Ciudad del Este. Agencia Regional.
Un joven con discapacidad en el crecimiento mental habría sido víctima de un abuso sexual por parte de un hombre en un asentamiento de Minga Guazú. El hecho habría sido a las 22:30 del 3 de agosto pasado en el interior de una vivienda en el km 15 Acaray, del citado distrito. La víctima tiene 26 años.
El supuesto autor es Fabio Galeano, alias Polar, de 40 años de edad, quien se encuentra prófugo, según confirmó a La Nación/Nación Media el comisario Osvaldo Osorio, jefe de la Comisaría Octava de Minga Guazú, que intervino en el caso a raíz de la denuncia presentada por la madre del joven.
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La mujer relató que la víctima se encontraba con Fabio Galeano en una cancha de vóley y luego lo llevó hasta su casa, una vivienda pequeña del mismo asentamiento donde vive el joven con su madre. Luego, la mujer escuchó gritos y llantos de su hijo pidiendo auxilio, que provenían de la casa del supuesto agresor.
Al ser preguntado qué le había pasado, el joven confesó que sufrió abuso sexual por parte del propietario de la casa, quien para ese momento ya se había fugado del lugar. La denuncia fue informada a la fiscal de turno Julia González y este viernes pasado ya se realizó la intervención de medicina forense y de sicología del Ministerio Público de Ciudad del Este, a cuya jurisdicción corresponde Minga Guazú.
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El comisario Osvaldo Osorio informó que el supuesto autor tiene antecedentes de dos causas por abuso sexual en niños y violencia familiar. Indicó que el hombre vivía en otro lugar con una pareja de nacionalidad venezolana, quien la había denunciado y obtenido una exclusión de hogar.
El jefe policial dijo que, ya estando prófugo, el hombre se contactó supuestamente con su expareja, diciendo que iba a viajar a Asunción porque en su vecindad le querían “crear problemas”. También le habría dicho a la expareja que se presentaría al Ministerio Público con su abogado, pero ya debió ser ayer y no lo hizo, expresó el comisario Osvaldo Osorio.
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Niña sufrió abuso sexual, fue diagnosticada con sífilis y madre está detenida
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La fiscal Julia González investiga otro terrible caso de abuso sexual de una niña de seis años, a quien le diagnosticaron sífilis, una enfermedad de transmisión sexual, después de ser inspeccionada por personal de salud. La madre está detenida por violación del deber de cuidado y abuso sexual en niño.
El supuesto autor es el padrastro, quien está desaparecido. La agente fiscal informó que ya tienen el nombre del sujeto, pero están corroborando otros datos para emitir la orden de captura.
El caso llegó a la Fiscalía después de que la mujer decidió llevar a su hija a la clínica de una universidad privada para consultar ante molestias en su parte íntima. Al ser inspeccionada se le encontró lesiones y evidencias de abuso sexual.
Ante esa situación, la madre fue comunicada por el personal de salud sobre el resultado de la revisión y que se dará parte a las autoridades, pero la mujer agarró a su niña y corrió de la clínica, según contó a La Nación/Nación Media la fiscal Julia González.
El personal de salud, con ayuda de guardias, la pudo alcanzar cuando ya estaba a punto de abordar el ómnibus. Llegó en ese momento el personal policial y la madre fue aprehendida. Guarda reclusión en la comisaría de mujeres.
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Al ser rescatada la niña de los brazos de su madre fue llevada de nuevo a la clínica universitaria y allí llegó una tía materna que se hizo cargo de ella, ya con intervención de la Consejería de la Niñez (Codeni) de Ciudad del Este y del Ministerio Público.
Enfermedad
Contó que en la clínica universitaria a la niña le realizaron análisis ante las lesiones detectadas; el resultado indica que la víctima padece sífilis, según el informe que fue enviado a la Fiscalía. “Le pasé el reporte a Medicina Forense y confirman que la niña tiene dicha enfermedad”, dijo la fiscal.
La detención de la mujer fue ayer 22 de noviembre. Julia González informó que el martes 19 de noviembre ya había ido primero al Hospital Regional de Ciudad del Este para que le atiendan a la niña y en esa ocasión solo dio el nombre de su hija. También desapareció después de escuchar sobre el estado de la niña y la obligación de reportar a la Fiscalía.
En esa ocasión no fue alcanzada y se informó lo sucedido. La fiscal confirmó que ya había ingresado a su unidad, aunque sin ninguna identidad de la mujer. Ayer, al repetirse la acción, sí pudo ser alcanzada y entregada a la Policía y a la Fiscalía.
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Sigue prófugo el hombre que macheteó a su expareja y quemó su casa
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El hombre que había atacado a su expareja con machete y posteriormente prendió fuego a la casa, sigue prófugo, según confirmó el comisario principal Juan López Ibarra, jefe de la Comisaría 24, del barrio Puerta del Sol de Hernandarias, cuyo personal intervino en el caso.
Se trata de Edgar González Pereira (32), quien está desaparecido desde la medianoche del miércoles pasado, después de haber incendiado la casa donde vivía su expareja con los hijos menores. La precaria casa de madera había quedado hecha ceniza. La víctima y sus hijos ya no estaban en el lugar.
El comisario mencionó que tienen algunas pistas que están siguiendo y confía que pronto será detenido. Dijo que, según la denunciante, su expareja es una persona adicta a drogas y en forma recurrente se volvía muy violento contra ella frente a sus hijos. El jefe policial mencionó que, los niños no son hijos del prófugo.
“Es una persona bastante violenta y debe ser detenida, es un peligro”, refirió el comisario Juan López. El antecedente indica que la mujer, cansada de la violencia del hombre y ante el peligro cada vez mayor en la que se encontraban ella y sus hijos, tras el último episodio de agresión, se presentó ante la comisaría.
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Fue el miércoles 20 de noviembre pasado, a las 21:30, que González Pereira llegó a la casa bajo de los efectos de alguna sustancia alucinógena, aparentemente, y tras la agresión verbal macheteó a la mujer causándole una lesión en la espalda. Los vecinos intervinieron y la víctima fue auxiliada hasta el hospital.
La mujer contó que hacía ocho días se habían separado porque era violentada permanentemente. “Oñembosarái cherehe (Me jugaba)”, dijo al personal policial. Ante el temor de que el agresor regrese a la casa y ataque de nuevo a la mujer, ella y sus hijos permanecieron en la vivienda de una vecina, después de tener el diagnóstico médico.
A la noche vieron al hombre cuando llevó combustible y prendió fuego a la casa. Llegaron los bomberos voluntarios, pero ya no se pudo hacer nada. El prófugo tiene antecedente por homicidio doloso en grado de tentativa en el año 2022.
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Cámara Alta resuelve endurecer penas para casos de abuso sexual a menores
La Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley por el cual se modifican los artículos n.° 128 y 135 del Código Penal por el cual se elevan las penas para los casos de abusos sexuales a niños y adolescentes. La Cámara Alta aceptó los cambios introducidos por los Diputados, quienes endurecieron las penas mínimas y máximas para estos hechos.
La iniciativa fue aprobada este miércoles 20 con el voto positivo de 36 legisladores y con esto, se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. Las diferentes comisiones recomendaron acompañar los cambios realizados por la Cámara Baja, la cual estableció agravantes para determinados casos.
La ley sancionada contempla agravantes de 10 a 20 años cuando al realizar el hecho se maltrata física o psicológicamente a la víctima, que esta haya sido abusada en diversas ocasiones o cuando el hecho se da hacia un hijo biológico, adoptivo o hijastro. En cuanto a las penas privativas de libertad, estas no debe ser inferior a los 20 años cuando se trata de niños de menores 10 años.
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“El texto de Diputados introdujo mejoras de forma, que ameritan ser aceptadas. Propone aumentar el marco penal mínimo y que sea de 15 a 20 años respectivamente y además, la pena podría extenderse hasta 30 años. La Comisión de Legislación por mayoría consideró oportuno aceptar las modificaciones planteadas por la Cámara de Diputados”, expresó el senador Luis Pettengill, presidente de la referida comisión.
Por su parte, la senadora Lizarella Valiente, integrante de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, celebró la decisión de la Cámara Baja de endurecer aún más las penas y manifestó la necesidad de contar con castigos ejemplares para quienes cometan estos hechos, de modo que no queden impunes.
“Si bien es sabido que esta no es la solución completa, sacar de circulación a los ciudadanos que incurran en estos hechos, que ese individuo esté encerrado lejos de la sociedad, es una forma de prevenir que siga agrediendo a más niños”, sostuvo.
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En la misma línea opinó su colega, Rubén Velázquez, quien manifestó que esta ley es la oportunidad de dejar el mensaje que en Paraguay no se toleran los abusos contra menores. “Coincido en que debemos trabajar en la concienciación, educación y en la prevención, son necesarios y trascendentes, pero si esto no llega a prosperar y seguimos con los casos de abusos infantiles vamos a necesitar de penas duras y sanciones ejemplares”, afirmó.
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El Vaticano presentó su primer informe sobre abusos en la Iglesia
El Vaticano publicó este martes su primer informe sobre la protección de menores en la Iglesia, en el que pide agilizar la destitución de sacerdotes acusados de abusos sexuales y mejorar el acompañamiento de las víctimas.
La Comisión Pontificia para la Protección de Menores, órgano consultivo creado en 2014 por Francisco, debe en principio presentar cada año un informe sobre el tema. Presentado como una “primera etapa”, este esperado informe “documenta los riesgos que sigue habiendo y los avances que se pueden hacer en los esfuerzos de la Iglesia para proteger a los niños y a los adultos vulnerables”, indicó la Comisión el viernes.
En abril de 2022, el papa, al frente de una comunidad de 1.400 millones de católicos, pidió un informe a esta comisión para tener información “fiable de lo que ocurre y de lo que debe cambiar”. Los miembros de la comisión, nombrados directamente por el papa, son expertos religiosos y laicos en diversos ámbitos relacionados con la protección de las personas, como la educación, el derecho, la psicología, la psiquiatría o los Derechos Humanos.
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La instancia fue integrada en 2022 en la Curia, pero ha sido objeto de duras críticas. “Verdad, justicia, reparaciones y reformas institucionales deben servir como punto de referencia y fundamento de nuestro trabajo”, indicó en el informe el presidente de la comisión, el cardenal Sean O’Malley.
“Acceso a la verdad”
Tras consultar a líderes religiosos y fieles en varios continentes, la comisión constató que la máxima prioridad es la exigencia de las víctimas de acceder a “la verdad”. La Iglesia debe “estudiar medidas que garanticen a todos el derecho a la información”, en particular “sobre las circunstancias y responsabilidades”, indicó el órgano.
La víctima necesita saber, por ejemplo, qué ha sido de su agresor, si no se lo va a encontrar en su parroquia local, en misa o en clases de catequesis. Para ello, la comisión sugiere crear una suerte de defensor del pueblo. También propone crear una “definición más uniforme de la vulnerabilidad” extrayendo enseñanzas de los testimonios de las víctimas.
En el marco de las auditorías, una de las víctimas se mostró sorprendida de que “la parte menos extenuante de todo el proceso fuera la agresión”. “Lo realmente terrible es cuando te atreves a denunciar, momento en el que el mundo empieza a derrumbarse sobre ti”, lamentó.
La comisión también considera necesario agilizar “los procedimientos de destitución” de los responsables eclesiásticos acusados en casos de pedocriminalidad. El informe indica que el proceso debe realizarse “cuando esté justificado”, pero no precisa si tiene que abrirse en caso de sospechas y denuncias o al final de un proceso judicial, sea canónico o civil.
Todos estos esfuerzos, resaltó la comisión, con importantes disparidades en las percepciones culturales dentro de las sociedades y dentro de la propia institución, obstáculos administrativos y falta de formación. En África, por ejemplo, la comisión constató que “la cultura de la protección es un concepto nuevo”, que requiere “sensibilización, información, formación y desarrollo de competencias”.
Llamados a más transparencia
En México, en cambio, “importantes barreras culturales” se interponen al imperativo de denunciar la violencia sexual y, por tanto, “constituyen un claro obstáculo al proceso de justicia”. Desde que fue nombrado en 2013, Francisco ha impulsado varias medidas contra la lacra de las violencias sexuales.
Entre ellas la eliminación del secreto pontificio, obligación de comunicar cualquier sospecha de agresión sexual o acoso, cualquier intento de tapar un incidente por parte de la jerarquía, enmienda de las sanciones penales.
Pero las asociaciones de víctimas consideran que las acciones emprendidas siguen siendo insuficientes, y critican que el clero no esté obligado a denunciar eventuales delitos ante la justicia civil, salvo si las leyes del país así lo estipulan. En cualquier caso, el secreto de confesión sigue siendo total.
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“Se debe poner en marcha una verdadera tolerancia cero en todo el mundo”, dijo en abril a AFP Anne Barret Doyle, codirectora de la oenegé estadounidense Bishop Accountability, que documenta casos de violencia sexual dentro de la Iglesia. Según ella, cualquier cura “acusado de forma creíble de haber agredido a un niño o a un adulto debe ser excluido definitivamente del ministerio público”.
Otra prioridad sería, afirma, “publicar los nombres y los detalles de los casos de sacerdotes que la Comisión juzgue culpables de agresión sexual”. “La responsabilidad empieza por divulgar la información”, agregó, considerando que “el papa Francisco demostró una aversión total por la transparencia”.
Fuente: AFP