Los estudios realizados en el Laboratorio Central de Salud Pública (Lacimet) dieron positivo a cocaína, hecho que alertó a los médicos tratantes de la niña. Foto: Archivo
Beba es intoxicada con cocaína y Fiscalía apunta a la imputación del padre
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El Ministerio Público tomó intervención en el caso de la niña de un año y cinco meses que dio positivo a la cocaína, tras ser evaluada y comprobarse por laboratorio las causas de su irritabilidad e hiperexcitación, además de otros síntomas. El impactante hecho se reportó anoche y en las próximas horas se presentará imputación contra el padre, al hallarse sospechas suficientes sobre el consumo de estupefacientes.
Tras las primeras diligencias se dispuso la detención del padre de la criatura, un hombre de 36 años, quien se encuentra en dependencias de la Comisaría 19ª Metropolitana, confirmó este miércoles la fiscal Claide Acosta.
“La aprehensión se produce a partir de que conforme a determinación médica y a fin de cerrar el primer diagnóstico del bebé. El padre también fue sometido a análisis y dio positivo a cocaína”, señaló la agente del Ministerio Público a la 1080 AM.
En cuanto al estado clínico de la menor dijo que se encuentra internada y con “cuadro controlado” conforme al reporte médico. Está recibiendo hidratación, luego de confirmarse el cuadro de intoxicación. “Si bien está estable según la médica tratante, va a seguir internada por las próximas horas”, manifestó.
La madre de 28 años de edad dio negativo a la prueba y alegó que desconocía la situación por la que estaba atravesando su hija. “Vamos a continuar la investigación para ver la situación de ella”, expresó.
¿Cómo se percataron de la intoxicación?
La agente del Ministerio Público también dio detalles de las circunstancias en que la pequeña fue trasladada hasta el Laboratorio Central de Salud Pública (Lacimet).
“La referencia que yo tengo del avance médico y de las consultas que hace la médica cuando los padres llevan a la menor es que la mamá refiere que la niña estaba jugando con vecinitos de la zona en un pasillo, frente a la vivienda”, explicó la fiscal al mencionar que la familia vive en la casa de los abuelos.
Repentinamente la beba empezó a tener una actitud llamativa con llantos incontrolables que particularmente alertó a la mamá. “Este llanto no pudo ser controlado, entonces ella después de horas para ver un poco la situación física o a causa de qué el llanto no cesaba decide llevarla hasta el centro médico”, relató.
A partir de ahí y conforme a signos clínicos se decidió la realización del análisis de orina para varias sustancias. “Y sale positivo a cocaína respecto a la menor. Se decide su internación a fin de controlar el cuadro que presentaba en sí. Y está con intoxicación y con hidratación y todos los tratamientos médicos necesarios”, puntualizó.
La abogada adelantó que en las próximas horas la Fiscalía también determinará la responsabilidad de la madre en el cuidado de la niña. Así también se dio intervención a la Defensoría de la Niñez y se están realizando todas las acciones pertinentes a fin de darle la contención necesaria a la víctima.
Se convocó también a la abuela a fin de escuchar su testimonio. Igualmente se recurrirá a los vecinos para obtener la versión sobre lo acontecido supuestamente en la vereda de la vivienda.
Detienen a mujer con más de 6 kilos de cocaína camuflada en telas para confección
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En un operativo antidrogas en la Estación de Buses de Asunción (EBA) detuvieron a una mujer que llevaba oculta más de 6 kilos de cocaína proveniente de Bolivia.
La sustancia estaba impregnada en piezas de tela para poder evadir los controles fronterizos y fue interceptada al momento en que la modista intentaba retirarla.
El procedimiento fue desarrollado por agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con el apoyo de canes detectores de drogas que se encuentran en la estación de buses. La mujer ya habría hecho varios viajes al vecino país para realizar los envíos.
La detenida fue identificada como Lucila Bogarín, de 50 años, oriunda de la ciudad de Ybycuí y de profesión modista. Los investigadores descubrieron que esta persona periódicamente viajaba en bus hasta la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para realizar las transacciones.
Una vez en territorio boliviano, gestionaba el envío de encomiendas con piezas textiles que sería para supuesta confección, pero las telas estaban previamente almidonadas en cocaína disuelta. Este método es muy utilizado para disimular la carga a simple vista y camuflarla entre insumos de costura.
“Detuvimos a una modista paraguaya en la Estación de Buses de Asunción, cuando retiraba una encomienda procedente de Santa Cruz de la Sierra. Incautamos 6,25 kilos de cocaína impregnada en telas, con un valor estimado de USD 40.000″, expresaron desde la secretaría antidrogas.
Finalmente, la carga llegaba a territorio paraguayo y la mujer acudía hasta el sector de cargas para retirar los paquetes, pero los canes antidrogas previamente alertaron a los agentes sobre la presencia de sustancias ilícitas en las encomiendas y decidieron realizar las pruebas que dieron como resultado positivo.
Caso Ueno: Fiscalía imputa por asociación criminal a Peña y cinco autoridades del BCP
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La Fiscalía formuló este viernes 13 de noviembre una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación criminal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco autoridades y exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.
El Acta de Imputación N.º 9, correspondiente a la causa penal N.º 92/2026, sostiene que los investigados habrían integrado una estructura organizada y jerárquica dentro del aparato estatal para favorecer los intereses del conglomerado empresarial Grupo Vázquez, controlador de la entidad bancaria.
La nueva imputación alcanza a Santiago Peña Palacios, expresidente de la República; Carlos Carvallo Spalding, expresidente del BCP; Holger Insfrán Ibarrola, exsuperintendente de Bancos; y los exdirectores Marco Aurelio González Maldonado, Liana Emilce Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora.
En el caso de los tres exintegrantes del directorio, la Fiscalía también atribuye otros hechos punibles relacionados con presuntas omisiones de supervisión y el manejo de documentos oficiales.
Peña habría encabezado la presunta estructura criminal
Según la hipótesis del Ministerio Público, Santiago Peña habría utilizado su posición como presidente de la República para colocar y mantener en cargos estratégicos a personas de su confianza o con vínculos corporativos previos.
Los investigadores sostienen que estas designaciones habrían permitido establecer un esquema de protección institucional para Ueno Bank, mediante la participación de autoridades encargadas de regular y supervisar el sistema financiero.
La Fiscalía señala que Peña habría actuado como jefe de la presunta organización, mientras que los demás integrantes habrían cumplido funciones específicas desde sus respectivas responsabilidades públicas.
En ese contexto, el documento menciona la designación de Carlos Carvallo, expresidente de financiera ueno, como titular del BCP, además de la permanencia de Holger Insfrán en la Superintendencia de Bancos y la actuación de los tres integrantes del directorio. La imputación sostiene que el objetivo de la presunta estructura habría sido subordinar los mecanismos de control financiero a los intereses particulares del Grupo Vázquez.
Reuniones reservadas con Miguel Vázquez en Mburuvicha Róga
Otro de los aspectos centrales del acta fiscal es la presunta relación entre el expresidente Peña y Federico Miguel Vázquez Villasanti, principal referente del conglomerado empresarial. Los investigadores sostienen que ambos habrían mantenido reuniones reservadas en Mburuvicha Róga para coordinar necesidades e intereses del grupo financiero.
De acuerdo con la imputación, Peña habría impartido directivas destinadas a evitar la intervención de Ueno Bank y frenar las alertas públicas relacionadas con su situación de insolvencia.
El documento también menciona el presunto hallazgo y entrega de USD 200.000 en efectivo, distribuidos en sobres dentro de la residencia presidencial, como parte de las contraprestaciones ilícitas que la Fiscalía atribuye al exmandatario. Estas afirmaciones forman parte de la hipótesis fiscal y deberán ser acreditadas durante el proceso penal.
Carvallo habría ocultado información sobre la insolvencia
La imputación también señala a Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central, como uno de los presuntos responsables de impedir la aplicación oportuna de los mecanismos regulatorios. Según el Ministerio Público, Carvallo habría paralizado procedimientos de regularización y suscrito documentación dirigida al Congreso Nacional que no reflejaba íntegramente las advertencias técnicas sobre la situación financiera de Ueno Bank.
En particular, se cuestiona la Nota BCP/P N.º 016/2026, remitida a la Cámara de Senadores, cuyo contenido habría omitido información relevante sobre operaciones financieras investigadas. La Fiscalía sostiene que estas actuaciones habrían contribuido a mantener la operación del banco sin restricciones, pese a los informes que advertían sobre su deterioro patrimonial.
En cuanto a Holger Insfrán, la Fiscalía sostiene que habría utilizado su posición al frente de la Superintendencia de Bancos para evitar la aplicación de medidas correctivas. Entre los hechos investigados figura la venta de una cartera crediticia de Ueno Bank a Vinanzas S.A. por USD 74,4 millones, operación que, según los informes técnicos, habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco.
El Ministerio Público también cuestiona el tratamiento dado a un informe elaborado por el exgerente de Supervisión Fernando Rivarola, fechado el 10 de julio de 2026, que advertía sobre presuntas irregularidades en esa operación. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la falta de aplicación de sanciones y medidas preventivas habría permitido que la entidad continuara captando fondos del público.
Exdirectivos del BCP habrían permitido continuidad de operaciones
La imputación atribuye a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González presuntas omisiones en sus deberes de control como integrantes del directorio del Banco Central. Según la Fiscalía, los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026, sin impulsar oportunamente las medidas previstas en la legislación bancaria.
El acta señala que, pese a los informes técnicos disponibles, el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo, sin ordenar la suspensión preventiva de determinadas operaciones. En particular, la Fiscalía atribuye a Marco Aurelio González una presunta participación directa en la modificación de un informe institucional remitido al Senado, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.
Respecto de Liana Caballero, sostiene que habría recibido una versión del documento cuestionado sin promover posteriormente una rectificación oficial. En cuanto a Miguel Ángel Mora, los investigadores señalan que habría presidido interinamente una sesión del directorio en la que no se impulsaron medidas más restrictivas contra la entidad financiera.
El Ministerio Público sostiene que la presunta actuación coordinada de los investigados permitió que Ueno Bank continuara operando entre junio y octubre de 2026, pese a las observaciones sobre su solvencia. En ese periodo, la entidad habría desarrollado campañas comerciales para atraer nuevos depósitos y certificados de depósito de ahorro, incluyendo promociones con reintegros del 50 %.
La Fiscalía considera que la continuidad de estas operaciones habría incrementado la exposición del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y comprometido recursos públicos y previsionales. El acta señala que, al 30 de septiembre de 2026, los fondos públicos depositados en la entidad ascendían a aproximadamente G. 3,6 billones y USD 233,4 millones.
La situación desembocó en el procedimiento de resolución dispuesto por el BCP el 2 de noviembre, luego de constatarse que la solvencia del banco había caído por debajo del límite establecido por la normativa.
Prisión para González y arresto domiciliario para Caballero y Mora
La nueva imputación también contiene solicitudes de medidas cautelares contra los exintegrantes del directorio del BCP. El Ministerio Público requirió la prisión preventiva de Marco Aurelio González Maldonado, mientras que para Liana Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora solicitó arresto domiciliario.
Asimismo, pidió la inhibición general de vender y gravar bienes de los tres imputados y la identificación de sus cuentas, depósitos, inversiones y otros activos financieros, a fin de determinar eventuales medidas de inmovilización.
Nueva dimensión en la investigación
La imputación por asociación criminal representa una ampliación de la investigación que inicialmente apuntaba a presuntas irregularidades financieras, omisiones de supervisión y decisiones administrativas relacionadas con ueno bank.
Ahora, el Ministerio Público sostiene la hipótesis de que los hechos no habrían respondido únicamente a actuaciones individuales, sino a una presunta organización que habría funcionado mediante una división de tareas entre autoridades del Poder Ejecutivo y del Banco Central. La Fiscalía atribuye a Santiago Peña el supuesto liderazgo político de esa estructura y a las autoridades del BCP la presunta utilización de sus cargos para favorecer la continuidad operativa del banco.
Presunto esquema criminal encabezado por el expresidente Santiago Peña. Foto: Gentileza
Amambay: desmantelan laboratorio de cocaína y detienen a 8 sospechosos de distintas nacionalidades
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Ocho personas de diferentes nacionalidades fueron detenidas en un procedimiento antidrogas llevado a cabo en la Colonia María Auxiliadora, distrito de Cerro Corá, Amambay. Al mismo tiempo, se desmanteló una infraestructura preparada para el procesamiento de cocaína. También fue encontrado un zoológico.
El operativo, encabezado por la fiscal Rossana Coronel, estuvo a cargo de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD).
Fueron detenidos a Roberto Pérez (28) y Hugo Alejandro Portillo Acuña (25), de nacionalidad paraguaya, José Ademir Arrial Pedrozo (44) y Luis Fernando López Villalba, ambos brasileños; también Clisman Quispe Rojas (20), peruano, Emilio Peñazco, boliviano (47), Abel Páez Romeino (31), brasileño y Francisco David Montiel Da Silva (30), cuya nacionalidad no es consignada en el informe policial.
Asimismo, incautaron 52,20 gramos de clorhidrato de cocaína, 165,02 gramos de marihuana, distribuidos en presentaciones picada, hachís y prensada.
Los intervinientes descubrieron evidencias de una importante infraestructura acondicionada para el procesamiento de clorhidrato de cocaína. En ese sentido, hallaron dos prensas hidráulicas de metal, dos hornos industriales, una balanza electrónica con capacidad de 30 kilogramos y 15 garrafas vacías de gas butano, además de otros materiales destinados al procesamiento y acondicionamiento de drogas.
También se confiscaron dos armas de fuego, una pistola de aire comprimido, cargadores y municiones calibre 9 mm.
Por otro lado, incautaron tres vehículos: un automóvil, una motocicleta y un cuatriciclo, además de diez teléfonos celulares, un equipo de grabación de circuito cerrado, materiales de embalaje y otras prendas y accesorios.
Otro hecho que llamó la atención de los agentes fue el hallazgo de un zoológico clandestino con algunas especies como monos, incluido un mono aullador (karajá), guacamayos y un ejemplar de tirika.
Este hecho fue comunicado a la fiscal especializada en delitos ambientales, Reinalda Palacios.
El Ministerio Público informó que personas no identificadas usan sin autorización el nombre de la fiscala Ingrid Cubilla para solicitar dinero y por ello ya se denuncio ante la Fiscalía el hecho. FOTO: ARCHIVO
Ministerio Público advierte sobre suplantación de identidad de agente fiscal en WhatsApp
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El Ministerio Público informa que personas aún no identificadas estarían utilizando, sin autorización, una fotografía de perfil de la agente fiscal Ingrid Cubilla en una cuenta de WhatsApp asociada al número 0985 126 358, desde la cual solicitan transferencias de dinero bajo la promesa de recuperar el acceso a cuentas de la aplicación.
La fiscala Cubilla presentó una denuncia penal para que se investiguen los hechos y se identifique a los responsables de la utilización indebida de su imagen. La institución aclara que el número telefónico señalado no corresponde a la agente fiscal y advierte sobre posibles intentos de estafa mediante la suplantación de identidad.
Asimismo, recomienda no realizar transferencias de dinero ante este tipo de solicitudes, no compartir información personal ni códigos de verificación y comprobar la autenticidad de los mensajes antes de responder.
El Ministerio Público insta a extremar las precauciones frente a posibles maniobras fraudulentas realizadas a través de aplicaciones de mensajería instantánea.