El Poder Ejecutivo emitió el Decreto Nº 6.433, en el cual se establecen las nuevas medidas específicas contra el COVID-19, que entrarán en vigencia desde el 9 al 21 de diciembre. En esta oportunidad, rige para los eventos sociales, gastronómicos y otros, que deberán ajustarse al protocolo sanitario aprobado por el Ministerio de Salud.
Las medidas establecidas señalan que el 80% de los participantes debe contar con las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19, mientras que el 20% debe presentar el test de PCR o antígeno negativo para asistir al evento en cuestión. La Asociación de Empresas Paraguayas Proveedoras para Eventos (Aseppe), había acordado con el Gobierno eliminar la limitación de participación de 250 personas en lugares cerrados y 350 en espacios abiertos.
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El ministro de Salud, Julio Borba, se refirió a este documento firmado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, teniendo en cuenta que todos los puntos establecidos ya se acordaron con todos los sectores involucrados. “Fue en consenso, ellos mismos solicitaron que fuera de esa forma, lo mínimo que pedimos es que se respete eso”, indicó.
También se fija aquellos encuentros y actividades particulares, en los que está permitido la concurrencia de hasta 25 personas, incluyendo a los convivientes. Mientras que los actos de culto se realizarán con la presencia de hasta el 50% de personas en lugar cerrado que cuente con ventilación y asientos definidos y regidos por la distancia de metro y medio entre los concurrentes.
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social junto con la Secretaría Nacional de Deportes autorizarán la presencia de público en los estadios. Permitiendo las prácticas deportivas colectivas de entrenamiento, participación y competencias.
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Milei decreta prohibición de entrada a extranjeros que expresen odio hacia Argentina
El presidente argentino, Javier Milei, modificó por decreto la Ley de Migraciones para prohibir el ingreso o expulsar a extranjeros que expresen mensajes de odio al país, una medida que aún debe revisar el Congreso y que abre las puertas a la discrecionalidad, según expertos.
La nueva normativa publicada hacia la medianoche del miércoles prevé la expulsión y la cancelación de residencia para los extranjeros que incurran en esas conductas.
El Congreso debe avalar la validez del decreto que está vigente en tanto avance el trámite legislativo.
“El decreto no es claro y tampoco hay certezas de qué tan aplicable es”, dijo a la AFP Lucía Galoppo, abogada del equipo de trabajo internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Según el decreto presidencial, las medidas se aplicarán a quienes hayan “dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en la nacionalidad de este último”.
“Haber realizado o participado en actos de ultraje de símbolos patrios nacionales; o haber incitado a cometer cualquiera de los actos previstos por el presente inciso”, agrega.
Sin embargo “no especifica qué es un discurso de odio, cómo se van a detectar, con qué criterio y cómo van a determinar quiénes son los emisores de esos discursos” para aplicar las sanciones, señaló Galoppo.
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“Todo eso lo vuelve difícil de aplicar y discrecional porque deja demasiados huecos que el Estado podría completar con criterios arbitrarios”, agregó.
La medida generó rechazo en sectores opositores. Leonel Chiarella, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR, centro), dijo en X que “el DNU del presidente es inconstitucional” y consideró que el Congreso “debe rechazarlo expresamente”.
El diputado Agustín Rossi, de bloque peronista (centroizquierda), dijo que “excusándose en la campaña antiargentina, Javier Milei avanza en su política contra los migrantes” y afirmó en X que el decreto “replica la lógica antiinmigración de (el presidente estadounidense Donald) Trump”.
Cambio de época
Argentina ha sido históricamente un país abierto a la inmigración que ha asegurado igualdad de derechos en salud, educación y vivienda para sus residentes, así como derechos civiles que están garantizados por la Constitución.
“Da un poco de miedo, espero que esto no avance”, dice a la AFP sobre el decreto Felipe, un colombiano de 43 años que vive en Buenos Aires desde 2009. “Adoro a Argentina por todo lo que me ha dado y me sigue dando”, añade.
El presidente derechista, que buscará la reelección en las presidenciales de 2027, resolvió la medida luego de denunciar días atrás la existencia de una supuesta “campaña antiargentina”, de la que no aportó pruebas.
Milei dijo que está financiada por los gobiernos de Brasil y México y el Partido Demócrata estadounidense, en aparente referencia a críticas que se viralizaron en redes sociales al margen del Mundial de fútbol.
“Milei trata de capitalizarlo en su favor en un momento en donde las perspectivas económicas no son buenas para la mayoría de la población”, explicó a la AFP el politólogo e investigador de la Universidad de San Martín Iván Schuliaquer.
“Lo particular que tiene la derecha en Argentina es que no es nacionalista para nada. Milei se ha mostrado muy en contra de agendas nacionales, por ejemplo tratando que quitar todo límite a la compra de tierras por parte de extranjeros y también priorizando sus viajes a Estados Unidos y a Israel más que al propio interior de Argentina”, dijo.
El decreto aclara que “en ningún caso” castigos como la expulsión del país pueden aplicarse para “aquellas expresiones de disenso ideológico o de crítica política, académica o ciudadana, que constituyan un legítimo ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente”.
Argentina atraviesa una crisis diplomática con Brasil, luego de que Milei participara en un mitin político opositor en Sao Paulo, en el cual se refirió al presidente Luiz Inácio Lula da Silva como “ladrón” y “presidiario”.
Milei suele incluir insultos y expresiones peyorativas en sus discursos. A la prensa la llama “ensobrada” (corrupta) y a sus opositores políticos los ha calificado de “mandriles”, “inmundos” o “parásitos mentales”.
“Resulta contradictorio que el gobierno que dice que la libertad de expresión debería ser absoluta y así justifica por ejemplo los ataques vía redes sociales con insultos y amenazas, diga en este caso que hay que limitar la libertad de expresión”, dijo Schuliaquer.
- Fuente: AFP
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Salud canaliza demandas de personal de enfermería
La presidenta de gremio, Mirna Gallardo, resaltó que la postura es de diálogo.
El Ministerio de Salud entabló diálogo con enfermeras movilizadas ayer miércoles a nivel nacional en reclamo de nombramientos, mejora salarial y desprecarización laboral. La ministra María Teresa Barán se reunió con representantes del Frente Unidad de Enfermería a primeras horas de ayer miércoles a fin de canalizar sus demandas.
La audiencia llevada a cabo con los dirigentes permitió que el sector gremial expusiera sus reclamos directamente ante la máxima autoridad sanitaria. En el encuentro, la doctora Barán les presentó las gestiones que el Ministerio de Salud Pública viene sosteniendo ante el Equipo Económico del Poder Ejecutivo.
En ese sentido, mencionó la solicitud de creación de cargos permanentes para enfermeros que actualmente trabajan bajo contrato y que ya han concursado para acceder a la planta funcional del Estado. La petición está en proceso de estudio en el ámbito del Ejecutivo, puntualizó la secretaria de Estado.
Asimismo, dijo que el Ministerio tiene en trámite dos expedientes complementarios, uno destinado a cubrir zonas rurales con más personal de enfermería, y otro para la readecuación del anexo de personal que permita planificar vacancias de forma más ordenada.
La distribución de enfermeros entre regiones fue identificada como uno de los nudos centrales del sistema. Al respecto, destacó que el Ministerio de Salud impulsa la creación de cargos permanentes para enfermeros y otros funcionarios contratados de blanco. Por otra parte, Barán expuso el marco presupuestario en el que opera el Ministerio: el MSPBS atiende al 70 % de la población paraguaya que depende exclusivamente del sistema público, y planifica sus recursos en función de esa demanda.
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Piden cifras exactas antes de avanzar con plan para saldar compromisos del sector salud
La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Senadores decidió postergar por 15 días el estudio del proyecto de ley que busca ampliar el presupuesto del Ministerio de Salud Pública, para atender las deudas acumuladas con empresas proveedoras de medicamentos e insumos médicos.
La decisión responde a la necesidad de contar con un detalle más preciso de los compromisos pendientes antes de avanzar con una iniciativa que podría tener un impacto significativo sobre las finanzas públicas.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, senador Silvio Ovelar, explicó que solicitaron al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), un informe detallado sobre las obligaciones pendientes con cada empresa proveedora.
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Según indicó, la ministra de Salud, María Teresa Barán, mencionó durante la reunión que la deuda rondaría los USD 1.000 millones, aunque los montos todavía deben ser ajustados y verificados. “Lo que se pidió es contar con los datos específicos y exactos de las deudas con todos los proveedores antes de continuar con el tratamiento del proyecto”, señaló el legislador.
El aplazamiento también refleja las dudas existentes sobre la fuente de financiamiento que permitiría cubrir una eventual ampliación presupuestaria de esa magnitud. Ovelar reconoció que aún no existe claridad sobre cómo se estructuraría el financiamiento de la propuesta y consideró poco probable que los recursos adicionales provengan exclusivamente de una mayor recaudación tributaria.
El debate se produce en un contexto de menores ingresos fiscales respecto a las expectativas iniciales del Gobierno. Entre los factores que afectan la recaudación figura la depreciación del dólar frente al guaraní, una variable que impacta sobre determinados tributos vinculados al comercio exterior y las actividades económicas dolarizadas.
La discusión sobre las deudas con proveedores se convirtió en uno de los principales desafíos financieros para el sector público. El Gobierno viene impulsando mecanismos alternativos para reducir los compromisos pendientes, entre ellos la cesión de créditos, una herramienta que permitiría a las empresas obtener liquidez sin esperar los plazos habituales de pago del Estado.
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Cifarma e IPS diseñan plan financiero para saldar deudas y asegurar medicamentos
Tras una reunión con el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), representantes de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma) abordaron la situación del abastecimiento de medicamentos y la deuda pendiente con proveedores.
El principal tema tratado fue la crisis de provisión de medicamentos, según explicó Luis Ávila, director ejecutivo, en entrevista con “Tarde de perros” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Aclaró que existe una diferencia entre la emisión de una orden de compra y el momento en que las empresas farmacéuticas están en condiciones de fabricar y entregar los productos.
Señaló que varios medicamentos redujeron sus niveles de compra y que los retrasos no responden únicamente a la deuda existente, sino a procesos finales de producción y entrega. Indicó que varios productos ya fueron suministrados y que la provisión continuará en los próximos días.
Mesa de trabajo y previsibilidad de pedidos
El representante de Cifarma destacó la conformación de una mesa de trabajo con el Consejo de IPS, con el objetivo de mejorar la coordinación entre la institución y los proveedores.
En ese sentido, señaló que es necesario contar con mayor previsibilidad sobre las necesidades del instituto para organizar la producción y garantizar la disponibilidad de insumos.
“Entendieron que hay todo un sistema de logística, e incluso hay una posibilidad de sentarnos a establecer nuevos periodos en el que se genera una orden hasta que se entrega el medicamento”, explicó.
Sobre los productos pendientes, indicó que de los más de 170 medicamentos en espera, más de 20 ya fueron suministrados y otros 30 serán entregados en los próximos 15 días. Estos abastecimientos cubrirían aproximadamente 60 días, según detalló.
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Plan de pagos por la deuda
Durante el encuentro también se trató la deuda con el sector farmacéutico. El director ejecutivo de Cifarma informó que trabajan en dos ejercicios financieros y que el jueves mantendrán una reunión con la directora financiera del IPS para presentar un plan de pagos a mediano plazo.
“Para nosotros es una apertura, es un horizonte de cómo van a ir pagando”, señaló.
Factoraje y conciliación de documentos
Otro de los puntos analizados fue el mecanismo de factoraje y la conciliación final por parte del Ministerio de Salud Pública y Binestar Social (MSPyBS).
Cifarma indicó que fueron presentadas más de 43 carpetas que debían ser depuradas para identificar cuáles están en condiciones de pago y posteriormente transferir la información a los bancos. Este proceso estaría culminando durante esta semana.
Los proveedores asumirán los intereses correspondientes a estas operaciones. Según las estimaciones del gremio, la cesión total para proveedores rondaría los USD 300 millones al cierre del mes.
Además, señalaron que el pago normal que se viene realizando alcanza aproximadamente USD 40 millones mensuales, al que se sumaría el esquema de cesión mencionado.