Las salidas transitorias en las penitenciarías de todo el país constituyen un problema debido a la falta de un control efectivo. A fin de tener un registro de quienes salen y por cuánto tiempo, el Ministerio de Justicia y la Corte Suprema de Justicia dispusieron la implementación de relojes biométricos.
Este reloj será utilizado a los efectos de mantener un control más estricto en los centros penitenciarios semiabiertos y de semilibertad, según informaron en la página del Ministerio de Justicia. Con esto, se busca realizar un control cruzado de los registros de salidas transitorias, así como los registros de control de asistencia y control de horarios laborales.
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Según informaron, ese seguimiento se hará a través de los juzgados penales de ejecución, que tendrá a su cargo llevar el registro de las personas privadas de libertad. Según la disposición, el control se realizará a los efectos de reforzar el mejoramiento de la política criminal y penitenciaria.
La donación de los relojes biométricos fue gracias a la jueza de Ejecución, Sandra Kirchhofer, en coordinación con la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, que gestionaron el equipo que servirá para realizar el correspondiente control.
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Tras intento de amotinamiento, restablecen el orden e intervienen el penal de Emboscada
Este miércoles, se detectó que un grupo de reclusos intentó amotinarse en la penitenciaría “Martín Mendoza” de Emboscada, pero la situación fue controlada. Desde el Ministerio de Justicia ordenaron la intervención del centro de reclusión. Durante el percance se logró aislar a 9 personas que comenzaron a golpear las rejas y que lograron salir de sus celdas.
Según Rubén Maciel, viceministro de Políticas Criminales, el hecho inició en horas de la mañana de hoy, pero que todo fue controlado rápidamente por agentes penitenciarios bajo órdenes del encargado de Despacho, Luis Rodríguez, y en coordinación con la Dirección de Establecimientos Penitenciarios, con apoyo preventivo de Fuerzas Policiales, apostadas en las cercanías del pabellón 8.
“Se generó un disturbio por parte de personas privadas de libertad. Estos empezaron a patear la puerta y forzar las portezuelas hasta desprenderse y quedar con eso y usar como arma contundente. Se negaron y se resistieron a entregar por lo que se tuvo que hacer uso de la fuerza”, explicó el viceministro, en entrevista con la 1020 AM.
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Afirmó que los intervinientes lograron aislar a nueve reclusos, estos fueron los que rompieron las puertas y que opusieron resistencia a la intervención. Además, a raíz de la detección del hecho de irregularidad, desde el Ministerio de Justicia se ha dispuesto la intervención de la Penitenciaría “Martín Mendoza” de Emboscada.
Actualmente, se encuentran trabajando equipos a fin de dilucidar lo ocurrido y cuál era la intención de los reos. Equipos de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios y de la Dirección de Inteligencia Penitenciaria realizan la intervención. Una vez culminadas las labores, se brindará información oficial a la ciudadanía a través de los canales institucionales.
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Corte recuerda a jueces prohibición de recibir regalos y actualiza normas de seguridad en el Poder Judicial
La Corte Suprema de Justicia recuerda que por Resolución N° 11.791, de fecha 12 de febrero de 2025, se resolvió regular y consolidar de manera uniforme las normas relacionadas con la seguridad, el orden y la preservación de la imagen institucional del Poder Judicial. En este marco, informa que se ratificaron ciertas disposiciones aprobadas previamente.
Asimismo, la máxima instancia judicial reitera a todos los magistrados que está prohibido recibir regalos y/o beneficios que pudieran provenir de abogados y/u otras personas interesadas en juicios tramitados en sus tribunales o juzgados.
Esta disposición se extiende al cónyugue y a los hijos que se encuentran bajo la patria potestad del magistrado o funcionario.
Los integrantes de la máxima instancia judicial mencionaron que la Dirección de Seguridad y Asuntos internos sea la encargada de velar por el cumplimiento de la presente resolución, garantizando la observación de las disposiciones establecidas en la misma.
Igualmente, la Corte recordó la prohibición del ingreso de artículos eléctricos que no sean propiedad de la institución. (Aprobado por Acta N° 32 el 16 de setiembre de 2014), la prohibición del ingreso dentro de todos los recintos del Poder Judicial de todo tipo de mercaderías o productos de cualquier naturaleza a ser ofertados o comercializados, tanto por vendedores ambulantes como por funcionarios de la institución. (Aprobado por Resolución N° 4950 del 18 de marzo de 2014).
También está prohibido a funcionarios de todos los grados, a profesionales y justiciables, fumar cigarrillos, utilizar vapeadores o emplear inciensos, en todas las oficinas y sanitarios del Poder Judicial. (Ley Nº 825/14, “De protección de no fumadores”) y la obligatoriedad de apagar y desconectar todos los equipos eléctricos e informáticos al término de la jornada laboral. Los superiores jerárquicos de cada ámbito son responsables por el cumplimiento de la presente disposición. (Aprobado el 24 de noviembre de 2015).
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Mafia de los pagarés: Corte exhorta a víctimas a recurrir por vía ordinaria para anular descuentos
La Corte Suprema de Justicia argumenta que no resulta jurídicamente viable disponer la suspensión o revocar de manera generalizada y por medio de una disposición administrativa alguna medida cautelar que haya sido trabada en el marco de algún proceso judicial. Esto, en relación al caso conocido como Mafia de los pagarés.
La máxima instancia judicial se pronunció por medio de un comunicado sobre la situación generada por denuncias sobre irregularidades que se habrían producido en juicios ejecutivos tramitados ante Juzgados de Paz y en relación a las solicitudes de suspensión o anulación genérica de embargos y juicios.
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Refiere que, en estricto apego al marco legal vigente en la República del Paraguay, tampoco es posible anular la tramitación de juicios ejecutivos de forma indiscriminada o genérica, ya sea por disposición su disposición o por autoridades externas al Poder Judicial.
De procederse de la manera indicada, ello implicaría una clara transgresión a normativa constitucional que rige la vida en nuestro país. Por tanto, exhorta a las víctimas de la Mafia de los pagarés a recurrir por la vía ordinaria para anular los descuentos.
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Tras fuga de reos, designan nuevo equipo interventor para el penal de Minga Guazú
Este viernes, desde el Ministerio de Justicia designaron un nuevo equipo para el trabajo de intervención dentro de la penitenciaría de Minga Guazú, que estará encabezado por Jesús Emmanuel Pérez Guerrero. La medida fue tomada luego de confirmarse que ocho personas privadas de su libertad lograron escapar del centro de reclusión.
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, nombró a Pérez Guerrero al frente del equipo interventor del penal. Esta decisión fue tomada ante la renuncia de Blas Antonio Martínez, quien estuvo al mando de la intervención por unas horas tras la fuga de los ocho reos de alta peligrosidad. Estos lograron saltar el cercado perimetral de la cárcel y huyeron del sitio. Hasta el momento, solo uno fue recapturado.
Este 28 de marzo, el Ministerio de Justicia emitió la resolución n.° 261, por la cual se designa a Pérez Guerrero como titular del equipo interventor del establecimiento penitenciario, por un periodo de 30 días, durante el cual se llevarán a cabo los trabajos para esclarecer el hecho.
El nuevo interventor es miembro del plantel de instructores y capacitadores del Instituto Técnico Superior de Formación y Educación Penitenciaria (Itsfep), donde desempeñó un rol clave en la formación del personal penitenciario. También, hizo cursos de especialización en la sede de la Policía Penal del Estado de Paraná, a través de la Oficina de las NNUU contra la Droga y el Delito - UNODC.
Imputación
El fiscal Alcides Giménez Zorrilla imputó a cinco funcionarios penitenciarios por haber supuestamente facilitado la liberación de ocho personas privadas de libertad. Estas son de alta peligrosidad y estaban en el pabellón de máxima seguridad del Centro Penitenciario de Minga Guazú. Los imputados son Pedro Arnaldo López Martínez, Benicio de Jesús Romero Aguilar, Ariel Gustavo Mareco Benítez, José Carlos Alfonso Torres y Jonathan Nicolás Barúa Chamorro.
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