Las viviendas allanadas en el barrio cerrado Aqua Village de la ciudad de San Bernardino ya se encuentran administradas por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). Los procedimientos fueron realizados en el marco del Operativo A ultranza Py.
Las casas allanadas están vinculadas al clan Insfrán, liderado por Miguel Insfrán y el pastor José Insfrán, quien actualmente se encuentra prófugo y está siendo buscado por la Fiscalía por su vínculo con el esquema de lavado de dinero y tráfico internacional de cocaína.
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También están vinculadas a Alberto Koube, quien ya se encuentra detenido por lavado de activos y tráfico de cocaína. Los procedimientos en el lujoso barrio cerrado estuvieron encabezados por los fiscales Deny Park, Fabiola Molas y Osmar Segovia. Se espera que en los próximos días haya más procedimientos.
El director Jurídico de la Senabico, Gonzalo García, explicó este domingo que están aguardando la tasación de todos los bienes incautados en el marco de los procedimientos de A ultranza Py, para poder determinar sus precios correctos y aplicar las medidas de administración.
“Los inmuebles vamos a estar ofreciendo en alquiler para que el producto de ese alquiler pueda ser utilizado en mantenimiento del inmueble. Todavía no tenemos los números de a cuánto asciende todo lo incautado y nosotros hacemos las valoraciones con tasadores de la Corte Suprema de Justicia”, dijo el director en comunicación con la radio 1020 AM.
El Operativo A ultranza Py suma 35 allanamientos en los que fueron incautados una gran cantidad de bienes. La investigación se inició a finales del 2019 y ya lleva 27 meses de trabajo entre la Senad en coordinación incluso con la DEA (Drug Enforcement Administration) de los Estados Unidos, la Policía de la Unión Europea (Europol) y la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de la Policía uruguaya.
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Doble vara: Abc critica lavado de dinero, pero encubre a sus dueños
El diario Abc Color, propiedad del grupo Zuccolillo, se dedica a cuestionar la falta de avances en casos claves de supuesto lavado de dinero. Sin embargo, el multimedio no tiene la misma postura cuando se trata de las causas que giran en torno a empresas ligadas a sus propietarios. Hace más de tres años que la Fiscalía tiene en su poder una denuncia por la presunta participación del banco Atlas en el blanqueamiento de fondos realizado por el exdirigente Nicolás Leoz.
- Unidad de Investigación
- Nación Media
ATAQUES AL MINISTERIO PÚBLICO
A lo largo de la jornada del lunes, por ejemplo, el grupo Zuccolillo utilizó su diario digital, su radio AM y su canal de televisión para dar destaque a la supuesta necesidad de un juicio político al actual titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón Fernández. Esta actitud ya se había dado con la predecesora de Rolón, Sandra Quiñónez.Como dejó en evidencia LN en su edición de ayer, este pedido se da casualmente unos días después de que el titular del Ministerio Público recibiera a Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol, quien urgió actuaciones en el caso de supuesto lavado dinero realizado por el fallecido expresidente de la matriz del fútbol sudamericano Nicolás Leoz, a través del banco Atlas, propiedad del grupo Zuccolillo.
UNA POSTURA QUE VARÍA
Abc ha dedicado páginas y páginas en su diario y sitio web, además de extensos espacios de radio y televisión para criticar la paralización de causas que el grupo Zuccolillo considera “emblemáticas”.
El multimedio de la calle Yegros ha criticado lo que considera la falta de eficiencia del Ministerio Público en los casos de los senadores Hernán Rivas y Erico Galeano. También ha realizado numerosas notas cuestionando la falta de “avances” en causas abiertas contra el expresidente Horacio Cartes (ver facsímiles en esta página).
Sin embargo, cuando se trata de sus propietarios, la postura de Abc es totalmente diferente y hasta hablan de persecución selectiva”.
LO QUE ABC NO VE
El 4 de febrero de 2021, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó una denuncia penal contra los directivos del banco Atlas por presunto lavado de dinero. La base de esta acusación se sustenta en una auditoría forense realizada por la Conmebol, que reveló una operación fiduciaria de USD 6 millones entre Nicolás Leoz y el banco Atlas, a pesar de que sobre Leoz pesaba una orden de captura internacional emitida por la justicia estadounidense.
A pesar de que la investigación contra los directivos del banco Atlas cumplió dos años en febrero pasado, los avances en las pesquisas han sido escasos. Los fiscales encargados del caso, Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, se enfrentaron a numerosas dificultades, incluyendo presiones significativas ejercidas por el grupo Zuccolillo a través de sus medios para obstaculizar el progreso del caso.
La Fiscalía ha intentado trazar la ruta del dinero de Leoz, solicitando al banco Atlas información detallada sobre sus operaciones comerciales, movimientos de fondos, recibos y pagos realizados por Leoz desde 2001. El objetivo es determinar si el banco implementó o no los mecanismos antilavado correspondientes. Sin embargo, los directivos del banco se han negado a proporcionar esta información al Ministerio Público.
Asimismo, el Banco Central del Paraguay y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) no han colaborado suficientemente en la investigación. Aunque los directivos del banco Atlas fueron sometidos a una verificación in situ por la Superintendencia de Bancos (BCP), hasta el momento, el Banco Central no ha entregado los resultados de estas supervisiones iniciadas el 30 de mayo de 2022 al Ministerio Público.
En respuesta a las acusaciones, el banco Atlas admitió en un comunicado que operó con fondos de Nicolás Leoz y sus familiares desde 2002. Confirmaron haber recibido requerimientos de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York en el caso “FIFAGate” y mencionaron una solicitud de información enviada por el estudio jurídico Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, contratado por la Conmebol, el 12 de agosto de 2016.
Sin embargo, el banco Atlas, representado por su director Miguel Ángel Zaldívar, se negó a proporcionar información sobre las operaciones de sus clientes, amparándose en el secreto bancario.
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Fiscalía acusa a Tío Rico y pide juicio oral
El Ministerio Público acusó formalmente a Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, por narcotráfico, lavado de dinero y asociación criminal. El mismo es considerado como una figura clave en el megaoperativo denominado A Ultranza Py.
La acusación fue formulada por el fiscal Deny Yoon Pak, quien además solicitó al juzgado proceder al juicio oral y público en contra de Insfrán, considerando los indicios que involucran al mismo en los delitos vinculados al narcotráfico y al lavado de dinero.
La Fiscalía cuenta con un arsenal de alrededor de 1.600 documentaciones, una acusación de más de 170 páginas, pericias de equipos informáticos, telefónicos y revenido químico, y unos 90 testigos en el marco de la causa.
Miguel Ángel Insfrán Galeano posee una trayectoria delictiva desde principios del 2000, se habría iniciado en el crimen organizado cometiendo delitos relacionados al robo, desarme de vehículos y reducción. Estas actividades le permitieron establecer contactos con organizaciones criminales radicadas en Bolivia, ya que en esa época este país era un destino habitual para la comercialización de los vehículos robados en Paraguay.
Fue detenido en febrero del 2023 en Río de Janeiro, Brasil, posteriormente fue extraditado Paraguay en el marco del mayor operativo antidrogas denominado A Ultranza Py, que fue lanzado en febrero de 2022. La investigación previa que desembocó en el operativo se inició a fines de 2019 con una duración de 27 meses y para el éxito de este despliegue participó el Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA), la Policía de la Unión Europea (Europol) y la Dirección Antidrogas de Uruguay (Dgrtid).
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El pueblo mexicano donde los cárteles buscan votos con balas
“Te bajas o te bajas”, ordenaron a Margarita Galán, quien no tuvo más remedio que abandonar su candidatura a la alcaldía de Maravatío para no correr la suerte de otros tres aspirantes asesinados en ese municipio mexicano. Como en varias poblaciones del país, en Maravatío (Michoacán, oeste) el crimen organizado depura listas de candidatos a bala o con amenazas para asegurarse el control de cargos locales que serán elegidos el 2 de junio simultáneamente con el nuevo presidente de México.
“No puedes participar”, advirtieron con insultos los hombres que telefonearon a esta chef de 27 años, según cuenta en su modesta casa de Las Joyas, comunidad rural que se vacía de jóvenes porque migran a Estados Unidos por la violencia y la pobreza. Desde el 23 de septiembre, cuando comenzó el proceso electoral, fueron asesinados 28 políticos que aspiraban a cargos electivos en México, según la oenegé Data Cívica. Maravatío, poblado agrícola de 80.000 habitantes, ha puesto la mayor cuota.
El 26 de febrero, con tres horas de diferencia, fueron asesinados el médico Miguel Reyes y el transportista Armando Pérez, ambos de 58 años, que disputaban la alcaldía. En noviembre fue hallado muerto Dagoberto García, quien también buscaba ser alcalde. Reyes y García pertenecían a Morena, partido del presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador; Pérez, al conservador PAN, y Margarita contendía por Movimiento Ciudadano (centro). Cinco siguen en contienda.
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Régimen de terror
Los crímenes hundieron a Maravatío en el miedo. Dos hombres en un auto rondan desde hace horas los mítines del nuevo candidato de Morena, Mario Pérez. Ya de noche se detienen, bajan la ventanilla y observan fijamente la reunión, sin un solo policía. “Ese carro no es normal”, suspira un miembro de campaña. “Esas son las cosas que nos ponen nerviosos. Nunca nos había pasado”, añade pálido.
El mitin finaliza y Pérez se rodea de simpatizantes para tomarse fotos. Los sospechosos desaparecen en la penumbra. El candidato, un dentista de 34 años que busca derrotar un cacicazgo de casi un cuarto de siglo del PRD (socialdemócrata) en Maravatío, elude el tema de la inseguridad en público. Tampoco ha pedido protección de autoridades, como sí lo han hecho 96 candidatos en Michoacán.
Comenta a la AFP que su objetivo es ofrecer oportunidades a los jóvenes “para que no anden en otra cosa”. Durante una asamblea en una calle polvorienta, una de sus seguidoras, la profesora Liz Monroy, de 45 años, reconoce que le “da miedo participar” pues para ella la política es sinónimo de “inseguridad”.
No exagera. El 10 de mayo, cerca de la casa de Margarita, escoltas de dos aspirantes a la alcaldía del vecino Senguio se enfrentaron a tiros al cruzarse en el camino, al parecer debido a una confusión. “No hay condiciones para hablar”, dice un integrante de la campaña de Óscar Vidal, candidato a la alcaldía que busca prolongar la hegemonía del PRD en el pueblo.
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“¡Ay donde no gane!”
Maravatío está en medio de la guerra que libran cárteles de la droga como Jalisco Nueva Generación o Los Correa. Sin un grupo dominante, la violencia tiene derivas anárquicas en Michoacán, pujante estado agroindustrial donde unas 14 bandas se pelean el tráfico de metanfetaminas y la extorsión. Pero “no se conformaron” con eso y cada vez más buscan “imponer candidatos”, señala el fiscal de delitos electorales, Víctor Serrato, quien refiere 39 denuncias de aspirantes a cargos electorales, en su mayoría por amenazas y extorsión.
El modus operandi es similar: “Los criminales eligen un candidato” y dicen a los otros “no tienes permiso”. “En un municipio la célula delictiva convocó a todos los partidos, menos a uno, y les hizo saber: aquí va a ganar tal. ¡Ay de ustedes donde no gane!”, cuenta Antonio Plaza, de 47 años y aspirante a diputado estatal por Michoacán Primero, que retiró diez candidaturas a alcaldías.
Solo en ese estado han sido sustituidos 500 aspirantes, según el Instituto Electoral regional. Michoacán es una de las regiones más violentas de México. Desde 2006, cuando se militarizó la lucha antidrogas, la tasa nacional de homicidios casi se triplicó hasta 23 casos por 100.000 habitantes, y los desaparecidos desde entonces suman más de 100.000. En ese estado el crimen se lucra además de la tala de bosques que albergan a las mariposas Monarca, fijan precios de alimentos y hasta fechas de corte de frutas, denuncian dirigentes locales.
Aunque me maten
La criminalidad roza lo insólito. En la subregión michoacana de Tierra Caliente, adonde han sido enviados cientos de soldados para vigilar las elecciones, el cartel Los Viagras montó antenas con equipos robados para cobrar el servicio de internet, según la fiscalía. Además, existen grupos de WhatsApp donde supuestos criminales alardean y cruzan amenazas. La AFP constató que autoridades integran también estos grupos, pero no interactúan.
“Ya no les falta mucho para su día perros”, dice un usuario, a lo que otro responde: “sigan soñando jajaja”, observó la AFP. Videos de jovencitos armados hasta los dientes se suman a los textos. Pese a las amenazas, candidatas como María Salud Valencia no renuncian.
Maestra de 60 años y con protección oficial, reconoce que tiene “miedo, pero también valor” para disputar la alcaldía de Nuevo Urecho. “Si me van a matar, que sea por defender a mi gente”, afirma durante una visita a Morelia, capital de Michoacán, donde esa mañana asesinaron a tiros a cinco hombres.
Fuente: AFP.
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Detuvieron a supuesto criminal de banda de asaltantes y narcotráfico
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El agente de la Unidad Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico Nº 02, Manuel Rojas Rodríguez, acompañado por personal de Investigaciones, a cargo del oficial inspector Edgar Chávez y del personal de la Comisaría 7ª., realizaron el allanamiento de una vivienda en la noche del viernes.
El operativo fue en el marco de la investigación de una causa por robo agravado y narcotráfico, siendo detenido Cleon Weslei Riembol (30), brasileño, domiciliado en Puerto Unión, de Brasil.
También incautaron evidencias de posibles preparativos de un atraco de magnitud, al igual que el vehículo utilizado en un asalto y robo a la empresa Apolo Import – Export, de Minga Guazú, según confirmó a La Nación/Nación Media, el comisario Mariano Sosa, jefe de la Comisaría 7ª., del barrio San José, que actuó como apoyo a la intervención, al igual que la Policía Motorizada.
El rodado encontrado es una camioneta Honda, color blanco, con chapa No. AAjA 975, que, según la base de datos de la Policía Nacional, corresponde a un vehículo de la marca Nissan, modelo Caravan, que registra denuncia de extravío de chapa y guardaría relación con el asalto citado.
El procedimiento fue realizado en la noche del viernes, a las 21:30, en el interior de una vivienda ubicada sobre una calle sin nombre, a una cuadra de la avenida Corredor Sur, del barrio San Alfredo de Ciudad del Este.
El procedimiento se hizo en cumplimiento de la orden firmada por el juez Penal de Garantías Nº 03, Carlos Vera Ruiz, en la causa Nº 7301/2924 de investigación fiscal sobre el supuesto hecho punible contra la Ley 1340/88.
El comisario Francisco Talavera, jefe de gabinete de Investigación de la Policía de Alto Paraná, explicó a La Nación/Nación Media, que pidieron el allanamiento en investigación del asalto a la empresa Apolo, pero también como sospechoso de tráfico de drogas.
Indicó que, con el vehículo encontrado, además del chaleco antibala, placas y uniformes policiales, confirmaron la vinculación con la banda que realizó el asalto mencionado y otros.
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Asimismo, mencionó que encontraron un inhibidor de señales de gran potencia, en plena carga, “lo que indica, junto a otras evidencias halladas en la casa, que estaban próximos a otro asalto de gran magnitud junto a su banda integrada por brasileños y paraguayos, a cuyo jefe tenemos identificado”.
Recordó que el asalto donde se utilizó el vehículo encontrado, fue realizado por aproximadamente cinco hombres, todos vestidos con uniformes policiales, según comentó.
“Creemos que la vivienda que allanamos era una de las guaridas de la banda que habría perpetrado ya varios asaltos, algunas de ellas fueron donde robaron vapex, cuyas cajas vacías encontramos también en la casa”, agregó el jefe de gabinete de Investigación de la Policía de Alto Paraná (Subjefe de Investigación), comisario Francisco Talavera.