Alejandra Peralta, abogada de las hijas del vicepresidente Óscar Denis, secuestrado por el autodenominado grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) hace 4 años, lamentó que los miembros del clan Villalba hayan tenido la oportunidad de fugarse de la Argentina. Esto ocurrió luego de que el gobierno del vecino país les retirara el estatus de refugiados políticos.

Comentó durante una entrevista en radio 1.000 Am, que esto fue una falla del propio equipo de seguridad de la Argentina. Recordó que el estatus de refugiados no les corresponde a los integrantes de esta familia, ya que no son perseguidos políticos.

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“Realmente es bastante lamentable, que una y otra vez estemos enfrentando la misma situación porque pasamos por lo mismo con el caso de Arrón y Martí, que a pesar de todo el esfuerzo que puso la defensa del Estado Paraguayo y defender la causa ante la Corte Interamericana, se logró ganar, que fue un caso inédito con años de trabajo, para que finalmente terminen levantando el código rojo, y logren escapar y ahora llevan la gran vida en Finlandia”, indicó.

Mencionó que ahora en el caso del Clan Villalba, se vuelve a repetir, pese a que en su momento se contó con la presencia de la ministra de Seguridad de la Argentina, Patricia Bullrich, quien había expresado el interés de su gobierno de colaborar con el Estado Paraguayo en el combate al grupo criminal del EPP, cuyos miembros estaban refugiados en su país durante tanto tiempo.

“Sin embargo, falló el equipo de trabajo de la Argentina, porque finalmente terminaron escapándose, saliendo del territorio de la Argentina”, expresó.

Asimismo, agradeció la iniciativa del Ministro del Interior, Enrique Riera de convocar a las víctimas y sus representantes para recibir la rendición de cuentas sobre el trabajo realizado por la Policía Nacional y el equipo de Investigación.

“Pero mientras no se llegue a saber el paradero, o localización de los tres compatriotas secuestrados, todo esfuerzo que se haga, va a ser insuficiente. Finalmente, es lamentable que el EPP logre ganar la partida, siendo que son apenas un grupo de 12 a 15 personas que tiene en zozobra a la ciudadanía”, indicó.

Además, lamentó que este grupo pueda contar con todo un apoyo logístico de cooperación “en la sombra”, y logran de ese modo, poner a salvo a los suyos, o puedan conseguir ese pase, o conseguir ese estatus de refugiado, siempre apelando a la figura de perseguidos políticos. Al respecto, advirtió que esto puede llevar a otros delincuentes a recurrir a esta figura para aprovecharse para evadir a la justicia paraguaya.

“La Convención para los Refugiados de las Naciones Unidas, es muy clara y establece que aquellas personas procesadas por algún delito común no pueden acogerse a un estatus de refugiados. Porque de lo contrario sería muy fácil, cualquier persona que intenta escapar de la Justicia, recurre a otro país y solicita el estatus de refugiado, y por el simple hecho de solicitarlo ya está bajo protección internacional y no puede ser requerido por el Estado, y no se puede lograr su extradición”, comentó.

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Un hombre incendió la casa de su pareja tras presuntamente intentar abusar de sus hijastras de 7 y 12 años, respectivamente y violentar a la madre de las niñas. El sospechoso ya está detenido en sede de la comisaría de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro.

El hecho se registró en el barrio 12 de Junio de la citada ciudad y el aprehendido ya contaba con orden de captura por supuesto hecho de tentativa de homicidio. Y ahora es sindicado como supuesto autor de tentativa de abuso sexual en niños.

La intervención fue realizada por personal de la Comisaría 18ª jurisdiccional y todo lo actuado fue puesto a disposición de las autoridades competentes, informó la Policía Nacional. Según los intervinientes, el hombre es un conocido presidiario de la cárcel regional de San Pedro.

Primeramente habría intentado abusar de la niña de 12 años, quien se defendió y avisó a su madre, por lo que el agresor también golpeó a su pareja, y como consecuencia fue echado de la casa.

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Tras ser expulsado del hogar, el sujeto se armó de coraje, bebió y regresó a la casa armado con un machete. Y en esa ocasión también intentó abusar de la niña de siete años, lo que generó nuevamente un enfrentamiento con la mamá de las nenas, quien también agarró un machete para defenderse de su atacante. La mujer logró poner a salvo a sus hijas, escapando hacia la casa de un vecino.

Furioso por la reacción de su concubina y aprovechando que ya no se encontraba en la casa, el sujeto prendió fuego a la vivienda que fue consumida completamente por las llamas. Alarmados por la expansión del fuego, los vecinos dieron aviso a la Policía, que activó el protocolo e inmediatamente capturó al victimario en una calle vecinal. En tanto la madre y sus dos hijas fueron trasladadas a un centro asistencial para ser examinadas y recibir la contención pertinente.

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Al menos 85.000 mujeres adultas y jóvenes fueron asesinadas de forma intencionada en el mundo en 2023, según cifras publicadas el lunes por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “un nivel alarmante” de muertes que podían haber sido “evitadas”.

“El hogar sigue siendo el lugar más peligroso” para las mujeres, 60 % de las cuales han sido víctimas de “su cónyuge u otros miembros de la familia”, según este informe de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Crimen (ONUDC) y de ONU Mujeres. Se trata de 140 muertes por día o una cada 10 minutos.

Un fenómeno “que traspasa las fronteras y afecta a todas las categorías sociales y grupos de edad”, siendo el Caribe, América Central y África las regiones más golpeadas, por encima de Asia. En el continente americano y Europa, los feminicidios son mayoritariamente cometidos por la pareja, mientras que en el resto del mundo son otros miembros de la familia los más implicados.

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Muchas víctimas dijeron haber sufrido violencia física, sexual o psicológica antes de morir, según datos disponibles en algunos países. “Esto sugiere que muchas de las muertes podrían haberse evitado”, señala el estudio, por ejemplo con “órdenes judiciales”.

En las regiones donde es posible establecer una tendencia, la tasa de feminicidios se estancó o declinó ligeramente desde 2010, lo cual demuestra que esta forma de violencia “está enraizada en las prácticas y normas”, y es difícil de erradicar, señala la ONUDC, que analizó cifras de 107 países.

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Pese a los esfuerzos en varios países, “los feminicidios se mantienen en un nivel alarmante”, señalan los autores. Pero “no es inevitable”, según la directora de ONU Mujeres, Sima Bahous, citada en un comunicado, quien pide a los países que endurezcan su legislación y mejoren la recolección de datos.

Fuente: AFP

Por Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa

Vamos a hacer una comparación asquerosa, hablemos del famoso “pique” o pulga de pie. Cuando tenés un pique, normalmente en los pies, lo primero que sentís es una molestia y lo único que ves al comienzo es un pequeñito punto negro. Si sos citadino o extranjero, lo primero que podés pensar es una espina, o una picadura de algún bicho, pero si sos paraguayo, inmediatamente sabrás que ese puntito negro significa que debajo de la piel hay más de 200 huevos de pique y pus.

Hoy quiero comparar el pique con la cantidad de denuncias recepcionadas por violencia contra las mujeres. Porque el puntito negro solo es la punta del problema, al igual que las denuncias son solo la punta del problema muchísimo mayor de violencia que enfrentan las mujeres en el interior.

En Itapúa, desde enero hasta octubre del 2024, el Ministerio Público recepcionó 1.308 denuncias por violencia familiar, entre ellas maltrato verbal, golpes, abuso sexual, manipulación y amenazas.

En el Palacio de Justicia de Encarnación, desde enero a octubre del 2024, se registraron 4 casos de feminicidio y 244 casos de violencia familiar que llegaron a instancias judiciales a través de los juzgados de garantías del n.º 1 al 5 en Encarnación, el juzgado de garantías de María Auxiliadora, el juzgado de garantías de San Pedro del Paraná y el juzgado penal de la adolescencia.

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Respecto a condenas en este año, no podemos dejar pasar dos ejemplares condenas por feminicidio y una condena por tentativa de feminicidio. La primera fue de 30 años al expolicía, suboficial Ramiro Rodas, quien asesinó a su pareja Alicia Fernández de 37 años en el distrito de San Juan del Paraná. El feminicida la violó, mordió y estranguló, y fue el hijo que tenían en común quien encontró a su mamá sin vida a la mañana siguiente.

La segunda condena sentenció a 23 años a Lelio Lugo, un hombre que golpeó a su pareja Lourdes Ramona Mareco de 49 años en la cabeza y la arrojó al empedrado desde su vehículo en movimiento en Pirapey km 40. Y la última condena por feminicidio en grado de tentativa fue a Javier Maqueda Garay, sentenciado a 17 años de prisión por atacar con un cuchillo a su expareja Laura Garcete, a quien hirió en el rostro y cuello, sobrevivió porque los hermanos la auxiliaron. Ocurrió en Cambyretá.

Todos estos casos son un puntito negro de la violencia que existe en el interior del país, dicho en otras palabras, la punta del iceberg.

Una de las magistradas del tribunal de sentencia que estuvo detrás de varias condenas ejemplares este y otros años es la jueza Liz Sanabria de Gneiting, quien expresa la preocupación desde el ámbito judicial por la falta de denuncias a raíz del desconocimiento de las leyes, el temor por la falta de protección y la falta de tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer.

“Nos damos cuenta del aumento significativo de violencia contra las mujeres y por ende contra niños, por la cantidad de casos de juicios que manejamos por día. Son prácticamente 5 juicios por día y de ellos 3 son abusos sexuales en niños y 2 de violencia. Luego se divide en los demás hechos punibles comunes, hurto, homicidio, estafa, pero el mayor índice en primer lugar es el abuso sexual en niños, la prestación alimentaria y la violencia familiar donde generalmente la principal víctima son las esposas, y las víctimas colaterales, los hijos”, expresa la magistrada.

Desde el estrado, los jueces escuchan todo tipo de historias, pero las que más consternan son sobre mujeres que no se animan a denunciar, e incluso que si denuncian, no tienen respuesta efectiva del Estado ni acceso a la justicia. Su principal inquietud es que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, con respuestas prontas por parte de la Fiscalía y emisiones de medidas cautelares inmediatas por parte de los juzgados de paz. Cada denuncia con respuesta efectiva de los órganos de justicia significa que se puede salvar una vida.

Sin embargo, los jueces preocupados en Itapúa por esta realidad no solo luchan contra la violencia desde sus despachos y salas de juicio, sino que viajan al interior del séptimo departamento para capacitar sobre las leyes que amparan a las mujeres víctimas de violencia, enseñando tanto en escuelas como en barrios las vías legales para proceder apenas sufren amenazas o golpes.

Hace algunas semanas implementaron como capacitación el proyecto “el juez que yo quiero” de la Corte Suprema de Justicia y capacitaron en los distritos de Tomás Romero Pereira, Cambyretá, Carmen del Paraná y comunidades indígenas de Trinidad y otros puntos, rotando los jueces que participaron según disponibilidad de tiempo.

“Tratamos de llegar a la gente para que sepa que no está sola, y para que conozcan cuáles son los lugares y los números a los que pueden recurrir. Llevamos hace poco el móvil mujer al distrito de Carmen del Paraná y recibimos muchas consultas sobre cómo denunciar en casos de violencia y eso es porque las políticas públicas de prevención no están funcionando tan bien y no están llegando a los sector más alejado de las redes sociales y de la televisión, donde se suelen ver los números de fonoayuda por ejemplo. Se debe llegar a la mujer rural, y no solo a las mujeres de la ciudad”, dice con desazón Sanabria.

En el interior se vive una realidad bastante distinta que en la ciudad, y con las experiencias de capacitar sobre leyes, pudieron observar los marcados horarios, permisos y trabajo que tienen las mujeres. Cuando las actividades rondaban las 17 horas, la mayoría de las mujeres se retiraron porque alegaban que debían meter las vacas a las casas, pero luego confesaban que sus maridos no las dejaban estar fuera del hogar una vez que oscurece.

“La mujer rural trabaja muchísimo y a la par del hombre, y donde está el reconocimiento de los derechos que ella tiene. Es una muestra clara que existe el machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Lo vemos en todos los ámbitos. El hombre aún no tiene ese respeto de igualdad que debe tener a las mujeres”, apunta la magistrada.

Si bien, la cantidad de juicios por abuso y violencia indican que la gente se está enterando que puede denunciar, la realidad demuestra el miedo que sufren las víctimas. La mayoría de las denuncias llegan por vecinos o personas que conocen sobre los episodios de violencia en las casas. También sucede que una vez que llegan los casos al Palacio de Justicia, las mujeres se quieren desdecir, negar la denuncia y salvar a su pareja o marido, ya sea por dependencia emocional o dependencia económica.

La jueza Sanabria forma parte del proyecto de la creación de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, que no fue contemplado en la Ley 5.777. Ella, junto a sus colegas y todos los funcionarios de los órganos de justicia, aguardan la oportuna aprobación e implementación de este proyecto para tratar cada caso de violencia contra las mujeres como corresponde desde el sur del país.

Es hora de sacarnos el pique y el pus que hay detrás, denunciemos los casos de violencia en la comisaría más cercana, los juzgados de paz, la Fiscalía, las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría Pública, o directamente llamando al 137. Si necesitas orientación legal o psicológica podés llamar al (021)452051/2.

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