Las temporadas de humo por los distintos tipos de fuegos ocasio­nados en el país, principalmente los incendios forestales, los con­siderados más agresivos contra la salud, deben ir extinguiéndose necesariamente si no queremos repetir los últimos sufrimien­tos de infecciones respiratorias a las que se sometió a la población. En este objetivo es clave que, además de las normas vigentes, el respeto de las mismas sea innegociable y que la población se involucre en la preven­ción como los controles pertinentes.

Los municipios tienen la tarea imposterga­ble de animar a sus respectivas comunida­des en la vigilancia contra este mal que se propaga de manera inconsciente. La gente debe empezar a exigir que se cumplan las leyes ambientales, etc., para evitar incen­dios que generan enormes daños, funda­mentalmente a la salud.

La negra experiencia reciente del incen­dio provocado en la región del alto Chaco, que devoró miles de hectáreas de la reserva Chovoreca que difícilmente se pueda recu­perar en décadas. Además, se perjudicó al país, colapsando los consultorios, urgen­cias de los hospitales es una situación que no se debe repetir. El impacto fue muy negativo y se expandió a nivel nacional, se vieron también perjudicados los estudian­tes que se vieron imposibilitados de reali­zar sus actividades académicas, deportivas a causa del humo que ennegreció distritos enteros.

La Justicia actuó contra los responsables de los sitios donde se originó el fuego en el Chaco. Corrieron imputaciones y procesos judiciales.

Los entes reguladores y de control aplica­ron restricciones más extensas y severas, pero sabemos que estas acciones son reac­tivas, de muy difícil efectividad si el com­promiso no es colectivo, principalmente si la comunidad no se convierte en custodia del medioambiente, en este caso para pro­teger de los incendios.

En este contexto de preocupaciones, en un periodo de riesgo por el calor que colabora con el brote de estos siniestros, el Poder Ejecutivo emitió el día de ayer el Decreto 2868 que reglamenta la Ley de Manejo Integral del Fuego, con la finalidad de opti­mizar la gestión y mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de su aplicación.

Con la reglamentación también se incor­pora, según socializaron oficialmente, la creación del Sistema de Monitoreo de Incendios Forestales, dependiente del Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF), como un conjunto de herramien­tas y procesos diseñados con el objetivo de recopilar, sistematizar, analizar y proveer información necesaria para la detección temprana, prevención, monitoreo y mejora en la capacidad de respuestas ante los incendios forestales.

Anunciaron que se implementará un regis­tro correlativo de permisos de quema para evitar superposiciones en actividades en fincas colindantes.

Algo muy importante en este nuevo refuerzo legal es la aplicación de otros métodos de controles y fiscalizaciones por parte de funcionarios municipales cali­ficados. Esto es clave, comprometer a los municipios es trascendental puesto que no se pueden reducir a centralizaciones el manejo de temas tan sensibles como riesgos que provienen de la propagación del fuego.

Los jefes locales tienen que encontrar la manera de incentivar a sus comunidades en la lucha contra los siniestros ambien­tales e ir preparando funcionarios de alto perfil para el manejo de incendios como todo tipo de fuego. También, la gente debe entender los riesgos y perjuicios que se producen al quemar, no bastan solamente reglas, hace falta conciencia.

En la medida que se involucre a la pobla­ción, las medidas de prevención se torna­rán reales y más efectivas. Todavía nos encontramos en el retroceso de desha­cernos de nuestros desechos mediante el fuego, la quema, y eso es letal para el ambiente en el cual respiramos. Sin embargo, este daño no entra en la medi­ción mental que tenemos de lo que afecta nuestra calidad de vida, siendo la salud una prioridad.

Es por eso que el Gobierno, en la aplica­ción de sus refuerzos normativos, tiene que marcar una hoja de ruta en el combate con­tra los incendios que involucre a las muni­cipalidades, las comunidades, que son los bomberos más efectivos en este objetivo.

Ante la crisis hidrológica, la Industria Nacional de Cemento (INC) se vio obligada a migrar su cadena logística hacia el transporte terrestre, atendiendo que el río Paraguay se encuentra prácticamente innavegable entre Vallemí y Villeta (cuenca media) para transportar los grandes volúmenes de carga que requiere la institución, según reportó su titular, Gerardo Guerrero. Ante el encarecimiento de la estructura de distribución, ya se está evaluando una posible remarcación en el precio del cemento.

Guerrero recordó que la INC es una industria “multiplanta”, por lo que necesita transportar clinker (materia prima del cemento) y otros materiales entre Vallemí (Concepción) y Villeta (Central), un proceso de logística que se realizaba por vía fluvial hasta finales de setiembre, cuando se agudizó la bajante del río Paraguay.

En este escenario, la INC ya está evaluando su estructura de costos para determinar hasta cuándo puede mantener el precio actual del cemento en el mercado, sin realizar un reajuste por el encarecimiento del costo del flete.

“Estamos haciendo un trabajo de monitoreo periódico para ver cómo va la situación financiera, de modo de determinar si amerita o no un reajuste en el precio. El costo del cemento no solo depende de la bajante del río y el flete. Hay otros elementos importantes en la estructura de costo. Seguimos monitoreando para saber si corresponde o no un reajuste”, refirió Guerrero.

El titular de la INC aseguró que están haciendo esfuerzos por mantener hasta el cierre del año el precio actual del cemento. “Esta situación de bajante no sucede hace 120 años. Si se sostiene en el tiempo, va a ser insostenible no ajustar el precio”, agregó.

Desde Itaipú informaron este martes que la entidad binacional transfirió al Estado paraguayo un total de USD 197 millones por royalties, cesión de energía y pagos a la Administración Nacional de Electricidad (Ande). Afirman que estos recursos económicos, establecidos dentro del Anexo C del Tratado, son fundamentales para que gobernaciones, municipios y la estatal eléctrica puedan impulsar diversas obras de infraestructuras.

Según el reporte de la Dirección Financiera de la represa, de enero a abril del presente ejercicio fueron remesados USD 94 millones en concepto de royalties y USD 71 millones por cesión de energía al Ministerio de Economía y Finanzas.

Por su parte, la Ande ingresó USD 32 millones en carácter de utilidades y resarcimientos de las cargas de administración y supervisión. En lo que se refiere solo a los desembolsos de la entidad en el cuarto mes del presente año, la transferencia por royalties totalizó USD 23 millones, mientras que USD 14 millones fueron inyectados por cesión de energía. A su vez, la Ande recibió la suma de USD 27 millones; totalizando así USD 64 millones las transferencias de la hidroelectrica en abril.

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Una parte de los royalties se destina para el financiamiento de los gastos del Presupuesto General de la Nación (PGN) y otra importante porción el Tesoro Nacional la transfiere a los gobiernos departamentales y municipales. Los aportes de la binacional por Anexo C ayudan a los gobiernos departamentales y municipios para el desarrollo de los programas, inversiones y obras esenciales; tales como merienda escolar, refacción de escuelas, centros de salud, infraestructura vial, entre otros.

En el caso específico de la compensación por cesión de energía, los recursos se incorporan al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) y también son distribuidos a municipios y gobernaciones. Igualmente, los pagos de Itaipú a la Ande le permiten a la empresa pública tener fondos garantizados y previsibles para así cumplir sus planes de inversión en busca de ofrecer un mejor servicio eléctrico a los paraguayos.

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El especialista en Salud y Seguridad Ocupacional en el trabajo, Carlos Ortega, compartió datos preocupantes respecto a los accidentes laborales, que impactan negativamente en la vida de los trabajadores y en las rentabilidades de las empresas.

Ortega señaló que por cada dólar gastado en accidentes de trabajo, existen aproximadamente tres dólares en costos indirectos, que se traducen en costes considerables a la economía global, que se estima en torno a USD 1,2 billones. Esta cifra es equivalente al 4 % del producto interno bruto (PIB) mundial.

“Tenemos que tratar a nuestros trabajadores como atletas, cuidar su hidratación, su alimentación, su vestimenta y su condición de salud física; porque si no, van a empezar a caer ante los efectos del calor excesivo”, expresó.

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Los datos compartidos por Ortega se dieron durante el Seminario sobre las Incidencias del Cambio Climático en los trabajadores, organizado por el Ministerio del Trabajo en conmemoración por el Día Nacional e Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo que se celebró el 28 de abril.

Las estadísticas compartidas sobre los costos por accidentes laborales son en base a datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Ortega advirtió que son la “punta del iceberg”, teniendo en cuenta que son datos oficiales y que detrás pueden haber millones de dólares más en costos.

Otro aspecto alarmante es que alrededor de 2,8 millones de trabajadores fallecen anualmente debido a incidentes relacionados con sus actividades laborales. En este punto, enfatizó que el impacto del cambio climático es un nuevo desafío, ejemplificando con las consecuencias de las altas temperaturas en trabajadores expuestos a condiciones climáticas extremas.

Ortega subrayó la relevancia de aspirar a un objetivo de “accidente cero” en el entorno laboral, dado que un solo incidente puede hacer desaparecer a una empresa, además de enfrentar las graves repercusiones económicas y psicológicas generadas en la población afectada.

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