El niño presentó problemas de salud, fue internado, pero sus padres lo retiraron del Hospital de Luque pese a la oposición de los médicos, que luego lo volvieron a revisar. Foto: Gentileza
Fiscalía intervino en caso de un niño que fue retirado del hospital de Luque
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Médicos del Hospital General de Luque denunciaron a dos adultos por retirar a un niño que precisaba atención médica y que habría sido retirado por una mujer, que se identificó como médica. Los propios padres del pequeño, declarados antivacunas y negacionistas del COVID-19, fueron los denunciados y son investigados por el Ministerio Público.
Además, se investigará a una mujer identificada como Karina Sarno, de nacionalidad argentina, sobre quien se cotejará si cuenta con registro para ejercer la medicina en nuestro país. La mujer se presentó en el hospital en compañía del padre del menor, quien se negaba a que el pequeño fuera hisopado luego de presentar taquicardia; en cuestión de minutos lo retiraron del centro médico pese a la oposición de los profesionales.
Tras el hecho de vulneración de los derechos a la salud del niño, de manera conjunta la Fiscalía, la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, y la Codeni procedieron a contactar con los padres del niño con la finalidad de verificar el estado de salud del mismo.
La Fiscalía realizó la observación a los padres sobre la responsabilidad de velar por la salud y la integridad del pequeño y que seguirá realizando el seguimiento del caso. Posteriormente, el pediatra denunciante inspeccionó al niño ante la presencia de las autoridades de la Fiscalía y la Codeni.
Los padres se presentaron ayer ante la Fiscalía en donde fue realizada la denuncia correspondiente por el personal del Hospital General de Luque, que fue amenazado por la mujer y el padre del menor antes de sacarlo del hospital. “No voy a permitir que le hagan por protocolo el hisopado por supuesto COVID”, dice el padre en el video que él mismo filmó y luego se viralizó en redes sociales.
Investigan a la canciller de Colombia por presunto lavado de activos
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Fuente: AFP
La canciller de Colombia, Laura Sarabia, una de las funcionarias más cercanas al presidente Gustavo Petro, es investigada por la Fiscalía por presunto lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, indicó el viernes una fuente de la institución.
La Fiscalía inició la pesquisa tras recibir una denuncia de la Red de Veedurías Ciudadanas, una organización civil que supervisa la gestión pública. Según el informe, el patrimonio de la ministra habría aumentado de forma injustificada desde su llegada al gobierno de la mano del presidente izquierdista en 2022.
“El tema está en indagación, una fase que es reservada”, dijo la fuente a la AFP.
Sarabia fue jefa de gabinete de Petro, luego ocupó dos altos cargos en el gobierno y en enero se convirtió en ministra de Relaciones Exteriores.
Su hermano, Andrés Sarabia, y su esposo, Andrés Parra, también son mencionados por la Red de Veedurías Ciudadanas. De acuerdo con la denuncia, en los últimos años el hermano pasó de tener un “exiguo patrimonio y una vida austera” a “contar con un multimillonario patrimonio inexplicable”.
La oenegé también asegura que la canciller no incluyó en su declaración de bienes una empresa que constituyó junto a ellos dos. Laura Sarabia no se había pronunciado el viernes sobre la investigación en curso.
Es el segundo caso de este tipo que involucra a una persona cercana a Petro. A mediados de 2023, la fiscalía capturó al hijo mayor del mandatario, Nicolás Petro, por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito con dinero que supuestamente recibió de un exnarcotraficante para la campaña electoral del actual mandatario.
El primogénito del presidente, que espera la sentencia en libertad tras cumplir prisión preventiva, asegura que Gustavo Petro desconocía esas transacciones.
Investigan desaparición de 350.000 metros de cable de la Ande
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El fiscal Silvio Corbeta se constituyó en la sede de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), ubicada sobre la avenida Guido Boggiani, para iniciar las pericias del caso. El perjuicio a la institución sería de G. 7.500 millones, según datos iniciales de la investigación.
“Lo que denunció la Administración Nacional de Electricidad es un retiro de aproximadamente 350.000 metros de cables, que son de diferentes tipos de milímetros y especies, para diferentes usos”, señaló a la 1080 AM.
El agente del Ministerio Público explicó que las autoridades de la Ande radicaron la denuncia a resultas de una auditoría interna donde se corroboró la irregularidad, en la que estarían involucrados algunos funcionarios de la institución.
“La auditoría señala que estas personas han solicitado de manera indiscriminada a través de los pasos internos que tiene la Ande para retirar estos cables. Y en el mismo sentido la auditoría responsabiliza también a parte de los funcionarios encargados de controlar si eso cumple con los requisitos establecidos en los manuales internos de la Ande, para posteriormente proceder a la entrega de los cables”, explicó.
El fiscal Corbeta confirmó que hay una sospecha de la participación del personal encargado del despacho de los cables. “Hubo una suerte de ligereza o una suerte de omisión en cuanto al control efectivo en la entrega de estos cables que fue solicitado por esta unidad que es de la sección de Limpio de la Ande, específicamente”, puntualizó.
Diputado Carlos Pereira Rieve dijo que fracasados quieren “manchar” su imagen y no explica origen de su fortuna ni investigación que le abrió Fiscalía.
Investigación a los Pereira Rieve duerme hace 3 años en Fiscalía
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En una actitud visiblemente cohibida, en la sesión de ayer el diputado “mago del sur”, Carlos Pereira Rieve ensayó un discurso alusivo a los destapes mediáticos en torno a su empresa hormigonera, responsable de la carga de losas en el edificio caído en Encarnación y la fortuna que amasó en tiempo récord. Se retrotrajo a los tiempos de su colegio, revivió sus inicios como activista juvenil, su vida sacrificada, sin herencias, recordó y pidió disculpas a su mamá, pero en su alocución no pronunció una sola frase que explique la receta mágica de su meteórico ascenso económico, ni la causa por enriquecimiento ilícito que le abrieron junto con sus hermanos y que se maneja con mucho hermetismo en el Ministerio Público.
Con mucha insistencia y en medio de un hermetismo que llama poderosamente la atención, nuestro equipo accedió a la confirmación de que la causa sobre enriquecimiento ilícito del Ministerio Público al clan Pereira Rieve de Itapúa continúa abierta, así como otros datos que guardan relación al caso.
La causa sobre enriquecimiento ilícito y otros que la Fiscalía abrió al exintendente de Cambyretá, actual gobernador de Itapúa, Francisco Javier Pereira Rieve y a sus hermanos data del año 2022. Es decir, hace tres años que el Ministerio Público tiene en sus manos la investigación y hasta ahora no existen resultados visibles, menos aún socializados sobre los presuntos delitos que se sospechan los miembros del clan.
En el marco de la mencionada causa, el exfiscal Osmar Legal había solicitado a la Contraloría General de la República hace 2 años y medio el estudio de correspondencia del actual gobernador, su hermano el hoy diputado, exconcejal departamental Carlos Pereira Rieve y la hermana de ambos Gladys Estela Pereira Rieve, secretaria privada de su hermano en la Gobernación de Itapúa.
La investigación penal prácticamente se manejó en secreto, ni una sola información trascendió al respecto. En paralelo, intentaron desestimar la causa, pero desde el juzgado al cual acudieron rechazaron el pedido y tuvo que ser reabierta.
Hormigonera del diputado Carlos Pereira Rieve que cargó losas del edificio caído en Encarnación y dejó dos víctimas fatales
LA CAUSA
La investigación del presunto enriquecimiento ilícito al clan Pereira Rieve, posiblemente guarda relación con actividades ilícitas concernientes al lavado de dinero provenientes del narcotráfico. Recordemos un informe inteligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) que sindicaba al entonces intendente de Cambyretá, actual gobernador de Itapúa, Francisco Javier Pereira Rieve como líder de una organización criminal vinculada al narcotráfico que quedó en la nada, porque el agente antidrogas fue pescado en un presunto cobro de coima para limpiar el expediente de su investigado y es así que el sospechoso se convirtió en víctima y denunciante.
El proceso se redujo a la condena del agente antidrogas, pero nada se sabe de los informes recabados ni el curso de las investigaciones que involucraban al hoy gobernador como presunto líder de una organización criminal, pese a la existencia de la carpeta que incluso fue incautada en un allanamiento en el marco de las investigaciones al exfuncionario preso por caso coima.
En medio de las sospechas de los ilícitos mencionados, sin embargo, el clan Pereira Rieve amasó fortuna, constituyó empresas, erigió enormes fábricas, que han pasado desapercibidos para los organismos de control y pese a las extraordinarias formas en que han saltado de la pobreza a la prosperidad.
Recordemos que en el caso del diputado “mago del sur”, de armar una empresa en la que su aporte fue la módica suma de G. 2,5 millones, una notebook, escritorio y silla de oficina, un archivero y algunos materiales técnicos que sumados dan G. 50 millones, en dos años pasó a Mega Concret SA de G. 6.000 millones, que de entrada se integró G. 4.150 millones.
O el caso de su hermano el gobernador que, de un terreno tasado en G. 12 millones en sus tiempos de concejal municipal de Cambyretá, le bastó dos elecciones como intendente para aterrizar a la jefatura departamental con un activo de G. 7.300 millones.
Sin embargo, nada explicó el diputado “mago del sur” sobre las bases o el origen del dinero para el gigantesco salto económico suyo y de su familia en tiempo récord. Usó minutos de la sesión de ayer en la Cámara de Diputados para referirse indirectamente a los destapes en la prensa, recordó su época de colegio, sus inicios como activista juvenil, su vida de trabajo, llena de sacrificio para luego concluir con la teoría de siempre, de atribuir los trascendidos a ataques políticos para “manchar” su imagen.
Aprovechó para pedir disculpas a su mamá y saludar a su departamento, pero no se acordó de las víctimas fatales a causa del desplome del edificio en la que su empresa cargó las losas y proveyó hormigón por G. 2.000 millones, mucho menos de la causa en la Fiscalía que había desconocido ya en una consulta anterior realizada desde nuestra redacción.
Filizzola obtiene otro fallo a medida luego de dilatar por años caso por lesión de confianza
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El juez Penal de Garantía Yoan Paúl López resolvió hacer lugar al incidente de la prescripción y beneficio con el sobreseimiento definitivo al exministro del Interior y actual senador Rafael Filizzola quien estaba acusado por lesión de confianza en el caso conocido como “comisarías de oro”, por la remodelación de dependencias policiales durante su gestión como ministro del Interior, entre 2008 a 2011.
Con la resolución judicial Filizzola logra impunidad debido a que presentó durante más de 10 años varias chicanas y así evitó ser juzgado por un tribunal de sentencia.
La acusación del Ministerio Público refiere que el 15 de octubre del 2010, el ministro del Interior, Rafael Filizzola, había aprobado la licitación para la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción, sin ningún análisis técnico o pedido de los comisarios de aquel entonces.
El contrato se firmó con la empresa Todo Verde Emprendimientos por alrededor de G. 1.200 millones, sin ninguna póliza por incumplimiento. Las obras no fueron terminadas. En esta causa, Andrea Adle se acogió a la suspensión condicional.
Blanqueado en caso helicóptero
La jueza penal de garantía, Alicia Pedrozo hizo lugar al pedido del fiscal Francisco Cabrera y ordenó el sobreseimiento definitivo de Rafael Filizzola, acusado en su momento por la compra de helicópteros para la Policía Nacional que había generado un perjuicio de G. 50.000 millones.