El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón Fernández, emitió este viernes un comunicado afirmando que resulta prematuro sacar conclusiones sobre si el fallecido diputado y dirigente de Amambay, Eulalio “Lalo” Gomes Batista, disparó o no contra los efectivos policiales durante el allanamiento en su vivienda en la madrugada del lunes 19 de agosto, en el marco del operativo Pavo Real II.

“Las evidencias deben ser evaluadas en forma conjunta y armónica, conforme el artículo 175 del Código Procesal Penal. Para ello serán determinantes los resultados de informes técnicos, pericias, testimonios y otras diligencias aún pendientes”, indica.

Añade que “serán determinantes diligencias pendientes. El elemento invocado, según la difusión, deberá observar dicho proceso de integración, por lo que es prematuro intentar conclusiones definitivas, que solo enervarán el normal proceso de la investigación”.

El posicionamiento de la Fiscalía surge a raíz de las dispari­dad en los informes dados a conocer por el Ministerio Público y la Dirección de Investiga­ción Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) sobre las pruebas balísticas prac­ticadas a Gomes.

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De acuerdo al informe de la UNA se encontraron valores de plomo, bario, antimonio en los brazos y manos del legislador. Los valores en el brazo izquierdo de plomo ascienden a 139, bario a 237, antimonio a 11,4. En la mano, los índices de plomo son 224, bario 277 y antimonio 21,5.

En cuanto al brazo derecho, el plomo es menor a 5, la detección de bario es de 258 y antimonio menor a 10. En la mano, el plomo hallado fue de 120, bario 332 y antimonio menor a 10. Esto demuestra la presencia de residuos de disparos de arma de fuego y fueron hallados a partir de las muestras de hisopos tomados luego del allanamiento en su vivienda en Amambay, que derivó en el fallecimiento de Gomes.

“El Ministerio Público garantiza objetividad y basará los requerimientos en las constancias emergentes de la investigación, según las reglas del debido proceso, que su vez, es el norte del Estado de Derecho, premisa fundamental del modelo constitucional vigente”, sostiene el documento firmado por Rolón.

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Este miércoles el fiscal Federico Delfino ordenó la detención del empresario Luis Montanaro Bedoya. La disposición se dio por el hecho de coacción y amenaza que llegó hasta la fiscal Ruth Benítez. La agente del Ministerio Público está llevando la investigación contra el hombre por lesión del derecho a la comunicación y a la imagen, en el marco del operativo Duck Sex Games.

Según el reporte dado por Delfino, se pudo constatar que el empresario fue quien llegó hasta la florería para preguntar precios de los ramos y luego se habría retirado del sitio. Todo quedó registrado en imágenes de cámaras de seguridad a las que accedieron los investigadores. Se presume que horas más tarde Montanaro hizo el pedido de los ramos por teléfono.

“Hace unos días hubo una filtración de las informaciones que estábamos manejando dentro de la investigación y que llegaron a esta persona, lo que hoy amerita que se ordene la detención por parte del Ministerio Público”, detalló Delfino en entrevista con la 1080 AM.

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Indicó que las investigaciones se basan en los videos que fueron compartidos donde se lo ve en la florería más los elementos técnicos. “Estamos contrastando información brindada por testigos y es un trabajo bastante meticuloso sobre la amenaza que recibió la fiscal Benítez”, mencionó.

Explicó que en las imágenes se puede apreciar que Montanaro llegó a la florería, pregunta por los ramos que fueron entregados al día siguiente. “Esta persona fue a la florería y preguntó por algunos ramos con las mismas características que fueron entregadas a la fiscal y dijo que iban a pasar posteriormente”, apuntó.

Agregó que fueron tres ramos, uno fue enviado a la fiscal, otro para la víctima y otro ramo para él (Montanaro). “Horas más tarde llega una persona que es conocida del empresario, porque le hace servicio de viajes, el hombre le entrega el sobre con las notas y las direcciones donde debe entregar. El conductor ya fue detenido”, puntualizó.

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Tras varias denuncias recibidas por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) una comitiva fiscal en compañía de agentes del Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional allanó una vivienda ubicada en el barrio Bella Vista de la ciudad de Luque, en la que funcionaba un depósito de mercaderías de contrabando.

Al llegar al sitio, los intervinientes se percataron de la gran cantidad de productos de diversos rubros que se encontraban en muchos casos listos para su traslado. Entre las mercaderías con mayor volumen estaban cajas de aceites, comida enlatada, budines, fardos de harina y de arroz, además de bebidas alcohólicas y yerba mate.

Durante la inspección la fiscal Myrian Rodríguez encontró que en el lugar también había una importante cantidad de bolsas tanto de papel como plásticas, que presuntamente se utilizarían para el reempaquetado de los productos para su posterior redistribución ya bajo otro nombre.

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“Los propietarios manifestaron que algunas de las mercaderías cuentan con factura y otras no, y eso lo que estamos corroborando en estos momentos. Los responsables principales se exponen al hecho punible de contrabando, el cual se tipifica y castiga con una pena privativa de hasta 5 años”, indicó la agente del Ministerio Público en conversación con el programa “Dos en la ciudad” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La fiscal mencionó que durante el allanamiento solo se encontraba en el lugar una persona que aseguró que el lugar sería un depósito, donde se reúnen todos los productos para su posterior distribución a otros comercios pequeños de la zona central.

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La Municipalidad de Lambaré suma conflictos. Esta vez, una comitiva del Ministerio Público, encabezada por la fiscal Alba Delvalle, realizó un allanamiento tras la denuncia de un grupo de concejales contra un exfuncionario de la Municipalidad por el supuesto intento de delito informático. La abogada Blanca Agüero, representante legal de los ediles, explicó cómo se dio la denuncia.

“Ellos tenían una sesión extraordinaria ese día a la mañana, a las 9, pero antes un funcionario de la Junta, llegó antes de la sesión y le vio a un exfuncionario, todos pensaban que era un exfuncionario, Carlos Alberto Cardozo, que anteriormente era funcionario y fue procesado por aquella manipulación del sistema informático de la Municipalidad, en el tema de la sobrefacturación de la Junta, el mismo está todavía procesado”, detalló en la 1080 AM.

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La abogada explicó que, en ese momento existió una fuerte sospecha en contra del funcionario de que accediera al sistema de la Municipalidad para alterar o borrar documentos considerados como pruebas, ya que existe una licitación de G. 2.000 millones que se remitió al Ministerio de Economía y Finanzas, sin la firma y la aprobación de la Junta Municipal

“Aparentemente, se le contrató de nuevo en el mes de mayo. Estaba manejando las computadoras de la Junta en las cuales hay documentos públicos muy importantes sobre contrataciones, licitaciones, etcétera. En realidad, son pruebas documentales”, apuntó.

Agüero representa a los concejales, Lorenzo Mendieta Caballero, Osmayra Pereira, Daniel Molinas, Elvis Daniel Paniagua, Carolina González y Diego David Rotela, quienes realizaron la denuncia en contra de este funcionario.

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