El Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 apro­bado por la Cámara de Dipu­tados asciende a G. 132,9 billo­nes, lo que representa unos USD 17.560 millones. Según explicó la diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión de Presupuesto, el objetivo fue dar una inyección a las áreas sensibles.

“Tiene cuatro ejes principa­les que son educación, salud, seguridad y toda la parte social. Lo que hay que des­tacar es toda la inyección al Ministerio de Salud para el tema de asegurar todas las partidas presupuestarias para mantener el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) y también las cargas horarias que bene­ficiarán a 1.000 médicos a par­tir de julio del año que viene”, detalló.

En contacto con Universo 970 AM-GEN/Nación Media, la legisladora detalló que tam­bién se destinarán recursos para el pago de bonificacio­nes por insalubridad para los hospitales de Acosta Ñu, de Trauma y el Incan, institu­ciones en las que desde hace tiempo se hace el reclamo por parte de los profesionales.

“Lo que se refiere a seguridad contemplamos la incorpo­ración de nuevos policías, la compra de las tobilleras elec­trónicas. También el tema de educación, todo lo que es la merienda escolar, los salarios docentes para ir ajustando el escalafón docente”, señaló la parlamentaria de la bancada de Honor Colorado.

Asimismo, indicó que la deuda del Estado al Instituto de Previsión Social (IPS) que data de la pandemia no fue una cuestión abordada para el próximo plan de gastos. No obstante, indicó que se han iniciado conversaciones con el presidente de la previsio­nal, el doctor Jorge Brítez, lo que podría ser el princi­pio para saldar este compro­miso pendiente. “Creo que es el comienzo de diálogos entre todas las bancadas para que de esta manera se puedan ir generando las posibilidades de que conozcamos mucho más la realidad del IPS”, sos­tuvo Villalba.

El documento fue remitido al Poder Ejecutivo para su veto o promulgación.

La Cámara de Diputados sancionó ayer martes en su sesión ordinaria el proyecto de ley que establece el régi­men nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción.

Este proyecto hace parte del pacto entre los tres pode­res del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ade­más del Ministerio Público y la Contraloría General de la República (CGR) y fue impulsado con el objetivo de prevenir y estandarizar los criterios en todos los pode­res del Estado en materia de integridad y prevención, donde existe una disparidad de acuerdo al contralor.

La propuesta crea el Con­sejo Nacional Anticorrup­ción y dispone que los bie­nes y recursos financieros de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) pasen a integrar la Contra­loría General de la Repú­blica (CGR). Este consejo estará conformado por integrantes de los tres poderes; un representante de la Corte Suprema de Justicia, un representante de cada cámara del Con­greso Nacional; el Gabi­nete Civil de la Presidencia de la República; así como por el Ministerio Público y la Contraloría.

“La lucha contra la corrup­ción y la impunidad requiere el compromiso de todos, de los diferentes sectores. Eso es algo que se entendió con claridad y con base en eso se planteó un gran acuerdo, el compromiso de fortale­cer las capacidades en la lucha contra la corrupción y la impunidad”, expresó el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, al argumentar la iniciativa ante el pleno.

El Ministerio Público, encabezado por Emiliano Rolón Fernández, emitió ayer viernes un comunicado afirmando que resulta prematuro sacar conclusiones sobre si el fallecido diputado y dirigente de Amambay Eulalio “Lalo” Gomes Batista disparó o no contra los efectivos policiales durante el allanamiento en su vivienda en la madrugada del lunes 19 de agosto, en el marco del operativo Pavo Real II.

“Las evidencias deben ser evaluadas en forma conjunta y armónica, conforme el artículo 175 del Código Procesal Penal. Para ello serán determinantes los resultados de informes técnicos, pericias, testimonios y otras diligencias aún pendientes”, indica.

Añade que “serán determinantes las diligencias pendientes. El elemento invocado, según la difusión, deberá observar dicho proceso de integración, por lo que es prematuro intentar conclusiones definitivas, que solo enervarán el normal proceso de la investigación”.

El posicionamiento de la Fiscalía surge a raíz de las disparidad en los informes dados a conocer por el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) sobre las pruebas balísticas practicadas a Gomes.

De acuerdo al informe de la UNA se encontraron valores de plomo, bario, antimonio en los brazos y manos del legislador. Los valores en el brazo izquierdo de plomo ascienden a 139, bario a 237, antimonio a 11,4. En la mano, los índices de plomo son 224, bario 277 y antimonio 21,5.

En cuanto al brazo derecho, el plomo es menor a 5, la detección de bario es de 258 y antimonio menor a 10. En la mano, el plomo hallado fue de 120, bario 332 y antimonio menor a 10. Esto demuestra la presencia de residuos de disparos de arma de fuego y fueron hallados a partir de las muestras de hisopos tomados luego del allanamiento en su vivienda en Amambay, que derivó en el fallecimiento de Gomes.

“El Ministerio Público garantiza objetividad y basará los requerimientos en las constancias emergentes de la investigación, según las reglas del debido proceso, que su vez, es el norte del Estado de derecho, premisa fundamental del modelo constitucional vigente”, sostiene el documento firmado por Rolón.

El Ministerio Público decidió desestimar una denuncia por daños patrimoniales estimados en más de G. 1,5 billones sin haber tomado en cuenta todos los elementos detectados por la Contraloría General de la República (CGR). Los fiscales encontraron documentos respaldatorios por menos de la mitad del monto denunciado.

Un detallado informe basado en la auditoría realizada por la CGR al IPS deja aún más al descubierto el apuro de la Fiscalía por blanquear al extitular del ente previsional Vicente Bataglia. El mismo documento que fue remitido al Ministerio Público, cuyos fiscales desestimaron a las apuradas una denuncia sobre el caso, revela datos que no fueron tenidos en cuenta por los agentes.

En concreto, la CGR remitió varios informes de auditoría que revelaron posibles daños patrimoniales por más de G. 1,5 billones, aproximadamente USD 130 millones. Sin embargo, de forma sorpresiva, la Fiscalía solicitó la desestimación de la denuncia contra Bataglia. Darío Ortega, director jurídico de la CGR, aseguró que el Ministerio Público no tuvo en cuenta todos los documentos o que incluso se tomaron elementos que no forman parte de la denuncia para el pedido de desestimación.

Los agentes fiscales encontraron documentos que respaldan pagos por G. 350.000 millones (USD 50 millones). La denuncia era por G. 1,5 billones (USD 130 millones). O sea dejó de averiguar entre 80 y 90 millones de dólares sin tener la documentación”, dijo Ortega días atrás al canal GEN.

El equipo de investigación de Nación Media accedió a los informes comparativos entre las auditorías y el pedido de desestimación presentado por la Fiscalía, dando inicio hoy a una serie de varias entregas sobre las groseras omisiones realizadas por los representantes del Ministerio Público.

Uno de los varios puntos utilizados por la Fiscalía para el pedido de desestimación de la causa contra Bataglia tiene que ver con un millonario crédito otorgado al IPS por un banco local.

En concreto, el informe final de la CGR sobre el IPS concluyó que había una discrepancia significativa entre el monto de la línea de crédito aprobada por la Resolución del Consejo de Administración y el pagaré firmado con la entidad financiera.

La auditoría encontró que, aunque se aprobó un préstamo de G. 50.000.000.000, el pagaré inicial se emitió por G. 65.379.679.514, incluyendo intereses y otros montos adicionales. Esto levantó dudas sobre la transparencia y la adecuada gestión de los fondos del IPS, sugiriendo posibles riesgos legales y financieros.

La Fiscalía argumentó que el contrato y el pagaré original, aunque por un monto mayor, habían sido aclarados y corregidos. En agosto de 2023, meses después de la auditoría y del cierre del ejercicio fiscal 2022, se realizó un intercambio de pagaré, corrigiendo el monto a G. 50.000.000.000 más los intereses compensatorios. Según la Fiscalía, esto subsanó la discrepancia señalada y, por lo tanto, no justificaba una investigación penal, ya que la corrección había sido formalizada.

Sin embargo, la propia Fiscalía reconoció en la argumentación del pedido de desestimación la existencia de las irregularidades detectadas por la Contraloría. Aunque el pagaré fue corregido, la modificación se realizó después del cierre del ejercicio fiscal 2022 y en la etapa final de la auditoría. Esto confirma la observación inicial de la CGR: la discrepancia existió y representó un riesgo real para el IPS y sus asegurados.

Fuentes del órgano extrapoder señalaron, sin la intervención y observación de la auditoría, que el IPS podría haber enfrentado graves consecuencias legales y financieras en caso de incumplimiento de pago. La CGR subrayó que el cambio de documentos no exime a los responsables del IPS de sus acciones u omisiones previas, las cuales comprometieron la transparencia y la gestión adecuada de los fondos

El diputado Billy Vaesken explicó en el programa 12/8, por GEN/Nación Media, el proyecto de ley que pretende crear un fondo especial para el tratamiento contra el cáncer, mediante un aporte obligatorio de asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) y de seguros médicos privados.

“La idea es hacer posible que enfermedades catastróficas, como el cáncer, tengan una solución inmediata. Las estadísticas nos dicen que el cáncer es la segunda causa de muerte en el Paraguay; de cada 10 personas que fallecen por cáncer, cuatro pudieron haberse salvado”, señaló el parlamentario.

Vaesken explicó así que el proyecto de ley busca que los aportes a ser recogidos de los asegurados y de seguros médicos vayan al programa de atención integral para pacientes con cáncer y se pueda financiar la compra de medicamentos oncológicos.

“Esto no va a aumentar el aporte al IPS o al seguro médico privado, estamos hablando de G. 40 mil o G. 70 mil por asegurado. La idea es también terminar con los amparos judiciales; tanto el sector privado, como el Ministerio de Salud y el IPS tienen amparos multimillonarios, que les cuestan más caro”, expresó.

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El diputado remarcó que el sistema de aportes a ser instalado con el proyecto de ley, introducirá una situación amistosa entre el sector público y el privado, brindando además mayor solución a la falta de medicamentos que sufre diariamente la ciudadanía.

“Esto irá al Instituto Nacional del Cáncer (Incan), el que lo administrará será el Ministerio de Salud, y los beneficiarios serán todos”, señaló, en referencia a aquellos que no cuentan con un seguro médico y aquellos que poseen incluso un seguro privado muy alto, atendiendo que no existe una cobertura total para enfermos de cáncer.

“Esto hará también que se termine con la actitud mendigante dentro de salud pública. Aproximadamente se recaudaría un promedio de USD 80 millones por año, para compra de medicamentos”, remarcó el parlamentario, quien agregó que la iniciativa ha sido debatida con médicos especialistas y asociaciones de pacientes con cáncer.

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