El doctor Ignacio Mendoza, superintendente de Salud del Ministerio de Salud, dijo con relación al caso de negligencia médica en el Instituto de Previsión Social (IPS), que se trata de una denuncia muy grave por lo que se deben analizar todas las aristas.
“Ya intervenimos y fue un equipo a recabar todos los datos para realizar una auditoría médica. La denuncia es muy grave y merece un análisis responsable”, expresó este miércoles en contacto con la 1020 AM.
Aseguró que se tiene que analizar el proceso en sí, desde el diagnóstico, los estudios previos y el resultado, teniendo en cuenta la gravedad del caso. “Aún no manejamos los nombres de los intervinientes. Es delicado por la gravedad del hecho y sobre todo porque es muy sensible. Llevará unas dos a tres semanas”, adelantó.
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Cabe recordar que este fin de semana, los familiares de don Ramón Samudio, de 78 años, denunciaron que el hombre debía someterse a una cirugía de amputación de la pierna y que profesionales del Hospital Central de IPS se equivocaron de miembro.
El hombre fue diagnosticado con trombosis, por lo que se planificó una intervención quirúrgica para amputar la pierna derecha antes de que la infección avance, pero los médicos realizaron el procedimiento en la pierna equivocada y actualmente se se encuentra sin ninguna de sus extremidades inferiores ante la negligencia médica. Ayer fue sometido a una tercera cirugía por una infección en la pierna amputada por error.
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Gobernación reparará área muy deteriorada del Hospital Regional de Ciudad del Este
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El director de Control de Instituciones de la Superintendencia de Salud, Osvaldo Alvarenga, visitó esta semana el Hospital Regional de Ciudad del Este para controlar algunas áreas de servicios, a raíz de imágenes divulgadas sobre un área muy deteriorada por filtraciones en la estructura edilicia. La Gobernación está reparando algunas áreas.
El médico había anunciado que Recursos Físicos del Ministerio de Salud también vendrá a verificar el lugar y dio un plazo de veinte días a la empresa que está realizando reparaciones en el hospital, para que termine las áreas más deterioradas.
“Labraremos un acta, les vamos a emplazar para que solucionen esto, por lo menos esta parte donde se ve el resultado de las filtraciones, creemos que en 20 días ya debe ser reparado”, había señalado el doctor Alvarenga. En el recorrido por el hospital lo acompañaron la directora regional, doctora Noelia Torres y el director del hospital, doctor Federico Schrodel.
Las reparaciones están siendo realizadas por el Grupo Mega, adjudicado por la Gobernación de Alto Paraná por 500 millones de guaraníes para reparar varias áreas del hospital, según señaló a La Nación/Nación Media el ingeniero Líder Giménez, secretario de salud del gobierno departamental.
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Consultado sobre el sector que está muy deteriorado y donde estuvo el doctor Osvaldo Alvarenga, de la Superintendencia del Ministerio de Salud, el ingeniero Giménez dijo que figura en la lista de áreas a ser reparadas y no había llegado todavía a ese sector el trabajo. Mencionó que la próxima semana se trabajará allí.
Consultado si tienen en cuenta que el sector citado no parece requerir solo pintura o reparación superficial por su grado deterioro, el secretario de salud dijo que verificaron el sitio y se trata de la unión de dos pabellones donde se producen filtraciones de agua y será reparado el techo, el revoque de las paredes y luego la pintura.
Sobre los trabajos ya realizados dijo que se está haciendo la reparación eléctrica, se hizo el cambio de rampa, se repararon aberturas de vidrio y se completó el piso en sectores donde se habían destruido. Asimismo, dijo que tienen previsto arreglar cinco sanitarios, de los cuales ya se repararon tres. También se prevé la pintura general del hospital.
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Superintendencia cuenta con nuevo manual de acreditación de clínicas
La Superintendencia de Salud cuenta con nuevo manual de acreditación de centros hospitalarios que será oficializado antes de fin de año, anunció el superintendente Roberto Melgarejo. La medida fue adoptada tras constatarse irregularidades en las empresas prestadoras de servicios de salud, algunas incluso con cierre definitivo debido al incumplimiento de las disposiciones de este ente contralor sanitario.
Otro inconveniente interno que se pretende subsanar es la escasa dotación de funcionarios de la Superitendencia abocados a las tareas de fiscalización, puesto que cuenta con tan solo 70 empleados para controlar más de 4.500 clínicas que operan a nivel nacional.
“Yo no me canso de hablar y de exponer no como un plagueo nuestras debilidades y solicitando mayor recurso. Lo que nosotros necesitamos son algunas cuestiones inherentes a nuestras funciones”, señaló el doctor Melgarejo al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Confirmó que una de las falencias es que el organigrama de la institución no contempla una unidad de fiscalización. “Cómo yo puedo intervenir, registrar y controlar si yo no tengo una Dirección o Jefatura de Fiscalización donde tenemos hecho un planteamiento incluso de descentralizar la Superintendencia”, mencionó.
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Fiscalizadores regionales
El exviceministro de Salud manifestó que precisamente uno de los planes es contar con inspectores regionales y locales de modo a agilizar la tarea de control a nivel país. “Nuestra función principal es el control y este control debe apuntar a la mejora de la calidad de atención de las personas”, remarcó.
Destacó que las fiscalizaciones serán directamente proporcionales a los ingresos puesto que a mayor control se tendrá mayor aporte y aumentarán los recursos financieros de la Superintendencia, que serán destinados a fortalecer las inspecciones.
“Las prerrogativas que nos brinda la ley es fundamental dentro del sistema de salud del Paraguay para que pueda funcionar correctamente. Y la ciudadanía pueda tener un respaldo y donde acudir ante cualquier tipo de problemas”, puntualizó.
En cuanto al marco legal que rige a este organismo de control, Melgarejo habló de la necesidad de una revisión de la legislación. “La Ley de la Superintendencia tiene muchos años y la Superintendencia en sí tiene 25 años de funcionamiento y la Medicina ha evolucionado. Y yo encontré manuales de cuestiones que nosotros es nuestra competencia no solamente el registro sino la categorización de los centros, darle una categoría a través de sus complejidades”, expresó.
Sobre el punto el exdiplomático mencionó que se cambiará el manual de acreditación de entidades prestadoras de servicios que tiene 18 años de vigencia. “La medicina ha evolucionado, es así que tenemos ahora un nuevo manual que queremos finalmente lanzarlo antes de fin de año con cooperación de las sociedades científicas, donde le hemos dado participación a todos los estamentos”, significó.
Detalló que participaron de la elaboración del documento referentes del Ministerio de Salud, del Instituto de Previsión Social (IPS) y de las Fuerzas Armadas para que las normativas sean conocidas ampliamente antes de su implementación.
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Preocupa intento de desestimar causa de deuda del IPS en administración de Bataglia
El caso elevado al Ministerio Público por parte de la Contraloría acerca de la deuda del Instituto de Previsión Social (IPS) a proveedores, que llega a más de G. 1 billón, durante la administración de Vicente Bataglia, designado por el expresidente Mario Abdo Benítez, podría ser archivado. Los fiscales que investigan esta causa solicitan la desestimación alegando que la Fiscalía sí recibió los documentos por parte de la previsional, mientras que la CGR afirma que no tiene conocimiento sobre tales documentos.
Para hablar sobre esta situación, el director jurídico de la Contraloría General de la República (CGR), Dario Ortega, y el jefe del Departamento de Asuntos Penales de la Dirección Jurídica de la previsional, Edgar Giménez, participaron del programa “Fuego Cruzado” del canal GEN/Nación Media.
El director jurídico de la Contraloría explicó cómo se dio la auditoría que se inició ya a finales del 2022 y las trabas que puso el IPS para no brindar los detalles y las documentaciones de la deuda al órgano contralor. El informe que elevaron al Ministerio Público en su momento habla de un posible daño patrimonial.
“Es un tema ya remanido que venimos hablando hace un tiempo, pero conviene recordar, pues va ser el sustento de nuestra objeción, o la falta de concordancia que tenemos con la Fiscalía para haber arribado esa conclusión. Tengo que decir que esta es una auditoría financiera y de cumplimiento llevada a cabo por la Contraloría para el ejercicio fiscal 2022″, explicó.
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Agregó que se habla de un monto de G. 1 billón, equivalentes a más de USD 100 millones de dólares, y que la Contraloría encontró una observación que primero trató de averiguar en el propio IPS, pero la previsional mintió. Esto tenía que ver con una falta de composición de saldo pendiente de pago a proveedores.
“Nosotros iniciamos la auditoría en el 2022, finales del 2022 y se prolonga hasta julio del 2023, durante ese un año nosotros recibimos evasivas, las evasivas hicieron que tengamos que iniciar una acción judicial, luego de la acción judicial vinieron los camionazos (de documentos), pero incluso ahí encontramos falta de cooperación por parte de IPS y mentiras”, explicó.
Contradicciones de la Fiscalía
El director jurídico de la Contraloría indicó que no se cuentan con los documentos respaldatorios de la composición de saldo, a pesar de la insistencia y varias acciones no se han remitido los documentos respaldatorios de la deuda. La conclusión de la CGR ante esta observación fue que no se puede emitir una opinión razonable sobre el estado contable.
“En materia de auditorías, no solamente en Paraguay, en el mundo, concluir así lleva consigo una sospecha de fraude, porque si un ente obligado a llevar una contabilidad limpia, y no lo tiene, algo raro está pasando”, apuntó Ortega.
Sin embargo, el planteamiento de la desestimación de la Fiscalía se sustenta que la institución sí recibió tales documentaciones. “Entonces nosotros le remitimos eso a la Fiscalía, eso y otros puntos, ¿y dónde está ahora nuestro descontento con la Fiscalía? que para sustentar la desestimación de esta observación dice que la Fiscalía sí pudo obtener la conciliación y sí pudo tener facturas de pago relativas a los fondos obtenidos en virtud a la ley 7037″, expresó.
Reunión con el fiscal general
Por su parte, Edgar Giménez, jefe del Departamento de Asuntos Penales de la Dirección Jurídica del IPS, dio detalles de la reunión que mantuvieron con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. En este encuentro participó el equipo jurídico del Instituto de Previsión, también las autoridades de la parte contable, de auditoría y también asesores externos de la previsional, además del director jurídico, en relación a este caso.
“Manifestamos nuestras preocupaciones, le hicimos saber las incoherencias, las contradicciones que tenían los argumentos del requerimiento fiscal y también le manifestamos la preocupación en relación al equipo de trabajo que está llevando a cabo las investigaciones del IPS”, dijo Giménez.
Mientras tanto, el fiscal general se comprometió con una colaboración entre instituciones, seguir con las investigaciones y cumplir con todas las diligencias en el marco de esta causa.
“Se manifestó a rasgos generales, también nos manifestó su intención de colaborar más que nada entre instituciones, eso es lo que nos dijo y que va a tratar de conformar un equipo de trabajo en relación a las causas del IPS para poder llevar adelante las investigaciones y cumplir con todas las diligencias que se solicita por parte del IPS, que participa como víctima en estos casos”, dijo Giménez.
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Detienen a una persona e incautan elementos de sospecha de fabricación de réplicas de chapas
Una comitiva fiscal y policial a cargo de la agente fiscal Dora Nohl Recalde, intervino un inmueble ubicado en San Lorenzo, donde fue detenida una persona identificada como Arturo Miguel Mendoza Alfonzo y se logró incautar elementos que estarán sujetos a la investigación referente a la producción de documentos no auténticos y otros.
Los intervinientes incautaron del lugar una calcomanía para la elaboración de chapas para vehículos tipo Mercosur, una réplica de chapa para motocicleta, calcomanías varias con la inscripción “Mercosur Paraguay” y escudos de la República del Paraguay, facturas de compra de chapa negra de la empresa “Metalsur” de la ciudad de Ñemby, cortes de chapas de metal utilizadas para la fabricación de chapas de vehículos apócrifas, además de otros dispositivos como: disco duro, CPU, DVR y aparato celular.
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Acompañaron el operativo, el Departamento de Control de Desarmaderos de Vehículos y el Departamento de Control de Automotores - Sede Central. La orden de allanamiento fue firmada por el juez de Luque, Juan Rodolfo Pecci Oviedo.
Ahora el detenido debe declarar ante la citada representante del Ministerio Público, quien deberá presentar la imputación contra el detenido si se tienen los elementos necesarios. En caso de que presentase la imputación, luego el aprehendido comparecerá ante un juzgado penal de Garantía para la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se definirá si el imputado estará privado o no de su libertad.
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