En su recuento del año anterior, el Ministerio Público atendió los casos de 6.079 víctimas de hechos punibles contra niños y adolescentes. Foto: Archivo
Fiscalía registró 9 víctimas diarias de abuso infantil en 2023
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Durante el año 2023, el Ministerio Público registró los casos de 6.079 víctimas de varios hechos punibles que afectan a niños, niñas y adolescentes. De la cifra global se establecen unas 16 víctimas diarias por diversas causas, de enero a diciembre, y puntualmente 9 víctimas por día solo por abuso sexual infantil.
De acuerdo al programa de datos abiertos, implementado bajo administración del fiscal general Emiliano Rolón Fernández, a través de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información; se observa una disminución de 300 hechos menos en relación al 2022, en casos de abuso sexual infantil; y se señala un aumento de 100 casos de maltrato y 40 casos más de estupro.
De las 6.079 denuncias se desprenden 3.543 casos de abuso sexual en niños, 1.559 de maltrato de niños y adolescentes bajo tutela, 851 de estupro, 108 de pornografía relativa a niños y adolescentes, 11 casos de abusos por medios tecnológicos y 7 de actos homosexuales con personas menores.
Las especificaciones por departamentos reflejan que hubo 1.410 casos de abuso sexual en niños en Central, 351 en Alto Paraná, 338 en Asunción, 246 en Itapúa, 180 en Caaguazú, 133 en San Pedro, 122 en Cordillera, 107 en Presidente Hayes, 106 en Canindeyú, 105 en Amambay, 96 en Paraguarí, 94 en Guairá, 72 en Concepción, 60 en Misiones, 57 en Caazapá, 38 en Boquerón, 13 en Alto Paraguay y 15 en Ñeembucú.
En cuanto a maltrato de niños y adolescentes bajo tutela se procesaron 797 causas ingresadas en Central, 172 en Alto Paraná, 170 en Asunción, 56 en Caaguazú, 47 en San Pedro, 38 en Itapúa y Cordillera, 37 en Amambay y Paraguarí, 34 en Presidente Hayes, 27 en Concepción y Misiones, 23 en Ñeembucú, 19 en Guairá, 14 en Canindeyú, 13 en Boquerón, 7 en Caazapá y 3 en Alto Paraguay.
En cuanto a estupro se desglosa que Central tuvo 244 casos, Alto Paraná 110, Asunción 73, Caazapá 71, Guairá 56, Caaguazú 53, Itapúa 51, Paraguarí 39, San Pedro 33, Boquerón y Misiones 20, Presidente Hayes 19, Canindeyú 15, Concepción 10, Ñeembucú y Amambay 7, y Alto Paraguay 3.
Del total de 6.079 causas por hechos punibles contra menores de edad, 484 fueron ingresadas en enero, 419 en febrero, 534 en marzo, 410 en abril, 508 en mayo, 546 en junio, 507 en julio, 559 en agosto, 526 en setiembre, 552 en octubre, un pico de 597 en noviembre, y 437 en diciembre.
En lo que respecta a pornografía relativa a niños y adolescentes, Asunción tuvo el pico de causas ingresadas con 62, seguida por las 20 de Central, Caaguazú registró 5, San Pedro y Guairá 4 cada una, Cordillera y Alto Paraná 3, Ñeembucú 2, y 1 en Concepción, Caazapá, Itapúa, Misiones y Paraguarí. Causas de abuso por medios tecnológicos hubo 5 en Central, 4 en Asunción, y 1 en Canindeyú y Ñeembucú. Se registraron 6 causas por actos homosexuales con personas menores en Central y un caso en Amambay.
La periodista Rosana Escobar y el abogado Carlos Palacios abordaron la investigación periodística de Argentina en el espacio de Nación Media. Foto: Pánfilo Leguizamón.
Fiscalía y Seprelad cuentan con mecanismos para indagar sobre el caso Abdooffshore
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El experto en materia del sistema financiero y derecho bancario, el abogado Carlos Palacios, y la periodista de investigación de Nación Media, Rosana Escobar, coincidieron en señalar que existen mecanismos para indagar y comprobar si el expresidente Mario Abdo Benítez y su esposa Silvana López Moreira podrían ser o no los beneficiarios finales de los 21 millones de dólares distribuidos en dos cuentas bancarias en las islas Seychelles, según publicó el portal argentino PeriodismoyPunto.
Durante el programa “Fuego Cruzado”,que se emite por canal GEN/Nación Media, analizaron las evidencias que fueron expuesta por la investigación del portal de noticias que encabeza el periodista argentino Luis Gasulla, respecto a dos cuentas bancarias depositadas por dos empresas cuyos beneficiarios finales serían el exmandatario y su esposa.
Palacios señaló que, aparentemente, estos fondos no figurarían en la declaración de bienes del exjefe de Estado. Por lo tanto, señaló que, en principio, parecería una situación de ocultamiento de activos, escenario que configuraría un eventual hecho de enriquecimiento ilícito.
A su turno, la periodista Rosana Escobar, quien llevó adelante una investigación profunda sobre las empresas de Mario Abdo Benítez vinculadas al tema asfalto; señaló que hay mucha similitud en el manejo del dinero con relación a los depósitos en las islas Seychelles, encontrando un mismo modus operandi en el manejo financiero,
“Parece que es la misma práctica que hizo acá en Paraguay, porque acá la fortuna que amasaron sus empresas en el país no se ve reflejada en su declaración jurada, sino que se fueron a esos fondos de reserva. Hasta ahora nadie sabe dónde están, dónde hubo movimientos tampoco, y que están constituidas en un gran porcentaje por deudas también; deudas infladas que los proveedores o los clientes suyos no reconocen”, explicó la periodista.
Al respecto, el doctor Palacios explicó que el tema de los paraísos fiscales antiguamente se constituían con facilidad mediante acciones al portador; pero luego de la crisis financiera del 2008, obligó a las compañías bancarias a nominar a quienes constituían las empresas.
A partir de entonces, indicó que todas aquellas personas que no querían revelar su identidad constituían sociedades con otras sociedades, armando unos esquemas de sociedades por capas; buscando siempre de ocultar la verdadera identidad del dueño o del beneficiario final. Es así que las legislaciones se fueron ajustando y es así que surge la figura del “beneficiario final”.
“Es como una pirámide, sin aparecer en ella, la persona que aparece como accionista en la sociedad puede no ser el beneficiario final de esa empresa, porque por encima de la que figura como primera dueña puede haber otros dueños hasta llegar a una persona física de carne y hueso, que finalmente se puede identificar como la persona que controla o que es titular de los activos que existen en esta sociedad”, comentó Palacios.
Expertos resaltan que no se trata de una información vaga sino de una información concreta que puede perfectamente servir como punta del ovillo para la investigación del Ministerio Público. Foto: Pánfilo Leguizamón
Evidencias claras
La periodista Escobar como el experto jurídico en finanzas señalaron que existen los elementos y herramientas para que el Ministerio Público inicie una investigación, ya que la publicación periodística accedió a datos bastante concretos y específicos, como, por ejemplo, los nombres de estos dos bancos, que efectivamente existen, operan y están habilitados para funcionar en Seychelles. Además de números de cuenta, los nombres de las sociedades titulares y movimientos de los depósitos o transferencias que se recibieron.
“No se trata de una información vaga sino de una información concreta que puede perfectamente servir como punta del ovillo para que el Ministerio Público inicie una investigación con toda seriedad. Ahora, que la persona afectada haya salido rápidamente a desmentir en forma directa y a través de sus abogados, esa es la dinámica que existe cuando hay una revelación de la posible existencia de un delito”, comentó Palacios.
Asimismo, Palacios señaló que la Fiscalía y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) cuentan con las herramientas como para iniciar esa investigación mediante la cooperación con los grupos de unidades de inteligencia financiera de diversos países.
Indicó que justamente la República de Seychelles, en su afán de salir de la lista gris de paraísos fiscales, desde hace unos años ha formado parte del Grupo Egmont, que es el organismo internacional que permite la cooperación e intercambio de inteligencia entre las unidades inteligencia financiera de varios países, incluido también Paraguay.
“Esta información no es pública, la base de datos para saber quiénes son los titulares o los beneficiarios finales de las empresas constituidas en esa jurisdicción solamente se pueden acceder a través de estos mecanismos oficiales; por eso la responsabilidad recae yo creo que en la Seprelad y fundamentalmente en el Ministerio Público”, insistió Palacios.
Agregó que la Seprelad podría estar guardando el debido sigilo, no como ocurrió en otros casos durante el gobierno de Abdo, pero ya debería estar tramitando de manera oficial la investigación. “Ahora, si la información llega a recibirse y confirma la existencia de estas cuentas, ahí si esta investigación cobraría fuerza y podría derivar eventualmente en una imputación contra el expresidente”, puntualizó.
Por su parte, Rosana Escobar recordó que la investigación de la Fiscalía sobre eventual enriquecimiento ilícito de Mario Abdo lleva ya un año, sin tener noticias de avance en la investigación.
“Lo que tiene que hacer, reitero, la Fiscalía es sencillo, es revisar las cuentas bancarias, así nomás, es donde está la plata, dónde se fue, uno puede ponerle todo el ropaje que quiera, el concepto que quiera, financieramente hablando, pero hay que revisar dónde está la plata, nomás, sencillo, va a la cuenta y ya está”, acotó.
La Fiscalía imputó a Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del extinto diputado Eulalio “Lalo” Gomes, a una funcionaria del Registro Público y al abogado Óscar Tuma, por alterar el sistema para realizar transferencia de inmuebles. FOTO: ARCHIVO
Imputan a hijo de Lalo Gomes, a funcionaria y al abogado Tuma por transferencia de inmueble bloqueado
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El Ministerio Público presentó imputación contra el abogado Óscar Tuma, defensor del también imputado Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio Gomes y actualmente imputado por narcotráfico y a Alcira Celeste Rodríguez Flores, funcionaria de la Dirección General de Registros Públicos, por la presunta participación en un hecho ilícito para evadir una medida cautelar judicial y transferir inmuebles con fines de ocultamiento patrimonial.
Según la imputación, la funcionaria de los Registros Públicos, Rodríguez Flores, habría accedido de forma indebida al sistema informático de Registros Públicos y alteró deliberadamente los datos personales de Alexandre Rodrigues Gomes, quien se encontraba judicialmente inhibido de disponer de sus bienes. La acción de la referida funcionaria posibilitó la emisión de certificados falsos de libre disponibilidad, lo que facilitó que cuatro inmuebles, valuados en más de G. 1.700 millones, fueran transferidos al abogado Óscar Tuma en concepto de pago por honorarios.
La Fiscalía sostiene que el abogado Tuma, consciente de la inhibición vigente sobre los bienes de su cliente, igualmente aceptó las propiedades, incurriendo así en el hecho punible de lavado de activos. Ahora un juzgado deberá admitir la imputación y fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Alexandre Rodrigues Gomes, actualmente recluido en el CERESO de Encarnación, habría ejecutado esta operación con el objetivo de frustrar el comiso especial de sus bienes, medida dictada por el Juzgado Especializado en Crimen Organizado como parte del proceso que enfrenta por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Los hechos imputados a los involucrados incluyen :
alteración de datos
acceso indebido a sistemas informáticos
alteración de datos relevantes para la prueba
lavado de activos
La causa está a cargo de los fiscales José Martín Morínigo, Alejandro Cardozo, Francisco Cabrera y Diana Gómez. El juez Penal de Garantías José Delmás remitió el expediente al Juzgado Especializado en Crimen Organizado para la prosecución del proceso penal.
San Pedro: jóvenes entregaron abrigos a familias en situación de vulnerabilidad
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Jóvenes integrantes de la Asociación sampedrana de ayuda sin fines de lucro promovieron una campaña de recolección de abrigos para donarlos a familias en situación de vulnerabilidad.
Fueron beneficiados pobladores de barrios y asentamientos del distrito de San Pedro del Ycuamandyju.
La iniciativa surgió como una respuesta a las necesidades de la comunidad y buscando principalmente proteger del frío a los chicos y como regalo anticipado por el Día del Niño.
“El grupo se llama ASA integrado por compañeros de la facultad y amigos de la zona de San Pedro. Hicimos una actividad juntando abrigos, por el frío que se viene la otra semana”, señaló Daniel Insaurralde a Unicanal.
El joven voluntario dijo que durante el recorrido también piden donación de todo tipo de golosinas con el propósito de entregar posteriormente en la fiesta que organizan para agasajar a los pequeños.
Destacó que la ayuda llegó a muchas familias. Ahora la campaña se enfoca en conseguir aportes para ofrecer una merienda a los niños que celebran su día el 15 de agosto.
Para ello prevén visitar los negocios de San Pedro para pedir la colaboración de los comerciantes.
“Estamos organizando una actividad en agosto por el Día del Niño y ahí queremos pedir la colaboración de las casas comerciales. Queremos pedirles golosinas, juguetes y todo lo que venga va a sumar para las criaturas”, subrayó.
Los interesados en colaborar con los voluntarios pueden comunicarse al teléfono 0976-549 659.
Fiscalía podría requerir datos vía exhorto a Seychelles
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El abogado José Fernández Zacur, experto en derecho penal económico y lavado de dinero, opinó sobre la investigación del periodista argentino Luis Gasulla, publicada en el portal PeriodismoyPunto, que expuso las presuntas cuentas bancarias ocultas del expresidente Mario Abdo Benítez y su esposa Silvana López Moreira, en el paraíso fiscal de las islas Seychelles (África).
“Seychelles ya no tiene el nivel de opacidad bancaria que tenía. Ya tienen sancionada una ley de asistencia jurídica mutua en materia penal que les obliga a contestar pedidos de asistencia de cooperación penal internacional, particularmente en materia de cuentas bancarias, contenidos, saldos movimientos. Esta es una legislación interna de Seychelles”, indicó Fernández Zacur en una entrevista con el programa “La caja negra”, emitido por Unicanal.
El informe publicado en el portal de PeriodismoyPunto, por el periodista Luis Gasulla, mediante datos filtrados por una fuente de alto nivel con acceso directo a documentación bancaria internacional, refiere que Abdo Benítez y López Moreira habrían ocultaron la millonaria suma de USD 21 millones, hecho que configura posibles cargos por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión.
CONVENCIÓN DE PALERMO
“Seychelles también está adherido desde hace un buen tiempo a la Convención de Palermo contra el crimen organizado internacional de Naciones Unidas contra la corrupción. Ya no es aquel paraíso opaco de otros tiempos. Tienen por adopción de normas internacionales y vigencias de normas internas la obligación de contestar solicitudes de asistencia internacional”, reiteró el experto en leyes.
El abogado detalló que, de generarse una investigación por parte del Ministerio Público, la institución podrá requerir informaciones vía exhorto. “Esta sería una buena opción, por la ley propia de Seychelles que mencioné, se puede hacer directamente por Cancillería. Si no contestan por esta vía se recurre a otra, uno va acomodando su investigación en base a las contingencias que va teniendo”, dijo.
“Esto no solamente puede ser interés del Paraguay, también puede ser de otras jurisdicciones. Los ciudadanos estamos interesados en saber si existe ese dinero y en caso de que exista, saber si vienen de valores que son de todos”, refirió Fernández Zacur.