La agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Natalia Cacavelos solicitó informes a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) a fin de que se informe sobre la vinculación del exmandatario y su pareja si se tiene cuentas en Seychelles.

El representante del Ministerio Público está investigando al expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, por tener cuentas bancarias ocultas en Seychelles, cuyos beneficiarios finales fueron el exjefe de Estado, y su esposa Silvana López Moreira.

De acuerdo a los datos preliminares, se habrían registrado transferencias bancarias, desde entidades financieras operativas en Dubái y Hong Kong, y que, a su vez, registrarían como beneficiarios finales a Mario Abdo y Silvana López Moreira.

Te puede interesar: En silencio, designaron a fiscal para investigar supuestas cuentas offshore de Abdo

Los oficios fueron firmados el pasado 29 de julio, a fin de que la información sea obtenida e incorporada a través de los mecanismos de cooperación internacional en materia de inteligencia financiera.

La unidad fiscal a cargo de la mencionada agente fiscal se encuentra aguardando la contestación de dichas solicitudes de informes, a fin de avanzar en el proceso investigativo, y consecuentemente, obtener la información concerniente a los hechos denunciados.

La causa surge luego del informe periodístico realizado por el argentino Luis Casulla y publicado en el portal PeriodismoyPunto, que refiere que presuntamente se ocultó la millonaria suma de USD 21 millones en cuentas del paraíso fiscal, en que aparecería el nombre del exmandatario, según documentos expuestos, hecho que configura posibles cargos por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión en el caso de haberse omitido su mención de las declaraciones juradas.

Podes leer: Preda: “La apertura de una causa penal no requiere resolución del fiscal general”

Concejales de la Municipalidad de Valenzuela denunciaron una calamitosa situación de la comuna a raíz del mal manejo de la intendenta Mirtha Fernández, perteneciente al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). El concejal Marcelo Flecha sostuvo que ya no se pueden realizar gestiones administrativas ni financieras por las denuncias y el proceso judicial que soporta la intendenta.

El edil indicó que desde hace varios años vienen realizando denuncias en contra de Fernández, además del proceso judicial que enfrenta y que a la fecha no puede continuar por las chicanas presentadas por la misma. En este caso, la intendenta fue imputada y acusada por lesión de confianza por una supuesta malversación de G. 1.199 millones durante su gestión en el 2019.

“Es una denuncia que venimos realizando desde hace años, tanto los concejales anteriores, desde el 2016, sobre la mala actuación de nuestra intendenta. Tiene un juicio abierto desde el 2019, ya está como para realizarse la audiencia preliminar, pero está tratando de chicanear y suspender nuevamente, ya lo hizo 9 veces”, dijo en entrevista para La Nación/Nación Media.

Podes leer: Senador anuncia proyecto que exhorta al MP a investigar caso de medicamentos en el Incan

Este año, los concejales realizaron una nueva denuncia en contra de la intendenta por supuestas obras fantasmas. En marzo, ante la fiscalía de Delitos Económicos a cargo del fiscal Néstor Coronel, se presentó la denuncia por un supuesto perjuicio de G. 500 a G. 700 millones en la municipalidad.

“Un empedrado que nunca se hizo; un empedrado inconcluso, se hizo, pero no se terminó y tampoco se pagó a los trabajadores; un enripiado que se hizo figurar, pero que nunca se realizó. Estas son las tres obras que encontramos, hechos nuevos”, indicó Flecha.

El concejal denunció además que Fernández no remite a la Junta Municipal ningún documento sobre el balance de su gestión desde el 2021. Tampoco a la Contraloría General de la República. A raíz de esta situación, la municipalidad dejó de recibir los fondos de Royalties y Fonacide, tanto por la falta de presentación de documentos como por el proceso judicial que enfrenta la intendenta.

“Esos son requisitos esenciales para que el Ministerio de Economía pueda desembolsar esos recursos. Es un perjuicio muy grande para la ciudadanía, porque es un dinero que tenía que usarse para su beneficio y no estamos recibiendo más, el pueblo no está recibiendo más por la mala administración de esta señora”, cuestionó el edil para LN.

Otra irregularidad denunciada por el concejal es la falta de pago del salario de los miembros de la Junta y de los funcionarios municipales. “Hace 18 meses que no estamos cobrando nuestra dieta, tanto los colorados como los liberales, tiene una deuda atrasada de unos G. 380 millones a la Junta Municipal, y a los funcionarios a Municipalidad les paga cada tres meses, a veces cuatro meses”, indicó.

Finalmente, lamentó la situación en que se encuentra la administración municipal. “Calamitosa es la situación de Valenzuela, porque no podemos hacer más nada, no podemos hacer gestiones, nada no podemos hacer, muchas cosas tienen que pasar por la Municipalidad y cualquier gestión que hagamos desde la Junta Municipal no se acepta”, sentenció.

Te puede interesar: Sobrinos de senadora acusados por planillerismo y nepotismo se ponen a disposición de la Fiscalía

EL PODER DE LA CONCIENCIA

• Por Alex Noguera
• Periodista
• alex.noguera@nacionmedia.com

Es imposible contar la infinidad de películas y series en los que los policías fueron los protagonistas de la pantalla. Incluso antes de que tuviera sonido el cine, el icónico Chaplin ya era perseguido por algún representante de la ley. Luego, la televisión sumó otra gran variedad de uniformados que se convirtieron en clásicos como el pelado Kojak, Starsky y Hutch, Sonny Crockett y Ricardo Tubbs o Sledge Hammer hasta los investigadores de NCIS.

Todos tenían sus características especiales, pero la verdadera imagen que de niños aprendimos a confiar y respetar fue la que proyectaba el oficial Matute, el dolor de cabeza de don Gato y su pandilla. Era el policía fiable, honesto y de buen corazón. No necesitaba de pistolas ni violencia; le bastaba su cachiporra, que solo era un implemento decorativo. No servía más que para dar vueltas en su muñeca.

Matute enseñó a toda una generación que los ciudadanos podían recurrir a los policías cuando tuvieran problemas. Pero esa idea poco a poco comenzó a ser relegada al subconsciente cuando el mundo demostró que la realidad era muy distinta. La imagen romántica se marchitó con denuncias de corrupción, bien expuestos en programas como Los Intocables, de Elliot Ness, donde todos los uniformados cobraban de la nómina clandestina del hampa.

Dudar de una institución como la de la Policía desequilibra todos los cimientos de una sociedad, pero más grave es cuando esa duda se convierte en traición que no proviene de simples y codiciosos policías, sino de personajes que recibieron la confianza y el voto a través de las urnas.

Así como la imagen de un Matute es la de un policía que ofrece protección y justicia, la ilusión que tiene una nación de un presidente es que trabaje para que ese pueblo tenga una vida más fácil y digna, pero cada vez saltan más ejemplos de que el cargo solo es excusa para hartarse del dinero ajeno.

Hace apenas unos días, fuimos testigos de que la Justicia puede tardar. Un hombre al que todos creían íntegro y que incluso daba charlas sobre democracia, Álvaro Uribe, fue hallado culpable de dos delitos graves: fraude procesal y soborno en actuación penal, por lo que fue condenado a 12 años de prisión y una multa considerable. Y aunque su defensa tiene la posibilidad de apelar el fallo de la jueza Sandra Heredia, Uribe no es al único al que los colegas de Matute lograron atrapar.

Un mes antes, en junio, la Corte Suprema de Argentina confirmó la condena de 6 años de cárcel y la inhabilitación de por vida de ocupar cargos públicos para Cristina Kirchner. Antes que ella, Carlos Saúl Menem también fue condenado por venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador y también por pago de sobresueldos a funcionarios.

En Brasil, por Lava Jato Lula da Silva también fue preso 580 días en una cárcel de Curitiba hasta que el Supremo Tribunal Federal revocó la condena. En Ecuador, el expresidente Rafael Correa fue condenado a 8 años e inhabilitado por 25 años de cargos políticos. No cumple la sentencia porque obtuvo asilo en Bélgica. En Perú, otro exmandatario como Alberto Fujimori también fue declarado culpable y pasó varios años en la cárcel.

Hace poco más de una semana a Paraguay llegó una publicación acerca de una investigación de un periodista argentino que exponía que el expresidente Mario Abdo tendría dos cuentas secretas en Seychelles con nada menos que 21 millones de dólares.

A diferencia de los otros países, en los que los ciudadanos exigieron que sus exmandatarios paguen por sus actos ilícitos, acá toda la oposición en lugar de ser la voz de los oprimidos asumió un silencio cómplice al igual que dos grandes medios de comunicación, que hace tiempo perdieron la vergüenza.

Esa publicación argentina hizo que el Parlamento paraguayo instara a que se investiguen las presuntas cuentas de Abdo Benítez y que incluso lleguen al Departamento del Tesoro de EE. UU.; sin embargo, el Ministerio Público de Paraguay hace años que tiene elementos para investigar, pero no presenta ningún resultado convincente. Como la cachiporra de Matute, solo da vueltas como un implemento decorativo.

El agente fiscal Derlys Fanego Otazú realizó un allanamiento de una vivienda ubicada en la colonia Neufeld, en la ciudad de 3 de Mayo. Durante el procedimiento fueron incautadas 12 unidades de equipos informáticos utilizados para la minería de criptoactivos, los cuales operaban mediante el uso ilegal de energía eléctrica de la ANDE.

El dueño de la vivienda allanada fue imputado por el hecho punible de sustracción de energía eléctrica, y se solicitó la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva.

Las máquinas se encontraban ocultas en un túnel dentro de uno de los depósitos del inmueble, el cual contaba con sistemas de ventilación elaborados y conexiones eléctricas complejas, diseñadas para evitar la detección de la actividad ilícita.

Te puede interesar: Ministerio Público habilita parcialmente su nuevo edificio en Encarnación

El procedimiento fue acompañado por técnicos de la ANDE y agentes policiales de la Comisaría de Lima, 3 de Mayo, así como por efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO).

Ahora el imputado deberá comparecer ante un juzgado penal de garantía para la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si el imputado estará en libertad o se ordenará la prisión del mismo.

Podes leer: Condenan a 23 años de cárcel a un hombre por abusar sexualmente de sus dos hijas