El mandatario Santiago Peña firmó el decreto 6.690 que reglamenta la ley 6.634/2020, que erradica la discriminación en razón de maternidad y paternidad, y garantiza la igualdad de condiciones para el acceso, selección y admisión en las unidades académicas de formación de la Policía Nacional, comprendidas por la Academia Nacional de Policía “General José Eduvigis Díaz” y el Colegio de Policía “Sargento Ayudante José Merlo Saravia”.

La ley refiere que las disposiciones establecidas serán de cumplimiento obligatorio para los postulantes, así como también para las autoridades, dependencias y el personal policial que intervengan en dichos procesos. Determina que todos los postulantes recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades de participación, sin discriminación alguna, y el ingreso se determinará exclusivamente en función a las aptitudes, competencias y resultados obtenidos por los postulantes en base a los criterios de evaluación establecidos.

También se hace mención a la objetividad en las decisiones que se adoptarán sobre la base de criterios técnicos, verificables y previamente establecidos, libres de arbitrariedad y la transparencia, y que el proceso se desarrollará con publicidad de las actuaciones y de los resultados, garantizando el acceso a la información conforme a la normativa vigente.

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La reglamentación detalla que la Comandancia de la Policía Nacional, en su carácter de máxima autoridad institucional, tendrá el rol de velar por el debido cumplimiento e implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables al proceso de selección y admisión.

Mientras que el Instituto Superior de Educación Policial (Isepol), conforme a las competencias que legalmente le correspondan, será responsable de planificar, organizar, coordinar y supervisar el proceso de selección y admisión para las respectivas unidades académicas de formación, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

A la vez, se establece la conformación de un Comité Interinstitucional para la transparencia e igualdad en los procesos de admisión en donde el Ministerio del Interior se desempeñará como coordinador. También indica que la Comandancia de la Policía Nacional será responsable de designar e integrar, para cada unidad académica de formación, una Comisión de Admisión, la cual tendrá a su cargo la conducción del proceso de selección y admisión correspondiente, con las atribuciones y competencias contempladas en el presente Reglamento además de las que le sean asignadas por resolución de la máxima autoridad institucional.

Podrán postularse y concursar para ser admitidos en las unidades académicas de la Policía Nacional, quienes reúnan los siguientes requisitos: ser de nacionalidad paraguaya natural, tener la edad mínima 18 años al momento de la inscripción y edad máxima de 23 años hasta el 31 de diciembre del año de la convocatoria, para la Academia Nacional de Policía “General José Eduvigis Díaz”.

Tener la edad mínima 18 años al momento de la inscripción y edad máxima de 26 años, hasta el 31 de diciembre del año de la convocatoria, para el Colegio de Policía “Sargento Ayudante José Merlo Saravia”, haber concluido la enseñanza media, tener las condiciones físicas y psíquicas para cumplir con la capacidad funcional u operativa necesarias para el desempeño de las tareas propias de la Policía Nacional.

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No poseer tatuajes con contenido simbólico relacionado a grupos criminales, nacionales o extranjeros, o que expresen homofobia, xenofobia, mensajes violentos u ofensivos, hagan apología al consumo de estupefacientes o representen a partidos o movimientos políticos, no haber sido condenado por la comisión de un hecho punible o cuya condena esté en ejecución.

No contar con inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, no haber sido dado de baja o excluido de la institución policial, de las Fuerzas Armadas u otras instituciones públicas o privadas afines y no ser adicto a sustancias estupefacientes o ser farmacodependientes.

Ciudad del Este. Agencia Regional.

Agentes de Investigaciones de la regional Alto Paraná de la Policía Nacional, detuvieron a un supuesto implicado en el robo a una empresa importadora ocurrido el pasado 18 de agosto. Se trata de Vinicius Wenzel (27), de nacionalidad paraguaya. La banda había robado dinero en efectivo (20 mil dólares y 8 mil reales) y electrónicos.

El operativo fue ayer a las 15:30 en la vía pública del barrio Don Bosco de Ciudad del Este, en el marco de la causa por robo agravado del depósito de la empresa Brisas del Paraná. El hombre fijaba domicilio en el Área 5 de Presidente Franco.

Tenía una orden de captura firmada por el fiscal Elvio Aguilera. Como antecedente, tiene causas por hurto agravado y robo agravado del año 2022. Fue incautado del poder de Wenzel un automóvil de la marca Toyota, modelo Allion, color bordo, con chapa N° AAKZU 598, inscripta a nombre de Teresa Dejesus Velázquez Ortiz.

De acuerdo a lo explicado por el comisario Pablo Zelaya, de Investigación de la Policía, el hombre habría sido parte de la logística del atraco, siendo utilizada su casa para la descarga de la mercadería robada y posterior carga a otro vehículo para sacar del lugar. La vivienda fue utilizada para el trasbordo de lo robado, remarcó el comisario.

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Dicha casa fue allanada la semana pasada y en esa oportunidad los agentes recogieron evidencias que les permitió identificar a varios de los supuestos miembros de la banca delincuencial, según refirió el agente de Investigación.

Tras tareas técnicas investigativas, lograron obtener informaciones de la posible ubicación de la persona con orden de captura, por lo que se constituyeron hasta el lugar y tras montar un operativo de vigilancia, se pudo visualizar el vehículo del sospechoso, que se encontraba transitando por la vía publica.

Al ser interceptado, descendió del vehículo y se dio a la fuga, ingresando a varios inmuebles de las cercanías, pero fue capturado e incautado el móvil del cual había descendido. La causa investigada tiene que ver con el atraco a la empresa Brisa del Paraná situada en el barrio Juan E. O’ Leary del centro urbano de Ciudad del Este. Ocurrió a las 06:50 del 18 de agosto. Hombres encapuchados con armas de fuego habían ingresado al lugar y se apoderaron de dinero en efectivo, además de cajas que contenían mercaderías electrónicas.

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Vecinos del barrio Reducto de San Lorenzo realizaron una denuncia ambiental y solicitan el cierre definitivo de una planta asfáltica perteneciente al consorcio Victoria. La denuncia fue firmada por 180 vecinos.

En la Municipalidad sanlorenzana les dijeron que irían a verificar el lunes o martes de la próxima semana con el argumento de que tienen que ser inspectores especializados en el rubro.

A fines de julio y principios de agosto se instalaron en un amplio predio que se encuentra en pleno vecindario, generando inconvenientes a los pobladores, refirió Catalina Concepción Insfrán Paredes al diario La Nación de Nación/Media.

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“Son los que trabajan por la Ruta PY01. Primeramente, se instalaron con sus tubos de cemento prefabricado y luego instalaron la planta asfáltica. Empezaron a trabajar y es bastante perjudicial para el barrio”, precisó la vocera de los afectados.

En ese sentido, mencionó que el establecimiento industrial emite partículas y olores tóxicos afectando la salud de las personas, además de generar ruidos molestos y daños materiales a las viviendas. Entonces, recurrieron a la comuna local.

“Ingresamos una denuncia ambiental en el departamento de Planificación de la Municipalidad y supuestamente tienen que enviar sus fiscalizadores para ver cómo está la planta”, expresó la vecina.

Reclaman la clausura definitiva, atendiendo el daño ambiental, sanitario y material que causan a la población de la zona, afirmó.

“Pedimos el cierre, porque está en medio de un barrio, tenemos muchos niños y adultos mayores. No podemos salir al patio por todo lo que implica: ruido, vibración, olores, reseca la nariz, los labios, es imposible de respirar, se llena de hollín la casa”, manifestó.

También se acercaron hasta la empresa constructora para hacer llegar sus inquietudes. “Hablamos con los ingenieros, dijeron que iban a hacer sus mitigaciones, pusieron una chimenea para la emisión de humo, pero es peor porque agarra todo el barrio”, relató.

En caso de no encontrar respuestas a sus reclamos, planean la realización de manifestaciones.

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Vecinos del territorio social “Tres Nacientes II” de Ypané increparon y echaron al exintendente municipal, Horacio Ortiz, este jueves. La comunidad reclamó el mal trabajo de funcionarios municipales a cargo de su hermano, Jacobo Ortiz, actual presidente de la Junta Municipal y candidato por el Partido Liberal Radical Auténtico a la Intendencia municipal. Según los vecinos, las labores realizadas en la zona dejaron sin agua a unas 500 personas.

En comunicación con La Nación/Nación Media, Andrea Medina, integrante de la comunidad Tres Nacientes II, explicó que cuando vieron llegar al exintendente le reclamaron que durante sus 16 años al frente de la Municipalidad, periodo en el que, según los vecinos, se fueron acumulando una serie de problemas que nunca fueron atendidos, por lo que a gritos le dijeron que se retire del lugar.

Los vecinos de esta comunidad venían reclamando desde el pasado martes, cuando se quedaron sin el servicio de agua potable tras la rotura de cañerías durante trabajos con maquinaria municipal en la zona.

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“Vino el exintendente Horacio Ortiz, y le reclamamos que puerqueza vino a hacer su hermano. Yo misma le dije en su cara que hace 16 años que vivimos en Ypané, y que estamos así y nunca vimos tu cara en este barrio y ahora recién aparecés, mirá como dejó la calle tu hermano. Le reclamé la forma como dejaron nuestros caños rotos”, relató.

Señaló que la municipalidad trajo dos cargas de arena para relleno de la calle, y con los tractores se estaba haciendo limpieza de una canaleta, en la zona cercana de un puentecito.

“Comenzaron a raspar y al lado de la canaleta estaban los caños de la aguatera. Pese a que le avisamos, el hermano del exintendente, Jacobo Ortiz, ordenó seguir con las máquinas, arrancó y tiró todas las cañerías que había y dejó sin solucionar. Casi 500 personas quedamos sin agua” relató.

Mencionó que la propietaria de la aguatera llegó y reclamó, porque los funcionarios municipales iban a continuar destruyendo otro sector donde estaba la cañería. “La dueña de la aguatería les pidió a los funcionarios que no rompieran más porque ahí estaban sus caños. El tractorista le dijo que vaya a reclamar donde sea”, acotó.

Medina reclamó que ningún funcionario, ni el presidente de la Junta Municipal se acercó a buscar una rápida solución al problema que fue generado por los propios funcionarios y desde el martes hasta este jueves la comunidad estuvo sin agua. Señaló que recién ayer, la aguatera, con sus propios recursos, reparó nuevamente las cañerías que había roto la maquinaria municipal.

“Los funcionarios sabían que en la zona donde estaban trabajando había cañerías de agua, y también los vecinos salieron a avisarles que había caño de agua, y les pidieron que dejaran de raspar con el tractor, pero hicieron caso omiso a los reclamos”, indicó.

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