Hace ya diez días que un grupo de aproximadamente 800 indígenas se encuentran apostados sobre la Avenida Artigas hasta la calle Perú, cerrando intermitentemente el paso de los vehículos y generando gran caos en zona. Los mismos se encuentran acampando en señal de protesta hasta que las autoridades del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) responda a sus peticiones.
Si bien los diferentes dirigentes ya han sido citados para entablar mesas de diálogo con autoridades del Indi, hasta el momento no se ha logrado concretar acuerdos que llenen las expectativas de las diferentes comunidades, por lo que las manifestaciones continúan.
Pero esta problemática ha escalado llegando a afectar a los vecinos de la zona, a los comerciantes, e inclusive a los estudiantes que acuden a las escuelas que se encuentran en el lugar. El principal inconveniente es que los improvisados campamentos cierran los portones de accesos de las viviendas y comercios, imposibilitando el ingreso, esto sin contar el riesgo al que se exponen los alumnos debido a las riñas que a veces se registran.
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“Nosotros hicimos ya muchas notas y quejas a diversos estamentos, pero no hay respuestas, nosotros todos los días les pedimos a ellos que despejen las calles, que les dejen pasar a nuestros clientes y muchas veces no nos dan respuesta, no podemos seguir sin trabajar”, comento una de las propietarias de un local de la zona en conversación con el programa “Así son las cosas” emitido por GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
En cuanto a la Escuela República de Chile, decidieron desde la administración de la misma que darán clases virtuales, esto a raíz de las manifestaciones que se estaban desarrollando desde ayer y con el fin de salvaguardar la integridad de todos los alumnos de la institución.
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Flechas contra tractores: guardia indígena vigila el bosque amazónico
- Masisea, Perú. AFP.
Cuando los indígenas irrumpieron con arcos y machetes, Daniel Braun y otros menonitas huyeron. Se escabulleron por entre cultivos de arroz antes de que su granero terminara en llamas en la devastada Amazonía peruana. En Masisea, una localidad limítrofe con Brasil a la que se llega después de horas de navegación por el río Ucayali o por caminos agrestes que destroza la lluvia, este grupo ultrarreligioso protestante no sólo enfrenta la ira de los nativos.
También aquí encara un proceso penal que puede llevar a la cárcel a decenas de sus miembros acusados de destruir el bosque en su expansión agrícola por Sudamérica. Una de las comunidades implicadas en el pleito es la de Caimito. A orillas de la laguna Imiría, en este caserío viven 780 shipibos-konibo en casas de madera con techos de zinc o de shapaja (palmera amazónica).
“Los menonitas están haciendo chacras dentro del territorio comunal (...) Siempre deforestan. Es un crimen ambiental lo que ellos hacen”, sostiene el dirigente shipibo Abner Ancón, de 54 años, en diálogo con AFP. En Caimito los llaman “las termitas del bosque”.
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“Falta de terreno”
Los menonitas -cuyo origen se remonta a la Europa del siglo XVI- han levantado cinco prósperas colonias desde su llegada a la Amazonía peruana hace casi una década. En 2016 salieron de Bolivia hacia Masisea, donde adquirieron grandes extensiones de tierra para la cría de ganado y el cultivo y comercio de arroz y soja.
La “falta de terreno” y la “izquierda radical” nos empujaron a migrar, resume David Klassen, de 45 años, uno de los jefes de la colonia, mientras alimenta los cerdos de su granja. Hoy conforman un enclave de 63 familias que viven a sus anchas en 3.200 hectáreas; en viviendas del mismo corte y color gris claro. Emplean tractores tanto para la faena diaria, como para transportarse.
Son autosuficientes, se oponen al mestizaje, no usan energía eléctrica y se surten de generadores a combustible. Apenas hablan español y entre ellos se comunican en alemán bajo una lengua germánica de sus ancestros. También conservan el atuendo tradicional: vestidos largos y velos las mujeres, y ellos, camisa a cuadros, tirantes y gorra o sombrero de ala ancha.
En América Latina los menonitas han formado poco más de 200 colonias agrícolas desde comienzos del siglo XX. Se han asentado en Argentina, Belice, Bolivia, Colombia, México y ahora Perú, según una investigación del académico belga Yann le Polain. En varios de estos países afrontan denuncias por deforestación.
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“Meten fuego”
En Perú, el pleito saltó a los campos. El 19 de julio de 2024, Daniel Braun estaba sentado a la entrada de un granero junto con otros hombres de la colonia, cuando irrumpieron los shipibos-konibo de Caimito. “Entraron con flechas, machetes (...) Y dicen: una o dos horas tienen para salir”, recuerda. “Metieron fuego”, agrega este menonita de 39 años, manos gruesas y sonrisa fácil. Finalmente, huyeron.
Todavía hoy se pueden ver techos de zinc oxidados tirados en la hierba y los esqueletos carbonizados de un galpón y un granero. El dirigente Ancón asegura que la guardia indígena sacó a los menonitas de su territorio “sin violencia”.
Jefes imputados
En 2024, la fiscalía ambiental imputó a 44 jefes de familia menonitas por la destrucción de 894 hectáreas de bosque primario, y pide entre ocho y diez años de cárcel para cada uno, según el auto de acusación. Ellos compraron legalmente tierras “ya deforestadas en la selva”, que están fuera del territorio indígena, alega su abogado Carlos Sifuentes.
Nos “gusta el campo” y no “queremos destruir todo”, remarca Klassen. Pero la defensa de los Shipibos-Konibo asegura que los extranjeros contratan a otros que quitan las malezas para luego entrar “con sus tractores a aplanar todo”, señala la abogada Linda Vigo.
El programa independiente de Monitoreo de la Amazonía Andina asegura que los menonitas han destruido al menos 8.660 hectáreas desde 2017. Apenas una mínima parte de los tres millones de hectáreas de bosque amazónico que perdió Perú en las últimas tres décadas, principalmente por incendios, deforestación y minería ilegal, según autoridades.
Contraste
Lejos de la colonia menonita, un oasis de prosperidad en la empobrecida Amazonía peruana, la comunidad de Caimito, de mayoría evangélica, sobrevive de la pesca y la agricultura. No cuentan con electricidad ni agua potable. Solo hay un comercio de víveres con paneles solares e internet. Su territorio abarca 4.824 hectáreas y poco menos de 600 fueron “invadidas” por los menonitas, calcula Ancón.
El modelo de producción agrícola de los menonitas riñe “con las expectativas ecologistas”. Pero lo cierto es que en Masisea compraron a colonos mestizos tierras que “ya estaban depredadas”, observa el experto en pueblos indígenas Pedro Favaron, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Por lo pronto, en la colonia aguardan el que sería su primer juicio ambiental en América Latina.
Territorio amenazado
Apenas oyen el ruido de la motosierra, apuran el paso para sorprender a los que tumban la selva. La guardia ambiental indígena de Masisea, en Perú, es una pequeña fuerza con arcos y flechas y una tarea colosal: proteger de “invasores” el bosque amazónico. Comandados por un profesor de escuela de 54 años, una decena de shipibos-konibo con chalecos y gorras verdes rodean a un hombre que sierra un tronco caído. Una mujer con su sobrino lo observan.
La lluvia dio tregua y el calor es intenso. Abner Ancón, el jefe del grupo, ordena apagar la motosierra. “Estás en territorio caimito. Vas a tener problema con nosotros”, le espeta al aserrador, al que luego dejan ir con su herramienta. Ancón dirige la guardia indígena de Caimito, una comunidad de 780 nativos a orillas del lago Imiría, en la localidad de Masisea.
Lo que “conservamos no es solamente para nosotros, sino para toda la humanidad”, señala este hombre de mediana estatura que lleva una gorra con la inscripción CIA. Su territorio de casi 4.900 hectáreas, asegura, “está amenazado”. Primero irrumpieron los traficantes de madera, luego los cocaleros, que “envenenan” el agua con los químicos con los que procesan la planta de la que extraen la cocaína. Y más recientemente los menonitas con sus tractores.
A los tres los trata de “invasores” y “depredadores”. Hace dos años que los shipibos-konibo de Caimito cuentan con su propia fuerza de vigilancia. Según Ancón, debieron organizarse ante la desprotección del Estado. La guardia de Caimito fue la primera de 19 que han conformado los shipibos-konibo de 176 comunidades amazónicas.
La que dirige Ancón llegó a tener 80 miembros, pero hoy están activos 30, la gran mayoría hombres. El resto migró, algunos por trabajo. Antes de salir a patrullar en grupos se forman en el centro del caserío al grito de “guardia, guardia, fuerza, fuerza”. Llevan machetes y algunos arcos y flechas que, según Ancón, jamás han disparado en sus choques con los deforestadores. No cuentan con armas de fuego ni con radios para comunicarse. Tampoco tienen apoyo de autoridades.
Únicamente disponen de un vehículo y unas lanchas. “Enfrentamos a los pescadores que sacan en toneladas nuestro pescado”, sostiene Hermógenes Fernández, un shipibo-konibo de 59 años. En esos enfrentamientos, dicen los guardabosques, varias veces los han golpeado o amenazado con escopetas.
Cuando la guardia indígena “interviene” lo hace de manera pacífica y para pedir que desalojen su territorio, pero algunas veces han “quitado motosierras”, sostiene Ancón. En julio pasado el jefe de la guardia indígena recibió amenazas de muerte. Asegura que le llegó el recado de que ya habían contratado a tres sicarios. Sus propios guardias lo protegieron. Interpuso la denuncia, pero las autoridades no han identificado a los responsables. “Todavía me pregunto por qué el medio ambiente tiene enemigos”, reflexiona Ancón, quien teme por su vida.
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LN PM: edición del 5 de mayo
Reforma del transporte público está enlazada con el proyecto del Tren de cercanías
El borrador del proyecto de reforma del transporte público será presentado durante este mes de mayo al Congreso, indicó el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, y agregó que estará en coordinación con el proyecto del Tren de cercanías.
“El anteproyecto fue trabajado bajo un consenso total con todos los sectores. La socialización imprimió una nueva dinámica de correcciones y agregado”, dijo Fernández, este lunes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El Gobierno totaliza 16.000 viviendas populares entregadas
El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (Muvh), Juan Carlos Baruja, informó que el gobierno de Santiago Peña gestionó 26.000 viviendas populares hasta la fecha, con la entrega de 16.000 hogares a las familias en situación de vulnerabilidad.
“Yo tuve la suerte de pasar por varios cargos, fui intendente, gobernador, ministro de Agricultura y Ganadería, pero no encontré nada más satisfactorio que entregar las llaves de una vivienda a personas que anteriormente tenían una vivienda de tablas, techos de chapas y pisos de tierra, con una sola pieza”, indicó Baruja en una entrevista con el programa “Mina en casa”.
Megaplanta solar sobre Itaipú, el plan para anticiparse a la crisis
El Gobierno paraguayo evalúa la posibilidad de instalar una megaplanta solar sobre el lago de la Entidad Binacional Itaipú, de modo a anticiparse a una futura crisis energética.
El ingeniero Félix Sosa, presidente de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), planteó la instalación de una planta de generación fotovoltaica a gran escala sobre el embalse de Itaipú como una solución estratégica para garantizar el suministro eléctrico en Paraguay.
Cañicultores mantienen protesta y se aguarda retorno de Peña
La Asociación de Cañicultores marchará este lunes rumbo a Asunción en reclamo de la culminación del nuevo tren de molienda en la planta alcoholera de Petróleos Paraguayos (Petropar) en Mauricio José Troche, que se había truncado durante el gobierno anterior.
“En ningún momento paramos la marcha, nuestro destino es Asunción hasta que el Gobierno tome una salida concreta ante los tres pedidos que tenemos”, dijo Cristian Fonseca, titular del citado gremio, esta mañana en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. El referente aludía a la versión de que la protesta había sido suspendida, el sábado pasado, tras una reunión con el ministro del Interior, Enrique Riera.
Junta de Asunción propone que una calle se llame papa Francisco
En homenaje al sumo pontífice que visitó Paraguay en el 2015 y que falleció el Lunes de Pascua, la Junta Municipal capitalina analizará la posibilidad de que una calle sin nombre pase a llamarse papa Francisco.
Una arteria del Bañado Norte que actualmente conduce al club Mbigua y que no tiene denominación alguna es la que podría pasar a llamarse Papa Francisco, a propuesta del concejal Pablo Callizo.
Cuatro personas disponen de tobilleras electrónicas, y quedan dos más por colocar
El director del Sistema 911 de la Policía Nacional, Hernán Escobar, dio un informe detallado sobre la implementación de las tobilleras electrónicas, que inicialmente están siendo colocadas a procesados por violencia intrafamiliar y, hasta el momento, tiene solamente cuatro usuarios.
“Tenemos colocadas hoy cuatro tobilleras dentro de un mismo proceso. Justamente, antes de que saliera la acordada de ampliación de la Corte, que salió la semana pasada, un juez de Paz de Santísima Trinidad ordenó la restitución domiciliaria de cuatro menores y la exclusión del hogar de cuatro adultos”, comentó al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Envían 34.000 kilos de alimentos para las comunidades indígenas de Presidente Hayes e Itapúa
Desde la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) preparan el envío de 34 mil kilos de alimentos no perecederos para 686 familias de diferentes comunidades indígenas apostadas en los departamentos de Presidente Hayes e Itapúa, cumpliendo así con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Estas asistencias humanitarias se vienen llevando a cabo desde hace varios meses con envíos de alimentos de cantidad similar para las comunidades indígenas más desprotegidas y aisladas, brindándoles así un respaldo alimenticio.
“Enviamos ayuda a siete comunidades indígenas, seis de las cuales se encuentran en la región occidental y una en la oriental. Son comunidades indígenas que han obtenido una sentencia favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado paraguayo debe asistirles en diferentes ámbitos”, explicó el ministro de la SEN, Arsenio Zárate, en conversación con la 1020 AM.
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El mismo explicó que regularmente realizan el envío de los alimentos durante la primera semana de cada mes, momento en que los equipos se trasladan hasta las diferentes comunidades para que, tras previa aprobación de los líderes de cada comunidad sobre la calidad y cantidad de alimentos, se proceda a la entrega de los kits.
“Tratamos de hacer las entregas de la manera más transparente posible, demostrando que la calidad de los productos es buena, así también garantizamos que se encuentran satisfechos con los envíos realizados”, remarcó el ministro Zárate.
En el marco de la mencionada sentencia de asistencia a las comunidades indígenas, está establecida la construcción de caminos, la provisión de agua potable y el acceso a los servicios básicos, áreas donde el Estado paraguayo está trabajando de manera continua.
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Miles de indígenas llegan a Bogotá para marchar a favor del gobierno
- Fuente: AFP
Más de 10.000 indígenas se concentran este lunes en una universidad pública de Bogotá, donde esperan la llegada de más comunidades originarias para apoyar las marchas del 1 de mayo convocadas por el gobierno en defensa de sus reformas de izquierda.
Al interior de algunos edificios y a lo largo del campus estudiantil, los indígenas se organizan en carpas y refugios improvisados con plásticos donde pasan la noche desde el fin de semana. Varios camiones llenos de personas hacían fila en la mañana para entrar a las instalaciones.
“Hasta el momento no ha habido afectaciones, ni violencias dentro de la universidad” Nacional, dijo el secretario de Gobierno de la alcaldía de Bogotá. Según el funcionario local, hasta ahora hay unos 11.000 indígenas en la mayor universidad pública del país, pero “van a llegar más”.
A poco más de un año de terminar su mandato, el presidente Gustavo Petro llamó a apoyar sus proyectos rechazados por el Congreso en el marco de las marchas del Día Internacional del Trabajo.
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El primer gobierno de izquierda en la historia del país llegó al poder en 2022 con una ambiciosa batería de iniciativas, pero solo ha podido hacer realidad una reforma pensional y una tributaria.
Impedido por ley para ser reelegido, el mandatario anunció una consulta popular con doce preguntas sobre la ampliación de derechos laborales y de salud.
Más de 157 vehículos con unos 5.500 indígenas han entrado a la capital desde el fin de semana y unos 180 autobuses adicionales vienen en camino, según la policía.
Algunos senadores opositores y profesores de la Universidad Nacional se han quejado de la ocupación del campus, aunque la institución ha negado cualquier afectación.
“Rechazamos la instrumentalización de la situación (...) así como la estigmatización de las comunidades indígenas”, indicó la universidad en un comunicado.
Los indígenas han apoyado a Petro desde su campaña por la presidencia. La ministra de Ambiente, la embajadora ante la ONU y otros funcionarios de su gobierno son de comunidades originarias, que representan el 4,4% de los 50 millones de habitantes en Colombia.
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