Investigan a 17 funcionarios tras levantamiento de código rojo de esposa de Marset
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Este viernes, la Policía Nacional intervino la oficina de la Interpol ubicada en Asunción, luego de que levantaron la orden de captura internacional contra Gianina García Troche, esposa del presunto narco uruguayo Sebastián Marset y uno de sus cómplices. Unos 17 funcionarios tenían acceso a la red y ya fueron apartados de su cargo para iniciar la investigación.
En conferencia de prensala fiscal Ruth Benítez indicó que se está ante un hecho punible de sabotaje y agregó que un grupo de 17 personas son las que tenían permisos para acceder a la red. “Estamos ante un hecho punible de sabotaje, frustración de la ejecución y alteración de datos. Hasta el momento tenemos muchos datos para saber sobre el origen y los autores del hecho”, explicó la fiscal.
Señaló que cuando se trata de datos o de la red esto queda registrado y que se puede llegar a los autores mediante el registro del usuario como la contraseña. “El servidor está en la base central, en la secretaría general con base en Lyon, Francia. Entonces, mediante los informes y asistencia jurídica internacional vamos a urgir de manera a tener esos reportes”, sostuvo.
Agregó que la persona que realizó esta modificación o alteración es un funcionario y tiene los permisos correspondientes. “Tenemos el listado de 17 personas específicamente que cuentan con esos permisos de altas, bajas y modificaciones. A partir de ahí estaremos iniciando la investigación y con el informe de Francia estaremos cerrando”, puntualizó.
Por su parte, el jefe de Cibercrimen, Diosnel Alarcón, indicó que además del levantamiento de código rojo de la esposa de Marset se levantó también de otra persona que también estaría involucrada en el caso A Ultranza Py. “Tenemos dos personas una es la señora Gianina y otro sería José Fernando Estigarribia, ambos involucrados en el mismo caso y esto se caratula como un sabotaje. El código rojo está activo nuevamente”, resaltó.
Añadió que se pueden sustentar que desde Paraguay se hizo el cese de la orden de captura y por eso se levanta la notificación roja. “Ya solicitamos el informe a la Interpol de Lyon y esperamos la respuesta para saber el usuario, la fecha y hora en que se hizo ese pedido, a partir de ahí tendremos una ruta para apuntar hacia un responsable”, remarcó.
Migraciones e Interpol firman convenio que eleva estándares de seguridad para el ingreso al país
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La Dirección Nacional de Migraciones, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, a través del Departamento de Interpol (OCN Asunción), firmaron un convenio de cooperación orientado a fortalecer los controles migratorios. Este acuerdo permitirá realizar consultas en tiempo real sobre connacionales y extranjeros que deseen ingresar a nuestro país.
Según explicaron, se podrá hacer consultas sobre documentos de identidad y de viaje reportados como robados, perdidos o inválidos, conforme a los estándares internacionales de seguridad y cooperación. “Con esto lo que hacemos es elevar el estándar de seguridad de nuestra institución a nivel de control migratorio“, explicó Jorge Kronawetter, director de Migraciones.
El acuerdo posibilita tener informaciones en tiempo real sobre la persona, lo cual permitirá tomar algún tipo de decisión con relación al viajero que se presenta en las fronteras de nuestro país. Mediante este convenio, se podrá acceder a la información total de las personas de modo a identificar si existen alertas migratorias.
“Por ejemplo, si una persona de nacionalidad colombiana, pero con pasaporte argentino tenía una alerta cargada con el argentino, pero presentaba sus documentos colombianos, era difícil que pueda ser detectado, sin embargo, con este convenio se puede tener acceso directo a la base de datos de Interpol nominal, significa por los nombres independientemente de qué documento presente”, detalló.
Kronawetter destacó ante la 650 AM que esto representa un nivel mucho más alto en seguridad, sin perder la agilidad, dado que esta consulta no será una carga adicional al sistema, puesto que el chequeo de datos se hará en tiempo real. “Se va a hacer con la rapidez que demanda este tipo de soluciones”, aseguró. “Es algo sumamente importante, por eso damos el destaque correspondiente”, agregó.
Imputan a tres personas por cohecho pasivo y otros, tras allanamiento en oficinas de la DNIT
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La agente fiscal Verónica Valdez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, formuló imputación contra Francisco Javier Acosta Rolón (jefe de Resguardo), Juan Andrés Arroyo Báquez (jefe de Administración) y Christian Luis Palacios Gómez (auxiliar despachante particular), en el marco de una investigación por presuntos hechos punibles cometidos en el predio del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, sede de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
Los ciudadanos Acosta y Arroyo fueron imputados por la supuesta comisión de cohecho pasivo y extorsión, en calidad de coautores, mientras que Palacios fue imputado por el supuesto hecho de frustración de la persecución y ejecución penal, en calidad de autor. La imputación fue presentada tras un allanamiento realizado el pasado 10 de julio, en el marco de una denuncia por presunto pedido irregular de dinero.
Durante el procedimiento, autorizado judicialmente, el Ministerio Público incautó documentos, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, además de requerir el respaldo del circuito cerrado del lugar. En poder de uno de los implicados se encontró una mochila con USD 50.395 y G. 22.800 millones, así como una cartuchera con otros USD 12.046 y G. 1.372.000. Adicionalmente, fueron hallados G. 3.500.000 en tres sobres ubicados en un cajón asignado a un funcionario.
La investigación sigue en etapa investigativa, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades penales.
Desde la Contraloría Ciudadana señalaron que notaron que hay una directriz en el municipio de Ciudad del Este para obstruir el trabajo del interventor Ramón Ramírez. Foto: Archivo
CDE: difícil acceso a documentos evidencia directriz para obstruir trabajo del interventor, señalan
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La coordinadora de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, Magdalena Montiel, dio su parecer respecto a los detalles que está brindando el interventor de la municipalidad de Ciudad del Este. Al respecto, indicó que es evidente que hay una instrucción a los directores de la municipalidad para no facilitar el trabajo del interventor.
En comunicación con La Nación/Nación Media, señaló que es la impresión que está teniendo al escuchar al interventor Ramón Ramírez señalar que no está accediendo a muchos documentos. Indicó que es lo mismo que ellos han sufrido estando ahí con los funcionarios de la municipalidad.
“Es evidente que hay directrices para que los funcionarios y los directivos no colaboren con la intervención. Es lo mismo que manifestó el interventor”. comentó Montiel.
Asimismo, señaló que existen hallazgos referidos por el interventor, como el uso de combustible y caja chica. Ellos, como Contraloría Ciudadana, no tenían información al respecto, por lo que son hallazgos de irregularidades nuevas.
“En el tema del uso irregular de combustible, indicó que en un solo día se le cargó al minibus una cantidad excesiva de combustible para uso de 50 km. Lo otro, el uso de la caja chica que, así como mencionó el interventor, unos 200 millones de guaraníes mensuales en efectivo, para uso de gastos menores, realmente es una cuestión bastante irregular”, comentó.
No obstante, Montiel señaló que entienden que el interventor Ramírez está llevando adelante un trabajo técnico que por lo general lleva tiempo, pero al tener en cuenta que el plazo de la intervención es solo de 60 días, entonces el interventor está optimizando su tiempo para corroborar aquellos puntos que fueron objetados por la Contraloría y que dieron origen a la intervención.
“Creemos que está haciendo bien su trabajo, a pesar de todas las dificultades que enfrenta, ya que por un lado está administrando la institución a la par de llevar adelante el trabajo de control”, precisó.
Montiel, explicó que los datos que está brindando el interventor ahora, son informaciones puntales que ellos como Contraloría Ciudadana, no estaban manejando.
“Nuestras denuncias se basaron en obras, con empresas de maletín o empresas fantasma. Así como el tema de transferencia de capital que daba a comisiones vecinales, ninguna de las denuncias que hicimos nosotros guarda relación con el informe que brindó el interventor durante la conferencia de prensa sobre las irregularidades halladas, que son aspectos absolutamente nuevos para nosotros”, mencionó.
Tía Chela, la gran estafa de la administración Prieto para embolsillarse fondos en pandemia
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La intervención en proceso en la Municipalidad de Ciudad del Este, está revelando cada vez con más claridad cómo funcionaba el esquema que organizó el intendente Miguel Prieto para concretar su maquiavélica gran estafa, con el objetivo de embolsillarse millonarias sumas pertenecientes a las arcas públicas. Le contamos cómo era el proceso para la tragada sistemática de dinero de los contribuyentes.
Mientras continúa la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del economista Ramón Ramírez, va saltando al tapete cada vez con más claridad cómo operaba Miguel Prieto para llevar a cabo la maquiavélica estafa, que prácticamente vació las arcas de la municipalidad esteña.
Prieto y sus cómplices creían tener el esquema muy bien planeado, pero se les escaparon algunos detalles importantes que finalmente sirvieron a la Fiscalía de Delitos Económicos como elementos para señalarlos por las figuras penales de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente “opositor”, Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación “de urgencia” a la firma Tía Chela S.R.L. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo, y Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo, es decir, dos días antes.
Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, mismo día que la Municipalidad firmaba contrato con Tía Chela S.R.L, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.
El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que en realidad no fueron proveídos por Tía Chela S.R.L.
El pequeño autoservicio Tía Chela que se alzó con una jugosa licitación en la administración de Prieto.
“Recordatorio”, de comisión en anverso de cheque
A la “escenografía”, que montó Prieto se suma otro hecho curioso. En el anverso del cheque que cobró el propietario de Tía Chela, Fermín Ávalos, estaba escrita a mano la frase “para comisión de Francisco Arrúa”. Arrúa es nada menos que el director administrativo de la Municipalidad de Ciudad del Este. Es decir, antes de concretarse la entrega de los víveres, ya estaba planificada la repartija de tajadas a los involucrados en la licitación que favoreció a Tía Chela.
Un dato no menor es que, al momento de convocar a los oferentes, se invitó a Tía Chela S.R.L de Fermín Ávalos, a Danielito S.R.L de Felipe Ávalos (padre de Fermín) y a Yrupē, de Sady Lorena Martínez, quien ya contaba con millonario contrato de alimentos.
Esta convocatoria a miembros de una familia y cercanos, hace sospechar a la Fiscalía de que el proceso de licitación fue solamente un maquillaje para direccionar la adjudicación hacia Tía Chela S.R.L.
Contrato adjudicado por vía de la excepción al pequeño autoservice Tía Chela.
Algunos “beneficiarios”, ni siquiera están en el país
El departamento de Crimen Organizado realizó verificaciones aleatorias de datos de los supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figuran en las planillas, y resultó que varios de ellos residen o en el extranjero, o en otros departamentos del país alejados de Ciudad del Este.
Por si fuera poco, en las planillas datos que debieron ser consignadas por los beneficiarios, se observa claramente que la caligrafía pertenece a una misma persona, que llenó todo el documento para simular la entrega de los kits.
Caso Tía Chela fue una compra simulada de mercaderías, según el Ministerio Público. Foto: Archivo
Compraban cantidades de combustible imposibles de consumir
Un nuevo hilo del ovillo fue publicado este martes en el diario La Nación. Este nos lleva a la detección de un esquema dedicado a desviar fondos utilizando como pantalla el consumo de combustible para la municipalidad.
En el “teatro” que armaron, no tuvieron en cuenta que es físicamente imposible que en un solo día un automóvil utilice casi 100 litros de combustible. Según el documento que presentaron, un solo vehículo cargó G. 800.000 de carburante en un día,
Todos los datos detectados fortalecen cada vez más la sospecha de que en la administración municipal esteña instauró un esquema corrupto que aprovechaba su posición de privilegio para sustraer sistemáticamente dinero público.
No se descarta que en el transcurso de los días salgan a luz nuevas denuncias relacionadas a acciones irregulares bajo el consentimiento cómplice del intendente Miguel Prieto.
El interventor Ramón Ramírez reveló millonarios anticipos en adjudicaciones que saltan procesos de Contrataciones Públicas. Foto: Gustavo Galeano