Este domingo, la Policía Nacional logró detener a un hombre que apuñaló a su pareja y la dejó gravemente herida en la ciudad de San Vicente en el departamento de San Pedro. El sindicado como supuesto autor también presentaba lesiones y permanece en observación en un centro asistencial.

El hecho se reportó durante la madrugada de hoy domingo, en una vivienda ubicada sobre la calle San Miguel de la citada ciudad donde fue capturado el hombre y de donde fue trasladada la mujer que presentaba varias heridas producidas por arma blanca. Recibieron el aviso por parte de vecinos que escucharon una discusión.

Según el reporte policial de la comisaría 27 de San Vicente, lograron detener a Ismael Ruiz Meza, de 27 años, mientras intentaba huir del sitio. Los testigos indicaron que este sería el supuesto autor de la tentativa de feminicidio producida por arma blanca contra Leticia Franco Romero, de 23 años.

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Tras el terrible hecho, la mujer fue auxiliada por vecinos hasta el centro de salud de la zona donde fue atendida y recibió los primeros auxilios, pero atendiendo a la gravedad de sus heridas fue derivada al Hospital General de Santa Rosa del Aguaray donde permanece internada.

Los intervinientes resaltaron que el aprehendido también fue trasladado a un centro asistencial porque presentaba heridas en varias partes del cuerpo, pero que aparentemente no reviste de gravedad. Sin embargo, sigue en observación, bajo custodia de la policía y ya se encuentra a disposición del Ministerio Público.

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El tribunal de sentencia integrado por Karina Cáceres, Ana Rodríguez y Adriana Planás, condenó a 4 años de cárcel al exdirector penitenciario Wilfrido Victoriano Quintana encontrado culpable por frustración de la ejecución penal, y cohecho pasivo agravado. Asimismo, el exmagistrado Néstor Arévalo Zorrilla fue condenado a 3 años de cárcel, encontrado culpable por los delitos de frustración de la ejecución penal y prevaricato.

El colegiado sostuvo que se pudo comprobar la responsabilidad de los dos condenados en los delitos acusados por el Ministerio Público, atendiendo a que los mismos recibieron “regalos” para que los condenados por narcotráfico Víctor Brítez Aranda, alias “Chapalo”, y Ángel Tranquilino Giménez.

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La agente fiscal María Irene Álvarez fue quien sostuvo la acusación contra los hoy condenados y a su vez el colegiado valoró el trabajo llevado a cabo por la mencionada representante del Ministerio Público.

Por su parte, el exdirector del penal de Ciudad del Este, Alberto Ramón Orella Notario, también acusado en el caso, fue absuelto de reproche y pena por la supuesta falta de comprobación del hecho.

La defensa de los condenados tienen la posibilidad de apelar el presente fallo judicial y si es así será el tribunal de apelación el que estudie si corresponde confirmar o no la sentencia condenatoria.

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En una incursión en la colonia Manitoba en San Pedro, los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) lograron dar con tres campamentos de plantación de marihuana, en los cuales destruyeron 400 kilos de droga ya lista para su procesamiento y distribución, logrando asestar un fuerte golpe a las estructuras criminales de la zona, eliminando la que sería una importante carga de marihuana.

En todos los campamentos intervenidos por orden del agente fiscal que acompañó la incursión, el abogado Juan Daniel Benítez, estaban instalados mecanismos de secado de los cultivos a través de tambores alimentados a leña que aportaban calor para acelerar el proceso de secado de los cultivos ya cortados. Así también contaban con un sistema de regadío para las parcelas que seguían siendo cultivadas en el terreno, por lo que se presume que esté sería uno de los puntos de procesamiento fijos de la zona y que llevaría un buen tiempo en funcionamiento.

La Senad destaca el despliegue de equipos en San Pedro, Canindeyú y Amambay, donde desarrollan operativos de desplazamientos geográficos hacia los puntos considerados estratégicos para el crimen organizado dedicado al tráfico de marihuana. El objetivo principal de estos trabajos es lograr neutralizar la mayor cantidad de líneas de abastecimiento de droga, evitando así que el negocio del narcotráfico crezca y retrasando de manera considerable que la droga llegue a ser comercializada.

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El ministro del Interior, Enrique Riera, brindó detalles sobre la ley de tobilleras electrónicas, confirmando que la implementación de las mismas ya se encuentra destrabada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para avanzar con su aplicación.

“Esta mañana se hace la reunión formal entre las instituciones que vamos a coordinar el trabajo: Fiscalía, Policía, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Corte Suprema de Justicia. Una vez que esto se adjudique, se implementará”, puntualizó el secretario de Estado a la 650 AM.

Riera aclaró que no se está procediendo a la compra de las tobilleras, como tal, sino del servicio, atendiendo los posibles cambios tecnológicos. Las tobilleras se aplicarán exclusivamente para los casos de violencia intrafamiliar, priorizando las llamadas relacionadas al tema, con un equipo especial.

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El Ministerio del Interior tendrá la potestad de reglamentar, contratar y habilitar los servicios necesarios para el cumplimento de la ley, con el apoyo de una oficina de control interinstitucional entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el cual proveerá las partidas presupuestarias necesarias.

Por otra parte, con respecto a la inclusión de nuevos uniformados, así como también la compra de nuevos equipamientos, el secretario de Estado garantizó que los procesos se están encaminando de manera precisa. Así, el 19 de diciembre se efectuará el egreso de 5.000 policías.

“Vamos a poblar las nuevas comisarías que tenemos, bastante abandonadas. Ayer también se realizó nuevos equipamientos para los lince; está llegando todo antes de fin de año y probablemente para el 2025 estaremos un poco mejor para responder a los legítimos reclamos ciudadanos”, afirmó.

Riera subrayó además que la prioridad del Gobierno será introducir cada año 5.000 efectivos policiales más, no solo para brindar mayor solución a la demanda existente por la jubilación anual de los uniformados, sino también para dotar de más fuerzas de seguridad al país.

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