garantías que ofrece, las obligaciones ciudadanas y los límites al poder del Estado en el marco de un Estado social de derecho.

Obligatoriedad: La educación cívica será de carácter obligatorio en todas las instituciones educativas, ya sean públicas, subvencionadas o privadas. Desde la primaria, se incluirá el estudio de la Constitución, mientras que en la secundaria se incorporarán contenidos de derecho civil, penal y laboral.

Finalidad: Garantizar que los ciudadanos estén informados sobre sus derechos y obligaciones, promoviendo una participación informada en el poder público, como lo establece la Constitución.

Ejecución: El Ministerio de Educación y Ciencias será el encargado de implementar la ley, proporcionando los recursos técnicos y pedagógicos necesarios. La puesta en marcha deberá completarse en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigencia de la ley.

Los legisladores proponentes consideran que la iniciativa busca no solo incluir la educación cívica como una asignatura más, sino integrarla de manera transversal en el currículo escolar, fomentando el debate y la reflexión sobre la realidad social y política.

“Con esta propuesta, buscamos formar ciudadanos que no solo dominen conocimientos técnicos o humanísticos, sino que también estén comprometidos con el ejercicio de la soberanía popular y la construcción de una sociedad más justa y participativa”, detallan los proponentes en el documento que justifica la presentación del proyecto.

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Google ha comenzado a probar funciones de inteligencia artificial (IA) en Estados Unidos para verificar la edad de los usuarios y averiguar si son mayores de edad al usar los productos de Google, interpretando diversas señales asociadas a la cuenta del usuario como el tipo de información que busca. La compañía anunció este miércoles que iba a emplear funciones de IA, mediante el aprendizaje automático, para ayudar a estimar la edad de los usuarios y distinguir entre jóvenes y adultos en YouTube.

Ahora, Google ha publicado que en las próximas semanas ampliará este sistema de verificación a los productos de Google, comenzando a probar sus capacidades con un pequeño grupo de usuarios en Estados Unidos, con el objetivo de proteger “aún más” a los jóvenes, según ha recogido en un comunicado en su blog.

En concreto, Google ha explicado que el modelo de estimación de edad utilizará el aprendizaje automático, al igual que en YouTube, para interpretar diversas señales asociadas a la cuenta del usuario, como el tipo de información que ha buscado o las categorías de vídeos que visita la plataforma de ‘streaming’ de Google.

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Igualmente, la compañía ha especificado que cuando sus herramientas determinen que un usuario es menor de 18 años, se pondrán en marcha las protecciones mejoradas existentes para “garantizar experiencias apropiadas para su edad”. En este momento, se activarán las funciones de bienestar digital de YouTube, como recordatorios para tomar un descanso e ir a dormir o recomendaciones de contenido seguras; así como se deshabilitará la línea de tiempo en Google Maps.

Del mismo modo, se desactivará la publicidad personalizada y se restringirán las categorías de anuncios en función de la edad, mientras que Google también impedirá que los usuarios menores de edad accedan a aplicaciones restringidas para adultos en Google Play.

Por otra parte, Google ha informado de que cuando se determine que un usuario puede ser menor de 18 años, se le notificará por correo electrónico, y se le explicará cómo ha cambiado su configuración. Los adultos también recibirán notificaciones para que puedan verificar su edad y administrarla ellos mismos. La compañía ha advertido de que, en el caso de que se estime incorrectamente que un usuario es menor de 18 años, éste tendrá la opción de corregir su edad cargando una foto de su identificación oficial o un ‘selfie’.

Fuente: Europa Press.

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