El operativo Pavo Real, que busca desarticular el esquema financiero montado en Paraguay por el narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão (expulsado a Brasil en 2017), reportó este jueves el bloqueo judicial de 28 propiedades de los imputados. El juez del crimen organizado Gustavo Amarilla decretó la prohibición de innovar y contratar sobre unos 28 inmuebles de sobrinos de Pavão y varias empresas.

Las propiedades que estarían vinculadas al crimen organizado son: tres inmuebles de Excel Trading SA, ocho de Arenales Paraguayos SA, una de César Corvalán, cuatro de Parbo Group SA, una de Aroldo de Moura, dos de Sonia Arce, así como nueve de Rosely da Silva Pavão, en cotitularidad de sus hijos Rony, Raykka y Ryan Silva Pavão (sobrinos de Jarvis Chimenes Pavão).

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El operativo Pavo Real se desplegó el lunes pasado con 17 procedimientos (entre allanamientos y constituciones) que derivaron en la detención de 7 personas en Pedro Juan Caballero, incluyendo al abogado Daniel Montenegro, esposo de la agente fiscal Katia Uemura. En Asunción y Central fueron 12 procedimientos con 5 detenidos. Mientras que el martes se allanaron 12 establecimientos rurales entre Concepción y Amambay.

La operación Pavo Real toma su nombre de una referencia a Jarvis Chimenes Pavão, por su apellido en portugués. Oriundo de Ponta Porá, el capo fue detenido en Paraguay en 2009, y expulsado al Brasil en diciembre de 2017. En octubre de 2022, la Justicia brasileña lo condenó a 23 años de prisión, en régimen cerrado, por los delitos de tráfico y asociación para el narcotráfico. Se encuentra recluido en la prisión federal Mossoro, en Río Grande del Norte.

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El juez Amarilla admitió la imputación de seis familiares inmediatos de Chimenes Pavão: Nair Chimenes (madre), Tallessa Ariany Santos da Silva Pavão (cónyuge), Alexandre Rodrigo Chimenes Larson (hermano), Luan Pavão Nascimento (hijo), Suellen Monique Martínez Pavão (hija), Juan Leandro Marques Alvarenga (yerno).

Otros nombres propuestos por los fiscales para la imputación del caso fueron: Paulo Larson Dias, Adrián Rolando Brizuela Olmedo, Gandhi Jacob Kabad Costa, Alfredo Duarte Montiel, Angela María Kunrath, Rosely Messias da Silva Pavão, Daniel Montenegro Menesez, Milciades González Sanguina, Olga Elena de Souza, Amílcar Battaglin de Souza, Alexandre Reichardt de Souza, Carlos Andrés Oleñik Memmel, Gabriela Esther González Jacquet, César Agustín Corvalán Pavón, Pedro Pablo Seal Melgarejo y Lilian Haydee Ayala de Silva.

Los 41 imputados se completan con: César Nicolás Fernández González, Esteban Rodríguez, Alberto Manuel Barboza Beraud, Aroldo de Moura Pereira, Jorge Alberto Graunke, Ronaldo Adalberto Serratti Duarte, Evaldo Andrade dos Santos, Jorge Fernando Mora Galeano, Renan Gilberto Mora Benítez, María Cristina González Ibarra, Nancy del Carmen Alfonzo Prieto, Raquel Amaro Fernández, Gustavo Aníbal Medina Carneiro, Zunilda Ferreira Escobar, Marcos Raúl Aveiro Mendoza, Telma Elizabeth Grión, Ricardo Sanabria Ferreira, Sonia Lorena Arce Cáceres y Víctor Hugo Paniagua Filho.

Émerson Dutra, corresponsal.

La operación Pavo Real lanzada este lunes tras el esquema ilícito forjado desde 1994 por el narco brasileño Jarvis Chimenes Pavão (expulsado a su país en 2017) registró 29 procedimientos en Amambay y Central, con 11 detenciones, según la última actualización de la Secretaría Nacional Antidrogas hasta las 10:30. El nombre del operativo se inspira en el apellido traducido al castellano del capo oriundo de Ponta Porá, detenido en Paraguay en 2009.

En Pedro Juan Caballero, capital de Amambay, se llevaron a cabo 17 procedimientos (entre allanamientos y constituciones) que derivaron en la detención de 7 personas, incluyendo al abogado Daniel Montenegro, esposo de la agente fiscal Katia Uemura. En la lista de detenidos aparecen el contador Jorge Fernando Mora Galeano, el abogado Alfredo Duarte Montiel; Raquel Amaro Fernández y Nancy Del Carmen Alfonso, síndicas de una empresa investigada; Renan Gilberto Mora Benítez y María Cristina González Ibarra, representantes legales de la empresa investigada.

En tanto, en Asunción fueron capturados el abogado Adrián Brizuela, la contadora Gabriela Esther González Jacquet, Lilian Haydee Ayala de Silva (representante legal de empresa investigada) y Carlos Oleñik Memmel (representante legal de empresas y operador financiero). Se busca dar con 32 personas en el marco de esta investigación.

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La detención del abogado Daniel Montenegro rememora en Pedro Juan Caballero que su esposa, la fiscal Katia Uemura, fue varias veces blanco de graves acusaciones por presuntamente favorecer a peligrosos eslabones del submundo delictivo, aparentemente, a pedido de su pareja.

En octubre del año 2015, la Asociación de Abogados del Amambay, cuyo presidente era el extinto abogado Néstor Echeverría, presentó formal denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra la agente fiscal Katya Uemura, en ese entonces titular de la unidad antidrogas, por supuestamente facilitar datos a narcotraficantes antes de realizarse procedimientos de incautación de droga.

La acusación sostiene que Uemura estaría trabajando con su esposo en procesos en los que están acusadas varias personas por tráfico de drogas. En ese momento, los denunciantes pidieron el traslado de la agente a otra unidad, pedido que terminó en el famoso “oparei”.

En abril de 2020 fue el entonces diputado Roberto Acevedo quien tiró fuertes acusaciones contra la citada agente fiscal. A través de una radio pedrojuanina, el parlamentario había tratado de “banda” a la agente fiscal Katia Uemura. Además, la acusó de haber tenido conexión con el exsenador Óscar González Daher (ya fallecido), supuestamente para mantener su cargo en el Ministerio Público.

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Acevedo, además, había acusado a Uemura que sus familiares se encuentran vinculados al narcotráfico. En setiembre de 2022, la agente fiscal fue duramente criticada por haber manifestado que el periodista Humberto Coronel, muerto a balazos por sicarios cuando salía de la radio Amambay AM, “no debía estar regalándose”.

“No atribuiría ni a la Policía ni a la Fiscalía esa responsabilidad, porque una persona amenazada directamente debe resguardarse… De repente, tratar de arreglar las cosas si es que la situación lo permitiera y no estar así regalándose”, había dicho la agente fiscal.