Las salidas transitorias en las penitenciarías de todo el país constituyen un problema debido a la falta de un control efectivo. A fin de tener un registro de quienes salen y por cuánto tiempo, el Ministerio de Justicia y la Corte Suprema de Justicia dispusieron la implementación de relojes biométricos.
Este reloj será utilizado a los efectos de mantener un control más estricto en los centros penitenciarios semiabiertos y de semilibertad, según informaron en la página del Ministerio de Justicia. Con esto, se busca realizar un control cruzado de los registros de salidas transitorias, así como los registros de control de asistencia y control de horarios laborales.
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Según informaron, ese seguimiento se hará a través de los juzgados penales de ejecución, que tendrá a su cargo llevar el registro de las personas privadas de libertad. Según la disposición, el control se realizará a los efectos de reforzar el mejoramiento de la política criminal y penitenciaria.
La donación de los relojes biométricos fue gracias a la jueza de Ejecución, Sandra Kirchhofer, en coordinación con la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, que gestionaron el equipo que servirá para realizar el correspondiente control.
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Brasil: corte suprema retoma juicio sobre regulación de redes sociales
- Brasilia, Brasil. AFP.
La corte suprema de Brasil retomó este miércoles pasado un juicio que debe decidir sobre la regulación de las redes sociales, en un proceso pionero en América Latina sobre el papel de las plataformas en la propagación de noticias falsas y discursos de odio. Tras varios meses de pausa, la corte vuelve a analizar varios casos referidos a las reglas para las plataformas y a su responsabilidad sobre los contenidos publicados por los usuarios.
El proceso ocurre en paralelo a un juicio en la corte al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro y varios excolaboradores, por un presunto intento de golpe de Estado en 2022 tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva. Según la fiscalía, los supuestos golpistas usaron las redes sociales para desinformar sobre la fiabilidad del sistema electoral y justificar sus acciones.
El debate sobre las redes sociales en el máximo tribunal debe definir de qué manera las plataformas pueden recibir sanciones por publicaciones ilegales de los usuarios. Otro punto clave es si las empresas tecnológicas deben fiscalizar y eventualmente retirar contenidos ilícitos por su propia iniciativa, sin necesidad de intervención judicial como dicta el marco regulatorio actual.
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“Nada que ver con censura”
Ocho de once magistrados aún deben votar sobre la constitucionalidad de un artículo del llamado Marco Civil de Internet, vigente desde 2014, que establece que las plataformas solo son responsables por daños causados por publicaciones de usuarios si se niegan a acatar un mandato judicial para eliminar dichos contenidos.
Los tres que ya lo hicieron, entre ellos el presidente de la corte, Luis Roberto Barroso, se pronunciaron por una mayor responsabilización de esas empresas. “Establecer los criterios que regirán los casos que llegan al poder judicial es nuestro deber (...) y no tiene nada que ver con censura. Estamos hablando de responsabilidad civil”, resumió el miércoles Barroso al abrir la sesión.
Aunque se analizan casos puntuales, lo que defina el tribunal sentará jurisprudencia que deberá aplicarse de manera general en Brasil.
Uno de los casos bajo análisis se originó por una apelación de Facebook contra un fallo que obligó a la compañía a indemnizar a una mujer que descubrió un perfil falso con su nombre e imagen para divulgar material ofensivo.
El magistrado Luiz Fux argumentó en su voto que en casos de incitación al odio o a la violencia, racismo, pederastia y apología de golpe de Estado, las plataformas deberían “supervisar activamente” y eliminar el contenido de inmediato, sin necesidad de orden judicial.
El bolsonarismo se ha mostrado crítico con ese proceso. Existe “preocupación ante la posibilidad de que el poder judicial imponga, de forma unilateral, restricciones severas a la libertad digital en Brasil”, señaló la semana pasada en una nota la bancada bolsonarista en la Cámara de Diputados. El sensible debate ante el supremo no tiene fecha de finalización.
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Acelerar la regulación
La potencia sudamericana ganó protagonismo mundial en torno a las responsabilidades de las plataformas en agosto de 2024, cuando otro de los jueces de la corte suprema, Alexandre de Moraes, ordenó bloquear el acceso a la red X en todo el país por negarse a acatar órdenes judiciales relacionadas con el combate a la desinformación.
El dueño de X, el multimillonario Elon Musk, ignoró los pedidos de eliminar cuentas de partidarios de Bolsonaro, en medio de un pulso con Moraes sobre los límites de la libertad de expresión y las amenazas a la democracia. Después de 40 días suspendida, Musk cedió y X volvió a funcionar normalmente en Brasil.
El gobierno estadounidense de Donald Trump estudia actualmente posibles sanciones contra Moraes, luego de que el entorno de Bolsonaro lo acusara de “perseguir” al exmandatario (2019-2022). Por su parte, el presidente Lula abogó el martes por “acelerar la reglamentación” de las plataformas. “No es posible que un tipo intente dar un golpe de Estado (...) y diga que eso es libertad de expresión”, dijo en rueda de prensa el izquierdista, en alusión a Bolsonaro.
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LN PM: edición del 4 de junio
Senado recusó a integrantes de sala constitucional por caso Kattya
La presidencia del Senado, liderada por Basilio Núñez, recusó al ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos y al camarista del fuero civil, Esteban Kriskovich, quienes integran la sala constitucional ampliada que analizará la acción de inconstitucionalidad promovida por la exsenadora Kattya González contra su pérdida de investidura. Ahora deberá integrarse la CSJ con otros dos camaristas para resolver ambas recusaciones.
En el argumento para apartar a Ríos se hace alusión a que el mismo, en reiteradas ocasiones, preopinó sobre el caso, por lo que ya no puede intervenir en el fondo de la cuestión. “En su momento, él también fue legislador y participó de pérdida de investidura de varios excolegas”, comentó Núñez, este miércoles, en una entrevista con los medios de comunicación.
Policía sostiene (por ahora) que menor habría actuado solo y resguarda a los padres
Para la Policía Nacional, todo apunta a que el joven menor de edad sería el único autor material del macabro asesinato de María Fernanda Benítez. Si bien los padres también están siendo investigados, estos ahora se encuentran bajo resguardo de las autoridades.
El jefe de Investigaciones de la Policía Nacional, comisario César Silguero, se refirió al avance de la investigación en torno al crimen de María Fernanda Benítez, cuyo cuerpo fue hallado el fin de semana. Reiteró que, hasta el momento, el joven es el único vinculado de manera material al asesinato, y que no se identificó la participación de otras personas, incluidos los padres del imputado.
Así quedaría el nuevo salario mínimo con el descuento de IPS
El dato utilizado para el reajuste del sueldo mínimo ya fue comunicado por el Banco Central del Paraguay (BCP) y los siguientes pasos serán cuestión de trámite. El salario aumentará G. 100.700 guaraníes desde el 1 de julio.
La banca matriz informó que la inflación del último mes fue del cero por ciento, con lo cual, la interanual es del 3,6 %, lo que equivale al G. 100.739. Con estas variables, el salario que hoy es de G. 2.798.309 pasará a G. 2.899.048, lo que, redondeando llega a G. 2.900.000. El jornal mínimo, que hoy es de G. 107.627, tendrá una diferencia de G. 3.874 con el 3,6 % de inflación, lo que significa que pasará a valer G. 111.501.
Precio de la carne aumentó 5 % en mayo, mientras que el huevo bajó 18,5 %
La carne tuvo un aumento de precio en general del 5 % en mayo pasado, según el Índice de Precios al Consumidor del Banco Central del Paraguay (BCP). Los cortes con más del 9 % de aumento fueron la costilla, la falda y el puchero de segunda. En contrapartida, alimentos como el huevo, las hortalizas y las frutas frescas tuvieron bajas del 18,5 %, 9,9 % y 3,6 %, respectivamente.
El último reporte de inflación de la banca matriz registró un 0 % de inflación en mayo, porcentaje que fue compensado por bajas principalmente de productos frutihortícolas y combustibles. No obstante, dentro de la categoría alimentos, la carne vacuna fue uno de los rubros con mayor variación, en torno a un 5 % con respecto a abril.
Paraguay tiene dotación completa
La selección paraguaya mayor activó ayer martes por primera vez con plantel completo de 27 jugadores convocados. El punto de inicio de la práctica estuvo en el gimnasio principal del Carde de Ypané, luego la actividad pasó al campo con una activación coordinativa, seguida de juegos de 4 vs. 2 y finalmente se centró en aspectos tácticos y de preparación específica.
El entrenador Gustavo Alfaro tiene la última palabra y este miércoles volverá a probar algunas fórmulas para ajustar los últimos detalles y confirmar plenamente el equipo que jugará este jueves ante Uruguay en el Defensores del Chaco (20:00), por la fecha 15 de las eliminatorias sudamericanas camino al Mundial 2026.
Marset reacciona al verse acorralado, afirma ministro de la Senad
El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalid Rachid, sostuvo que la presunta carta emitida por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, en que amenazó a las autoridades paraguayas, es un reacción al verse acorralado por las recientes acciones de la Justicia local, así como de Estados Unidos. El comunicado fue difundido ayer por una radio uruguaya.
“Esto obviamente es una reacción a todo lo que le está ocurriendo, en primer término, la esposa extraditada a Paraguay, inmediatamente la recompensa de los 2 millones de dólares del gobierno americano sobre él, después el propio Fiscal General del Estado casi afirma que tendría vinculación como autor moral en el caso de Marcelo Pecci. Es una serie de situaciones que recaen sobre él, y él reacciona y dice ‘esto no es así por tal motivo’”, dijo el ministro.
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EE. UU.: Corte Suprema revoca la protección legal de 500.000 migrantes
- Washington, Estados Unidos. AFP.
La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este viernes pasado al gobierno del presidente Donald Trump a revocar el estatus legal de 532.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que contaban con permiso de permanencia temporal, conocido como parole. La decisión del máximo tribunal, de mayoría conservadora, es temporal hasta que una corte de apelación se pronuncie sobre el fondo del caso.
En marzo el gobierno intentó revocar el estatus legal de estos migrantes llegados a Estados Unidos bajo un programa lanzado por el expresidente demócrata Joe Biden y llamado también CHNV, por las iniciales de los países. En octubre de 2022, el gobierno del demócrata otorgó un permiso para que un cupo de venezolanos pudiera entrar legalmente, siempre que pasaran por una investigación sobre sus antecedentes penales, tuvieran a un patrocinador en el país que les brindara apoyo financiero y estuvieran vacunados.
En enero de 2023 amplió la medida a Haití, Cuba y Nicaragua.
El gobierno solicitó a la Corte Suprema levantar una orden de una jueza de Boston, Indira Talwani, que impidió en abril revocar el estatus legal de los migrantes de estos cuatro países. El máximo tribunal concedió al gobierno esta solicitud.
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“Consecuencias devastadoras”
Las juezas progresistas de la Corte Suprema Ketanji Brown Jackon y Sonia Sotomayor disintieron. Advierten de las “consecuencias devastadoras” de poner en peligro “las vidas y los medios de subsistencia de casi medio millón de extranjeros mientras sus reclamaciones legales están pendientes”, según el documento.
“El tribunal ha fallado hoy claramente en esta evaluación”, escribieron.
Los migrantes “se enfrentan ahora a dos opciones insoportables. Por un lado, podrían optar por abandonar Estados Unidos y, de ese modo, enfrentarse a peligros en sus países de origen”, sufrir una “separación familiar” y, posiblemente, perder cualquier posibilidad de recurso, escribieron.
“Por otro lado, podrían permanecer en Estados Unidos (...) y arriesgarse a una expulsión inminente a manos de agentes del gobierno, con las graves consecuencias que ello conlleva”, insisten las magistradas.
En su fallo la jueza de Boston afirmó que el gobierno hace una interpretación errónea de la ley de inmigración, ya que la expulsión acelerada se aplica a los extranjeros que entran ilegalmente en Estados Unidos, no a aquellos autorizados a permanecer en el país.
En un comunicado el Departamento de Seguridad Interior advirtió que el fallo le permite “empezar de nuevo a expulsar a extranjeros ilegales”.
Trump se enfrenta a los jueces que bloquean su política migratoria y, aunque la ha criticado, ha depositado sus esperanzas en la Corte Suprema para llevarla adelante.
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Otros casos
Hace unos días el máximo tribunal suspendió temporalmente una orden emitida por un juez que protegía a unos 350.000 venezolanos de ser expulsados de Estados Unidos.
En este caso se trata de la revocatoria de la extensión del Estatus de protección temporal (TPS) que da cobertura legal a cientos de miles de ciudadanos de Venezuela e impide que se les pueda expulsar y pierdan su trabajo.
Trump hizo campaña prometiendo deportar a millones de migrantes en situación irregular y puso toda la maquinaria de la administración al servicio de este objetivo.
La Corte Suprema intervino en abril para bloquear las deportaciones sumarias de migrantes venezolanos a una prisión de El Salvador invocando la Ley de enemigos extranjeros de 1798.
Trump los acusa de ser miembros de la banda Tren de Aragua, declarada organización “terrorista” global por Washington.
La administración recurrió de nuevo al máximo tribunal para poder deportar a otro grupo recluido en Texas (sur) y en mayo los magistrados bloquearon sus planes porque estiman que no se les da suficiente tiempo para impugnar su expulsión.
Pero la administración no se da por vencida y ha vuelto a recurrir a la corte, esta vez para que facilite la expulsión de migrantes a Sudán del Sur o a países de donde no son originarios. El gobierno estadounidense asegura que envió a Sudán del Sur, un país en guerra y objeto de una advertencia de viaje del Departamento de Estado, a ocho migrantes condenados por delitos violentos, ya que sus países de origen se negaron a acogerlos. Entre ellos figuran dos cubanos y un mexicano.
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Lanzan campaña de colecta de abrigos para personas privadas de libertad
El Ministerio de Justicia impulsa una campaña de colecta de abrigos para personas privadas de libertad, que busca garantizar las condiciones mínimas y los cuidados para la población penal.
Se prioriza a las personas más vulnerables, que ya no tienen apoyo del entorno familiar, que se les pueda brindar de esos cuidados mínimos que requieren dentro de la penitenciaría, conforme indicó Guillermo Vely, director de Atención a Grupos Vulnerables del Ministerio de Justicia.
“Es una iniciativa que nació en conjunto también con la Pastoral Penitenciaria, que ya venimos conversando de forma activa días atrás. Se puede traer todo lo que sea abrigo: camperas, bufandas, pantalones, medias y guantes. Todo lo que serviría y se encuentra en buen estado y que puedan ser usados”, señaló al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Vely destacó que ya han recibido muchas llamadas de personas que ofrecen frazadas. Las donaciones se reciben en locales fijos, establecidos por la Pastoral Penitenciaria, y, además, en todos los centros educativos y penitenciarios del Ministerio de Justicia, así como en la sede central ubicada sobre la avenida Gaspar Rodríguez de Francia casi Estados Unidos, en Asunción. Así también, se habilitó el número 0981 314 886 para coordinar el retiro de las donaciones.
El funcionario del Ministerio de Justicia afirmó que muchos reclusos perdieron el vínculo familiar y precisan ayuda. La mayoría son adultos mayores y menores de edad, así como madres en situación de encierro con sus hijos, que se encuentran en ese grupo vulnerable.
“Son personas que perdieron el contacto o vínculo familiar para que les puedan acoger, en ese sentido”, expresó. La campaña seguirá durante todo el mes de junio, pero dependiendo del clima podría extenderse, inclusive.
“Estamos recibiendo desde ayer mensajes y llamadas en los lugares para pasar a retirar las ropas. Entonces, queremos llevar hoy y mañana, para ir cubriendo esas necesidades”, subrayó.
Entre los penales a ser beneficiados se encuentran: Tacumbú, donde trabaja la Pastoral Penitenciaria; El Buen Pastor y Centro Educativo, donde están recluidos los menores de edad.
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