El ministro de la Niñez y Adolescencia, Wal­ter Gutiérrez, anunció que desde el Estado se plan­tean una serie de medidas de modo de atender las proble­máticas que encierran la ado­lescencia.

De acuerdo con lo que explicó el secretario de Estado, hasta el momento han habido algu­nos esfuerzos aislados y la protección a este segmento es una deuda histórica de los gobiernos.

“El caso de María Fernanda es un punto de inflexión que nos conmociona a todos como sociedad, no solamente como integrantes de un gobierno sino que como sociedad, evidente­mente hay cosas por hacer desde el Estado, como socie­dad y como familia. Acá tiene que avanzar algo en lo que ya estábamos trabajando, que es un programa nacional de aten­ción integral al adolescente como primer punto”, expuso.

La adolescencia ha sido una franja muchas veces olvidada, afirmó Gutiérrez, quien men­cionó que mediante este plan, buscarán unir todos los ser­vicios existentes e integrar otros más, dado que el camino para evitar más casos de vio­lencia, crímenes, embarazos adolescentes, entre otros, es la prevención y en este aspecto, el Estado tiene una respon­sabilidad innegable, sostuvo.

“El Gobierno tiene la obliga­ción de diseñar políticas públi­cas para trabajar. Esto es algo educativo, pensar en solucio­nar este problema solamente a través del incremento de las penas, creo que es equi­vocarnos de camino, esta es una deuda y postergación histórica de muchos gobier­nos, necesitamos una política pública amplia, escalable y no limitarnos a piloto en algunos departamentos”, indicó a la 1080 AM.

El ministerio avanzará en el mencionado programa como una de las principales banderas y se abordarán las diferentes dimensiones del adolescente, como la resolución de conflic­tos, salud sexual y reproduc­tiva, prevención de diferentes formas de violencia, acompa­ñamiento en situaciones de embarazo adolescente, puesto que Paraguay continúa con la tasa más alta de embarazos a temprana edad en la región.

• Juan Marcelo Pereira
• juan.pereira@nacionmedia.com

El abogado constitucionalista y exsenador Marcelo Duarte se refirió sobre los proyectos impulsados en el Poder Legislativo que pretenden elevar las penas y bajar el grado de imputabilidad para adolescentes que cometan crímenes, luego de la conmoción generalizada por el caso de María Fernanda Benítez en Coronel Oviedo y el asesinato del delivery Alfredo Duarte Flores en el barrio San Francisco de Asunción.

“Este es un problema delicado y merece un estudio muy profundo. Lo primero es que reconocer el hecho que la elevación de las penas no ha resultado ser muy eficiente como elemento disuasivo de los crímenes o delitos en el derecho comparado“, sostuvo en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

El artículo 207 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que la pena para un adolescente ante un hecho calificado como crimen no es mayor a 8 años. Mientras que el Código Penal establece que un menor no puede ser imputado por un hecho punible hasta que no tenga 14 años de edad.

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Duarte argumenta que “para lo que sí ha servido el aumento de las penas es para aislar a los condenados minimizando el riesgo de la reincidencia, pero en el caso de los menores se debe ser mucho más cuidadosos por el impacto que puede causar en sus vidas e insistir en su reinserción social“.

Para sustentar sus declaraciones, el abogado constitucionalista citó el artículo 20 de la Carta Magna el cual refiere que “las penas privativas de libertad tendrán por objeto la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad. Quedan proscriptas la pena de confiscación de bienes y la de destierro”.

“La reinserción social es una materia pendiente en nuestro país, pero debemos reconocer que es una cuestión muy difícil de resolver, incluso en países muy desarrollados, lo que no quiere decir que no debamos seguir trabajando en ello. Diría que la cadena perpetua es casi imposible de compaginar con las premisas de nuestra Constitución“, comentó Duarte.

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Actualmente existen otros 3 proyectos de ley en el Congreso Nacional que apuntan a castigar con dureza los crímenes cometidos por menores. Uno de ellos fue presentado por el senador Javier Zacarías, que propone elevar la pena carcelaria para los menores de edad de 8 a 15 años.

Mientras que el segundo proyecto pendiente de tratamiento en el Senado fue presentado por José Oviedo, que plantea aumentar las penas de 8 a 20 años. La última iniciativa fue presentada por el diputado Rubén Rubin, que propone elevar la pena máxima por homicidio a cadena perpetua y que los adolescentes de desde 15 años sean juzgados como adultos.

El exsenador liberal Fernando Silva Facetti expresó su rechazo a los proyectos de ley que plantean elevar las penas para los adolescentes que cometan crímenes. El abogado considera fundamental trabajar en políticas públicas que garanticen la reinserción social.

“No considero factible elevar las penas, los crímenes de adolescentes son casos aislados, la realidad es que la mayoría de los casos son hechos punibles por adolescentes en situaciones de calle y adicciones, así también adolescentes de pueblos originarios (hurto, hurto agravado, robo, tenencia de droga), no existe un centro de rehabilitación”, sostuvo en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

Facetti manifestó que “sin política de reinserción los adolescentes crecerían alejados de su círculo cercano y al salir no tendrían grupo de apoyo que realice la reinserción, pues el adolescente al hacerse mayor y salir en libertad no encontraría ningún grupo de contención y hacerse mayor en reclusión inclusive sería contraproducente con su desarrollo y crecimiento, estar más tiempo recluido sería más difícil aun su reinserción“.

Actualmente existen tres proyectos de ley en el Congreso que apuntan a castigar con dureza los crímenes cometidos por menores. Uno de ellos fue presentado por el senador Javier Zacarías, que propone elevar la pena carcelaria para los menores de edad de 8 a 15 años.

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Mientras que el segundo proyecto pendiente de tratamiento en el Senado fue presentado por José Oviedo, que plantea aumentar las penas de 8 a 20 años. La última iniciativa fue presentada por el diputado Rubén Rubin, que propone elevar la pena máxima por homicidio a cadena perpetua y que los adolescentes de desde 15 años sean juzgados como adultos.

“Debería existir un ministerio o una institución estatal especializada en reinserción de adolescentes. El Ministerio de la Niñez y el Ministerio de Justicia no tienen la capacidad a nivel país del abordaje integral, no existe aun en el Paraguay una institución que pueda brindar un abordaje integral para aquellos adolescentes infractores que necesiten estudiar, capacitarse, rehabilitarse. Que en mayoría son adolescentes en situación extrema de vulnerabilidad sin familia ni grupos de contención familiar", comentó.

El exlegislador insistió que la problemática requiere de un “abordaje interinstitucional real”. “Que el adolescente infractor tenga a donde ir y no quede en situación de calle y expuesto a reincidir en la delincuencia juvenil. Se debe implementar acciones con centros de rehabilitación de adicciones, centro de profesión, tecnicaturas, deporte y arte, hogar para adolescentes infractores sin familia”, indicó.

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El senador José Oviedo presentó una iniciativa que plantea el aumento de penas de 8 a 20 años para los adolescentes que cometan crímenes. Señaló que la propuesta surge por requerimiento ciudadano ante los últimos hechos que enlutaron al Paraguay.

“Hay voces a favor en el Senado. Se debe analizar el contexto internacional, pero hasta ahora no encontré ninguna limitante para poder aumentar las penas. Yo revisé los acuerdos internacionales como, por ejemplo, el pacto de San José de Costa Rica”, comentó el legislador, ayer viernes, en una entrevista con la 1140 AM.

Oviedo detalló que su proyecto plantea elevar de 8 a 20 años mediante la modificación del Código de la Niñez y Adolescencia. “La idea es que los mayores de 14 años sean juzgados como adultos”, puntualizó.

Actualmente existen otros dos proyectos de ley en el Poder Legislativo que apuntan a castigar con dureza los crímenes cometidos por menores. Uno de ellos fue presentado por el senador Javier Zacarías, que propone el aumento de las penas hasta 15 años.

Mientras que la otra propuesta, impulsada por el diputado Rubén Rubin, propone la aplicación de la cadena perpetua como pena máxima ante un homicidio