Ciudad del Este. Agencia Regional.
Esta tarde fue allanada una vivienda ubicada en el km 19 Acaray, de Minga Guazú, en el marco de un operativo encabezado por el fiscal Alcides Giménez, de Ciudad del Este, quien estuvo acompañado por agentes del Departamento de Crimen Organizado de Asunción. Se investiga un supuesto esquema de extorsión de ciudadanos taiwaneses a sus propios compatriotas, desde el Alto Paraná, según informó a La Nación/Nación Media, el agente fiscal mencionado.
La denuncia es del propio Estado taiwanés y se canalizó a través de la embajada de Taiwán en Paraguay, a partir del cual se hizo cargo el Departamento del Crimen Organizado de la Policía Nacional, que viene investigando desde el año 2023, sobre el supuesto esquema de extorsión que comprometería a ciudadanos de Taiwán. Es lo que indicó el fiscal Alcides Giménez.
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En la casa intervenida buscaban elementos relacionados a la extorsión y terminaron encontrando uniformes de la policía de Taiwán enviados desde el país asiático, placas policiales, documentos relacionados a operaciones cibernéticas y elementos que suponen, según los intervinientes, una sede que simulaba ser una comisaría oriental, desde donde se extorsionaba, de acuerdo a lo referido por el representante del Ministerio Público.
La casa tiene apariencia de abandono, pero los elementos encontrados evidencian que en el lugar se operaba el esquema investigado, según los agentes intervinientes. Llevaron también cajas todavía no abiertas que mañana serán revisadas en la Fiscalía de Ciudad del Este.
El comisario Hugo Sosa, de Crimen Organizado de la Policía Nacional, informó que los orientales involucrados en el esquema habrían venido de su país para operar el esquema de extorsión a nivel internacional y las víctimas serían varias, sin que conozcan la cantidad de afectados. Ratificó que el lugar allanado habría estado funcionando como un local de la policía de Taiwán, desde el cual se realizaban las amenazas a extranjeros residentes en el país como también en Taiwán.
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Gobierno Abdo llevó al país al 4.º lugar en crimen organizado
- LA CAJA NEGRA
Los abogados del expresidente Mario Abdo Benítez y su gavilla aprovecharon la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), realizada en Asunción, para montar un show e intentar desviar la atención sobre las graves acusaciones por las cuales se encuentran procesados altos funcionarios del gobierno anterior. Uno de los argumentos esgrimidos incluso deja mal parada a la propia administración del exmandatario.
En un reciente comunicado y además una conferencia de prensa, los abogados de Mario Abdo Benítez y los demás implicados en las filtraciones de la Seprelad contra los adversarios políticos, se expuso que Paraguay se encuentra en el cuarto lugar entre los países con mayor criminalidad organizada en el mundo, de acuerdo con el Índice Global del Crimen Organizado.
Lejos de ayudar a la imagen de Abdo y sus excolaboradores, la defensa dejó al descubierto la pésima gestión que tuvo esa administración en el combate al crimen organizado. Dicho informe, que ubica al país junto a México y Colombia en cuanto a la criminalidad, fue elaborado en el 2023 con datos recabados en los últimos años, específicamente durante el gobierno anterior.
EN 2021 PARAGUAY NO APARECÍA ENTRE PRIMEROS
La última vez que se había elaborado el mismo informe en el 2021, Paraguay no aparecía ni siquiera entre los 15 primeros del mundo, por lo que se puede observar que durante la administración de Abdo Benítez se fue convirtiendo rápidamente en un centro de criminalidad y de delincuencia organizada.
De acuerdo al Índice Global de Crimen Organizado edición 2023, la criminalidad fue de 7,52 puntos porcentuales, mientras que la capacidad del Estado (en ese entonces el de Abdo) para combatir fue de solo 3,42 puntos.
(Pág. 4) El documento en cuestión refiere que Paraguay es ampliamente reconocido como un país de tránsito y destino para el tráfico de cocaína y en los últimos años se ha ido convirtiendo cada vez más en un país de origen. Ha habido un aumento en la incautación de pasta base, lo que indica un crecimiento del procesamiento de cocaína.
“ARCO LIBRE” AL CRIMEN ORGANIZADO
En la era de Marito, el país experimentó un crecimiento significativo en actividades delictivas organizadas, al dejar el “arco libre” al crimen organizado y permitir el envío de toneladas de cocaína que terminaron cayendo en puertos europeos, mientras que instituciones como la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) se ocupaban más de la persecución política que de combatir el crimen organizado.
(Pág. 6) El informe resalta en otro apartado que el enfoque del Gobierno paraguayo (refiriéndose a la administración de Mario Abdo Benítez) para prevenir el crimen organizado ha sido infructuoso, centrándose principalmente en operaciones antidroga. En los últimos años disminuyeron los esfuerzos de prevención del Gobierno y la escasa coordinación interinstitucional ha limitado su capacidad para recopilar estadísticas y tomar decisiones. En lugar de asignar fondos para campañas de concienciación pública a sus instituciones, el Gobierno confía en las sociedades civiles, las empresas y los sindicatos para llevar a cabo campañas en zonas de alto riesgo.
Mientras el gobierno de Abdo dejaba que los narcos hicieran de las suyas, se enfocó más en realizar investigaciones contra los adversarios de turno. Es así que funcionarios de la Seprelad –además de otros que ni siquiera pertenecían a esta institución– operaban una oficina paralela dedicada a la persecución de enemigos políticos selectivos, lo que generó críticas sobre el uso indebido de recursos estatales para fines netamente partidarios. Asimismo, durante la administración abdista se dio el montaje de informes de inteligencia filtrados a medios de comunicación y a la vez enviados de forma “espontánea” a gobiernos extranjeros para provocar sanciones.
ESQUEMA DENTRO DE LA SEPRELAD
El esquema paralelo que funcionaba dentro de la Seprelad para fraguar y filtrar informes de inteligencia financiera fue advertido por la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normas antilavado, el Gafilat. El informe de evaluación mutua instó a Paraguay a implementar protocolos para el reporte de incidentes y rendición de cuentas por parte de terceros en los episodios de fugas o filtraciones de información. Sin embargo, la administración del exministro de Seprelad Carlos Arregui hizo caso omiso a las advertencias y recomendaciones exponiendo al país a eventuales sanciones.
Todo esto derivó en la imputación de los implicados, cuyos defensores ahora pretenden desviar la atención montando un burdo show mediático, sin siquiera pretender desacreditar los 42 elementos de sospecha (entre documentos y pericias) que fueron presentados por la Fiscalía y aprobados por el juzgado del caso.
También estos mismos abogados presentaron hasta la fecha más de una docena de chicanas ante la Justicia, diseñadas meramente para dilatar el proceso legal en lugar de abordar las acusaciones de manera directa. Estas maniobras impiden que el caso avance, por lo que la Corte Suprema de Justicia debe sancionar a los letrados chicaneros y destrabar la causa para que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos ante la instancia correspondiente.
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“El final de la historia está absolutamente demostrado”
“Es un paso fundamental en todo proceso penal, es algo absolutamente necesario en un proceso que sigue adelante a pesar de las diferentes incidencias, nulidades y chicanas que han desviado totalmente el proceso natural”, sostuvo el abogado Pedro Ovelar en relación con la convocatoria a indagatoria a los exministros Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y René Fernández, imputados por filtrar informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) con fines políticos.
“La indagatoria es un medio de defensa, no es un acto propiamente investigativo, pero yo estoy seguro de que con el tiempo se irá limpiando todo lo que ensuciaron para llegar al final de la historia que está absolutamente demostrado con la imputación y las diligencias realizadas de que hubo filtraciones, persecución política, que manipularon instituciones para perseguir a los adversarios políticos”, señaló en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Giuzzio, Arregui y Fernández se encuentran imputados por los supuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal, tras la denuncia realizada ante el Ministerio Público por Ovelar, quien ejerce la defensa legal del expresidente Horacio Cartes.
Cartes había sostenido en su acusación que fue víctima de una persecución política durante el anterior gobierno mediante el uso de las instituciones públicas. “No se tuvo el resultado deseado, que el Partido Colorado pierda las elecciones presidenciales, pero sí tuvo un efecto tremendamente dañino para una persona inocente”, afirmó.
Así también, añadió que “sabían que era inocente, pero manipularon todas las instituciones para condenarlo, no solo mediática y socialmente, sino que también afectaron su patrimonio, sus bienes. Son responsables, lo hicieron, está comprobado y por eso se encuentran imputados hoy en día”.
CASO MONTSERRAT ALLIANA
Por otra parte, Ovelar se refirió sobre el pedido realizado por los agentes fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, quienes solicitaron la desestimación de la causa penal contra la funcionaria de la Cámara de Diputados Montserrat Alliana Encina sobre cobro indebido de honorarios y otros. “Esto fue totalmente político, nada de jurídico. El Ministerio Público, con la investigación y el análisis realizado, echa por tierra cualquier tipo de entidad a esta denuncia”, indicó.
Sostuvo que “fue una investigación muy profunda de parte del Ministerio Público respecto a la conducta de mi representada. Analizaron desde su nombramiento, todo el tiempo que estuvo trabajando hasta que fue denunciada, incluso la remuneración recibida. Revisaron dónde prestaba servicios, la ubicación de su teléfono celular, los permisos que obtuvo, tanto particulares como de salud, y las entradas y salidas del país para ver si coincidía con el tiempo en que figuraba como trabajando”.
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Desalojo en CDE: imputan a cuatro manifestantes por coacción grave y resistencia
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El agente fiscal Alcides Giménez presentó imputación contra cuatro manifestantes, durante procedimiento de desalojo en el barrio San Antonio de Ciudad del Este. Los procesados emboscaron presuntamente a los policías para atacarlos con fuegos artificiales y otros elementos contundentes, negándose en todo momento a abandonar el predio.
Están identificados como Jorge Rodrigo Gamarra Insfrán (28), Víctor Efrén González Ramírez (31), Victoriano Benítez (45) y Cristhian Ariel Villalba Encina (36), quienes fueron detenidos e imputados por los hechos punibles de coacción grave, perturbación de la paz pública y resistencia.
Los hechos ocurrieron ayer lunes 1 de julio, a las 10:00 aproximadamente, durante el desalojo realizado en un inmueble individualizado con matrícula k04/3658, cuenta catastral 26-6347-023, ubicado en el barrio San Antonio de la mencionada ciudad.
El procedimiento se llevó a cabo mediante un mandamiento judicial firmado por la jueza Civil y Comercial, Maricel Meaurio. Durante la mañana, la dotación policial se replegó dejando sin efecto el desalojo, pero en horas de la tarde volvió con más dotación y ejecutó el desalojo con más episodios de violencia.
En el escrito fiscal se relató que, en el momento de ejecutarse el operativo, los citados desobedecieron la orden judicial y también emboscaron a los agentes policiales intervinientes con diversos objetos, fuegos artificiales, honditas con bolitas de cristal, cascotes, palos de madera e incluso hierros.
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Resultaron heridos el comisario principal Jorge Manuel Cardozo Cubas y los suboficiales Vicente González, Alexander Medina Fleitas, Manuel Torres y Pablino Ayala. Todos ellos sufrieron diversas lesiones que requirieron atención médica en el hospital de la Fundación Tesãi.
Igualmente, resultaron lesionados los trabajadores de prensa, Carlos Sánchez y Elvio Florentín, quienes sufrieron heridas y también daños a sus elementos de trabajo. Tras los ataques, los policías aprehendieron a los cuatro citados, siendo incautados del poder de ellos evidencias como honditas, bolitas de cristal y explosivos (cebollones), además de teléfonos celulares.
El fiscal Alcides Giménez, tras recopilar los diversos elementos incriminatorios, decidió imputar a los cuatro manifestantes y solicitó al Juzgado de Garantías que convierta en prisión la detención preventiva que pesa contra los mismos. Un menor también fue aprehendido pero luego fue entregado a sus padres.
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Operativos conjuntos eliminan 3 millones de kilos de drogas
En el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, se reunió con delegados de la Policía Federal del Brasil en Amambay, donde acompañaron al personal operativo que se encuentra en pleno proceso de destrucción de cultivos ilícitos y campamentos narcos, en el marco de la operación Nueva Alianza 45, iniciada la semana pasada, que también apoya la Fuerza Aérea Paraguaya.
“La evidencia es clara: debemos invertir en prevención. Redoblemos esfuerzos para combatir la problemática con políticas eficaces en materia de reducción de la oferta y demanda de drogas”, indicaron desde la Senad.
“Los resultados siempre son óptimos para nosotros desde el punto de vista de la cooperación, porque con los operativos que se han hecho en lo que va del año y para la finalización de esta nueva alianza ya estaríamos alcanzando la erradicación de unas 1.000 hectáreas de cultivo de marihuana”, comentó el titular de la Senad a través de las redes sociales.
En lo que va del año, a través de cuatro operativos se ha logrado sacar del mercado unos 3 millones de kilogramos de marihuana, que representa un golpe financiero al crimen organizado de unos 100 millones de dólares. Nueva Alianza 45 seguirá por algunos días más con el apoyo de helicópteros para ingresar a las zonas boscosas que es donde se encuentra la mayor cantidad de cultivos.
“Tras los primeros 5 días de la operación Nueva Alianza 45 sacamos de circulación 287 mil kilos de marihuana y destruimos 28 campamentos. La pérdida ocasionada a los narcos supera los 8,6 millones de dólares”, reportó la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en su red social X.
DETENCIÓN EN CAAGUAZÚ
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) capturó ayer miércoles a un joven que fraccionaba cocaína para la venta en Caaguazú. Se trata de Guido Ayala Estigarribia, quien fuera investigado por actividades de tráfico, fue detenido en el momento. El procedimiento se realizó en el asentamiento Villa el Triunfo de Caaguazú y estuvo a cargo de los antidrogas y el fiscal Fermín Segovia.