Ciudad del Este. Agencia Regional.
La Policía Federal y la Receita Federal despliegan hoy la Operación Janus con el objetivo de combatir una organización criminal sospechosa de acciones de lavado de dinero, evasión fiscal y contrabando. Es lo que señala un reporte de la Receita Federal de Foz de Iguazú.
Explica que los investigadores identificaron la existencia de un grupo criminal que hacía lavado de dinero utilizando emprendimientos de construcción civil y bienes a nombre de terceros. Parte de los recursos que procedían a lavar se originaba de actividades ilícitas vinculadas a operaciones financieras, supuestamente ilegales, ejecutadas por integrantes que operaban como cambistas en Paraguay, sigue informando la Receita Federal.
Agrega que los recursos también provendrían de la evasión fiscal, contrabando y descamino de cabellos humanos. Estos cabellos eran importados de la India a través de empresas a nombre de terceras personas, con un valor sobrefacturado, señala el informe sobre la investigación al grupo criminal.
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La parte no declarada de esta importación era pasada a los vendedores a través de operaciones cambiarias irregulares denominadas “dólar-cabo” (Sistema de transferencia irregular a cuentas extranjeras de dinero ilegal para evitar control). Los cabellos humanos eran revendidos en el mercado interno por valores también sobrefacturados, sigue explicando la Receita Federal sobre el esquema investigado.
Operación financiera ilegal
El informe refiere que, posiblemente, de la misma forma, la mercadería era importada de la India al Paraguay desde donde era enviada a Brasil y los pagos por esas operaciones, en forma idéntica, hacían uso de operaciones financieras ilegales involucrando a cambistas y cuentas a nombre de terceras personas.
Para la ejecución de la Operación Janus fueron expedidas tres órdenes de búsqueda y aprehensión que están siendo efectuadas en las residencias de las personas vinculadas a la organización criminal, en las ciudades de Foz de Iguazú y Curitiba, del estado de Paraná, Brasil.
La Justicia Federal decretó el bloqueo de las cuentas bancarias y el secuestro de los bienes de los sospechosos. De la operación participan cinco auditores fiscales, tres analistas tributarios y quince policías federales.