El Ministerio Público presentó acusación contra doce personas y solicitó juicio oral en el marco de las investigaciones sobre el desfalco en la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM).

Los afectados son exdirectivos y funcionarios de la Caja de Jubilaciones involucrados en la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, ocasionando un supuesto perjuicio patrimonial de G. 11.789.516.891.

Según la acusación de los agentes fiscales Luz Guerrero Moral y Christian Benítez Cáceres de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, entre 2019 y 2023 se habría desarrollado un esquema de desvío de fondos correspondientes al rubro 821, destinado al pago de jubilaciones y pensiones, mediante la reutilización de expedientes de exafiliados que ya habían percibido la devolución total de sus aportes.

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La maniobra investigada consistía en reingresar estos expedientes y simular nuevos trámites administrativos sin conocimiento de los titulares.

A partir de estas operaciones, se habrían generado órdenes de pago y emitido cheques duplicados, triplicados e incluso cuadruplicados, que posteriormente eran endosados de manera presuntamente fraudulenta y cobrados en entidades bancarias por funcionarios y terceros ajenos a los beneficiarios.

De acuerdo con la pericia contable realizada por el Laboratorio Forense del Ministerio Público, el perjuicio patrimonial atribuido a las operaciones investigadas supera los 11.700 millones de guaraníes, correspondiente a 486 cheques cobrados presuntamente de manera irregular a nombre de 285 exafiliados.

“Entre las situaciones identificadas figuran pagos emitidos a nombre de personas que habían fallecido antes de la liberación de los fondos”, alegan los investigadores.

El requerimiento conclusivo fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno de la Capital, con el pedido de que las 12 personas acusadas afronten juicio oral y público por los hechos punibles atribuidos.

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Vecinos de los barrios Lérida y Reducto de San Lorenzo se manifestaron este miércoles de mañana exigiendo la reubicación del campamento de una empresa adjudicada con la ampliación de la Ruta D027, que une las ciudades de San Lorenzo, Capiatá y J. Augusto Saldívar.

Lugareños piden que se reubique el campamento debido a las complicaciones que afectan a los vecinos. Son aproximadamente 200 personas afectadas en su salud por la contaminación y en su tranquilidad por el ruido generado por la circulación constante de vehículos pesados.

“Desde comienzos de año se instaló esta empresa del Consorcio Victoria que fue adjudicada para la obra. Primero fue con la prefabricación de tubos para desagüe que necesita mucha maquinaria. Entonces, hay muchos camiones pesados, cisternas que entran y salen”, explicó Catalina Insfrán en diálogo con el programa Dos en la ciudad de canal GEN y Universo 970AM.

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Añadió que a mediados de año instalaron su planta asfáltica. “Eso fue lo peor por la emisión de gases tóxicos, hollín, polvo que es imposible convivir en nuestra propia casa”, lamentó.

En julio, la planta asfáltica comenzó a operar sin permiso de la Municipalidad, por lo que la comuna les impidió realizar sus actividades momentáneamente. Pero los afectados solicitan que sea reubicada en un lugar aislado.

“Pedimos al gobierno central, a través del MOPC, que reubique en un lugar descampado. Esta planta estaba en medio de un vecindario”, manifestó la vecina.

Las actividades están pausadas parcialmente. Pero, la gente no se va a quedar contenta si no se reubica porque puede estar dentro de los barrios muy poblados, aclaró la vocera.

“No vamos a cansarnos, vamos a seguir con la lucha”, advirtió Insfrán.

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Vecinos de los barrios Virgen de Fátima y Tablada Nueva de Asunción presentaron una acción de amparo constitucional ante el Poder Judicial, contra frigoríficos de la zona, por el faenamiento de ganado bovino y operaciones conexas, alegando contaminación ambiental y riesgos a la salud. Se sumaron al pedido, algunas empresas.

Según explicación de los afectados, el amparo busca proteger los derechos constitucionales a un ambiente sano, a la salud, a la calidad de vida y a la integridad de las personas que viven, trabajan o estudian en estos barrios densamente poblados.

Los vecinos aseguran sufrir, desde hace años, olores nauseabundos, contaminación de arroyos, especialmente el Mburicao. Asimismo, la invasión de moscas y otros insectos, generando malestares como dolores de cabeza, náuseas, irritación de ojos y problemas respiratorios.

Aseguran que estos problemas están vinculados al faenamiento de ganado y a las actividades relacionadas con procesamiento de vísceras, graserías, curtiembres y quema de huesos, que se realizan en plena zona residencial, cerca de viviendas, escuelas y centros de salud.

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“La acción está basada en que estas actividades generan un daño ambiental continuo, acumulativo y de difícil reparación, que afecta a miles de personas y resulta incompatible con el carácter residencial de la zona y con los derechos constitucionales vigentes”, señala el documento. A esto se suma el peligro de incendios y fugas de gases tóxicos, como los ocurridos en 2021 y 2023.

A pesar de la prohibición vigente de circulación de camiones de ganado en pie en la zona (Ordenanza N° 197/25), las actividades continúan. Según el amparo, esto ocurre en un área donde el Estado está invirtiendo en proyectos de “corredor verde” y mejoras urbanas.

Los vecinos y organizaciones presentaron reiteradas denuncias y reclamos ante la Municipalidad de Asunción, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y el Ministerio Público. También se realizaron audiencias públicas en el Congreso Nacional (Cámara de Diputados) y en la Municipalidad de Asunción. Sin embargo, hasta la fecha no se logró una solución efectiva ni un control técnico integral, continuo e independiente que detenga la contaminación y proteja a la población. Por eso recurrieron a la vía judicial.

Ante dicha situación, piden el cese de la faena de ganado y de todas las actividades conexas de los frigoríficos demandados. Suspender la circulación de camiones de transporte de ganado en pie por la zona. La mudanza definitiva de las instalaciones, con un plazo máximo de seis meses y el cierre de los establecimientos conexos que procesan subproductos animales (vísceras, huesos, grasas, etc.).

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Vecinos de Fernando de la Mora denunciaron que están siendo víctimas de amedrentamiento de parte de la Municipalidad por haber colocado algunos carteles relacionados con el pésimo estado de las calles. En tanto, el equipo periodístico de Nación Media (GEN y Universo 970AM) también fue víctima de censura de parte de algunos funcionarios.

El camarógrafo Rodrigo Benítez fue agredido cuando intentaba realizar algunas filmaciones en la oficina de la Secretaría General. “Nos amedrentaron, específicamente a mi compañero Rodrigo Benítez. Vino una persona y agarró nuestra cámara, quiso obligar a mi compañero a que abandone el edificio”, relató el cronista Joel Corvalán.

En tanto, la candidata a intendente por la Alianza Despertar Ciudadana, María Stela Invernizzi, llegó hoy hasta la comuna local, en representación de los afectados, acompañada de una delegación, a pedir explicaciones al respecto.

“Venimos a conversar con el intendente, y lastimosamente, no está en su oficina. Hemos solicitado audiencia con la secretaria general Nilza Sánchez, y tampoco se encuentra”, comentó Invernizzi en declaraciones al programa Arriba hoy de canal GEN y Universo 970AM.

Ante la ausencia de ambas autoridades, solicitaron audiencia con el director jurídico. “Para que nos den alguna explicación, qué normativa estamos quebrantando con los carteles que hemos puesto a media cuadra, en vista de que están recibiendo las propietarias amenazas, hostigamiento, desde la Municipalidad para que retiremos los carteles”, indicó.

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Por su parte, Alejandro Fernández, responsable de la cartelería y candidato a concejal, confirmó el amedrentamiento. “Los dueños nos expresaron que desde el mismo día que amanecieron los carteles de “Bienvenidos a Fernando de la Mora, la capital del bache”, estuvieron siendo hostigados, tanto por la secretaria general Nilza Sánchez como por el asesor jurídico de la Municipalidad”, refirió.

Asimismo, las amenazas fueron varias. “Estuvieron recibiendo amenazas todos los días con que iban a ser notificados, multados, se les iba a poner trabas en cuanto a su patente comercial, se les iba a hacer problemas con el pago de impuestos también”, añadió.

En ese contexto, cuestionó la actitud de las autoridades municipales. “A nosotros nos parece ridículo tener que estar discutiendo sobre dos carteles que no hacen daño a nadie, siendo que en vez de poner tanto esfuerzo en tapar los carteles, deberían tapar los baches”, expresó.

“Nos amedrentaron, específicamente a mi compañero Rodrigo Benítez. Vino una persona y agarró nuestra cámara, quiso obligar a mi compañero a que abandone el edificio”, relató el cronista Joel Corvalán.

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