En el operativo conjunto de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) se logró desmantelar 12 campamentos de plantación de marihuana en el Parque Nacional Caazapá. Solo en la primera jornada de trabajo se sacó de circulación 108 toneladas de droga.
El titular de la Senad, Jalil Rachid, dijo a GEN y Universo 970 AM/Nación Media que el trabajo interinstitucional fue fundamental para asestar este golpe al narcotráfico, que oscilaría en 3.240.000 dólares en el mercado.
“Desde el primer momento en que existe una superficie boscosa afectada ya tenemos una serie de hechos punibles, por un lado hablamos de lo que son los cultivos ilícitos de marihuana y por otro la afectación al parque nacional protegido por normativas”, indicó Rachid.
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El ministro reveló que hace tiempo la institución no realizaba este tipo de operativos en zonas protegidas y aseguró que la única forma de hacer frente a los cultivos ilegales es mediante un seguimiento y monitoreo del área, porque los narcotraficantes normalmente vuelven a ocupar zonas aledañas.
“Nos hubiese gustado tener soporte aéreo, pero por la premura del tiempo no se pudo, igualmente, el operativo fue exitoso. Lo importante es continuar con el trabajo interinstitucional para lograr resultados positivos y hacer frente al narcotráfico”, comentó el titular de la Senad.
Según los datos obtenidos por los investigadores, estos cultivos serían luego procesados y tendrían como destino el mercado argentino, esto teniendo en cuenta también la ubicación estratégica de las plantaciones, muy cerca de la frontera. Durante la incursión no se logró detener a ningún sospechoso.
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Tras enfrentamiento, la Senad logra incautación de unos 600 kg de cocaína y dos avionetas
El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid informó sobre el operativo Bravo I, que se desarrolló en la mañana de este viernes 14 de junio en la localidad denominada Paso Bravo, de Concepción. En el operativo se incautaron de dos aeronaves con carga de drogas en una pista clandestina. Además, hubo un enfrentamiento al momento del operativo y un personal de la Senad resultó herido, pero no reviste gravedad.
En conferencia de prensa, el ministro Rachid destacó que este operativo fue producto de un trabajo de inteligencia que llevó adelante la Senad desde hace un tiempo. Indicó que se realizó un recorrido el cual había encabezado personalmente, desde la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, pasando por Bella Vista, llegando incluso a la zona del Parque Nacional de Paso Bravo así como en San Carlos del Apa.
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Indicó que fueron recabando toda la información que fueron recibiendo, llegando a individualizar a través de medios técnicos y uso de tecnología implementada por la Senad se pudo localizar la pista clandestina. “Se realizó un seguimiento a este grupo criminal, con un trabajo bastante fino, bastante delicado por parte de la Senad, siempre con apoyo de las Fuerzas Especiales de la institucion. Es una zona bastante complicada y de difícil acceso, porque es una zona boscosa muy extensa”, precisó.
Resultado histórico
Asimismo, el ministro Rachid destacó que el operativo ha dado un resultado altamente positivo e histórico para la Senad; teniendo en cuenta que se logró incautar en una sola acción dos avionetas con cargamento de sustancias ilícitas, 1 camioneta, 5 motocicletas, que representa una logística importante del grupo criminal.
“Si bien, hubo un enfrentamiento en el lugar se tuvo que recurrir al uso de la fuerza letal, para contrarrestar el uso de armas de fuego de estas personas. Tuvimos un agente de la Senad que resultó con herida de arma de fuego en el brazo, que gracias al despliegue de las fuerzas aéreas rápidamente ha sido trasladado a Asunción para su mejor tratamiento”, indicó.
Incautación
El titular de la Senad, señaló que se aguarda aún la llegada de agentes del Ministerio Público, para llevar adelante el conteo de la droga, pero que por las características de las avionetas, estiman que la carga llegaría a entre los 600 y los 700 kilos de droga cocaína.
“Hay ciertos datos que aún no se pueden compartir porque la investigación sigue en curso, la operación se llama Bravo I, porque justamente se va continuar con el trabajo. Hay cosas que no podemos señalar debido a la delicadeza del trabajo realizado”, acotó.
Informó que el lugar funcionaba como un importante centro logístico clandestino, y de las personas que abrieron fuego, indicó que abandonaron los vehículos y huyeron a pie adentrándose en el bosque. Se estima que solo en una de las camionetas había 4 personas. Por de pronto no se registran detenidos.
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¿Quién es Giuzzio?: hechos que ventilan sus supuestos nexos con el narcotráfico
El levantamiento de los controles antidrogas en los puertos, la camioneta que prestó de un capo narco brasileño (hecho que le costó el cargo en el Ministerio del Interior), la utilización de equipos de inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de manera irregular son apenas algunos de los hechos que hablan de Arnaldo Giuzzio. Repasamos uno por uno los detalles de cada caso.
De agente fiscal de casos inconclusos, pasó a ser senador del Partido Democrático Progresista (PDP), posteriormente fue nombrado ministro de la Senad el 16 de agosto del 2018 por el entonces mandatario Mario Abdo Benítez y luego designado ministro del Interior el 22 de enero del 2021, cargo del que fue destituido el 22 de febrero del 2022 por sus vínculos narcos.
Giuzzio acumuló en estas dos carteras estatales y durante todo el gobierno anterior un historial de hechos que ventilan sus supuestos nexos con el narcotráfico, situaciones que permitieron el auge del flagelo en el país, según publicó el portal hoy.com.py.
En mayo del 2020 por Resolución n.º 142 el entonces ministro antidrogas dispuso el cierre permanente de la Dirección de Investigación Aérea Fluvial y Terrestre (DIAFT), encargada de las fiscalizaciones en los puertos privados y del control del tránsito fluvial.
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Las drogas salían de Paraguay en cantidades cada vez mayores: 3.400 kilos de cocaína ocultos en bolsas de carbón cayeron el 18 de junio del 2020 en Bélgica: 2.065 kilos el 18 de enero del 2021 en España, también en paquetes de carbón vegetal, 16.174 kilos fueron incautados en Hamburgo, Alemania, el 12 de febrero del 2021, 10.964 kilos se decomisaron en Bélgica el 2 de abril del 202, 697 kilos en Lisboa en una carga de maíz el 19 de octubre del 2021, 4.178 kilos cayeron en Holanda en una carga de soja el 31 de octubre del 2021, 540 kilos en España el 28 de abril del 2022, 5.170 kilos el 12 de junio del 2022, por citar algunos casos.
Equipos de inteligencia
Giuzzio tenía consigo equipos de inteligencia de la Senad de manera irregular. Los entregó a un agente especial de la Senad, según lo confirmó el funcionario en su informe entregado a la entonces ministra Zully Rollón. Este hombre, de acuerdo con la acusación del fiscal Deny Yoon Pak, sería el que filtraba información al narco Miguel Insfrán, alias Tío Rico, respecto a los operativos de la Senad, de los cuales lograba zafar gracias a estas informaciones de primera mano.
La evidencia se sustenta en una serie de mensajes encriptados entre Tío Rico y el también narco uruguayo Sebastián Marset, donde Insfrán se jacta de su contacto en la Senad y de su amistad con “los de arriba” para evadir los operativos antidrogas y de esa manera lograr la exportación de cocaína a Europa.
Camioneta prestada por narco
Ya como ministro del Interior, Giuzzio utilizó para vacacionar en el Brasil, una camioneta de la marca Kia con chapa número WCGC 805, registrada a nombre de la firma Ombu SA propiedad de Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, narcotraficante detenido en Brasil y quien habría sido el principal objetivo del operativo Turf realizado en el Paraná Country Club, localizado en la ciudad de Hernandarias.
En un inicio Giuzzio sostuvo que alquiló la camioneta y argumentó que en Paraguay “no había información sobre Vinicius y sus vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, Gilberto Enciso, gerente de la empresa Ombu, desmintió al ministro del Interior sobre el arrendamiento del rodado y señaló que fue prestado sin costo alguno.
Marqués de Padua también aparece en varias fotografías con Giuzzio ya que pretendía convertirse en proveedor de equipos de blindajes y chalecos antibalas para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. El vínculo entre Giuzzio y el presunto narco podría arrojar conclusiones acerca de la negligente labor de la Senad en el operativo que permitió la fuga de otro de los buscados, Lidomar Reges Furtado.
Incluso en la acusación presentada por el Ministerio Público contra Giuzzio, se sostiene que el exalto funcionario de Estado mantenía “una llamativa cercanía” con Vinicius. Tras la difusión de este caso, Giuzzio fue destituido del Ministerio del Interior el 22 de febrero del 2022.
Sede regional costeada por fantasmas
La Oficina Regional de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en la localidad de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú, inaugurada el 15 de diciembre del 2022 por Zully Rolón, tuvo un costo de G. 500 millones, pero no hubo licitación registrada en Contrataciones Públicas ni información sobre el origen de los fondos económicos.
Una sola imputación
A pesar de esta cadena de hechos, una sola carpeta fiscal está abierta. El pasado 16 de agosto, los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce acusaron a Giuzzio solicitaron juicio oral por cohecho pasivo agravado en el marco de la causa judicial que indaga sus vínculos con Vinicius.
Informe internacional
Con la nefasta gestión en materia de seguridad durante el gobierno de Mario Abdo y con Giuzzio al frente, el Paraguay se ha convertido en apenas 2 años en el cuarto país con la mayor presencia del crimen organizado, según un informe internacional emitido a finales del pasado año. La lista de las naciones que poseen una fuerte presencia del flagelo es encabezada por Birmania, seguida por Colombia y México.
El informe internacional proviene de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, consistente en un conjunto de profesionales que trabajan en primera línea de la lucha en contra de la economía criminal y los actores que la alimentan. A través de una red de organizaciones de la sociedad civil que funcionan como observatorios de la economía criminal.
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Indert comienza proceso de titulación de tierras de Marina Cué
El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, se reunió con la diputada de Canindeyú Cristina Villalba con quien conversó sobre el avance de la entrega de títulos en el departamento. Entre los temas analizados, también conversaron sobre el trabajo realizado en el asentamiento de Marina Cué, distrito de Curuguaty.
La parlamentaria manifestó su satisfacción por el inicio de titulación de tierras no solo en Curuguaty, sino en todo el departamento. “Me mostró los títulos que ya se va a entregar en los próximos días en Canindeyú. Queremos superar los 7.000 títulos de propiedad antes del próximo 15 de agosto, y lo que me toca a mí desde la Cámara Baja estamos apoyando muy de cerca”, precisó.
En comunicación con el Diario La Nación/Nación Media, el titular del Indert explicó que este jueves un equipo del Gobierno, encabezado por el Indert y otras instituciones del Estado irán hasta el asentamiento ubicado en Curuguaty para comenzar el proceso de titulación.
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A fin de conocer la situación actual de esta propiedad, que en junio del 2012 se había producido una tragedia, donde 11 campesinos y 6 policías murieron a consecuencia de un enfrentamiento, el presidente Ruiz Díaz explicó que en junio del año pasado, el Poder Ejecutivo anterior, promulgó la ley que desafecta estas tierras que pertenecía al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y su pase al Indert a favor de los pobladores asentados en el lugar.
Explicó que esta legislación establece que las 1.700 hectáreas que estaba a cargo del Mades, sea destinada al asentamiento humano y en favor de la reforma agraria, ya que está ocupada por campesinos, y porque estas tierras ya no cumplen la función de reserva natural boscosa, según se había establecido el 2015.
“En junio del 2023 se estableció por ley que ese inmueble ya no cumple las funciones para una reserva natural boscosa, teniendo en cuenta que el asentamiento humano ya se había consolidado y básicamente ya no tiene reversibilidad. Por tanto, se buscó una solución pacífica para todo lo que había ocurrido en esa zona, entonces se propuso la ley que define que la propiedad pase a los efectos de la reforma agraria y otorgar los títulos de propiedad a sus ocupantes”, explicó.
Compensación al Mades
Mencionó además, que esta misma ley del 2023, determina compensar al Mades, con una transferencia del Indert de un inmueble de igual superficie (1.700ha.), ubicado en el distrito Karapa’i, la colonia denominada Pájaro Campana, del departamento de Amambay.
Al respecto, indicó que ya están trabajando en el protocolo de transferencia entre ambas instituciones, el cual ya está muy avanzado, por tanto el equipo del Indert ya iniciará los trámites para otorgar los títulos de propiedad a las familias campesinas asentadas en Marina Cué, en el marco de la reforma agraria.
“Son muy pocas las documentaciones que están faltando para completar la transferencia. Para eso, este jueves ya se está yendo un equipo de Barrido Predial Masivo, pero acompañado de otras instituciones del Gobierno, que tiene que ver más con el desarrollo social”, indicó.
Precisó que al mencionado asentamiento están acompañando representantes del Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio Salud, Ande, entre otras instituciones del Estado, para atender las diferentes necesidades más urgentes de la comunidad.
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El mayor escándalo en la era democrática: Insfrán - Giuzzio, nexo narco que complica al gobierno de Abdo
El esquema de filtraciones de datos sensibles desde la Senad, revelado en la acusación del fiscal Deny Yoon Pak a Miguel Insfrán, alias Tío Rico, constituye posiblemente el hecho de corrupción institucional más grave conocido durante la era democrática, por implicar la participación directa de un organismo del Estado en esquemas criminales.
Lo que hasta entonces era un secreto a voces pasó a ser un hecho comprobado: el nexo que establecieron el narcotráfico y el poder político durante el gobierno de Mario Abdo. En ese período, el organismo antidroga fue puesto al servicio del “clan Insfrán”, asociado a la organización liderada por el uruguayo Sebastián Marset, y el resultado fue el aumento exponencial de la actividad criminal, a escalas nunca vistas en nuestra historia.
Tío Rico y Marset, de un lado, Giuzzio y Abdo, del otro, emergen como responsables de un esquema cuyo costo para el país aún no dimensionamos, pero que inexorablemente será muy alto.
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Las filtraciones
Las “filtraciones” transcriptas en la acusación de Pak a Miguel Ángel Insfrán no son solamente indicios aislados, ni versan sobre un hecho ilícito cualquiera, así como está claro que tampoco pueden ser considerados como hechos ocurridos con participación de solamente dos personas, a saber, el funcionario desleal y un líder criminal. Por el contrario, son pruebas directas del control e influencias decisivas que ejercía la organización narco-criminal en la institución que tenía por función combatirla, lo que a su vez es prueba contundente de que ese control no pudo haber sido consecuencia de una simple relación bilateral entre dos personas, el topo y el líder narco, sino que necesariamente debió tratarse de un esquema multilateral, que involucró a las más altas esferas del poder político de la época.
Pensar lo contrario no resiste al más mínimo análisis lógico; no es posible que un solo funcionario, sin el consentimiento y ayuda de sus superiores, haya podido ser capaz de sostener toda esta estructura en un organismo como la Senad. Si hubiese sido obra de una sola persona hubiese sido descubierto y, por supuesto, castigado. Esta paradoja fue, de hecho, convenientemente “aclarada” por Zully Rolón, eterna mano derecha de Giuzzio y quien luego de aquel fungió ella misma como ministra secretaria de la Senad, cuando dijo a la prensa (Abc Cardinal) que ellos, es decir las autoridades de la Senad, estaban en conocimiento de las filtraciones, pero que no hizo “cambios sustanciales” porque “se estaban desarrollando operativos muy importantes que llevaba esa dirección…”.
En esa entrevista, realizada el 23 de mayo del corriente, la exministra dijo que “cuando Europol envía estos mensajes, “nosotros ya estábamos en conocimiento y es así que enviamos al Ministerio Público para su investigación, ya en abril de 2022, cuando se operativizó A Ultranza…”; sin embargo, según reporta el mismo medio periodístico, que entrevistó a la exministra antes de ingresar a la sede del Ministerio Público para prestar declaración el pasado 31 de mayo, en esa ocasión dijo que “esas filtraciones de información fueron en 2020 y tomamos conocimiento en el mes de octubre de 2021, cuando recibimos los mensajes encriptados de Europol”.
La contradicción es notoria en lo relativo a si sabían de las filtraciones antes del reporte de Europol o solamente a partir del reporte de Europol, y parece indicar que la realidad es que siempre supieron de las filtraciones, como dijo en la primera entrevista, y que el citado reporte solamente los evidenció y los obligó a comunicar al Ministerio Público.
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Giuzzio, hombre de Abdo
Ni bien asumió el presidente Mario Abdo Benítez, en agosto del 2018, uno de sus primeros nombramientos fue el de Arnaldo Giuzzio al frente de la Senad, a quien respaldó públicamente. Como una de sus medidas más relevantes, Giuzzio retiró a los agentes de la Senad que ejercían labores de control en los puertos y aeropuertos. Es ilógico suponer que esta medida haya podido ser tomada y, sobre todo, ejecutada, sin el conocimiento de la Dinac, ni del consentimiento de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, es decir, Mario Abdo Benítez.
En cuanto a los efectos concretos de dicha medida, es claro que no es coincidencia que a partir de entonces comenzaron a caer en puertos europeos grandes cargamentos de cocaína despachados desde el Paraguay. Los volúmenes son escalofriantes. 1,13 toneladas camuflados en sacos de harina, en Amberes (Bélgica); otras 10,9 toneladas entre cargamentos de cuero azul, en el mismo puerto; 4,1 toneladas en sacos de harina, en Róterdam; otros tantos en el puerto de Hamburgo (Alemania).
En total, durante el gobierno anterior, fueron decomisadas más de 40 toneladas de “cocaína paraguaya” en el “viejo continente”. Y estas son las cifras de lo que fue incautado, que serían entre 5 a 10 % de la suma total que fue enviada en ese periodo, es decir, entre 200 y 400 toneladas, que equivalen a 6.000 y más de 12.000 millones de dólares, respectivamente.
Con estos números astronómicos, cualquiera puede ver que resultó buen negocio para el esquema criminal, incluso en el marco de la débil tesis sostenida por Zully Rolón, de que dejaron fluir a sabiendas las filtraciones porque había “operativos” en marcha. Es decir, ese 10 % perdido se amortiza en el 90 % traficado exitosamente.
Esos cientos de toneladas de droga que ingresaron al país provenientes principalmente de Colombia y Bolivia supusieron un mínimo de 500 vuelos, o hasta el doble, que supuestamente nunca fueron detectados por las autoridades de ese entonces. En cinco años se montó una gigantesca logística que convirtió a Paraguay en un “hub” de acopio y distribución mundial de cocaína, impensable sin la complacencia de las autoridades.
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Pieza clave del esquema
Arnaldo Giuzzio, “hombre fuerte de Mario Abdo”, era (o sigue siendo) la pieza clave para el eficaz funcionamiento del esquema. La entonces institución a su cargo, Senad, que siguió manejando luego desde el Ministerio del Interior, se encargaba de pasar “información sensible” a Insfrán y coordinar necesariamente con otras autoridades del Ejecutivo la liberación del terreno para operar con total impunidad, desde que aterrizaban sus avionetas, hasta que partían las barcazas repletas de droga rumbo a Europa.
Su salida del ministerio, el 22 de febrero del 2022, no debe interpretarse como un castigo por algo de lo expuesto con antelación. De hecho, siguió “asesorando” a Mario Abdo en Palacio de Gobierno hasta el término de su mandato y manejó los hilos de instituciones fundamentales para los narcos, empezando por la Senad, siguiendo por la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad), así como otros entes del Ejecutivo, de participación necesaria.
Giuzzio dejó la cartera del Interior porque su amigo presidente ya no tenía ninguna posibilidad de mantenerlo en el cargo. Días antes se había hecho pública su fluida relación con otro “capo mafioso”, Marcus Vinicus Espíndola, alias Marques de Padua, de los más buscados en Brasil.
Giuzzio había utilizado el vehículo particular de aquel para ir de vacaciones a las playas de Florianópolis, y admitió que el personaje en cuestión se preparaba para participar de una licitación convocada por dicho ministerio “sobre instrumentos de seguridad”, pero además se supo que el día antes del Operativo Turf, impulsado por la Federal del vecino país para capturar a “su conocido”, él lo llamó a altas horas de la noche. Conclusión, cuando fueron a buscarlo a su mansión del Paraná Country Club (Hernandarias), el hombre ya había desaparecido y recién pudo ser detenido en Foz de Yguazú.
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Único proceso ¿por coima?
Paradójicamente, Giuzzio enfrenta un proceso “solo” por cohecho pasivo agravado, presunta coima recibida de Marcus Vinicius, mientras que de Abdo poco o nada se dice en todo este entramado tenebroso, a pesar de que es claro que este esquema no pudo haber sido obra de un organismo como la Senad en forma aislada, sino que necesariamente debió haber sido un equipo que operó en conjunto durante los 5 años de gobierno y, desde esa posición brindó todo tipo de cobertura a la mafia del narcotráfico, particularmente a la liderada por Tío Rico y Marset.
Por eso cobran relevancia las transcripciones contenidas en la acusación del fiscal Pak. Son la confirmación, documentada, de ese nexo político entre el “clan Insfrán-Marset” y el poder político, que convirtió a nuestro país en centro de acopio y distribución mundial de droga.
El daño que ya ocasionó todo esto al Paraguay es todavía difícil de dimensionar, pero con certeza es elevado. Por consiguiente, hacer frente al flagelo y evitar que nos deslicemos hacia circunstancias tan dramáticas como las que viven Colombia, México, Ecuador y otros países de América Latina, es uno de los mayores desafíos de los tres poderes del Estado. El Ministerio Público tiene la palabra.