El comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, realizó un análisis sobre el desempeño del gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, en materia de seguridad interna durante estos dos años. El comisario general dijo que existe un panorama bastante alentador en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, a la par de destacar la provisión de mayores equipos y la presencia de más efectivos policiales.

“En estos dos años de gobierno vemos un panorama bastante alentador, luchamos permanentemente contra el crimen organizado, contra la delincuencia, que no dan tregua, pero nosotros también como órgano de seguridad interna estamos trabajando, no solo a nivel local, hay una gran interacción y cooperación con las fuerzas del orden a nivel internacional”, sostuvo en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, Benítez acotó: “Estamos haciendo el mayor y el mejor esfuerzo de dar lo mejor a la ciudadanía, pero aún no estamos satisfechos. Tenemos la mejor predisposición y voluntad, hoy día tenemos mejores herramientas, una buena logística en cuanto a camionetas, motocicletas, chalecos, cartuchos. A esto se suman los 5.000 efectivos policiales que ingresaron el pasado año y para este 2025 se prevé otro 50.000 más. En el transcurso de los 5 años de gobierno se prevé tener unos 25.000 policías, esto es inédito".

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Con relación a los casos de sicariato, Benítez refirió que responden en su mayoría a “disputas por territorio y mercado” entre facciones del crimen organizado, y que “felizmente no hemos visto casos donde se afecte directamente a la ciudadanía de bien”.

Por otra parte, comentó que gran parte de los delitos contra la propiedad, como los casos de hurtos y robos domiciliarios, se encuentran relacionados al consumo de drogas a nivel del microtráfico. “Hemos visto que la mayoría de los que cometen hechos punibles lo hacen bajo los efectos de algún estupefaciente o para cubrir su siguiente dosis. En los últimos tiempo hemos visto que utilizan armas blancas o de fuego”, dijo.

Ante esta situación destacó el plan SUMAR, detallando que se implementa desde hace 3 meses en la ciudad de Asunción y las localidades del departamento Central, con visitas semanales a barrios y un cambio de enfoque: ahora, los consumidores encontrados en la vía pública son derivados a centros médicos y no directamente a comisarías, para tratarlos como pacientes y evitar episodios de autolesión bajo custodia.

“Los resultados medibles lo veremos dentro de poco tiempo. Son tratados como personas enfermas y tratamos de evitar que estas personas se auto flagelen en las comisarías, ya hay una participación directa del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación”, puntualizó.

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La XIV Región Sanitaria de Canindeyú informó este viernes que resultaron negativas las pruebas realizadas al paciente de un año de edad que presentaba síntomas de sarampión. Hasta la fecha se reportan 12 casos sospechosos en el país, todas provenientes de la zona del brote y distritos cercanos.

Según el doctor Sergio Ambrasat, director de la XIV Región Sanitaria, hoy llegaron los resultados que descartan el caso de sarampión en el paciente proveniente de Yasy Cañy. El niño llegó con síntomas parecidos a la enfermedad y como residen en el limite con San Pedro, se realizó las pruebas.

“Tomamos las medidas necesarias para descartar cualquier cuadro sospechoso y este fue descartado por Vigilancia de Sanitaria de Tecnología y el Programa Ampliado de Inmunización (PAI)”, detalló en médico en el programa “Dos en la ciudad” del canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media.

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Explicó que el menor no tuvo contactos con personas que presenten cuadros sospechosos o que dieron positivo a la enfermedad, pero se realizaron todas las pruebas que finalmente descartaron el caso. “Presentaba fiebre y tenía lesiones en la piel, pero se trató de cuadro de dermatitis infectada”, manifestó.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, capaz de transmitirse por microgotas expulsadas al hablar, toser o estornudar, las cuales pueden permanecer suspendidas en el aire hasta dos horas. Puede provocar fiebre, erupciones cutáneas, tos, conjuntivitis y secreción nasal, y en casos graves, derivar en complicaciones potencialmente mortales.

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El fiscal Carlos Giandinotto dio detalles del operativo que concluyó con la detención e imputación de Denilson Ávalos Díaz (21), sindicado como el número dos del grupo armado conocido como Clan Díaz, que operaba en la zona de Canindeyú. El procedimiento estuvo liderado por el Departamento de Investigaciones de Canindeyú, Regional 3 de Yby Pytã.

El agente del Ministerio Público contó el historial del sujeto y todo el trabajo de inteligencia que se montó para capturarlo.

“El 26 de noviembre del año pasado, por nota policial número 86, el Departamento de Investigaciones de Hechos Punibles de la Policía Nacional comunica la presencia de un grupo armado integrado por 8 a 10 personas con ropas camufladas y que portan armas cortas y armas largas”, relató a la 1020 AM.

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Detalló que los delincuentes se alojaron en una casa abandonada en una zona boscosa del distrito de Yby Pytã. “Esta organización se autodenominó el Clan Díaz. Estas personas, según las fuentes policiales, estaban dedicadas a realizar extorsiones, amenazas al portar armas”, comentó.

Dijo que el Ministerio Público recibió la denuncia de dos víctimas que recibieron una llamada telefónica de un integrante del grupo que solicitó una suma exorbitante de dinero, bajo amenaza de que si no accedían al pedido iba a matar a toda la familia.

“Según los trabajos de inteligencia están destinados a la comisión de varios hechos punibles”, acotó.

El fiscal explicó que se abrieron dos causas y ya se logró la aprehensión de otros dos integrantes del clan.

“El día de ayer tras un trabajo de inteligencia realizado por Investigaciones del departamento de Canindeyú se logra encontrar a Denilson Ávalos Díaz. Conforme a las investigaciones formaría parte del Clan Díaz y sería el segundo al mando del Clan Díaz”, subrayó.

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, lideró el martes pasado una masiva marcha en Quito contra la Corte Constitucional por suspender tres leyes que el gobierno considera claves para luchar contra las bandas criminales y el narcotráfico. De chaleco antibalas, rodeado de guardaespaldas y algunos ministros, Noboa marchó junto a miles de manifestantes hacia el edificio de la corte en el centro moderno de la capital.

Con banderas y cánticos, ríos de personas protestaron contra los magistrados por suspender temporalmente leyes que daban mayor poder a las fuerzas armadas. “Estamos apoyando al presidente de la República, estos señores (los jueces) están haciendo lo que les da la gana, están obstaculizando las leyes que nos favorecen”, declaró a la AFP Manuel, un constructor de 70 años que prefirió no dar su apellido. El 4 de agosto la corte suspendió provisionalmente tres leyes aprobadas por el Congreso de mayoría oficialista, mientras resuelve advertencias sobre su posible inconstitucionalidad y afectación a los derechos fundamentales.

En total son 17 artículos, algunos de ellos relacionados con la vigilancia e interceptaciones sin orden judicial; con el indulto presidencial, que podrá ser otorgado dentro de la fase de investigación antes de cualquier etapa procesal; y el establecimiento de algunas zonas geográficas como objetivos militares donde los uniformados tendrían vía libre para aplicar la fuerza. “Nuestros policías, nuestros militares se sienten desprotegidos, se sienten abandonados por una Corte Constitucional que ha decidido darles la espalda”, reprochó en medio de la marcha Noboa, megáfono en mano.

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Las calles de Quito amanecieron este martes con múltiples vallas que exponían los nombres y rostros de los nueve magistrados. “Estos son los jueces que nos están robando la paz”, rezaba una de las pancartas. El ministro de Defensa Gian Carlo Lofredo dijo a la AFP que desconocía el origen de los carteles, pero insistió en que “los jueces deben dar explicaciones”.

En un comunicado, la Corte Constitucional rechazó la instalación de “vallas publicitarias con los rostros” de los magistrados, por ser una “estigmatización que incrementa el riesgo a su seguridad” y “afecta directamente a la independencia de este organismo”. También denunció que el “perímetro” de su sede fue “militarizado en su totalidad con un despliegue inusual de fuerzas armadas con cientos de efectivos”. El Ejecutivo negó el uso de fondos públicos para la marcha.

Pese a los constantes operativos de seguridad, Ecuador registró el primer semestre del año más de 4.600 homicidios. Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, la cifra representa un incremento del 47 % con respecto al mismo periodo del 2024. “No vamos a permitir que el cambio se quede estancado por nueve personas que ni siquiera dan la cara”, añadió el Noboa, un conservador en el poder desde 2023.

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Noboa, hijo de un magnate bananero, impuso una política de mano dura contra el narcotráfico y declaró al país en conflicto armado interno para movilizar a las fuerzas armadas. El presidente planea hacer una consulta popular para reformar la Constitución aún sin fecha definida. Recientemente, incluyó entre las preguntas una propuesta para permitir juicios políticos contra jueces constitucionales.

Algunas personas también salieron a protestar contra el gobierno con carteles en los que se leía “fuera Noboa” y “fuera dictador”. “Estamos viviendo en una dictadura al ver a estos jueces como si fuera una lista de los más buscados”, dijo Daniel Granja, de 30 años y empleado del sector privado.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, consideró “inaceptables” los ataques contra la Corte Constitucional de Ecuador. “Las autoridades deben garantizar la independencia de la Corte y la seguridad de los jueces y el personal”, escribió en X.

Fuente: AFP.