La Municipalidad de Asunción decidió suspender una obra en construcción ubicada en el barrio Madame Lynch debido a que no contaba con la debida autorización municipal. A raíz de denuncias de vecinos, funcionarios municipales de la Dirección de Obras Particulares y de la Dirección General de la Policía Municipal procedieron a hacer una inspección in situ en una construcción sobre la avenida Primer Presidente casi Gabriel Casaccia.
La comitiva municipal encontró obras bastante avanzadas en este sitio, con materiales de construcción y contenedores ocupando el dominio público. Entre las contravenciones de la obra se menciona la falta de permiso municipal, en cumplimiento del Art. 56 de la Ord. 26.104/90, Que Establece el Reglamento General de Construcción.
Tras detectar esta irregularidad, los funcionarios esta mañana procedieron a notificar la orden de suspensión de los trabajos con la Resolución de Medida de Urgencia Nº 982/2022, con lo que se exige a los responsables el cese de actividades.
Una de las preocupaciones manifestada en la denuncia de los vecinos es la seguridad de sus viviendas respecto a la construcción de un tanque tipo copa elevada, cuya ubicación se encuentra muy próxima a otras propiedades.
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El Departamento de Fiscalización de Obras, dependiente de la Dirección de Obras Particulares del municipio de Asunción, constantemente realiza intervenciones en diferentes obras de la capital, a fin de constatar que estén en cumplimiento de todas las disposiciones legales y que no exista ninguna situación irregular.
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Concejal asunceno aconseja auditoría para respaldar lo declarado por Rodríguez
El presidente de la Junta Municipal, César Escobar, considera que, antes que ir a una intervención, se debe realizar una auditoría al balance presentado por el intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, para exponer la situación de la administración del Ejecutivo municipal, en relación al informe presentado por la Contraloría General de la República (CGR) sobre la utilización de los bonos.
“Ya en el dictamen de la aprobación, los colegas respaldaban su aprobación encomendando que se realice una auditoría. Hoy corresponde una auditoría externa, interna, para acceder a los documentos que respaldan lo declarado por el Ejecutivo”, dijo Escobar, este viernes, en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
“Ya no estoy conforme a partir del dictamen de la Contraloría, no es por una conformidad personal, es una visión institucional. No hay que dar lugar a valoraciones personales, mucho menos relativizar”, aseveró. “El balance general, yo me abstuve (de votar), específicamente porque el Ejecutivo municipal no respondió preguntas que realizó nuestra Comisión de Hacienda. El estudio del balance es un estudio superficial, pero políticamente yo me abstuve, yo no vi con buenos ojos que el Ejecutivo no haya respondido a nuestra Comisión de Hacienda, casi 18 preguntas”.
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“Levantar el municipio”
Por otra parte, comentó que no está a favor de recurrir a una intervención, como primera medida, para el concejal, se debe realizar primeramente una auditoría, y consecuentemente, de encontrar irregularidades pensar en una intervención. “La intervención, no hay que descartar, pero tampoco tenemos que ser prematuros en tomar esa salida o esa decisión que es de urgencia, yo primero optaría por una auditoría externa e interna, entonces poder acceder a esos documentos para luego tomar esas decisiones más drásticas”, dijo.
El informe de la Contraloría “es una noticia un poco negativa y estamos con esa preocupación, tenemos que ver la manera de levantar el municipio y dar un giro, cambiando totalmente el criterio de aplicación administrativa en el Ejecutivo municipal, pero relativizar la visión de criterio del órgano contralor, no corresponde”, puntualizó.
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Examen de la Contraloría fue parcial y amerita un estudio completo del ejercicio, sostienen
Tras el informe publicado por la Contraloría General de la República respecto al uso de G. 500.000 millones en la Municipalidad de Asunción, el asesor jurídico de la comuna, Benito Torres afirmó que no hubo malversación de fondos ni daño patrimonial, asegura que lo expuesto por el órgano contralor es una cuestión de “interpretación”.
“Lo que ellos hicieron es un informe parcial, corresponde que se examine el ejercicio de los años 2022 y 2023. Actualmente nuestra ejecución goza de presunción de validez y legalidad tal y como lo prevé la ley de procedimientos administrativos porque tiene aprobación de la Junta Municipal, así como dispone el artículo 207 de la Carta Orgánica, el siguiente paso es el examen completo del ejercicio”, aseveró.
De acuerdo a lo manifestado por el asesor de la municipalidad, si nuevamente se presentan discrepancias en un análisis completo, lo debe resolver el Tribunal de Cuentas. Torres manifestó que la situación de la comuna no es tan “dramática” como se presupone y aseguró que existen normativas que respaldan la utilización de una caja única.
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“El artículo N.° 178 de la Carta Orgánica Municipal dice claramente que en el sistema administrativo de la institución se aplica la ley de administración financiera en donde ya se prevé la utilización de la caja única y en segundo lugar, la ley que salió en el 2013 modifica o integra la ley de administración financiera, por tanto, esas normas forman parte del ordenamiento jurídico municipal”, detalló.
En contacto con “Tarde de perros”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, Torres explicó que los recursos que ingresan a la caja única, van rotando dentro de la misma, no obstante, los recursos correspondientes a bonos deben estar disponibles al momento de ejecución de la obra para la cual fueron emitidos.
“Así se concluyó Molas López, así se inició la obra en Abasto y así, una vez que se adjudique General Santos se va a proceder de la misma forma”, sentenció. Asimismo, señaló que no es la primera vez que existen desacuerdos con la Contraloría y en la ejecución de un contrato por parte de la municipalidad.
“Que exista un desacuerdo con el órgano fiscalizador puede ocurrir en cualquier momento, no porque diga la Contraloría quiere decir que tenga razón, para poner un ejemplo tenemos el caso de Parxin. La Contraloría recomendó que se rescinda el contrato, la municipalidad actuó en tal sentido y el resultado fue adverso”, recordó.
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Los G. 94.600 millones de bonos que Ferreiro emitió sin planes de inversión
El comunicador Alfredo Guachiré recordó en sus redes sociales los reportes de indicios de hechos punibles cometidos por la administración de Mario Ferreiro al frente de la Municipalidad de Asunción y que quedaron en la nada. Durante el mandato de Ferreiro, la comuna desvió fondos de bonos y los terminó usando en cuestiones fuera de lo permitido por la ley.
En 2020, la Contraloría General de la República (CGR) emitió una serie de reportes de indicios de hechos punibles debido a la supuesta utilización ilegal de fondos provenientes de bonos por parte de la Municipalidad de Asunción, durante la administración de Mario Ferreiro.
El informe de auditoría de la Contraloría General de la República reveló, en ese entonces, que la Municipalidad de Asunción, bajo la administración de Mario Ferreiro, emitió bonos por un total de G. 94.600 millones sin contar con planes de inversión que justifiquen tal endeudamiento público. Esta acción constituye una flagrante violación a las leyes anuales del Presupuesto General de la Nación.
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Lo más preocupante no fue solo la ausencia de planes de inversión, sino la forma en que los fondos obtenidos fueron manejados. La comuna capitalina utilizó los bonos como garantía prendaria para la obtención de préstamos a corto plazo, contraviniendo lo establecido en la Ley Orgánica Municipal y las resoluciones de la Junta Municipal. El órgano legislativo estipulaba que estos recursos fueran destinados exclusivamente al financiamiento del presupuesto de inversión institucional.
Un ejemplo de este uso indebido de los fondos fue el pago de G. 1.313.051.277 para la remoción y reposición de empedrados en varias calles de Asunción. Este gasto fue realizado sin la aprobación de la Junta Municipal, utilizando los recursos provenientes de la emisión de bonos.
Además, la auditoría reveló que, en la administración Ferreiro, los déficits temporales de caja de los años 2016, 2017 y 2018 fueron cubiertos de manera irregular con fondos de la emisión de bonos municipales, sumando un total de G. 76.600.000.000. Según el ente contralor, estos fondos debieron utilizarse para financiar el presupuesto de inversión institucional.
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La situación se agravó con la emisión de bonos para amortizar deudas previas. La Municipalidad de Asunción utilizó G. 3.500 millones de la nueva emisión de bonos para pagar deudas generadas en emisiones anteriores, perpetuando de ese modo el ciclo de endeudamiento insostenible.
El ente contralor advirtió que, de mantenerse el nivel de endeudamiento y los patrones de ingresos corrientes, la Municipalidad de Asunción no podría cumplir con los pagos de los servicios de la deuda. Esta situación obligó a la comuna a recurrir a nuevos tipos de endeudamientos.
El informe de la Contraloría General de la República no sólo puso en evidencia la mala gestión financiera de la Municipalidad de Asunción, sino que también alertó sobre los riesgos futuros que este manejo podría implicar para la estabilidad económica de la capital.
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Ante peligro de derrumbe, pobladores del barrio Republicano solicitan asistencia de la comuna
Vecinos del barrio Republicano que tienen sus viviendas a la ribera del arroyo Ferreira llevan años enfrentando una problemática que empeora con cada tormenta, ya que el cauce se ve desbordado y va desmoronando el terreno de los pobladores, exponiéndolos también al peligro del derrumbe de sus casas.
Nancy López, una de las vecinas del lugar, conversó con el programa “Dos en la ciudad” emitido por GEN y Universo 970 AM/Nación Media, y comentó que en varias ocasiones ya solicitaron a la Municipalidad de Asunción que intervengan ante esta situación, pero que hasta el momento no recibieron ningún tipo de retorno.
“Son como 90 familias las afectadas, cuyas casas se están cayendo al borde del precipicio que mide entre 15 a 20 metros de altura, en algunos de los casos los patios ya han sido carcomidos totalmente y en otros ya han perdido hasta 10 metros de propiedad y esto empeora con cada tormenta, ya que el cauce se ve desbordado por completo”, sostuvo.
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Explicó que los pobladores afectados son personas que cuentan con el título de sus propiedades, que fueron compradas de manera legal hace más de 60 años y que inclusive abonan los impuestos inmobiliarios al municipio, pero que aun así sus reclamos no son escuchados.
“Nosotros necesitamos que las autoridades vengan a ver la zona y planteen soluciones definitivas, en este lugar es necesario que se hagan muros de contención, pero que estén bien hechos, que no sean como los que se hicieron en otros puntos del cauce donde al final las aguas terminan llevando por pedazos el muro, necesitamos de una mejor tecnología”, indicó la lugareña.
La pobladora mencionó además que el cauce se satura justamente por la cantidad de basura que contiene y que muchas veces esos desperdicios vienen desde otros puntos arrastrados hasta la zona y quedan atorados por la cantidad escombros y otros elementos.
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