El Tribunal de Apelación en lo Penal Segunda Sala confirmó la condena impuesta a la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio de 4 años de cárcel por el caso judicial conocido como agua tónica. La operación para la compra de agua durante la crisis por el covid-19 generó un perjuicio de más de G. 300 millones a la institución durante la crisis sanitaria.

Asimismo, también fue confirmada la pena de a 3 años y 9 meses de prisión contra su esposo José Costa Perdomo. Ambos fueron sentenciados por lesión de confianza. La defensa tiene la última posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la finalidad de revertir la condena, pero las posibilidades son cada vez más escasas.

De acuerdo a la acusación, Samudio adquirió 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 unidades de mascarillas KN95, 60 unidades de tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 unidades de pallets y 15 termómetros láser, que no ingresaron al ente.

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La lista continúa con 400 unidades de mamelucos descar­tables de PVC, 100 unidades de máscara para dos cartuchos, 200 cajas de cartuchos, 1.000 bidones de 5 litros, 5.000 uni­dades de bidones de 10 litros, 200 unidades de lentes protec­tores antiparras y 20 unidades de guantes de nitrilo que tam­poco ingresaron a la institución.

Existe una sola excepción, consistente en 400 mamelucos descartables de PVC y las 3.000 unidades de agua tónica de las 5.000, que sí ingresaron a Petropar. Para la Fiscalía, desde un principio fue muy evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Mario Abdo Benítez, algo que logró demostrarse con la pesquisa y elementos presentados en el juicio.

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La justicia argentina ordenó este lunes la distribución oficial a comedores comunitarios de toneladas de alimentos acopiados en depósitos del ministerio de Capital Humano, pero el gobierno de Javier Milei anunció que apelará la medida porque se trata de reservas “para catástrofes”.

El juez federal Sebastián Casanello ordenó al ministerio que en un plazo de 72 horas entregue un detalle de los alimentos retenidos y proceda “de inmediato” a su distribución.

El magistrado apoyó su fallo en las estadísticas que sitúan a más de la mitad de la población en la pobreza. “De cara a ese colectivo que sufre de modo acuciante inseguridad alimentaria y sobre quien pesa el costo de la parálisis denunciada, aparece la necesidad de la adopción urgente de una acción positiva”, sostuvo.

La decisión se enmarca en una causa judicial iniciada en febrero por organizaciones sociales, críticas al gobierno, tras la interrupción en la provisión de alimentos a sus comedores comunitarios en diciembre pasado cuando el ministerio inició una auditoría.

Según la orden judicial citada por la prensa local, el juez ordenó al gobierno que establezca “un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato”.

La Iglesia católica, a través del Episcopado, había exhortado el domingo al gobierno a que entregue los alimentos en cuestión, unos cinco millones de kilos de comida.

“Nos hemos enterado que existen dos depósitos de alimentos en el ministerio de Desarrollo Social (actual ministerio de Capital Humano) que tienen cinco millones de kilos de alimentos guardados (...), en un tiempo de emergencia alimentaria esto debe llamarnos a la reflexión, rápidamente tienen que ser entregados”, había dicho el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Ojea, en un video difundido por el Episcopado.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este lunes en conferencia de prensa que el gobierno “apelará” la orden judicial. “Es una cuestión de política pública”, adujo.

Consultado sobre las razones por las cuales el gobierno acopia esos alimentos, Adorni indicó que se trata “de reservas preventivas para emergencias o catástrofes” y aseguró que “no hay un solo alimento que se vaya a tirar a la basura”.

“Por un carril van los alimentos que terminan en los comedores y otros aquellos con destino para otro fin”, afirmó sin dar mayores precisiones.

Según dijo el jefe de gabinete, Nicolás Posse, en una exposición ante el Congreso, los resultados de la auditoría revelaron que “casi el 50% de los comedores no existían”.

De acuerdo a las organizaciones, hay unos 45.000 comedores comunitarios en todo el país, pero una cantidad no precisada dejó de funcionar al interrumpirse la provisión que recibían del Estado, mientras otros funcionan gracias a donaciones privadas.

Fuente: AFP

La ciudad de Porto Alegre, muy golpeada por las anegaciones que devastaron el sur de Brasil, registró ayer jueves nuevas inundaciones debido a fuertes lluvias que superaron los pronósticos de las autoridades, informó el alcalde.

“Lo que antes era un problema de zonas inundadas se ha extendido prácticamente a toda la ciudad con este aguacero y tenemos serios problemas”, dijo el jefe municipal, Sebastiao Melo, en rueda de prensa. Las precipitaciones torrenciales, que iniciaron a la medianoche del miércoles, se concentraron en el sur de la ciudad, de 1,4 millones de habitantes.

Esta área estaba siendo limpiada tras las inundaciones que sufrió las últimas semanas la capital del estado de Rio Grande do Sul, un desastre climático inédito por el que murieron 163 personas y 64 están desaparecidas, según el más reciente balance oficial divulgado la noche de este jueves.

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En algunas regiones de la urbe se registraron entre 100 y 130 milímetros de lluvia, más de los entre 60 y 90 milímetros pronosticados, dijo por su parte Maurício Loss, director del Departamento Municipal de Agua y Alcantarillado (DMAE). “Sabíamos de esas lluvias (...), pero la cantidad de lluvia fue excesivamente fuerte en la mañana”, afirmó Melo, quien aseguró que para el viernes se prevén lloviznas.

Además de las fuertes precipitaciones, las condiciones de la ciudad, con desagües taponados y suelos saturados, favorecieron la acumulación de agua. Debido a la nueva emergencia, el alcalde ordenó cancelar las clases en las escuelas públicas y privadas el viernes y cerrar las compuertas -abiertas con fines de drenaje- para evitar la entrada de aguas del río Guaíba.

Zonas urbanas y rurales de Río Grande do Sul fueron arrasadas por el desbordamiento de ríos debido a los grandes volúmenes de lluvia que cayeron a principio de mes. El 90 % de los municipios del estado, clave para la agricultura, resultaron afectados en el peor evento climático extremo de esta región.

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Fuente: AFP

La ciudad de Porto Alegre, duramente golpeada por las inundaciones que devastaron el sur de Brasil, está dotada de un amplio sistema de protección que dio a la población “una falsa sensación de seguridad”, afirma Leomar Teichmann, ingeniero especializado en drenaje urbano.

Este dispositivo construido en el río Guaíba debía proteger el 40 % de la urbe, explica a la AFP este consultor de ingeniería y exdirector adjunto del servicio de agua y alcantarillado de Porto Alegre, capital del estado de Rio Grande do Sul, con 1,4 millones de habitantes.

El peor desastre natural en la historia del estado dejó unos 155 muertos y más de un centenar de desaparecidos debido a las torrenciales lluvias que generaron crecidas inéditas. Más de 600.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares.

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- Pregunta: ¿En qué consiste el sistema de protección con que cuenta Porto Alegre?

- El sistema fue proyectado después de la inundación ocurrida en 1967 y construido en la década de 1970. Consta de alrededor de 65 kilómetros de diques y un muro de concreto de 2.670 metros (de extensión), el muro de Mauá, además de 14 compuertas y 22 estaciones de bombeo de alcantarillado pluvial.

Era un sistema simple y parecía funcional, ya que garantizaría la protección de la parte urbanizada de Porto Alegre. Sin embargo, nunca había sido probado en la práctica hasta noviembre de 2023, pues recién en esa oportunidad el nivel del río Jacuí (que desagua en el Guaíba) superó los tres metros, que es la altura del Mauá. En otras palabras, el sistema estuvo 51 años sin que el agua del río Jacuí tocara el muro”.

- ¿Por qué no funcionó para proteger la ciudad?

- La compuerta número 14 se deformó debido a la alta presión del agua y comenzó a dejar pasar el agua en gran volumen y velocidad. La cantidad de agua era tan grande que las estaciones de bombeo cercanas se inundaron rápidamente, lo que hizo que las bombas se apagaran.

La inundación provocada por el fallo de la compuerta fue tan rápida que en pocas horas toda la zona quedó inundada. Esto acabó provocando que se cortara la electricidad en las zonas donde el agua llegó y, como consecuencia, todas las estaciones de bombeo al norte de la Usina do Gasologista (una antigua planta de generación de energía) dejaron de funcionar.

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- ¿Qué consecuencias tuvieron esas fallas?

- Ya en 2019 yo afirmé que el sistema de protección instalado en Porto Alegre daba a la población una falsa sensación de protección y seguridad, pues no había cómo contener el agua en caso de falla de alguno de los elementos que lo componen. Es un sistema antiguo, con muchos puntos propensos a fallas y que requieren altas inversiones en operación y mantenimiento.

Se habla mucho de Porto Alegre, pero este mismo tipo de sistema de protección contra inundaciones fue construido en Canoas, Sao Leopoldo y Novo Hamburgo y también en estas ciudades fue superado por el nivel del agua. En todas ellas el agua invadió muy rápidamente las zonas que deberían haber sido protegidas y provocó tragedias mayores que si el sistema no hubiera existido.

No estoy afirmando que los diques sean inútiles, pero con una inundación de este tamaño, cuando los diques fueron superados por el agua, la velocidad con la que el agua pasó al otro lado de ellos fue mucho mayor que si los diques no hubieran existido”.

Fuente: AFP.