El coronel Gustavo Dávalos, que en su momento fuera vinculado con aparentes manejos dentro de la Dirección de Material Bélico (Dimabel) con ventas de material de uso militar y también como uno de los investigados en el operativo A Ultranza Py, aclara a toda la ciudadanía que el mismo se encuentra fuera de cualquier tipo de ilícito y mucho menos investigado por los mismos.
“Pongo a conocimiento que como ciudadano mi persona no se encuentra investigada por el Ministerio Público, por lo que tampoco me encuentro imputado por la Fiscalía ni procesado por ningún Juzgado Penal de Garantías del Poder Judicial como consecuencia del mencionado operativo”, refirió el coronel a través de un comunicado que hizo llegar hasta la redacción de La Nación/Nación Media
Por otro lado, también aclaró que no se encontraba en conocimiento ni formaba parte de ninguna manera con cualquier procedimiento facilitador para algún manejo irregular dentro de la Dimabel. “Rechazo de manera enfática y categórica y, por el contrario, me considero víctima de la debilidad institucional de aquellos entes gubernamentales que autorizaron a la referida empresa su constitución como tal y su libre actividad comercial en el mercado nacional”, dijo.
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El coronel Gustavo Dávalos también brindó su declaración respecto a la vinculación que se dio entre una empresa de ventas de autos que lo conectaba en este caso con las investigaciones, asegurando que el hecho de que la mencionada empresa llegó a vincularse con el club deportivo el cual preside solo se dio en el marco de un contrato comercial.
“La empresa Total Cars, en particular, contrató espacios publicitarios en los carteles ubicados al costado del campo de juego del club, situación plenamente comprobable”, aseguró al tiempo de informar en qué fue destinado el dinero de dicho trato. “La contrapartida por la cesión de los espacios publicitarios en las formas mencionadas con la empresa Total Cars se entregó para la terminación de la construcción de la sede de concentración del club cuya obra ya se encontraba con un 85% de avance”, detalló.
El militar también hizo un fuerte hincapié en el hecho de que el club desde el año 2015, por propia iniciativa, procedió a su inscripción ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), lo cual es plenamente comprobable buscando la información dentro de la mencionada institución.
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Roban elementos explosivos de una cantera en Itapúa
Autoridades de Seguridad informaron sobre el robo de una gran cantidad de explosivo en el departamento de Itapúa. Precisaron que serían más de 10.000 metros de cordones detonantes; que según el titular de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), Melanio Servín, es un alto explosivo que se utiliza para conectar los pozos de las canteras.
En conferencia de prensa que se realizó desde Mburuvicha Róga, el ministro de Defensa, Oscar González, indicó que cuentan con serios indicios de que esos materiales fueron comercializados y utilizados en canteras no habilitadas, por lo que inmediatamente ya se ha comunicado al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, así como al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) para el control pertinente. Igualmente, descartó que estos artefactos e insumos terminaran en manos del crimen organizado.
El ministro González indicó que ni bien se tomó conocimiento del hecho, el presidente de la República, Santiago Peña, tomó una decisión rápida y contundente, suspendiendo la venta de todos estos materiales, que son de uso comercial. Desde este jueves, se ha normalizado la comercialización de vuelta.
“Atendiendo esta situación y la intervención oportuna de la Dimabel, se pudo constatar, ya que tenemos serios indicios de que esos materiales fueron comercializados y utilizados en canteras no habilitadas. Con estas evidencias tenemos la certeza de que no fueron a parar al crimen organizado, que era la mayor preocupación que teníamos”, expresó.
Mientras que la vocera de Gobierno, Paula Carro, explicó que el supuesto robo o sustracción se registró en una cantera que estaba habilitada para operar, se produjo hace unos días atrás, y reportó el robo de esos materiales explosivos en el departamento de Itapúa.
“Este hecho, por las derivaciones que pudieran tener, generó una reacción inmediata de los órganos del Gobierno, atendiendo que se trata de un negocio de alta sensibilidad, por lo que obliga a que la regulación y el control sean altos. Teniendo siempre como objetivo la seguridad del Estado y la seguridad de las personas. Está aún en curso esta investigación y se han logrado verdaderos avances para neutralizar el eventual peligro que pudiera representar”, destacó Carro.
Uso en canteras ilegales
A su turno, el director de la Dimabel explicó que gracias a la trazabilidad de estos materiales, difícilmente una cantera habilitada podrá hacer uso de esos materiales explosivos, en forma irregular y sin el control de la Dimabel. Indicó que existe la sospecha de que estos materiales están siendo utilizados en canteras irregulares, no habilitadas para la explotación.
Melanio Servín indicó que será el Ministerio Público el que finalmente deba determinar si la presunción que la Dimabel logró constatar confirma que los materiales fueron distribuidos y utilizados en esas canteras ilegales.
“Nosotros como institución coadyuvante tenemos esa premisa, basada en las declaraciones de estos receptores, de estos materiales explosivos por parte de la Cantera La Roca, sita en San Juan del Paraná, departamento de Itapúa”, precisó.
Finalmente, indicó que la Dimabel llevó adelante un sumario administrativo que concluyó en primer lugar con la incautación total de los materiales explosivos que dispone esta cantera. Así como la aplicación de una importante y elevada multa de 180 jornales. Mencionó que existe una presunción de la violación de la Ley 4036, se derivó el caso a la Fiscalía y comunicaron el hecho al MOPC y al Mades.
“Nosotros como institución tenemos una alta presunción de que fue una autodenuncia, que quedará a cargo del Ministerio Público y los órganos investigativos determinar si es así. La presunción es que la propia empresa es la que habría vendido esos productos a canteras clandestinas y que luego realizaron la denuncia del supuesto robo. Esto fue confirmado con algunos de los usuarios que están operando de manera ilegal en canteras que se encuentran en los alrededores”, acotó.
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Reos seguirán preparando salsa picante mientras investigan de dónde provienen los fondos
Este martes, desde el Viceministerio de Política Criminal anunciaron que se investigará la procedencia del dinero que se invirtió en la famosa salsa picante “Prisioneros del Sabor” que es preparada por reclusos del penal de Emboscada. Mientras, se seguirá con la fabricación de la misma.
Según Víctor Benítez Salinas, viceministro de Política Criminal, las sospechas surgieron debido a que se montó muy rápido el negocio y que de buenas a primeras los internos ya contaban con equipos de alta generación para el preparado. Además, de que se preparan a gran escala, lo que atrajo el interés de la ciudadanía.
“Se trata de una fábrica de picantes, nos encontramos que no teníamos nada sobre el origen de la inversión realizada en el lugar. No tenían convenio, dictamen de asesoría jurídica o de reinserción y rehabilitación de esta cartera del Estado”, explicó Benítez en entrevista con el programa “Show de Noticias” de canal GEN/Nación Media.
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Expresó que se realizó una investigación interna para saber quiénes eran las personas responsables de este emprendimiento y pudieron determinar que algunos de los internos estaban procesados por casos de “A Ultranza”. “Dimos aviso al Ministerio Público para que inicien una investigación y se intervendrá o no”, apuntó.
Afirmó que no se tienen registros sobre el origen del dinero y que ya se abrió la investigación correspondiente en el caso, pero que mientras la marca seguirá generando el producto. “Independientemente al hecho punible que cometieron tienen derecho a la reinserción, pero debe ser de manera lícita”, señaló.
Benítez señaló que todo se montó de manera muy rápida y sobre todo interesa las personas que estarían detrás de este negocio que tomó mucha notoriedad en poco tiempo. “Para el Ministerio de Justicia es un sueño tener todo esto montado en una penitenciaría y nos cuesta mucho poder lograr algo así”, puntualizó.
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Gobierno Abdo carga con el peso de filtraciones al crimen organizado
Si hay una verdad de hierro que se confirma con los datos de filtraciones que obran en la acusación fiscal de uno de los operativos antinarco más emblemáticos de los últimos tiempos como es A Ultranza Py, es que el gobierno de Mario Abdo Benítez carga con el gran peso de ser el principal responsable del auge del crimen organizado en el Paraguay.
El hecho de haber desmantelado puestos claves de control que facilitaron la narcoexportación a sabiendas de que los puertos privados estaban siendo utilizados como puntos de salida de cargas contaminadas y sostener a leales con estrechos vínculos con capos de organizaciones delictivas son imperdonables por el perfil de corredor logístico y hasta de laboratorio de estupefacientes que le han generado al país.
La investigación fiscal que despliega con lujo los detalles de cómo operaba el grupo de Sebastián Marset y el sindicado líder del negocio del narcotráfico en nuestro país Miguel “Tío Rico” Insfrán dejan al descubierto un esquema prácticamente de protección por parte de las mismas instituciones encargadas de combatir al crimen organizado.
Las investigaciones revelan una verdadera anarquía gubernamental en el periodo anterior, a los que se suman mina de informantes al servicio de los cabecillas narcos mediante filtraciones de pesquisas y procedimientos sensibles. Esto era de esperarse considerando que las mismas autoridades propiciaron medidas que favorecieron a las estructuras de los delincuentes y hasta se codeaban con sus líderes.
La decisión inmediata tras la asunción del gobierno de Abdo de liberar los puestos de control en los puertos no es un hecho aislado al fortalecimiento que tuvo el negocio en negro. Fue el inicio de la próspera narcoexportación principalmente de cocaína que fueron desmoronando la imagen del Paraguay ante el mundo con periódicas incautaciones en puertos extranjeros.
Era evidente que los delincuentes iban a aprovechar la oportunidad, hubieran sido tontos si no perfeccionaban el negocio. Así también eran lógicas que las señales del gobierno anterior de desarticular las fiscalizaciones eran una ocasión para que los funcionarios desleales operen con mayor facilidad.
Es así como la anarquía permitió que desde la propia Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) se sirviera datos a los buscados narcotraficantes que, a juzgar por las transcripciones de las conversaciones telefónicas, ostentaban la sumisión de esta institución, principalmente. Lo más grave es que con la difusión de estos hechos se confirmaron que las cabezas de estos ministerios manejaban la información de que había infieles que operativizaban filtraciones, pero se impuso el silencio cómplice.
Todo indica que traicionaron la lucha contra el crimen organizado; de hecho, la conducta de los exministros de la Senad como Zully Rolón y Arnaldo Giuzzio dejaban mucho que desear. Ambos ex altos funcionarios de confianza del gobierno de Abdo firmaban convenios con miembros del grupo que cayó con A Ultranza Py en el primer caso y en el segundo fue descubierto con favores recibidos del narco buscado por el Brasil Marcus Vinicius Espíndola, a quien casi lo mete de proveedor en sus tiempos de ministro del Interior.
Mientras todo esto sucedía y la llegada de una pandemia que direccionaba las atenciones a las situaciones de emergencia sanitaria, el 2020 fue un periodo clave para que corran sobre rieles un negocio que para el 2022 movía unos USD 25.000 millones, según el informe que había socializado hasta a escala internacional por el hoy ministro del interior Enrique Riera.
El Ministerio Público dejó al descubierto el guiño al narcotráfico durante el gobierno Abdo y es por ello que la Justicia debe profundizar el análisis para que los responsables asuman las consecuencias de sus actos.
Se han generado grandes escándalos que sacudieron el honor, la estabilidad, la credibilidad del país. Quienes estando en el poder aplicaron disposiciones contrarias a la lucha contra el crimen organizado deben ser castigados.
El hecho de que ya no estén en cargos del Estado no significa que deban quedar impunes. Todos cuanto han colaborado que la consolidación del negocio de las drogas ya sea por complicidad, desidia o ineptitud deben rendir cuentas y asumir responsabilidades.
La herencia del gobierno Abdo de instituciones permeadas por el negocio ilícito es una carga demasiado pesada que son ellos los que deben afrontar la justicia por sus actos.
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Aliada de Arnaldo Giuzzio comparece ante la Fiscalía por filtraciones al narcotráfico
La exministra de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Zully Graciela Rolón, comparece en estos momentos ante la Fiscalía con el fin de que explique cómo se filtraban desde la institución datos confidenciales al esquema narco encabezado por Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, y el uruguayo Sebastián Marset.
De esta manera el órgano extrapoder toma acciones en este grave caso que se daba en el tiempo en que Arnaldo Giuzzio lideraba la institución. La citación fue realizada por el equipo fiscal, conformado por los agentes Diego Arzamendia, Francisco Cabrera y Jorge Arce.
De acuerdo al Ministerio Público, las filtraciones de informaciones a la organización criminal de Tío Rico se concretaban desde la Dirección de Inteligencia Técnica de la Senad, encabezada en ese entonces por un hombre de confianza de Giuzzio.
La situación se sustenta en una serie de mensajes encriptados entre Tío Rico y el también narco uruguayo Sebastián Marset, donde Insfrán se jacta de su contacto en la Senad y de su amistad con “los de arriba” para zafar de los operativos antidrogas y de esa manera lograr la exportación de cocaína a Europa.
Al ser consultada sobre el tema por los medios de comunicación Rolón afirmó que “muchas cosas no puedo decir, yo como exfuncionaria estoy compelida por algunos artículos del Código Penal para no revelar secretos de interés público”. Añadió que bajo su gestión se realizaron las denuncias sobre las filtraciones por medio de la Unidad de Investigación Sensible.
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El argumento que esgrimió la exministra para justificar las medidas light que se tomaron durante el anterior gobierno contra los funcionarios que operaban a favor del narcotráfico se debió a los “protocolos de la investigación” que, según la misma, se ajustó con la finalidad de que el operativo A Ultranza alcance la efectividad que logró.
“Eso establecía el protocolo, porque el ministro no remite las informaciones de inteligencia, todo lo hacen los agentes que están a cargo y controlados por el juzgado de garantías al Ministerio Público”, dijo en su defensa la exalta funcionaria de Estado.
“Yo voy a contar todo lo que a mí me consta y con esto quizás ayude al Ministerio Público para aclarar. Si se hace una línea de tiempo, las informaciones de filtraciones fueron en el 2020, sin embargo nosotros tomamos conocimiento de esto recién en octubre del 2021, cuando se recibió los mensajes encriptados de Europol, entonces hay una gran línea de tiempo”, acotó.
Rolón siguió sosteniendo que “después ya estábamos abocados y trabajando en la operativización de A Ultranza. En el momento que me informaron (sobre las filtraciones desde la Senad), enviamos a asuntos internos, hicieron las primeras diligencias a la expectativa de la operativización de A Ultranza”.
Por otra parte, indicó que es posible saber quienes de los funcionarios de la Senad durante el anterior gobierno realizaron las filtraciones al narcotráfico. “Confío en el Ministerio Público, están trabajando y tengo el interés para que se sepa quiénes son estas personas”, dijo.
Añadió que la detección de las filtraciones (audios y transcripciones) ya se había adjuntado en los expedientes de A Ultranza, y que de ello tenían conocimiento todas autoridades de investigación y judiciales competentes.