El abogado José Casañas Levi señaló este martes que está en contra de procesar penalmente a los menores de 14 de años, ya que no hay capacidad de reinserción en el sistema penitenciario con los mayores de edad y con los pequeños sería peor.
“Si no somos capaces de reinsertar a personas adultas y les tenemos como animales en cárceles, imagínense lo que será con niños. En Estados Unidos es a partir de los 12 años, ellos llaman reformatorio, pero finalmente es una prisión de niños”, explicó el profesional del derecho en comunicación con la radio 1080 AM.
Nota relacionada: Constitucionalistas rechazan reducir edad para imputar
Mencionó que todos los países del mundo deciden desde qué edad una persona puede ser sometida a un proceso penal, sin importar si es adulto o menor y en el Código Penal paraguayo se establece que un adolescente puede ser imputado una vez que cumplió los 14 años de edad.
Casañas Levi indicó que si un menor comete un delito o un crimen antes de haber cumplido los 14 años de edad no puede ser procesado penalmente y el caso pasa a cargo del Juzgado de la Niñez, que puede aplicar medidas educativas y correctivas, pero no sanciones.
Lea más: Fiscalía investiga el contenido de la nota encontrada en colegio privado
“Encerrar a un niño significa que el sistema fracasó, por eso ese niño se convirtió en un peligro para la sociedad. La Constitución dice que cualquier persona sometida a una sanción tiene que ser reinsertada y esa es la finalidad. Si bajamos a 12 años la edad para imputar, cuál va a ser el sistema educativo que vamos a implementar”, agregó.
El abogado indicó también que es preocupante que la gente pida cárcel como primera respuesta a los hechos cometidos por los menores de edad porque no es una herramienta que construye sociedad e insistió en que es impensable juzgar a un niño que no tiene la capacidad de comprender lo cometido.
Puede interesarle: Acusan al Ministerio de Hacienda de “ningunear” presupuesto para la Fiscalía
Dejanos tu comentario
Preocupa que imputaciones se den solo a intendentes colorados
El Comando de Honor Colorado se reunió este lunes 6 de mayo y abordó diversos puntos, entre ellos, las imputaciones que se están dado únicamente a intendentes colorados por déficit en infraestructura en sus respectivas ciudades. Genera preocupación que jefes comunales de otros partidos políticos no sean sometidos a la justicia por este mismo tipo de hechos, según manifestaron.
“Un tema preocupante es la imputación a intendentes por casos de infraestructura, nos preocupa un poco porque una cuestión que estamos viendo es que parece monocromática porque solamente a los intendentes colorados le están imputando con respecto a estos hechos, es un tema para debate”, expresó Eduardo González, secretario general de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y miembro del Comando.
González mencionó que desenlaces fatales a causa de sucesos meteorológicos, no se dan únicamente en Paraguay y señaló que incluso Brasil en este momento está sufriendo de inundaciones, por lo cual se debe analizar minuciosamente si realmente amerita la intervención de la justicia en todos los casos.
Lea también: Preparan proyecto para extender acción de la FTC en la zona sur del país
“Estoy de acuerdo de que en lugares críticos se tienen que hacer trabajos y es lo que corresponde, pero en este caso de Luque ese lugar nunca fue crítico sino que por la cantidad de lluvia se dio esa situación. Al margen de eso, lo único que pedimos es que a todos se les mida con la misma vara porque sino es una cuestión de colores nada más”, sostuvo.
Desde el Comando advierten que estas imputaciones propician connotaciones políticas en algunos sectores, por lo que se debe tener cuidado y cuestionaron que jefes comunales de otros partidos políticos, no fueron imputados pese a que en sus distritos, también se produjeron hechos de grave magnitud debido a la falta de infraestructura adecuada para soportar las intensas lluvias.
“Yo vi situaciones que se dieron en Limpio y no pasó absolutamente nada. Días antes de la imputación al intendente de Lambaré, los jefes comunales colorados pidieron una reunión con el presidente del partido, advirtiendo de esta situación, que de darse una imputación de esta manera como iba a afectar a los colorados”, dijo González.
Le puede interesar: Diputados abordará reforma de la Policía Nacional en sesión extraordinaria
Asimismo, refirió que esto puede significar un peligro para los administradores, dado que puede ir escalando e ir hacia gobernadores, ministros e incluso al presidente de la República. “Por eso hay que tener cuidado”, afirmó a la 1080 AM. Por otro lado, el Comando también abordó la posibilidad de plantear algunas cuestiones para la reforma del Código Electoral y sobre una reunión en la Junta de Gobierno para analizar proyectos que lleva adelante el gobierno nacional.
Dejanos tu comentario
Buscan modificar Código Penal para combatir la mora judicial
El diputado Derlis Rodríguez prevé próximamente la realización de una audiencia pública con el objetivo de generar debate entre los representantes del Poder Judicial, gremios de abogados y la ciudadanía en general sobre el proyecto que busca erradicar la mora judicial proponiendo la modificación del Código Penal y optimizar los plazos procesales.
“Hoy tenemos casi 20.000 personas privadas de su libertad en las penitenciarías del país, de los cuales 5.000 solo tienen condenas y un total de 15.000 personas están privadas de su libertad sin ser condenadas. Toda esta población penal vive junta y esto no tendría que ser así. La gran mayoría tiene juicios hace años, tiene un proceso que no corre, los plazos están congelados en la Corte Suprema de Justicia o en algún tribunal hace años”, indicó.
En entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media el parlamentario sostuvo que “mirando todo esto, hoy tenemos una superpoblación en nuestras penitenciarías, estamos teniendo una mora judicial en donde los procesos penales tienen un plazo más allá de lo que se establece en nuestras propias leyes que dice que un proceso tiene que durar solo hasta 4 años, máximo 5 años, pero, sin embargo, tenemos procesos que duran 14 o 15 años”.
Rodríguez detalló que mediante la iniciativa se plantea establecer taxativamente un plazo para la resolución de los procesos penales. Agregó que la iniciativa ya se encuentra siendo evaluada tanto en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados para dictamen correspondiente y posterior tratamiento en el pleno.
“Lo que buscamos es que la mora judicial pueda terminar, que cualquier investigación, proceso que se tenga pueda durar solamente 3 años, nada más, máximo 4 y que no estemos sometidos a 10 o 15 años a un proceso judicial”, expresó.
Dejanos tu comentario
Abogados de Abdo y gavilla no refutan imputación y buscan sabotear causa
- Por Cinthia Mora
- Periodista
Los abogados defensores de Mario Abdo Benítez y varios exministros de su gabinete, ante la imposibilidad de negar los hechos que se describen en el acta de imputación y refutar con argumentos, se dedican a paralizar el proceso penal y sabotear el trabajo de la Fiscalía. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos destrabar la causa y permitir que la investigación
La estrategia de defensa desarrollada por los abogados de Mario Abdo Benítez y su gavilla se dedica desde el 11 de marzo pasado, fecha en que se conoció la imputación, a la defensa mediática más que jurídica. Presentaron una docena de recursos procesales que lograron, hasta ahora, paralizar la causa.
La campaña desatada por los medios afines al abdismo y los abogados defensores para intentar invalidar la imputación cae por su propio peso al demostrarse que todo el procedimiento fiscal estuvo ajustado a lo que establece la ley penal. Las actuaciones de los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, actualmente desafectados de la causa, contó con aval y control judicial. El acta de imputación fue admitida por un Juzgado Penal de Garantías por reunir todos los requisitos que establece la ley.
Uno de los argumentos utilizados por la estrategia mediática de los abogados para intentar sabotear la investigación es que sus clientes “no fueron notificados” por la Fiscalía de que estaban siendo investigados. Trasladando el mismo argumento al plano de lo absurdo, a partir de ahora los casos de narcotráfico o secuestro que se encuentren en plena etapa de investigación (durante la etapa preparatoria) se tendrían que poner a conocimiento de los sospechosos la existencia de una investigación en curso.
Ante la imposibilidad de refutar los más de 40 elementos que aporta la Fiscalía y que sostienen la imputación, una de las abogadas defensoras, Cecilia Pérez, quien actúa en representación del diputado Mauricio Espínola, plantea este argumento: “Esta es una causa jurídico-política y separar no es posible”; mientras que su defendido, quien sigue gozando de fueros, solicita que la causa “comience de cero”.
Tanto el actual diputado, sobre quien existe un pedido de desafuero para que se someta a la Justicia, como su abogada Cecilia Pérez no pueden desconocer la existencia de la publicación realizada con los datos confidenciales.
En una entrevista radial, la propia Cecilia Pérez quedó en “off side” cuando fue consultada sobre la ilegalidad de la publicación realizada por su cliente y solo atinó a responder que en este caso le corresponde hablar como abogada y no en otra condición.
Esos documentos confidenciales filtrados, según sostienen los fiscales, se obtuvieron de la Seprelad, ya que consta en los registros encontrados durante la pesquisa, que fueron redactados dentro de una oficina paralela por funcionarios ajenos a la institución y montados exclusivamente para perseguir a los enemigos políticos de Abdo.
DILACIÓN EN LA CORTE
Hace 15 días que los ministros e integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia, no resuelven la recusación que pesa sobre los camaristas María Belén Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, recusados por el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado por la filtración de información de la Seprelad, Carlos Arregui, extitular de esa institución.
Una vez que los magistrados se expidan sobre la recusación contra los camaristas, los mismos a su vez deberán estudiar la recusación contra la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera. En caso de que Lovera sea confirmada para el presente caso, deberá resolver más de doce chicanas presentadas por los abogados defensores del expresidente y sus excolaboradores.
NUEVO EQUIPO DE FISCALES
Por otra parte, el fiscal Osmar Segovia, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, conformará el equipo de agentes fiscales encargados de investigar al exmandatario Mario Abdo Benítez y otros ocho altos funcionarios de su administración en la causa que investiga la denuncia por persecución política durante su gobierno con el uso de las instituciones públicas como garrote político.
La decisión fue dada a conocer a través de la resolución n.° 986 firmada por el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón. De esta forma, Segovia se integra al equipo conformado por Fabiola Molas y Guillermo Sanabria para continuar con las investigaciones en torno a las supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Dejanos tu comentario
Imputan a mujer que habría asesinado a su expareja en Hohenau
Este viernes fue imputada por homicidio doloso Florentina Chávez, de 53 años, quien se presume habría asesinado a su pareja para luego intentar autoeliminarse. El pasado lunes se reportó el fallecimiento de Sergio Ledesma, de 25 años, en la localidad de Mbarigui Kua, en el distrito de Hohenau, del departamento de Itapúa.
“De acuerdo a las evidencias recabadas en la escena del crimen y las declaraciones de los testigos nos hacen suponer que la misma habría asesinado a su expareja, es por eso también que el día de los hechos habíamos librado la orden de detención en contra de esta mujer”, indicó el fiscal Reinaldo Castillo en conversación con la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.
Podés leer: Asunción: conductor atropelló a agente de tránsito
Aclaró que aún no se pudo hacer efectiva esta orden de detención debido a que la mujer continúa internada en el Hospital Distrital de Encarnación a causa de profundas heridas que la misma se habría autoinfligido en los brazos, pero remarcó que una vez que se encuentre bajo custodia será llamada a brindar su declaración testifical.
“La hermana del joven fallecido, quien vive en la habitación contigua donde se dieron los hechos, ya brindó su declaración de lo que presenció el pasado lunes. Así también, tenemos el testimonio de otro hermano del fallecido, quien fue testigo de varias de las peleas que mantuvo la pareja, previo a lo acontecido. Por otra parte, hasta el momento no hemos logrado contar con ninguna declaración de los familiares de la acusada”, remarcó el fiscal Castillo.
Antecedentes
Según el testimonio de la hermana que vivía con el fallecido, el mismo habría cortado la relación de noviazgo que mantenía con la sindicada como autora del homicidio, pero ésta no aceptaba la ruptura, motivo por el cual habría iniciado la pelea el pasado lunes, y que, tras la gresca, escuchó a su hermano pedir ayuda porque lo estaban atacando.
Ya cuando la joven pudo abrir la puerta de la habitación donde se desarrolló la pelea constató que tanto su hermano como su pareja yacían en el suelo, el joven con dos heridas de arma blanca y la mujer con cortadas en las muñecas.
La joven remarcó que su hermano no habría podido defenderse y mucho menos atacar a la mujer, ya que había nacido con una condición que impidió que los dedos de ambas manos se desarrollaran y solo contaba con los dedos pulgares, hecho que refuerza la idea de la Fiscalía de que la mujer habría sido la atacante.
Lea también: Bus roza portón del Defensores del Chaco y termina hiriendo a madre e hijo